Caracas, Miércoles, 16 de abril de 2014

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Discurso en la sesión conjunta del Congreso de la República

4 de febrero de 1992
Documentos del golpe de estado del 4 de febrero de 1992


Teniente Coronel Hugo Chávez el 4 de febrero
de 1992
Señor presidente del Congreso, Señor Vicepresidente, Presidente de la Cámara de Diputados Ciudadanos senadores Ciudadanos diputados:

He pedido la palabra, no con el objeto de referirme al Decreto de Suspensión de Garantías, aun cuando quiero hacer en torno a él tres breves consideraciones.

La primera, la de que el propio decreto revela la gravedad de la situación que estamos viviendo, y aun cuando encuentro un defecto de redacción porque los considerandos se refieren a hechos ocurridos y no a la situación actual y a los peligros que con la Suspensión de Garantías se tratan de enfrentar, se supone que es precisamente porque la situación del país es delicada; porque el sistema democrático, la normalidad y el orden público están corriendo peligro después de haber terminado el deplorable y doloroso incidente de la sublevación militar, es necesaria la medida tan extraordinaria de suspender a la población general el uso y ejercicio de las garantías constitucionales.

La segunda observación que quiero hacer, es la de que no estoy convencido de que el golpe felizmente frustrado hubiera tenido como propósito asesinar al presidente de la república. Yo creo que una afirmación de esa naturaleza no podría hacerse sino con plena prueba del propósito de los sublevados. Bien porque hayan confesado y exista una confesión concordante de algunos de los comprometidos o algunos de los actores del tremendo y condenable incidente, o bien porque exista otra especie de plenas pruebas que difícilmente creo se puedan haber acumulado ya en el sumario que supuestamente debe haberse abierto por la justicia militar. Afirmar que el propósito de la sublevación fue asesinar al presidente de la república es muy grave; por los demás, se me hace difícil entender que para realizar un asesinato, bien sea de un Jefe de Estado rodeado de todas las protecciones que su alta condición le da, haya necesidad de ocupar aeropuertos, de tomar bases militares, de sublevar divisiones; desde luego que hoy está demostrado que por más protección que tenga cualquier ciudadano, con el armamento existente en la actualidad y con los sistemas de comunicación, un asesinato es relativa y desgraciadamente fácil de cometer. El caso del Dictador Anastasio Somoza en el Paraguay, férreamente gobernado por el general Stroessner, con todas las protecciones que la condición de este depuesto gobernante suponía, indica que ninguna persona, por más protegida que esté, puede salvarse de un asesinato cuando se cuenta con los medios y con la decisión de perpetrarlo.

Por eso, pues, yo me siento obligado en conciencia a expresar mi duda acerca de esta afirmación, y considero grave que el Ejecutivo en su Decreto de Suspensión de Garantías y el Congreso en el Acuerdo aprobatorio, hayan hecho tal afirmación, que demás de ser conocida en el país está dispuesta a difundirse en todos los países del exterior.

La tercera observación respecto a la suspensión de garantías se refiere al deseo que quiero expresar, en nombre del país, de que esas facultades se ejerzan con ponderación, con gran sentido de responsabilidad. Admitimos que el gobierno necesita en momentos de dificultad, de poderes extraordinarios, que no pueden someterse a las restricciones y términos que la Constitución establece; pero sabemos también por experiencia secular en Venezuela que estas facultades pueden convertirse en fuentes de abusos, de excesos, de violaciones absolutamente injustificadas, no sólo en lo relativo a la garantía de seguridad personal, al derecho de ser detenido sin fórmula de juicio, a la allanamiento de los hogares, sino también a la muy delicada garantía de libertad de expresión del pensamiento, respecto a la cual abrigo la esperanza, y la quiero formular aquí y creo en eso representar el sentimiento público, de que se ejerza con toda la ponderación, con todo el sentido de respeto que una garantía tan fundamental tiene para el funcionamiento de la democracia.

Yo pedí la palabra para hablar hoy aquí antes de que se conociera el Decreto de la Suspensión de Garantías, cuando esta Sesión Extraordinaria se convocó para conocer los graves hechos ocurridos en el día de hoy en Venezuela, y realmente considero que esa gravedad nos obliga a todos, no sólo a una profunda reflexión sino a una inmediata y urgente rectificación.

