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Sección: Bitblioteca
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La corrupción del espacio público Periodismo: vergüenza y crimen Este artículo formará parte del libro Periodismo y crimen de próxima publicación. Algunos enlacesEl Mundo [España] Salvador Allende Primera parteEl 13 de abril de 2002 pasará a la historia, tal y como ha dicho Pascual Serrano, como «el día en que la UE y sus medios de comunicación fueron golpistas». En efecto. El mismo trece de abril, el diario El Mundo de Venezuela publicaba triunfante las reacciones de los medios de comunicación españoles, citando y exhibiendo sus editoriales: «Golpe al caudillo» (El País); «Fulgurante ascensión y caída del estrafalario Hugo Chávez» (El Mundo); «Venezuela dijo basta a Chávez» (ABC); «El fin de Chávez» (El Periódico); «Venezuela sin Chávez» (La Vanguardia)... El 12 de abril, el mismo periódico titulaba así su primera página internacional: «La Comunidad internacional solidaria con Venezuela». Subtitular: «Respaldo total de la Comisión Europea». Leyendo más abajo se pueden encontrar citas como ésta: El ex presidente del Gobierno español Felipe González manifestó su deseo de que en Venezuela se lleve a cabo un proceso electoral rápido y calificó al ya ex presidente Hugo Chávez de golpista», pues «por los votos o por las botas es un autoritario que liquidaba las libertades»; «no sólo se es un autoritario cuando se llega al poder con las botas, sino cuando se tienen mayorías pero no se respetan las reglas del juego». La complicidad o el apoyo directo de la UE y de EEUU a la organización del golpe de Estado va saliendo cada vez más a la luz del día. Sabemos, por ejemplo, que nuestro gobierno se alineó inmediatamente con la presidencia golpista de forma oficial. Pero se tardará mucho en saber toda la verdad, si es que llega a saberse alguna vez. Lo que sí sabemos es lo que dijeron los editoriales de nuestros periódicos y la forma en la que se administraron los titulares; y de lo que se trata es de impedir que lleguemos a olvidarlo. Los lectores de El Mundo y El País tienen la responsabilidad moral de recordar en todo momento el día en que sus jefes de redacción se hicieron reos de apología golpista, colaboración con banda golpista y, quizás, en algún sentido, pertenencia a banda golpista (evidentemente, armada). El desliz del día 13 de abril debe ser, en adelante, la vara con la deben medirse sus pretendidas líneas editoriales siempre defensoras del orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho. Es muy fácil defender el Estado de Derecho y la democracia mientras en su ámbito no se hace nada que atente contra los intereses de las corporaciones que jamás respetaron ni una cosa ni otra. Entre dos golpes de Estado y dos consiguientes dictaduras hay, a veces, y para algunos, un paréntesis al que se llama democracia. A veces es muy breve y a veces es más largo. En algunos países, normalmente pobres, suele abrirse poco a menudo; en otros, normalmente ricos, suele permanecer abierto largas temporadas. Pero la historia del siglo XX, corroborada por lo que llevamos del XXI, es, a este respecto implacable: el Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia sólo se sostienen mientras las grandes corporaciones económicas que pueden violentamente suspenderlos no se sienten amenazadas ni perjudicadas por ello. En este sentido, durante todo el siglo XX nos acostumbramos a llamar Estado de Derecho a lo que en realidad era una excepción, en el sentido de un «Estado de Excepción»: un marco constitucional que permanece abierto «mientras no gane ninguna opción de izquierdas», tal y como, con toda contundencia, diagnosticó Pinochet. He citado hasta la saciedad en todos los sitios que he tenido oportunidad algunos paradigmas de este dilema que la historia ha ilustrado con sangre, torturas, desaparecidos, dictaduras y miedo, mucho miedo a que vuelva a suceder lo mismo. A los países en los que la izquierda logró hacerse con el poder, normalmente luchando contra dictaduras inconcebibles, se les declaró la guerra por todos los medios, asfixiando sus potencialidades sociales, políticas y, por supuesto, económicas. Pero, en los países en los que la izquierda logró en distintas ocasiones ganar las elecciones, llegando a gobernar por una vía democrática legítima y constitucional, se organizaron y financiaron golpes de Estado, guerras e invasiones que dieron al traste con el orden constitucional, se implantaron las más abyectas dictaduras y se demostró para siempre, al conjunto de la población mundial (que aprendió muy bien con el ejemplo), que eso que llamamos democracia y Estado de Derecho tiene sus días contados desde el mismo momento en que la instancia política ose poner en cuestión el más mínimo interés económico. Esas son «las reglas del juego» a las que aludía Felipe González en la declaración que acabamos de citar. Este axioma del siglo XX, que condiciona la existencia del Estado de Derecho al presupuesto de que no gane ninguna opción de izquierdas que realmente lo sea, no ha tenido ninguna excepción todavía, y era muy importante que no la tuviera, pues de ello dependía la educación ciudadana del conjunto de la población mundial, la cual, en efecto, ha aprendido muy bien la lección de que no se puede utilizar el voto para hacer experimentos izquierdistas que históricamente han conducido inexorablemente a la guerra civil, la invasión, el bloqueo, el golpe de Estado, la traición de los electos o, en el mejor de los casos, su dimisión (vgr. el caso Oscar Lafontaine). En un mundo como éste, ninguna decisión parlamentaria puede contradecir o poner dificultades a los intereses que se ventilan en la arena económica. Casos como el de España en 1936, Chile (1973), Nicaragua (1980-90), Haití (1990), Argelia (1992), Alemania (1998), han escarmentado suficientemente la mentalidad de los votantes: la voz ciudadana tiene la palabra sólo ahí donde los negocios y las finanzas no necesitan tomarla de antemano. En 1963, Juan Bosh Gaviño fue elegido por el 59% de los votos, en la República Dominicana; un golpe y una invasión de marines USA que causó miles muertos, lo desalojaron del poder. A esta lista, hay que añadir hoy el ejemplo de Venezuela (2002): ejemplo modélico, en el límite, porque Chávez, probablemente, no ha pretendido nunca ser Allende (y mucho menos Fidel Castro). Ganó las elecciones por una mayoría abrumadora y, tras ocho consultas electorales, emprendió una reforma constitucional. No hay que preguntarse a quién perjudicó esta reforma. Es obvio que perjudicó a todos los que organizaron, apoyaron, financiaron y aplaudieron el golpe de Estado del 11 de abril. ¡En su lugar se nombró presidente al presidente de la patronal! En éste y en todos los casos anteriores, la patronal también se había presentado a las elecciones a través de los partidos que la representaban; pero la patronal -supuestamente ocupada en la arena económica- jamás se presenta directamente en la arena política más que cuando pierde las elecciones: y entonces lo hace mediante un Golpe de Estado. «Si me tocan a uno sólo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho», dijo Augusto Pinochet en los primeros momentos de la transición chilena. «Si me tocan uno sólo de mis intereses económicos, se acabó el Estado de Derecho». El Diario El País que, en un inolvidable editorial, tildó de «pintorescas» las