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Vargas y los derechos humanos

Cuando tuve noticia de que existía algo llamado Provea, sus oficinas estaban en un vetusto edificio próximo a la esquina de Castán, a una o dos casas por medio de la Jefatura Civil de Santa Teresa. Allí acudí una mañana de 1989.

Tenía yo el encargo de prologar un librito de ocasión que recogía testimonios y juicios acerca de los sucesos del 27 de febrero y me habían dicho que la gente de Provea podría ayudarme a hacerme un juicio equilibrado sobre lo ocurrido y sus consecuencias legales.

Concerté, pues, una cita y acudí a ella receloso, sin creer ni dejar de creer. Confieso que esperaba encontrarme con una célula de exaltados ultraizquierdistas, una tapadera legal Bandera Roja o algo así, un equipo agitador de eso que la afilada sorna de Rómulo Betancourt llamó «izquierda comemuerto».

En lugar de ello me encontré con una austera y diligente corporación, imbuida de una rara ecuanimidad metodológica, de algo que sólo puedo calificar de «escepticismo empático» para con las denuncias que procesaba. Tanto más rara y valiosa era esa ecuanimidad cuanto más crispados y rencorosos eran aquellos días.

II

Los años ochenta trajeron consigo muchas cosas para América Latina, además de tecnócratas de inspiración neoclásica, casi siempre políticamente chapuceros.

Una de ellas fue la invención —ese nombre le cuadra— de un modo de entendérselas con la barbarie y la arbitrariedad o, en el mejor de los casos, con la indolencia de los gobiernos, por un lado. Y, por el otro, de superar la ignorancia y la incuria de la población agraviada a la hora de hacer valer sus derechos fundamentales.

De una manera muy representativa de la época, tanto en Centroamérica, como en Colombia o Venezuela, los ochenta vieron prosperar nociones y prácticas que lograron en muchísimas ocasiones, si bien luego de peripecias sin cuento, alcanzar que se hiciese justicia.

Para ello fue preciso que los defensores de los derechos humanos se diferenciasen, en propósitos y estilo, de todo lo que todavía se dejaba animar por los resabios de los años sesenta.

En los tiempos de la infatuación guevarista, el activismo de derechos humanos era a menudo un subproducto de la lucha política, cuando no su prolongación por otras vías.

Y se desenvolvía con el insincero embarazo que implicaba la premisa de que todo el aparato jurídico del Estado, todas las provisiones y fueros constitucionales, todas las fiscalías y procuradurías, todos los comités parlamentarios, todas las cortes, incluyendo las internacionales, eran formulismos huecos, «justicia de clase», instituciones de la democracia «burguesa», vacías de significado.

Pese a ello —o mejor dicho, justamente por ello— debían ser frecuentadas con calculado descreimiento, con fines de denuncia y agitación.

Así, se recurría al Ministerio Público con la apuesta de que un escándalo judicial (que con inevitabilidad marxista se anticipaba infructuoso), pudiese al menos contribuir a que las masas abriesen los ojos y se «despojasen de la falsa consciencia histórica», descubriesen «quiénes eran sus amigos y quiénes sus enemigos»; en fin, que desecharan toda ilusión de cambio por vía electoral y parlamentaria.

Paradójicamente, a esa letal esquizofrenia de fines revolucionarios y medios burgueses concurrían los generosos desvelos y el sobrehumano arrojo de individualidades políticamente independientes.

Solían ser periodistas que, con riesgo de sus vidas, iban más allá de lo pautado en sus salas de redacción para desafiar las versiones oficiales. O parlamentarios de oposición, en minoría casi absoluta, y para colmo vilipendiados (en razón de haber escogido la vía parlamentaria) por los mismos grupos violentos cuyos integrantes torturados o desaparecidos defendían. Sin olvidar a tantos sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos hostilizados o ultimados por organismos de seguridad en todo el continente.

Pero quizá la característica primordial del modo «sesentero» de abordar la lucha por los derechos humanos es que ella presumía, casi sin excepción alguna, que toda violación de los fueros fundamentales de la ciudadanía provenía exclusivamente de los gobiernos.

Las cosas difícilmente se entendían de otro modo: la acción del gobierno era «violencia de los ricos»; la de la guerrilla era una «cruzada de liberación nacional». Los muertos a manos del gobierno eran «mártires» del tipo «fulano, camarada, tu muerte será vengada»; los asesinatos de la guerrilla —y pienso en la atrocidad cometida en Roque Dalton por sus conmilitones— eran «justicia revolucionaria».

III

¿Cómo ha sido posible que las comisiones de la verdad hayan podido establecer en El Salvador y Guatemala responsabilidades que, eventualmente, han conducido a detenciones, procesos, sentencias y hasta castigos, tanto en el bando militar como en el insurgente? ¿O que en la vecina Colombia se registren casos en que una defensoría ad hoc ha logrado obtener, tanto del Ejército como de la guerrilla, indemnización para campesinos mutilados por minas «quiebra patas»?

