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Bienvenido, Mr. Bratton

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Considérese la extravagante circunstancia de un antiguo comisionado de policía cuya experiencia como desbravador de las cifras de criminalidad en la Nueva York de fines del siglo XX es requerida por una típica megalópolis latinoamericana.

A buen seguro, Hollywood no resistiría la tentación de banalizar la misión del ex comisionado. No en balde la constelación de un superpolicía y un ámbito cultural «exótico» ha sido el arbitrio que ha oxigenado al género en las últimas décadas.

El extremo odioso de esta fórmula «multicultural» nos ha deparado ver en el cine a un Michael Douglas supremacista yanqui en misión especial en ultramar, abusando algo más que verbalmente de la policía metropolitana de Tokio, ansioso de salir del país del crisantemo y la espada y volver a casa a tiempo para el Superbowl.

Desde luego, no sin antes desbaratar los inicuos planes de la Yakuza, proterva hermandad japonesa dedicada al crimen organizado, vencida por el gringo allí donde los simplones policías nipones habían fracasado.

A pesar de toda esa imaginería de video por cable, pienso en Mr. William Bratton y no acude a mí la noción de un exitoso jefe de policía neoyorquino que hace la fortuna política de un alcalde republicano en una ciudad de electorado secularmente demócrata, y que viaja luego a la muy violenta ciudad de Caracas con la misión de limpiar las calles y amansar su salvaje «lado oeste», sino la de un avatar más de un añoso tema «historiográfico» latinoamericano: el del viajero ilustrado decimonónico en las regiones equinocciales del continente.

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Ciertamente, Bratton no ofrece ningún parecido con el descreído personaje que, en película tras otra, encarna Tommy Lee Jones.

Las presentaciones de Bratton a la prensa, las cámaras privadas y las instituciones públicas de nuestra ciudad capital, han estado imbuidas de la más moderna doctrina en materia de comunicación corporativa.

Se ha mostrado sumamente puntilloso en hacer inteligible qué puede esperarse —y qué no— de su programa. Consideremos primero lo de «tolerancia cero», por la que ha sido satanizado por más de una bobalicona ONG. Para colmo, algún alcalde de Primero Justicia se apropió de la frase dándole un giro que implicaba un nuevo avatar de la consigna «plomo al hampa». Nada más lejos de Bratton cuando habla de «tolerancia cero».

Quien haya leído a Bratton sabrá que el supercop se refiere a no tolerar ningún delito al interior de la fuerza policial: limpiar primero la fuerza policial es crucial para su plan. En modo alguno se refiere a un plan «reactivo» de la policía sobre el hampa. De hecho, Bratton rompió con el alcalde Giuliani debido al demagógico uso electorero que éste comenzó a hacer de la sugestiva frase.

El mismo educado instinto que le permitió moverse con solvencia en la enrarecida política municipal de Boston y Nueva York le ha permitido a Bratton el milagro de poner en marcha en Caracas su singular gestión de tecnócrata experto en el manejo de la más espinosa de las conductas sociales —la criminalidad en las grandes ciudades— en un país cuyo Gobierno es técnicamente «de izquierda», y por lo mismo, imbuido de interpretaciones «totalizadoras» acerca de la naturaleza social del crimen.

Las premisas de Bratton exigen también desagregar el proceso que sigue al hecho delictivo: la incidencia de las denuncias, ¿ocurren estas o no?, ¿qué las mueve o inhibe en cada caso?, ¿qué hitos dibujan el circuito «denuncia-acción» policial?, ¿qué haría más eficiente ese circuito?, etcétera.

Tratándose de un experto gringo, no podía faltar el software y la red telemática, pero ningún chiste podrá desvalorizar el hecho de que en cuestión de meses las crifras de criminalidad en Catia, distrito acotado para el plan Bratton, han disminuido en más de 30% en cuestión de meses.

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Lo decididamente llamativo es que todo esto pueda ocurrir no solo en un ambiente gubernamental como el chavista, caracterizado por el abisal inmovilismo de la burocracia estatal, sumamente embarazado por la carga dogmática de la vieja izquierda —dedeñosa de las «reformas» porque estas «no son soluciones integrales»—, y saboteado por los arrastrapies de la corrupción tribunalicia, carcelaria y policial.

El propio ámbito de acción de Bill Bratton —el west side caraqueño— luce transido de rivalidades de competencia jurisdiccional, pues actualmente en la Asamblea Nacional es la figura misma de la Alcaldía Mayor la que recibe el fuego de la facción más virulentamente personalista del chavismo.

Tan retrógrada es esta facción que pretende volver al status de la inoperante Gobernación designada por la Presidencia de la República, tan solo por negarle a Alfredo Peña, percibido como un formidable rival político, un terreno donde desplegar su política de «tolerancia cero».