declaraciones de Pinochet, siempre ha estado en cambio bien seguro de que este otro lema económico marca el límite mismo del derecho de la ciudadanía a un ordenamiento constitucional. Pero nunca lo había afirmado tan explícitamente como en el Editorial del día 13 de abril. Estas palabras, como las del Editorial de El Mundo, no se las debe de llevar el viento. Deben permanecer en la memoria de sus lectores, grabadas en su conciencia, cada vez que se hable de la objetividad, de la imparcialidad y del inequívoco carácter constitucional de las líneas editoriales de estos periódicos españoles y europeos. Para algunos, como para Pinochet, Pedro Jota o Javier Pradera, es muy fácil defender el Estado de Derecho mientras éste no osa meterse donde no le llaman. Lo que el día 13 saludaron como el «restablecimiento de la normalidad democrática» en Venezuela no restablecía, como es obvio, más que los intereses que representaba Carmona, al que nunca se le juzgará como a un vulgar ratero por allanamiento de morada, habiendo allanado, como lo hizo, el sillón presidencial de la República. Pero ningún periódico español (a excepción del Gara, para ser justos) llamó a esto «golpe de Estado» («Venezuela derroca a Chávez», era el titular de primera página del diario El Mundo. «Venezuela fuerza la renuncia de Chávez», rezaba la primera página de El País). El más importante y serio de los periódicos mexicanos, La Jornada, en cambio, sí lo hizo, e insistentemente. El lema («rayuela») que encabeza todos los días el periódico decía el día 12: «En este momento, solidaridad para Venezuela y para un presidente que fue democráticamente electo. El silencio de los gobiernos de la región, sería complicidad con la ignominia y con sus patrocinadores»; unas horas más tarde el lema fue sustituido por este: «guste o no, lo ocurrido en Venezuela tiene un nombre: Golpe de Estado». El día 15: «Aznar no sólo reconoció al gobierno de Carmona, si no que fue en su país donde se confeccionó la banda presidencial que colocó al golpista en Miraflores. ¿Con que no estaba todo planeado?» Lo que recogemos a continuación, en el Anexo, son, aparte del editorial de La Jornada del día 12, los editoriales de los periódicos venezolanos más importantes y los que siguieron el día 13 en los periódicos españoles de mayor prestigio. Cuando uno entra, a través de Internet, en la prensa venezolana, esa prensa tan supuestamente perseguida, tiene la sensación de haber sido violado por una fiera. En seguida daré algunas muestras de lo que se encuentra por ahí. Pero lo que sorprende al apilar sus editoriales, como hemos hecho aquí, con los que los medios españoles publicaron, es que hay entre ellos una inequívoca solidaridad criminal. En Venezuela, la prensa continuamente miente, calumnia, difama, llama todos los días a la insurrección militar contra el orden constitucional, desinforma, confunde y envenena, y lo hace sin ningún disimulo, a paletadas, de modo que hiere la sensibilidad del lector europeo. Algún día habrá que escribir algo muy serio sobre la forma tan distinta y tan peculiar de mentira, calumnia y desinformación que se ha inventado el periodismo europeo; aquí, se miente -podría decirse-, diciendo siempre la verdad... No es la cuadratura del círculo: es lo que hace convincente e irrefutable todos los días al editorial de El País, sin que por eso deje de ser, como sabemos, absolutamente deshonesto. Sólo un día se mintió en Europa «a la manera venezolana»; pero ese día, el 13 de abril, se mintió, sin embargo, con absoluta unanimidad (con la misma enigmática unanimidad con la que desaparecieron de todos los medios españoles las noticias sobre el juicio de Milosevic, el día 22 de febrero, tras una noticia que en El País rezaba algo así como: «Milosevic, 1. Carla de la Ponte, 0»; para la siguiente noticia sobre el juicio, hay que esperar al 7 de mayo: «Rugova sale triunfante del interrogatorio de Milosevic»; después, otra vez el silencio). En verdad, respecto a la información sobre Venezuela, la cosa no ha cambiado radicalmente de estilo (como si por inercia fuera imposible desdecirse rápidamente del utilizado el día 13 de abril). Mucho menos ha cambiado, por supuesto, el estilo de la información en la propia Venezuela. Algunos ejemplos (noticias del 3 de mayo): el 2 de mayo, la Asamblea Nacional ha llamado a declarar al golpista Carmona. Titulares de Primera Página del diario 2001 (Caracas): «Sólo faltó el fusil en manos del MVR contra Carmona Estanga»; «TALIBANES EN LA ASAMBLEA NACIONAL: convirtieron en inquisición maligna una simple interpelación política». En la Portada, aparece una foto de Carmona encabezada con el siguiente texto: «de traidor, tirano, fascista, esbirro, asesino y usurpador fue tratado este hombre que hasta hace poco dirigía los destinos del empresariado venezolano, simplemente porque su idoneidad moral y su esfuerzo por devolver la luz al sistema político venezolano lo colocaron en una posición que lo llamaba a convertirse en el conductor temporal de la nación». Supongo que sobran los comentarios. Mejor aún es la entrada siguiente: «Un juicio inquisidor, maniqueísta e irrespetuoso fue el que presenciamos ayer todos los venezolanos. El objetivo fue destrozar a mansalva y sin piedad a Pedro Carmona Estanga que entró en la Asamblea Nacional pensando que iba a formar parte de una interpelación seria y se encontró con UNA CUERDA DE TERRORISTAS VESTIDOS DE DIPUTADOS (sic)». Otra: «El diputado Juan Barreto respira odio visceral por cada poro de su voluminoso cuerpo. Su hiperquinética lengua destila la hiel amarga de los resentidos a través de un agresivo discurso que está muy distante del espíritu conciliador que hoy reclama el país, discurso que pone en entredicho, por ser él un connotado dirigente del partido del gobierno, la sinceridad del llamado al diálogo que el presidente Chávez y algunos voceros oficiales hicieron a los venezolanos una vez superado el SUSTO por los acontecimientos que los sacaron momentáneamente del poder». No es una columna de Opinión, es una noticia que se titula: «El odio de Juan Barreto». ¡Y se dice que la prensa está coartada en Venezuela! Como se ve, el odio de Barreto hace sospechar a este periódico de la disposición de Chávez a cumplir con la exigencia de diálogo que este mismo periódico le hace, tal y como si sus noticias se convirtieran cada día en un nuevo artículo de la Carta Magna a la que debiera obediencia el presidente constitucional. También el 3 de mayo, el editorial del diario Tal Cual (Caracas), titulado «Criminales y cobardes», comienza con estas palabras: «Los días previos a la hermosa marcha del 11 de abril se preparaba con saña y criminal premeditación ahogar el clamor nacional que solicitaba desde mucho antes la renuncia de Hugo Chávez Frías». El editorial sigue pidiendo que sean juzgados todos los ministros y, luego, alude también a un «siniestro personaje» (sin nombre) que, durante el golpe, ordenó enviar efectivos de la Casa Militar a los canales privados de televisión. El editorial pone entre paréntesis que «existen testimonios» de ello (que no especifica). «Ese cobarde y vil personaje también debe ser enjuiciado por criminal». Las amenazas no cesan. Primera Página de La Verdad (Caracas) (4 de mayo): «Arias Cárdenas advierte sobre la inminencia de otro golpe militar si Chávez no rectifica. Aseguró que el Gobierno tiene hasta el 11 de mayo para demostrar cambios». ¡Curioso dictador Chávez, al que se le puede amenazar con un golpe militar si no gobierna como pretenden los periódicos de los que perdieron las elecciones! Es muy instructivo leer los editoriales del día 12 de abril de los periódicos venezolanos y luego compararlos con los que el día 13 publicaron El País y El Mundo en España. El lector puede hacer el experimento por sí mismo: los hemos archivado a continuación en estas páginas. Los periódicos venezolanos, como todos los días, vociferaron el 12 de abril entre espumarajos de rabia, con su habitual racismo y su militante terrorismo informativo. Pero, por un día, la verdadera línea editorial de los periódicos españoles, habitualmente mucho más educada, «europea» y políticamente correcta, se mostró al desnudo a sus lectores. De los telediarios españoles de esa jornada de la vergüenza... ¡que no nos falle la memoria! 