Cuando aquí el país y fuera de él he sido muchas veces preguntado, como seguramente lo habrán sido los senadores y diputados aquí presentes, acerca de las causas de la estabilidad democrática en Venezuela, en momentos en que el sistema naufragaba en naciones de mejor tradición institucional que la nuestra, generalmente me referí a cuatro factores que para mí representaban una gran importancia.

Por una parte, a la inteligencia que existió en la dirigencia política de sepultar antagonismos y diferencias en aras al interés común de fortalecer el sistema democrático.

En segundo lugar, a la disposición lograda, a través de un proceso que no fue fácil, de las Fuerzas Armadas para incorporarse plenamente al sistema y para ejercer una función netamente profesional.

Tercero, a la apertura que el movimiento empresarial demostró, cuando se inauguró el sistema democrático, para el progreso social, comprensión que tuvo para el reconocimiento de los legítimos derechos de la clase trabajadora.

Pero, en último término, el factor más importante fue la decisión del pueblo venezolano de jugárselo todo por la defensa de la libertad, por el sostenimiento de un sistema de garantías de derechos humanos, el ejercicio de las libertades públicas que tanto costó lograr a través de nuestra accidentada historia política.

Debo decir con honda preocupación que la situación que vivimos hace más de treinta años no es la misma de hoy. Por una parte, la inteligencia de la dirigencia política ha olvidado en muchas ocasiones esa preocupación fundamental de servir antes que todo al fortalecimiento de las instituciones. Por otra parte, el empresariado no ha dado las mismas manifestaciones de amplitud, de apertura, que caracterizaron su conducta en los años formativos de la democracia venezolana. En tercer lugar, porque las Fuerzas Armadas, que han sido ejemplares en su conducta profesional en las garantías de la instituciones, están comenzando a dar muestras de que se deteriora en muchos de sus integrantes la convicción de que por encima de todo, tienen que mantener una posición no deliberante, una posición obediente a las instituciones y a las autoridades legítimamente elegidas. Y cuarto, y esto es lo que más me preocupa y me duele, que no encuentro en el sentimiento popular la misma reacción entusiasta, decidida y fervorosa por la defensa de la democracia que caracterizó la conducta del pueblo en todos los dolorosos incidentes que hubo que atravesar después del 23 de enero de 1958.

Debemos reconocerlo, nos duele profundamente pero es la verdad: no hemos sentido en la clase popular, en el conjunto de venezolanos no políticos y hasta en los militantes de partidos políticos ese fervor, esa reacción entusiasta, inmediata, decidida, abnegada, dispuesta a todo frente a la amenaza contra el orden constitucional. Y esto nos obliga a profundizar en la situación y en sus causas.

En estos momentos debemos darle una respuesta al pueblo y tengo la convicción de que no es la repetición de los mismos discursos que hace treinta años se pronunciaban cada vez que ocurría algún levantamiento y que vemos desfilar por las cámaras de la televisión, lo que responde a la inquietud, el sentimiento, a la preocupación popular. El país está esperando otro mensaje. Yo quisiera decirle a esta tribuna con toda responsabilidad al señor presidente de la república que de él principalmente, aunque de todos también, depende la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia, cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones.

Por eso he pedido la palabra para ejercerla en este elevado recinto. Transmitirle desde aquí al señor presidente de la república y los dirigentes de la vida pública nacional, mi reclamo, mi petición, mi exigencia, mi ruego, en nombre del pueblo venezolano, de que se enfrente de inmediato el proceso de rectificaciones que todos los días se está reclamando y que está tomando carne todos los días en el corazón y en el sentimiento del pueblo.

Este es el motivo de la presente intervención y creo que era imposible que por un simple acuerdo de la Comisión de Mesa de que no se hablara para discutir el Decreto de Suspensión de Garantías, el Congreso se reuniera y le dijera al país que no ha hecho otra cosa sino darle paso al decreto: un Acuerdo que se votó creo que tres o cuatro veces, y que se indicó votado por unanimidad. Yo aclaro que yo no lo voté, no porque no estuviera de acuerdo en el fondo con que se suspendieran las garantías, sino por las reservas que expresé y, sobre todo, porque no considero justo el que se afirme de una manera tan absoluta, que el propósito de los culpables de la sublevación haya sido el asesinar al presidente de la república.