Con todo, sospechamos que la experiencia que aporta Bratton debería estar llamada a obrar como modelador de una conducta gubernamental que logre alejarla de la tentación izquierdista por excelencia: embobecerse en la contemplación totalizadora de los grandes problemas sociales, esperarlo todo de las grandes ideas sobre el mundo, desconfiar de toda iniciativa quirúrgicamente «puntual» —como es la del alcalde Peña—, recelar de las reformas, obviar lo que se puede buenamente hacer «en pequeño», preferir siempre la escala mayor de las soluciones «de raíz», es decir, dejar pasar el ahora y aplazar indefinidamente las soluciones para el tiempo mitológico de la revolución.

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La aproximación que hace Bratton al problema de la criminalidad letal —en la que ocurren muertes— en la ciudad de Caracas es sin duda más prometedora como método que las espectaculares operaciones de ocupación del territorio malandro que estacionalmente protagonizan las fuerzas policiales con sus consabidos operativos especiales que, bien vistos, no trascienden el primitivo concepto de redada, inconducente ya en la megalópolis latinoamericana.

Pero no es en absoluto una novedad pues tiene antecedentes dignos de atención, uno de ellos es el del programa desplegado hace casi una década por la alcaldía de la muy peligrosa ciudad de Medellín.

Allí, justo en el corazón de la cultura de violencia sin límites, en la cuna de la escalada de desafío a la autoridad que caracterizaron los años de Pablo Escobar, en la ciudad que vio nacer el satánico misticismo del sicariato, un alcalde se propuso reducir la tasa de criminalidad letal.

Ocurrió que este alcalde era médico epidemiólogo de profesión. Desconfiaba metódicamene de los violentólogos, esos oficiantes de lo que es ya una profesión del siglo XXI latinoamericano.

A nuestro alcalde lo exasperaban los diagnósticos que remitían invariablemente las causas de la elevada tasa de crímenes violentos y homicidios de la capital antioqueña a razones estructurales, inabordables para una alcaldía: el desequilibrio macroeconómico de la subregión, el fracaso histórico del populismo, las inequidades en los planes de ajuste neoliberales, la pobreza crítica estructural, la quiebra de los valores familiares, la cultura de la violencia política y, por supuesto, a las guerras entre los carteles.

Es fama que nuestro alcalde despidió a todo un tren de violentólogos porque «no hacían sino decirme que todo empezó con la muerte de Gaitán en 1948. ¿ Yo qué puedo hacer con eso?».

Necesitaba actuar urgentemente en las calles de Medellín; no podía echar atrás el reloj de la historia y decidió fiarse más bien del método epidemiológico.

Así, rechazó todo informe forense que atribuyese los crímenes letales a causas sociológicas y exigió que, durante un tiempo significativo para el muestreo, se respondiese a preguntas formuladas con criterio casuístico, esto es, epidemiológico: quería saber quién era la víctima, a qué se dedicaba, quién lo mató. Quería saber dónde y a qué hora ocurrían los hechos.

Poco a poco, esta aparentemente cándida aproximación que prescindía de los prejuicios académicos de los expertos, dibujó un mapa por completo inesperado para un sofisticado sociólogo de la violencia.

Se estableció que la mayoría de las muertes ocurrían los fines de semana y que en un porcentaje elocuente de ellas, víctima y victimario se conocían, incluso solía haber parentesco entre sí y que los malquistaban «viejas rencillas», no todas por cierto originadas en la guerrilla o el narcotráfico.

En un número revelador, el muerto y el matador estaban borrachos. En número igualmente demostrativo, las cosas ocurrieron por motivos baladíes —consistente esto último con el dato de la vieja rencilla— y, por último, los acontecimientos se precipitaban hacia la tragedia porque, como es sabido, el Diablo es ante todo traficante de armas de fuego.

Dicho de otro modo, un altercado entre borrachos sin armas de fuego suele disiparse en un torpe cruce de trompadas; una pistola de por medio hace la diferencia.

En consecuencia, aquel alcalde sin imaginación sociológica atacó decididamente las dos variables que señalaba su informe epidemiológico, y lo hizo según una fórmula acuñada por Wyatt Earp en la legendaria Dodge City: controló el expendio de licores los fines de semana y penalizó el porte ilícito de armas en su distrito con arresto de 72 horas de fin de semana.

¿Resultados? En el primer año de su mandato, redujo la criminalidad letal en 15 %; dos años más tarde, la reducción había alcanzado 30 %.

En todo ese período, la actividad de los carteles y la violencia política no se redujeron significativamente, lo cual lleva aún más agua al molino del método del alcalde de Medellín, el hombre que —al igual que Alfredo Peña al contratar a Bratton— no esperó a que la Historia saldara sus cuentas con las venas abiertas de América Latina para actuar en las calles de su ciudad.

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