2. La cuadratura del círculo: el invento europeo de cómo mentir diciendo la verdad. Algunos ejemplos. Sólo algunos comentarios sobre el archivo de editoriales que recogemos. El editorial de El Nacional (Caracas, 12 de abril), comienza hablando a Hugo Chávez: «ya sabíamos de sus problemas mentales, también conocíamos que no era un hombre precisamente valiente y tendía acobardarse en los momentos de combate, pero lo que en verdad ignorábamos, aunque lo presentíamos, era su falta de escrúpulos a la hora de ordenar a sus partidarios disparar contra gente indefensa, que marchaba de forma tranquila y pacífica por las calles de Caracas, y acribillarla sin compasión desde las azoteas cercanas a Miraflores, a manos de francotiradores bolivarianos muy bien entrenados en tierras extranjeras». Editorial del diario Tal Cual (Caracas): «Chávez, hasta el final vivió en el delirio que lo mató y su última acción de gobierno fue verdaderamente criminal. Esa cadena [la estatal] de la tarde de ayer, grotesca, realmente kafkiana, fue deliberadamente realizada para cubrir la información sobre la masacre que los matones y francotiradores de Bernal perpetraban. Dada la emboscada montada a la manifestación, es obvio que Chávez sabía perfectamente que mientras hablaba sus hombres estaban asesinando a mansalva a decenas de compatriotas. Fue una acción de infamia sin antecedentes en la historia contemporánea del país». Ya se sabe que la identidad de los famosos francotiradores era muy distinta a la que aquí se adjudica, aunque es cierto que todo hace pensar que habían sido entrenados «en tierras extranjeras», sólo que no en Cuba, sino en Miami. Y se sabe muy bien que los periódicos que publicaron unánimemente la noticia en el mismo sentido que el editorial de El Nacional, sabían muy bien que estaban mintiendo. Todas las evidencias acumuladas después, no les han hecho, siquiera, desdecirse de lo que entonces publicaron, ni siquiera en una fe de erratas. Ahora bien, los periódicos españoles les siguieron el juego y sabiendo muy bien lo que hacían. Sólo a partir del día 15 de abril empezaron -ellos sí- a rectificar. La cosa es impresionante: la foto que más fue esgrimida por los media venezolanos y del resto del mundo para justificar el levantamiento golpista, mostraba a un supuesto chavista disparando contra los manifestantes con un revólver; tal y como ha mostrado el número de mayo de La Monde diplomatique (p.21), la toma era un efecto óptico; el revólver, según puede verse en otras fotos, apuntaba, en realidad, 90 grados más allá de los manifestantes, hacia el lugar del que provenían los disparos de los francotiradores. Tal y como ha publicado Miguel Bonasso (Página 12, 15 de abril): «se sabe ya quien es el titiritero del golpe. Es míster Charles S. Schapiro, embajador de George W. Bush en Venezuela desde el 25 de febrero pasado. Schapiro es uno de esos procónsules especializados en desestabilizar gobiernos y patrocinar la contrainsurgencia que fue jefe de misión en Chile y Trinidad Tobago. Y antes de eso, nada menos que en El Salvador». Se sabe también bastante —debe «saberse bastante», cuando el propio periódico El País e incluso El Mundo no han tenido más remedio que rectificar en sus noticias (eso sí sin reconocer la rectificación)- de la verdadera identidad de los famosos francotiradores, cuyas víctimas fueron en su mayoría partidarios del presidente: hombres del antichavista Alfredo Peña, Alcalde Mayor de Caracas, entre los que podrían encontrarse —según Jorge Rondón, diputado del MVR- un ciudadano norteamericano y otro salvadoreño. «Masacre como la ayer tarde no se había visto jamás en esta ciudad. Nuestro pueblo está malherido. Exige que sus derechos sean respetados y que los culpables sean duramente castigados. La sangre de tantas víctimas clamará para siempre», afirmaba el editorial de El Nacional el día 12. Así es. Sólo que ahora está ya más que probado que los «culpables» directos de la matanza eran los golpistas y que fueron ellos los que la ordenaron y planificaron (según ha declarado Chávez, existen pruebas judiciales de que las imágenes de T.V. de las declaraciones de los generales «indignados por la matanza» del día 11, habían sido grabadas el día 10; resulta difícil no creerle, porque la cosa es demasiado fácilmente comprobable). Matanza, por cierto, que tampoco es, por su volumen, la más escandalosa «que ha contemplado la ciudad de Caracas», ya que durante el «caracazo», Carlos Andrés Pérez, fue responsable de la muerte de entre mil y dos mil ciudadanos; matanza que, por demás, no habría sido nada comparada con la que habría inevitablemente sobrevenido en los próximos días si el Golpe de Estado hubiera logrado consolidarse, tal y como prueba una larga experiencia de dictaduras latinoamericanas. Carlos Andrés Pérez apoyó inmediatamente el Golpe de Estado. A sus muertos de ayer, sumó su complicidad con los muertos de hoy y con los que habrían muerto a centenares, torturados o desaparecidos, de haberse impuesto la dictadura de Carmona. Y dos palabras tan sólo, sobre la cuadratura del círculo. Si los editoriales de El Mundo y El País, así como sus titulares sobre Venezuela, han llegado a escandalizar a muchos de sus lectores (¡qué vergüenza: ambos periódicos han recibido miles de cartas al director protestando por ello y han publicado dos!), es porque habitualmente se nos tiene acostumbrados a otra manera de hacer las cosas. Normalmente, lo que leemos en El País y en El Mundo es eficaz y convincente porque en ellos leemos lo que leemos, no lo que podríamos leer si pusiera otra cosa. Por ejemplo, en esta ocasión, sus editoriales podrían haber sido el editorial de La Jornada del día 12. Si sorprendieron, fue porque, de hecho, muchos lectores esperaban algo del tipo de lo que publicó La Jornada. El titular de El Mundo podría haber sido, en lugar de «Venezuela derroca a Chávez», «Golpe de Estado en Venezuela» o «La patronal venezolana sepulta el Estado de Derecho». Lo que hicieron ese día no es habitual: en Europa no estamos acostumbrados a que se nos mienta con mentiras. No. Se miente, fundamentalmente, con una compleja y calculada política de administración de titulares que nunca son claramente falsos y que muchas veces son literalmente correctos. No por eso se miente menos. Muy al contrario, se miente mucho más y en el mismo sentido que si se hiciera a las claras, como ocurrió el día 13 de abril. Se miente, también, con una eficacísima política de equilibrado entre las tribunas de opinión y las noticias meramente, al parecer, «informativas», «objetivas», «neutrales» de