Por otra parte, quiero decir que esto que estamos enfrentando responde a una grave situación que está atravesando Venezuela. Yo quisiera que los señores jefes de Estado de los países ricos que llamaron al presidente Carlos Andrés Pérez para expresarle su solidaridad en defensa de la democracia entendieran que la democracia no puede existir si los pueblos no comen, si como lo dijo el Papa Juan Pablo H. «no se puede obligar apagar las deudas a costa del hambre de los pueblos». De que esos señores entiendan que estas democracias de América Latina están requiriendo una revisión de la conducta que tienen frente al peso de deuda externa, alocadamente contraída y en muchos casos no administrada propiamente, que nos está colocando en situaciones cuyo costo ha llegado a asustar a los propios dirigentes del Fondo Monetario Internacional y de los otros organismos financieros internacionales.

Yo quisiera, pues, desde aquí también, que pudiera llegar mi pedimento al presidente Bush, al presidente Mitterrand, al presidente Felipe González, a los jefes de los países del mundo desarrollado y ricos, para que se den cuenta de que lo que pasó en Venezuela puede pasar en cualquiera de nuestros países porque tiene un fondo grave, un ambiente sin el cual los peores aventureros no se atreverían ni siquiera a intentar la ruptura del orden constitucional.

Esa situación tenemos nosotros que plantearla con toda decisión. Cuando ocurrieron los hechos del 27 y 28 de febrero del año de 1989, desde esta tribuna yo observé que lo que iba a ocurrir podría ser muy grave. No pretendí hacer afirmaciones proféticas, pero estaba visto que las consecuencias de aquel paquete de medidas que produjo el primer estallido de aquellos terribles acontecimientos, no se iban a quedar allí, sino que iban a seguir horadando profundamente en la conciencia y en el porvenir de nuestro pueblo. Dije entonces en algún artículo que Venezuela era algo como la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana. Esa vitrina la rompieron en febrero de 1989 los habitantes de los cerros de Caracas que bajaron enardecidos. Ahora, la han roto la culata de los fusiles y los instrumentos de agresión que manejaron los militares sublevados. Esto es necesario que se diga, que se firme y que se haga un verdadero examen de conciencia. Estamos hablando mucho de reflexión, estamos haciendo muchos análisis, pero la verdad verdadera es que hemos progresado muy poco en enfrentar la situación y que no podemos nosotros afirmar en conciencia que la corrupción se ha detenido, sino que más bien íntimamente tenemos el sentir de que se está extendiendo progresivamente, que vemos con alarma que el costo de la vida se hace cada vez más difícil de satisfacer para grandes sectores de nuestra población, que los servicios públicos no funcionan y que se busca como una solución que muchos hemos señalado para criticarla, el de privatizarlos entregándolos sobre todo a manos extranjeras, porque nos consideramos incapaces de atenderlos. Que el orden público y la seguridad personal, a pesar de los esfuerzos que se anuncian, tampoco encuentran un remedio efectivo. Aquí, en este mismo recinto, se sientan honorables representantes del pueblo que han sido objeto no solamente de despojo, sino de vejámenes, por atracadores en sus propios hogares sin que se haya logrado la sanción de los atropellos de que han sido objeto.

Esto lo está viviendo el país. Y no es que yo diga que los militares se alzaron hoy o que intentaron la sublevación que ya felizmente ha sido aplastada (por lo menos en sus aspectos fundamentales) se hayan levando por eso, pero eso les ha servido de base, de motivo, de fundamento, o por lo menos de pretexto para realizar sus acciones.

Por eso termino mis palabras, rogándole al presidente de la república que enfrente de lleno, en verdad y decididamente esta situación que, como dije antes, sirve de motivo, o por lo menos de pretexto, para todos aquellos que quieran destrozar, romper, desarticular el sistema democrático constitucional del que nos sentimos ufanos.

Muchas gracias, ciudadanos senadores, ciudadanos diputados. (Aplausos prolongados).

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