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Información veraz: el artículo no escrito

El debate que sobre este tema se lleva cabo en el país con motivo de la necesidad de establecer en la nueva carta magna algún parámetro de control sobre el descomunal poder que los medios pueden ejercer sobre la sociedad, tiene una decisiva importancia para la sociedad en su conjunto y no para los medios en forma exclusiva, como se ha querido presentar el asunto por parte de algunos empresarios de los medios de comunicación.

Alberto Aranguibel

No se trata, por supuesto, de apoyar medidas que tiendan a coartar o limitar la libertad de expresión en nuestro país. Se trata simplemente de resolver hasta dónde es posible amparar jurídicamente a la población en un aspecto que representa para ella un activo fundamental de la democracia, aun cuando para muchos medios, incluso para organismos como la SIP, quienes afirmaron en forma categórica la semana pasada que «...el derecho a réplica no es importante, porque el ciudadano común no es noticia» (sic), este sea un derecho que les pertenece y que, según su criterio, debe ser absolutamente ilimitado.

La apreciación que hace de la información un servicio público, determina la automática subordinación de los medios al interés del colectivo, excepto en lo que a su carácter financiero se refiere, en lo cual deben gozar del amparo constitucional que les corresponde como empresas legalmente establecidas.

Por supuesto que conmueven intervenciones como las de Ángela Zago en la Asamblea Nacional Constituyente, en las que se apela a la honorabilidad y sentido ético de los periodistas. Pero eso en nada los hace acreedores al derecho de estar por encima del resto de los ciudadanos, quienes, en efecto, sí tenemos que estar sujetos a las normas y regulaciones que con toda razón debe contener una constitución para regir el desenvolvimiento de un país en todos sus ámbitos. Los periodistas mismos, cuando son despedidos injustamente u obligados a trabajar en base a una línea editorial, son el mejor ejemplo del poder desmedido que tiene en sus manos un dueño de medio de comunicación que no se atenga a regulación ni control alguno.

Lo conveniente para resolver el «impasse» es plantearse el asunto en estos términos: No es qué dice el artículo sobre la información veraz, sino ¿qué podrán hacer a su antojo los dueños de los medios de comunicación con la información, si no se establece en la nueva Constitución alguna mínima norma de comportamiento en este sentido? Es decir; ¿en el fondo, qué estamos aprobando si no aprobamos ese artículo?

Si vamos a hacer una constitución justa y que vele en verdad por el interés de todos los ciudadanos (entre los cuales incluyo a los dueños de los medios), entonces la defensa del derecho a réplica debe ser considerado un derecho fundamental de la ciudadanía y no una limitante para nadie.

Alberto Aranguibel B., especialista en imagen corporativa y política, es reconocido como creador de un modelo de planificación estratégica de imagen y campañas políticas sin precedentes en el ámbito latinoamericano. En Venezuela ha asesorado y dirigido desde hace más de quince años campañas para importantes partidos y dirigentes políticos a nivel nacional y regional. Actualmente dicta conferencias en esta materia y es colaborador de opinión en Venezuela Analítica, diarios El Nacional , Últimas Noticias y la revista Calidad Empresarial. Preside las empresas Optimisa C.A., centro profesional para la optimización de imagen y gestión pública, y Promociones Diagonal C.A. de servicios publicitarios integrales.

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