los «profesionales del periodismo». El pluralismo de las tribunas de opinión (de todos modos, también muy planificado), legitima así la agigantada opinión de la línea editorial del resto del periódico. En términos penales a esto se le llama «coartada». Pondré un ejemplo ilustrativo, pues el tema es demasiado complejo para un texto de batalla como éste (ya se habrá notado que esto es un panfleto, no un análisis de investigación exhaustiva: a la velocidad que se miente hoy día en los periódicos ¡está uno como para investigaciones exhaustivas!). Entre los días 19 y 23 de agosto de 2001, El País, administró su información sobre Palestina de la siguiente forma: El día 19 de agosto, publicó un artículo de Mario Vargas Llosa en su Tribuna de Opinión, «La lógica de la sinrazón». Sus últimas palabras: «Israel es la única democracia digna de ese nombre en todo el Medio Oriente». Se culpaba a Arafat de ser responsable del horror inevitable que en esos momentos ya salpicaba de sangre los titulares de todos los periódicos, al negarse a aceptar la generosísima oferta de Barak en Camp David, 2000. Muchos lectores de El País seguimos con atención los argumentos de Vargas Llosa y, sencillamente, llegamos a la conclusión de que eran tan execrables como suele ser habitual en él. Dos días después, El País, en esa misma Tribuna de Opinión, publicaba el artículo de Edward W. Said, «Lo atroz es la ocupación», el cual parecía ser —y quizás lo fuera- una respuesta punto por punto al artículo de Vargas Llosa. Cuestión de opiniones, unas más convincentes que otras y, sobre todo, para unos convincentes unas, y para otros, otras. Para los que habíamos abominado del texto de Vargas Llosa, los datos y los argumentos de Edward W. Said eran, como siempre, indiscutibles, y la refutación de los sofismas del anterior, impecable y definitiva. En todo caso, las dos cosas habían sido leídas en el mismo periódico, El País, prueba, una vez más, de su imparcialidad y de su profesionalidad «europea», de su objetividad. ¿Así es? Para comprobarlo hay que descender al lugar en el que El País, en esos mismos días, declaraba no estar «opinando», o dando la palabra en sus tribunas de opinión a tan insignes pensadores, si no a ese lugar en el que El País pretendía estar, sencillamente, informando. ¿Es que la información de las páginas internacionales «mentía»? No exactamente. En la página 5 de Internacional del día 21, el mismo día en que se publicaba el artículo de Edward W. Said, un gran titular anunciaba «Sharon reconoce que comandos especiales matan a presuntos terroristas palestinos». El día 23 de agosto, otro gran titular de la página cinco decía: «Hamas amenaza con liquidar a los padres de soldados israelíes». Los dos titulares, desde un cierto punto de vista, algo más descompensado que el de la tribuna de opinión, equilibran la balanza periodística. No parece muy correcto que los comandos especiales «maten» (¿o «asesinen»?) a «presuntos» «terroristas» palestinos, al fin y al cabo, «terroristas» (presuntos) de todos modos. Pero, claro, eso de que Hamás amenace con «liquidar» ¡a los padres de los soldados israelíes!... eso sí que parece propio de otros tiempos y hace falta pensar en algo así como Gengis Khan para concebir una declaración semejante. Lógico que el titular, así pues, tuviera el tamaño que tenía, pues la cosa no parece ser para menos. Aquí ya no se está opinando, se está, sencillamente, informando. Ahora bien, tras la lectura de los titulares algunos de los lectores, sin duda, debieron leer las noticias en cuestión (¿en qué proporción lo hicieron?). En la noticia del día 23 se lee, ya con letra pequeña, en el tercer párrafo que, en realidad, las declaraciones en cuestión del jeque Yasín han sido las siguientes: «Si Israel asesina a los padres de nuestros héroes, nosotros haremos lo mismo y mataremos a los padres de sus soldados». Así pues, ¡la cosa es muy distinta! Por lo que vemos, el titular podría haber sido: «Hamas amenaza con vengarse si Israel asesina a los padres de los niños que tiran piedras en la Intifada» Exagerado y «amarillista», se dirá, pero no tanto como la realidad: como se recordará -porque las imágenes que en los años ochenta vimos en los telediarios son de esas que no se olvidan, igual que algunas pesadillas que te marcan para siempre-, Sharon ya ordenó una vez que los soldados machacaran con un pedrusco los huesos del brazo de los niños que fueran detenidos; y el mundo entero vio cómo se hacía eso de llevar a la práctica un plan para amputar los brazos de la población menor de edad (ya que, por su condición de menores el tratamiento judicial se hacía demasiado complicado). Aunque, de todas maneras, ¿realmente no se olvidan o no se han olvidado esas imágenes? Aquí entramos en un terreno muy resbaladizo que afecta al tema que nos ocupa: a la europea, no se miente con mentiras; se miente administrando el tamaño de los titulares y, sobre todo, la memoria de los lectores. Se miente, mediante una compleja administración del tiempo y del espacio. Por ejemplo: ni una sola vez, desde que Chávez ganó las elecciones, se ha dejado de recordar machaconamente que, años atrás, había intentado dar un golpe de Estado. Ocho consultas electorales y una Constitución aprobada por el 87’95 % de los votos no han sido suficientes para que los periódicos dejaran de adjetivar el nombre de Chávez con referencias a su pasado «golpista». Cada vez que se adjetiva de esta forma parece que se quisiera estar diciendo algo (algo que desde un punto de vista constitucional es irrelevante, pero que hace pensar en algo así como que un Pinochet ha ganado las elecciones); pero lo que se dice, con un simple adjetivo, no es suficiente para refrescar la memoria de los lectores respecto al contexto de ese intento de golpe de Estado. Mientras tanto, cuando se nombra a Carlos Andrés Pérez no se recuerda con insistencia que durante el «caracazo» varios miles de personas habían sido sencillamente acribilladas a balazos, y que si los sucesos del 11 de abril del 2002 han parecido suficientemente desestabilizadores como para que un golpe de Estado apareciera como una «transición de Venezuela a la normalidad democrática», con mayor razón se podría decir lo mismo de intento de golpe de Chávez en el 92. Cuando, en la administración de sus titulares, los periódicos hablan de Sharon, y consideran, de forma tan habitual, a Israel, el único régimen «garantista» de Oriente próximo, no lo adjetivan machaconamente como el carnicero de las matanzas de los ochenta, o como un jefe de Estado que no ha tenido reparo en definirse a sí mismo como «judeo-nazi» (cfr. El manifiesto judeo-nazi de Ariel Sharon, publicado, claro, no en El País, pero sí en las páginas wep de rebelion.org y del CSCA). Unas cosas se recuerdan en titulares durante cinco años, otras, no se recuerdan de un día para otro. Quiero decir, tan sólo, que un periódico no solo administra noticias, administra también memorias. Las memorias de sus lectores. Y es muy importante tener esto presente: los lectores de los periódicos no son investigadores o documentalistas, son, sencillamente, lectores, lectores que compran el periódico algunos días sí y otros no, y que unos días lo leen por encima y otros lo leen con más calma. Así pues, lo que un periódico se empeña en recordar es mucho más importante, a menudo, que aquello sobre lo que decide informar. El trabajo sobre la memoria ciudadana