La inescapable relevancia que hoy muestra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya injerencia no ha podido sustraerse el Perú de Fujimori sino al precio de un impolítico y sin duda costoso desacato ¿cómo ha llegado a alcanzarse?

Sin duda, no poco se debe al fin de la Guerra Fría y a las leyes gravitatorias de la globalidad. Pero también, y muchísimo más, a una metodología de acción ciudadana, que a diferencia del modo «sesentero» del que vengo hablando, no desdeña los valores y dispositivos democráticos sino que, muy por el contrario, hace de ellos una premisa irrenunciable.

Lograr que una organización de particulares se constituya en interlocutor forzoso y no fácilmente desestimable de gobiernos sospechosos de haber cometido crímenes contra los derechos humanos —y con frecuencia dispuestos a cometer nuevos crímenes con tal de borrar sus huellas— exige vacunar esas entidades contra la posibilidad de ser instrumento ocasional del opositor «comemuerto».

Requiere una alta competencia para sortear los reparos tecnicistas y forenses que los gobiernos están siempre prontos a oponer. Y por sobre todo, exige una indoblegable determinación de llevar las cosas hasta una resolución judicial definitiva, así el fallo no sea satisfactorio. Esto es, se requiere de un talante para el largo plazo de las cortes, algo en lo que el politiquero no suele estar interesado.

La acción denodada e indesmayable de diversas organizaciones no gubernamentales, entre las que se cuentan Provea y Cofavic, han hecho valer la doctrina de que ningún estado de excepción extingue las garantías fundamentales, como el del respeto a la vida ni, por supuesto, la responsabilidad inexcusable del Estado en caso de ser violadas.

Es así como el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró mérito suficiente en la denuncia contra el Estado venezolano en la querella planteada por los deudos de al menos cuarenta y siete víctimas del 27 de febrero. El caso se halla al fin en proceso.

La Cancillería de la República bolivariana ya ha anunciado que acatará el fallo de este histórico proceso incoado por nacionales venezolanos quienes, al no hallar justicia en su país, recurrieron a una corte supranacional.

Chávez ha dicho siempre que fueron los sucesos de 27 de febrero los que encendieron la chispa de su insurgencia. Algo parecido a los que los anglosajones llaman poetic justice alienta en el hecho de que unas muertes causadas bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez encuentren justicia bajo el mandato de Hugo Chávez. El hecho ilustra el alcance que hoy día puede tener la acción de los particulares en procura de justicia ante desafueros cometido bajo estado de excepción.

La Constitución bolivariana —por cuya ratificación ciertamente no votamos en el referéndum del 15 de diciembre pasado— ha sido unánimemente elogiada por tirios y troyanos, muy notablemente por el doctor Carlos Ayala Corao, ex presidente de la citada Corte Interamericana, desde luego en lo que atañe al capítulo de derechos humanos.

En esta materia la Constitución que hoy nos rige se nutre sin duda de la experiencia de las ONG más serias y activas.

Todo hay que decirlo, se trata de un capítulo discutido con extrema calma y seriedad, cuando los más doctos y prudentes prevalecían sobre los gritones, mucho antes del regreso de Chávez de su periplo asiático y del subsiguiente arrebato de deliberaciones contra reloj.

Basta echarle un vistazo para constatar que la Constitución bolivariana incorpora la doctrina, ya citada, de que ningún estado de excepción suspende las garantías primordiales.

Lo ocurrido en Vargas tiene toda la traza de una situación excepcional, no decretada, respecto de la cual cabe considerar posible cualquier ocurrencia.

Tenemos referencia de varios tipos de ejecuciones extrajudiciales, algunas presuntamente cometidas por funcionarios de seguridad del Estado, y otras por vecinos que exasperados por la acción de contumaces azotes de barrio no desaprovecharon la ocasión: algunas muertes por linchamiento —también violaciones a los derechos humanos— han sido endosadas así a la furia de los elementos.

Las declaraciones del ministro de la Defensa contrastan ciertamente con las de su antecesor en el cargo en tiempos de la masacre de El Amparo y hay que saludar el espíritu que las anima. Tanto como hay que celebrar la pronta repuesta de Dilia Parra, quien discrepó de la inicial y poco feliz declaración del presidente Chávez al reconocer la seriedad de Provea, algo que la muestra como alguien que no será obsecuente en el cargo.

Pero el paso de los días y las urgencias de la reconstrucción pueden hacer que el tema de las ejecuciones extrajudiciales y los linchamientos en Vargas, pasen a ser muy pronto periódico de ayer.

La razón está en la calidad que se atribuye a las presuntas víctimas, que no necesitaban ser saqueadores para caber en el saco de los menesterosos sin dolientes.

Esta vez no hay excusa admisible. Esta vez no debería ser preciso acudir a la Corte Interamericana para encontrar culpables si los hubiere y para hacer justicia si fuese necesario.

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