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Ante todo ese argumento deberá ajustarse exactamente a lo que está en discusión. Y lo que está en discusión es el abandono de una tradición de rechazo de la pena de muerte que, como muchos han señalado, tiene bastante más de un siglo de vigencia en la cultura política venezolana. No se trata, pues, de una discusión sobre las ventajas o inconvenientes abstractos de un método de control social, sino de si hay razones suficientemente poderosas como para dejar de ser -aun parcialmente- lo que hemos venido siendo. Y la vida humana -individual y colectiva- está estructurada de tal modo que nadie necesita razones especiales para seguir siendo como era: las razones se requieren para cambiar, para introducir rupturas. Esto hace recaer la carga de la argumentación sobre quien propone la reimplantación del castigo. Si su justificación es débil, lo razonable es rechazar su propuesta, aunque sus contrarios no arguyeran nada. Porque quien asume esa carga presupone que está en condiciones de mostrar que el acuerdo representado por la tradición discutida ha dejado de ser compatible con creencias más firmes o significativas que comparte con aquellos a quienes se dirige. Y es a él a quien le toca encontrar esas zonas de acuerdo para tejer sus razones a partir de ellas.

Al elaborar esas razones se siguen normalmente dos estrategias cuyas dificultades conviene considerar por separado. Una es la de los argumentos utilitarios (la pena de muerte es un medio de protección o defensa: elimina, por ejemplo a los asesinos y disuade a quienes podrían llegar a serlo); otra la de los argumentos de justicia (es justo, por ejemplo, matar al asesino: ¿por qué respetar la vida de quien no la respeta?).

Los argumentos utilitarios terminan por imponer exigencias muy fuertes a quien pretenda usarlos teniendo sobre sí inicialmente la carga de la argumentación. Porque entonces deberá mostrar razonablemente dos cosas: una, que el abandono de esa tradición de nuestra cultura política es un medio no sólo idóneo, sino también imprescindible, para alguna meta compartida por quienes resisten ese abandono; otra, que el empleo de ese medio no impide o dificulta demasiado el logro de ninguna otra meta compartida, o que hay acuerdo en sacrificar esa otra meta para lograr aquella que se alcanzaría con el establecimiento de la pena de muerte. Pero para ello deberá apoyarse, por un lado, en creencias compartidas sobre conexiones causales en el campo del comportamiento humano, y por otro, en valoraciones comunes de situaciones y metas. Y para advertir la dificultad de lograr acuerdos en ambos aspectos, basta pensar en la divergencia de opiniones sobre el efecto intimidatorio de la pena capital, o en la diversidad de valoraciones de la seguridad (todos apreciamos en una u otra medida la seguridad, pero sólo personalidades patológicas, hacen de ella el valor supremo).

Los argumentos de justicia, por su parte, tropiezan con dificultades aun más graves. Porque el primer obstáculo está en distinguir justicia de venganza. Por poco que se reflexione, la ley del talión, lleva a consecuencias inaceptables. Sobre la base de la equivalencia entre daño y castigo, puede parecer justo hacer sufrir al que ha hecho sufrir, matar al que ha matado. Pero entonces habría que violar al violador, y operar al cirujano negligente para depositar en su cuerpo el mismo instrumento que dejó olvidado en su paciente.

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