administra los contextos de la información, de modo que es muy fácil hacer que la misma información, según lo que se recuerde o se silencie, signifique una cosa o la contraria. Es algo cuya importancia se experimenta a menudo cuando uno discute sobre la objetividad informativa de El País. Si, como lector, uno ha echado en falta una noticia o un contexto, es impresionante ver lo fácilmente que El País encuentra en seguida sus abogados: la noticia salió tal día; en un párrafo del día tal se aludía a esa cuestión; un día en el que se decían muchas otras cosas más también se dijo eso. Si de lo que se trata es de decir la verdad, así literalmente, siempre hay alguna literalidad en El País en la que se ha dicho la verdad. Uno lee como lector, pero se le contesta como si tuviera la obligación de haber leído como un documentalista al que se le pagara por revisar, como si se tratase de actas judiciales, los periódicos que ha leído de forma «tan apresurada». De esto modo, los abogados de la ecuanimidad y profesionalidad de El País siempre encuentran argumentos. Para estar de acuerdo con su línea editorial, basta comportarse como un lector. Para expresar un desacuerdo puntual, se exige que uno se haya comportado como un investigador. Volviendo al ejemplo que nos ocupaba. El martes, 20 de agosto, yo estaba de vacaciones y, el lunes no había comprado el periódico. Fatal error. Para enterarte de ciertas noticias hay que comprar el periódico todos los días, y leerlos, enteros. Para enterarte de otras noticias, basta con echar un vistazo por encima a los titulares de un día cualquiera. La noticia a la que aludíamos más arriba era de las que había que leer como documentalista. El titular que me habría evitado todo ese trabajo habría sido, como decíamos, «Hamas amenaza con vengarse si Israel asesina a los padres de los suicidas palestinos». Pero lo que yo leo el día 23 es «Hamas amenaza con liquidar a los padres de soldados israelíes». Es verdad que, si se sigue leyendo un poco más y se pasa al siguiente parágrafo, titulado «Siete nuevas víctimas»? Resulta que, con esas palabras, el jeque Yasín estaba respondiendo «a las ideas letales propuestas esta semana por el viceministro israelí de Seguridad (Shin Bet), quien había propuesto que su país ‘liquide a los padres y otros familiares de los palestinos que perpetran atentados suicidas, a fin de disuadirles’». Hasta ahora no sabíamos la filiación de las «siete» misteriosas víctimas. Ahora nos enteramos que representaban el comienzo de la puesta en práctica de esas «ideas letales» del viceministro israelí. En pleno mes de agosto fue bastante difícil hacerse con todos los periódicos de los días anteriores: el día 20 de agosto, en la página siete había un titular que decía, en efecto, «La seguridad israelí propone ‘liquidar’ a las familias de los suicidas palestinos». El País dedicaba exactamente dos párrafos a comentar la noticia en cuestión. A la luz de los últimos acontecimientos, hay que decir, que un titular más exacto habría sido: «El viceministro de seguridad israelí incita a las fuerzas armadas a violar a las madres y torturar a los padres y a los hermanos mayores de los niños suicidas palestinos y, luego, pasar a asesinarlos». Otro posible titular habría sido éste: «El supuesto Estado de Derecho israelí ordena ejecutar sin juicio previo a cualquier familiar de un niño suicida». Todos estos titulares habrían dicho la verdad. Pero el día 23, El País había decidido administrar la verdad diciendo en sus titulares: «Hamas amenaza con liquidar a los padres de soldados israelíes». ¡Interesante lapsus freudiano que indica que el periodista que redactó esta noticia sabía muy bien que estaba mintiendo sin decir ni una sola palabra que fuera mentira! Sí, porque «liquidar» es el término que él mismo pone en boca del viceministro israelí, en la letra pequeña de la noticia, mientras que el jeque habla de «matar». El periodista era en ese momento demasiado consciente de que su titular estaba encubriendo las declaraciones del viceministro israelí, declaraciones que emergen en su titular como en el esquema freudiano emerge lo reprimido en forma de síntoma o acto fallido. (Por cierto, sea dicho de paso, estas noticias no pueden ser ya consultadas, tal y como aquí son citadas, en El País Digital; de hecho, éste resulta bastante menos insensato que El País impreso que salió a la calle en agosto del 2002 y que puede ser consultado en las hemerotecas). Se pensará que aquí termina la cosa. Pues no. En la búsqueda del titular que equilibrara (o más bien, «explicara») las declaraciones de Hamas, hubo que leer también la letra pequeña de las noticias de los días anteriores. ¡Y, oh, sorpresa! El día 21, no el día 20 y en primera página, sino el mismo día 21 en el que la profesionalísima línea editorial de El País, publicaba la joya de Edward W. Said, se encontraba la clave de todo el asunto. Bajo el citado titular «Sharon reconoce que comandos especiales matan a presuntos terroristas palestinos», en el noveno y último párrafo de la página, se puede leer lo siguiente: «A los aspectos conocidos y desconocidos de este conflicto se sumaron el pasado fin de semana las propuestas del viceministro israelí de Seguridad Interior, Guideon Ezra, que, pese a su gravedad, hasta ayer nadie había condenado y sólo desencadenaron una suerte de debate académico acerca de su conveniencia. Ezra, ex subjefe de los servicios secretos internacionales (Shin Bet), propuso, ‘causar daño a las familias de los terroristas suicidas y no sólo a sus casas, porque eso no es suficiente, ofrecer un premio en dinero para quienes brinden información sobre ellos y enterrarlos envueltos en piel de cerdo o con sangre de cerdo para volverlos impuros’». De esto te enteras, si has continuado leyendo hasta al final, en el noveno párrafo de la página y CUATRO DIAS después de que se hicieran esas declaraciones. Hay que releer varias veces estas palabras Gedeon Ezra. Imaginemos, por ejemplo, que Ben Laden, Saddam Hussein, Gadafi o el propio Arafat, hubieran declarado que habían dado las órdenes de asesinar indiscriminadamente a turistas norteamericanos, civiles y cristianos, y enterrarlos envueltos, no sé, por ejemplo en pellejos de cabra, símbolo de Satanás, y con hostias consagradas en los bolsillos, sobre las que previamente se hubiera meado encima. No sólo sería una noticia de primera página con los titulares más enormes. Tendría que ser una noticia de primera página por muchos días y por muchos meses porque la OTAN, como mínimo, se movilizaría para responder a estas amenazas. Con todo, como se puede ver, El País, que ha publicado a Vargas Llosa y lo ha contrarrestado con Edward W. Said, tampoco ha simplemente «mentido» en sus noticias internacionales. Sencillamente ha opinado, sólo que ha opinado, no como se hace en su tribuna de opinión, argumentando; ha opinado distribuyendo titulares y tamaños de titulares, administrando la memoria de sus lectores, haciéndoles recordar unas cosas y reparar en otras. Y ha opinado a lo bestia. Pero, sobre todo, ha engañado... a lo bestia. Y para ello, no ha necesitado mentir. En el fondo, hay que decir que ha mentido, sólo que de una forma muy refinada. Los periódicos europeos hace mucho tiempo que inventaron esa forma de mentir a la que sólo se puede calificar de terrorista. No se miente con mentiras, sino a fuerza de decir verdades que encubren constantemente la verdad que podría haber sido dicha. Según nuestros cálculos (y en función de esta secuencia de noticias entre el día 19 y el 23 de agosto), cualquiera puede ver que el titular más lógico de la primera página del día 19 debería haber sido, en virtud de la imparcialidad que pretenden los jefes de redacción y los lectores de este periódico, una cosa de este tipo: «EL GOBIERNO ISRAELI AMENAZA CON ASESINAR A LOS FAMILIARES DE LOS NIÑOS SUICIDAS PALESTINOS Y ENTERRARLOS ENVUELTOS EN ESTOMAGOS DE CERDO». Entonces, uno habría esperado, sin duda, que el siguiente titular del periódico fuera: «LA COMUNIDAD INTERNACIONAL INDIGNADA POR ESTAS DECLARACIONES. Piqué declara que se discutirá si España rompe relaciones con el Estado de Israel, al considerarse que éste excede con demasiado regodeo surrealista los límites tolerables de un Estado de Derecho». Y uno habría esperado que, en los días siguientes, se hubiera constantemente recordado este siniestro contexto, y no en la letra pequeña, para los documentalistas, sino en los titulares, para los simples lectores. Pero los lectores que no leyeron los dos párrafos del lunes, 20 de agosto, no tienen apenas posibilidad de comprender que lo que parece una amenaza de Hamás era, en realidad, una respuesta a una amenaza (surrealista, pero, desdichadamente, real) del número dos del gobierno israelí. La cuestión del tiempo y el recuerdo es, claro, muy delicada en el conflicto de Oriente próximo. Los titulares de El País han administrado la cosa como si se tratase de un conflicto entre dos partes que se amenazan mutuamente y que, por su parte, administran también su memoria y su pasado. Es verdad que Israel ha ocupado los territorios palestinos, y es verdad que lo ha hecho, incluso, contra las resoluciones de la ONU; pero también los judíos fueron «ocupados» en su momento ¡hace varios miles de años! Al parecer no hay por qué recordar constantemente que hay una diferencia entre una ocupación en la que los ocupados están todavía vivos y una ocupación en la que los ocupados fueron los ancestros mitológicos. Esta administración del pasado es suficiente para que los titulares de los periódicos busquen un equilibrio y una simetría entre las dos partes del conflicto. El País no es especialmente pro-israelí; tampoco significativamente pro-palestino. Se mantiene, como al parecer debe corresponderle, en una ambigua administración en la que da un día una de cal y otro día una de arena. A eso se le llama neutralidad y, a veces, objetividad. Y es curioso cómo, frente a determinados conflictos, ser neutral es tomar partido, y de forma muy decidida, por uno de las partes en conflicto. El Comité de Solidaridad con la Causa Arabe, que, en su boletín Nación árabe, lleva tantos años informando, investigando, traduciendo artículos de todos los idiomas imaginables, trabajando sin descanso y sin financiaciones de ningún tipo y, por tanto, sin sueldos ni subvenciones, no es neutral. ¿Será entonces que no es objetivo? El monopolio de la objetividad en España lo detenta el diario El País. Pues muy bien: debe ser que ser neutral en determinados conflictos es una canallada y una forma muy refinada de mentir. Este ejemplo, del que se podrían poner muchos más, demuestra (si alguien no me argumenta lo contrario) que El País (no digamos ya El Mundo) no es un periódico. Es un panfleto con formato de periódico. Todo panfleto es cómplice expreso de los intereses y las causas que defiende. Y en esta ocasión, escudado en la coartada de sus Tribunas de Opinión, la imparcialidad y objetividad de El País son cómplices y colaboradoras directas del terrorismo israelí (sólo que de forma cuidadosamente planificada), lo mismo que el día 12 de abril lo fueron de los golpistas venezolanos (en esta ocasión a las claras y de forma más bien chapucera). Hay otros muchos métodos para lograr que los panfletos aparezcan como imparciales periódicos de nivel «europeo» y también de que los mercenarios del terrorismo informativo internacional aparezcan como «periodistas». Son métodos muy sutiles y refinados, en ocasiones sorprendentemente ingeniosos. Uno de ellos lo inventó Fernando Savater, en sus tribunas de opinión, y ha sido practicado masivamente a la hora de confeccionar la distribución de titulares de El País, es decir, a la hora de delimitar su línea editorial; básicamente consiste en resultar irrefutable defendiéndote de argumentos que nadie ha planteado y respondiendo a preguntas que nadie te ha hecho; Savater se ha convertido así en el más hábil e incontestable polemista después de Chesterton. Lo que pasa es que Chesterton polemizaba realmente y Savater lo que hace es fingir que polemiza para encubrir las premisas a partir de las cuales sería preciso plantear las cosas. El mismo método, ampliado a la línea editorial de El País (en realidad es difícil saber quién imitó a quién), hace que un periódico pueda aparentar estar constantemente discutiendo franca y abiertamente cuando en verdad está silenciando a todos sus posibles interlocutores. Es otra forma muy habilidosa se mentir diciendo la verdad que consiste, sencillamente, en detentar el monopolio en la elección de las premisas de toda discusión. Otro sistema tremendamente simple de mentir sin decir mentiras consiste en utilizar este monopolio para decidir lo que es noticia y lo que no. El País, y en general todos los medios informativos, mienten mucho más eficazmente callando que hablando. Sus lectores presuponen que se les informa y que la información se les dosifica de manera equilibrada. Cuando El País calla (como por ejemplo ha ocurrido con el juicio de Milosevic), no sólo calla: al mismo tiempo, miente. Y cada vez que habla sobre algo, consolida la mentira que suponen sus silencios. En los telediarios, la administración de los silencios es, como todos sabemos, una auténtica industria de la falsedad. Tiempo habrá para hablar de todas estas cosas en otra ocasión (por otro lado, Michel Collon, Chomsky, Chossudovsky y algunos otros lo han hecho ya muy exhaustivamente). Pero, como decíamos, el día 13 de abril, frente al Golpe de Estado en Venezuela, el entusiasmo de los jefes de redacción de nuestros informativos y nuestros periódicos se olvidaron de todos estos métodos «europeos» y mintieron a la manera en la que a diario descarga sus infamias la prensa venezolana. Para ser exactos, en el «affaire Chávez» los periódicos y los medios españoles en general no esperaron al 11 de abril para mentir descaradamente. Lo hicieron desde el primer momento en que Chávez ganó las elecciones. Mientras en otros asuntos se ha mentido siempre mediante el aludido marketing de la cuadratura del círculo, respecto a la situación en Venezuela, se asumió ipso facto una beligerancia panfletaria, que fue acrecentándose hasta llegar al extremo de abril del 2002. De este modo, el apoyo a un posible golpe militar como el que al final se produjo, se fue planificando a nivel internacional durante toda la legislatura de Chávez. En dos palabras: al menos en España, los medios impartieron gratuitamente a la ciudadanía un verdadero máster en tolerancia frente a golpes de Estado. Y en esto, hay que decirlo, El País fue la punta de lanza. Sólo caben dos explicaciones de que este periódico perdiera así los papeles: o bien Chávez, debido a su rasgos raciales, les pareció desde el primer momento una presa demasiado fácil para tener que poner en práctica una forma de mentir más refinada y costosa, o bien, el grupo PRISA tenía intereses en Venezuela demasiado comprometidos y urgentes como para tomarse la cosa con paciencia. O quizás las dos cosas: puede que el racismo fuera el plan de emergencia para la defensa de esos intereses. Pondré algunos ejemplos de la época en al que Chávez inició su Reforma Constitucional. El País, 29 de agosto de 1999. Gran Titular: «La Constituyente venezolana revisa el cierre del Congreso». Como si nunca hubiera sido noticia que la oposición a Chávez había perdido abrumadoramente las elecciones, la noticia contaba que había logrado «convencer» al presidente de que no «impusiera» lo que constitucionalmente tenía derecho a «imponer» (naturalmente, esto no se dice, y mucho menos se le da las gracias al «caudillo» por mostrarse tan propenso al diálogo con quien no tenía por qué). El País, 6 de septiembre de 1999: Gran Titular: «Chávez y Cardoso se conjuran contra una intervención militar en Colombia» ¡»Conjura»! ¡Pronunciarse contra una de las más potentes intervenciones ilegales y armadas de la CIA y el Pentágono en la segunda mitad del siglo XX! En apoyo de este titular hay este otro: «Chávez llega a Brasil tras dar un golpe de Estado técnico en su país». He aquí el arma más potente que El País inventó, para uso y abuso de todos sus lectores e incluso de su competencia, contra el Estado de Derecho venezolano: un hallazgo terminológico que, en adelante, iba a permitir de forma muy natural a la opinión pública calificar de «golpe de estado... técnico» lo que fue una reforma constitucional con mucho más apoyo electoral que nuestra Constitución española. El País, 28 de agosto de 1999. Titular de primera página: «¡Vamos hacia una dictadura! clama el alcalde de Caracas. Chávez impide por la fuerza que los diputados se reúnan en la sede del Congreso Venezolano». Inolvidable noticia, que cacarearon en el mismo sentido todos los medios informativos españoles. Bastaba, sin embargo, leer la noticia para comprobar que los «diputados» que se reunieron en el Congreso, no eran ya diputados, porque constitucionalmente habían dejado de serlo. Eran por tanto, desde el punto de vista del Estado de Derecho, una banda de piratas que había «ocupado» un edificio público nada desdeñable. ¡Se puede imaginar lo que aquí ocurriría si unos centenares de ocupas, con la complicidad de Alvarez del Manzano, tomaran el Congreso de los Diputados! Pero la administración de titulares de El País da la palabra al alcalde de Caracas, el mayor enemigo político de Chávez y, como sabemos hoy, activo organizador de la intentona golpista y de la banda de francotiradores que provocaron la matanza del 11 de abril. El 27 de agosto de 1999, El País publicó una entrevista con Luis Miquilena, a la sazón presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Miquilena era presentado como un comunista de 83 años «que sufrió persecución, prisión y torturas durante la dictadura de 1952-58 en Venezuela». Por aquellos días, los lectores de El País estábamos muy habituados a que se tildara a Chávez de populista, demagogo, ex-golpista y bananero. Para muchos, esta entrevista fue reveladora; constituyó, en realidad, la mayor metedura de pata de El País: las ajustadas y contundentes respuestas del —por aquel entonces- «hombre de confianza» de Chávez desentonaban demasiado con el tono amarillista y mercenario del periodista de PRISA. Para un sector importante de los lectores de El País, esta entrevista supuso «despertar del sueño dogmático»; quedaba claro, en adelante, que El País, respecto a Venezuela, en lugar de informar, militaba, y que la mentira y la desinformación habían sido y serían la regla de su línea editorial. Preguntaba el mercenario de PRISA: «¿Tanto piensan ustedes que se ha robado en Venezuela como para ir con tantas prisas en las reformas?» Respuesta: «La medida de lo que se ha robado la tiene usted en imaginar que llegamos a tener el precio del barril de petróleo en 37 dólares, exportando dos o tres millones de barriles diarios. Y fue la época del mayor endeudamiento. Es decir, hemos gastado en los últimos 20 años por lo menos 50 veces lo que se gastó en el Plan Marshall para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Gastados, quiero decir, robados, dilapidados. Y, sin embargo, somos uno de los países más endeudados del mundo, con un nivel de miseria del 80%, y un nivel de desempleo del orden del 25 %». Mientras tanto, los periódicos de Venezuela comenzaban ya a referirse a Miquilena como «el Gran Cabrón Miquilena» o «Vito Miquilena», y finalmente, acabarían por acusarle, entre otros delitos, de haberse ido a curar sus afecciones respiratorias a Boston, en lugar de a Cuba, que era donde corresponde hacerlo a la gente de su calaña. El mercenario de PRISA, algo desconcertado por la anterior respuesta, se reacomoda en su papel: «Los más radicales reclaman que se encarcele de una vez a los responsables corruptos» [¡figúrese usted que atrocidad «radical»! ¡encarcelar a los responsables de haber robado 50 Planes Marshall en 20 años!] El lugarteniente chavista contesta con su habitual «populismo extrafalario»: «Así es. Pero nosotros no podemos meter a la gente en la cárcel a través del poder Ejecutivo. Si teniendo el respeto que tenemos por los derechos ciudadanos y la independencia de los poderes se nos acusa de dictadores, imagínese qué significaría que directamente empezáramos a meter a la gente en la cárcel porque nosotros dijéramos que son corruptos, y sabemos que lo son. Eso lo hará el Poder Judicial que nosotros hemos declarado en emergencia. Y usted verá que, de aquí en adelante, va a aparecer bastante gente en la cárcel de esos delincuentes». El tono acusatorio del periodista, respondía, pues, a la siguiente filosofía política: una situación en la que la división de poderes es tan extrafalaria como para producir efectos de importancia, raya en el totalitarismo. La prueba son los países europeos, en los que la división de poderes jamás pretende poner en cuestión al verdadero y único poder que sustenta al poder legislativo, ordena al ejecutivo y chantajea al judicial. Así pues, el periodista continuaba ejerciendo de fiscal: «Se les imputa avasallamiento, concentración de poderes, el cierre de espacios a la pluralidad» Respuesta: «todo lo contrario. yo he sido un hombre que he luchado toda mi vida dentro de las minorías. Nuestros adversarios consideraban que esto era un movimiento nuevo, que tenía muy pocas figuras importantes que presentar ante la opinión pública, e impusieron la elección nominal y directa [el 25 de julio]. Esa elección nominal trae como resultado que son todos o nada. No hay representación de las minorías. Se metieron un autogol, pensaron que iban a barrer y el 90% de la Asamblea Constituyente pertenece hoy a nuestro movimiento» A lo que contesta el lugarteniente de PRISA: «Con esa mayoría pueden acomodar los nuevos poderes a su antojo, coparlos» ¡Curiosa concepción de la democracia la de El País: que gane las elecciones quien sea, con tal de que haga lo que a nosotros nos apetezca que hagan! ¡Ni Pinochet lo habría expresado mejor! Pero he aquí la respuesta del tendencioso populista venezolano: «No será así. Hemos establecido como norte que una de las grandes perversiones que ha tenido esta política de los últimos cuarenta años es el clientelismo, que sólo los amigos de los Gobiernos que nos han antecedido tenían cabida en la gestión pública. Nosotros hemos establecido dos parámetros fundamentales: que el individuo tenga capacidad y honestidad para ejercer cargo público» Pregunta de El País: «¿hay peligro de involución en Venezuela?» (yo, como lector, recuerdo que no salía de mi asombro: yo lo que veía por ese camino era un peligro de golpe de estado, aunque no preveía aún que los editoriales del El País y El Mundo lo apoyarían a su debido tiempo, lo mismo que nuestro ministro de Asuntos Exteriores y nuestro presidente del Gobierno). Respuesta de Miquilena: «Descártelo. Juéguese la cabeza. Aquí estamos gente, entre ellos José Vicente Rangel (ministro de Asuntos exteriores), que nos hemos jugado todo, la vida, las libertades, por los derechos del ser humano, por la justicia. No hay ningún vestigio de posibilidad de dictadura de ninguna naturaleza. Eso son deformaciones absolutamente interesadas que se hacen fuera del país, sin asidero con la realidad. No ha habido una gota de sangre, un atropello, un preso, ningún editor o periodista que ni siquiera haya sido llamado por nosotros por teléfono para pedirle moderación. Y eso a pesar de que a ningún presidente de toda la historia del país se le ha dicho la mitad de lo que se le ha dicho al presidente de la república». Al mercenario de PRISA le parece que se podía ir «un poco menos aprisa en estas reformas». Miquilena: «No era posible. Los problemas en el poder judicial eran muy graves. Encontramos casos de presos que tienen 20 años de prisión cumplidos y ni siquiera les han formulado cargos todavía: el 80% de los presos no tiene sentencia. Se matan en las cárceles porque están sobrecargadas, porque en los tribunales, los que están procesados, no tienen amparo de ninguna naturaleza. Y esto ocurre en todos los niveles del poder judicial. La corrupción del poder judicial es algo verdaderamente espectacular. No podíamos esperar, ni podemos». Para dar una idea del clima informativo de aquellos días, puede echarse un vistazo a la Primera Página de Internacional de el diario El Mundo del 20 de agosto de 1999. La reforma del poder judicial para combatir la corrupción del propio poder judicial («incapaz» de juzgar el robo de 50 Planes Marshall), reforma impecable desde el punto de vista constitucional, es anunciada con el siguiente titular: UNA VISION DE AMERICA/ LA LEY DEL TALION EN UN CLIMA SOCIAL VICIADO. Venezuela: licencia del pueblo para matar malvados». Como suele ocurrir con El Mundo, sobran los comentarios. ¡Y qué decir de los telediarios! El día en que Dios mandó esas inundaciones a Venezuela que devastaron el país, el titular de uno de ellos era: «Con su habitual populismo, Chávez se ha personado inmediatamente en el lugar de los hechos». Así me imagino que se podrían dar también otras noticias. «Con su habitual populismo, la Reina Sofía ha ido a visitar un hospital». «Con su habitual populismo, el Rey D. Juan Carlos y Jose María Aznar han dado la mano a las víctimas del terrorismo» ¡Que vuele la imaginación! Si damos un salto al 19 de abril de 2002, comprobamos que la línea editorial de nuestros periódicos no ha variado respecto a Venezuela, ni siquiera tras el planchazo de su apología del inefable golpe de Estado de la patronal. Primera página de El País: «Chávez escribió una carta de renuncia cuando estaba bajo arresto del Ejército». Ahí se entiende lo que se entiende... en la primera página. En la segunda, se entiende lo mismo. A no ser que se lea la letra pequeña, exactamente en el sexto párrafo, es decir, hacia la mitad de una página completa: «las condiciones de su renuncia no fueron aceptadas». A Chávez se le ofreció firmar una carta de renuncia y él la rechazó, escribiendo otra que ponía unas condiciones «que no fueron aceptadas», de modo que la cartita de marras quedó sin firmar. ¡Y, hombre, aunque lo hubiera sido! ¿Pero desde cuándo los Presidentes del Gobierno renuncian constitucionalmente a su cargo en un despacho con una pistola en la sien? ¿Pero qué diablos pretende demostrar El País con esta noticia de Primera página? Más abajo todavía, con la letra igual de pequeña, se dice, por primera vez en un medio de comunicación español que los famosos francotiradores eran de «ambos bandos» ¡Los cuatro días anteriores se había estado repitiendo con letra muy gorda que eran de Chávez! De todos modos, ya sabemos que tampoco eran «de ambos bandos»: entre ellos había un ciudadano estadounidense y un mercenario salvadoreño y todos obedecían a un plan de los golpistas para provocar una matanza que legitimara un alzamiento militar que se venía planeando seguramente desde el principio, es decir, desde que periódicos como El País y El Mundo pusieron sus rotativas al servicio de la prensa golpista venezolana, recién comenzado el proceso de reforma constitucional emprendido por Chávez. En la misma página del día 19 de abril, debajo de la citada noticia, hay una entrevista con Pedro Carmona, el siniestro golpista jefe de la patronal, al que se le llama «ex presidente de facto» y se le trata con el respeto que merece un Premio Nobel de la Paz. Titular: «No recibí apoyo de EEUU». En la información de la columna adyacente el titular es «Chávez supedita el diálogo a la Constitución» ¡Qué insolencia! ¿No? ¡Un verdadero intransigente! Por lo visto debería comenzar un diálogo con los golpistas pegándose un tiro delante de ellos o cagándose sobre la Constitución que aprobó el pueblo venezolano. Desde luego, que si El País administrara los titulares sobre el asunto vasco de la misma forma, haría tiempo que Polanco, Javier Pradera, Savater y compañía estarían compartiendo celda con Pepe Rei. En la página de al lado ¡sorpresa! ¡Una entrevista con el inequívocamente golpista Carlos Andrés Pérez! Titular (sí, porque hay gente que sólo lee los titulares, y titulares así tienen sus efectos): «Lo que hubo fue un autogolpe, una trampa». Al lado, un mecánico desquite de oposición con el PP: «Malestar en Venezuela por la visita del embajador de España al presidente golpista. Aznar asegura que ‘no tiene que dar explicaciones’ sobre la actuación de su Gobierno». Qué mal Aznar, desde luego, pero ¿quién no esperaba algo así de él? ¡Pero qué jeta de cemento el que ha escrito ese titular! ¡Lo increíble es que El País no tenga que dar ninguna explicación sobre su Editorial del día 12 de abril, en el que superó con creces a Piqué! ¡Lo increíble es que El Mundo no tenga que dar explicaciones! El 18 de mayo de 2002 la opiniones explícitas de El País respecto al caso Venezuela, igual que las de Aznar, se han vuelto un poco más cautelosas. Pero la sorda beligerancia de sus «informaciones» y «noticias» sigue militando en el frente golpista. Todavía se habla de «golpe cívico-militar» para referirse al pinochetazo del día 11 de abril. Y a contra corriente de todas las evidencias acumuladas en este mes y pico, todavía se llama «presuntos golpistas» a los que mantuvieron detenido y amenazaron al presidente constitucional entre los días 12 y 14. El titular de esta noticia es delirante: «El gobierno de Venezuela condena los rumores de golpe contra Chávez. La oposición asegura que hay ‘ruido de sables’ en Caracas». Sintácticamente hablando las noticia debería haber sido, en todo caso: «El gobierno de Venezuela desmiente los rumores de golpe contra Chávez». Pero este lapsus se explica porque, como salta a la vista, la noticia debería rezar así: «La oposición persiste en sus amenazas de golpe de Estado contra Chávez. La libertad de prensa en Venezuela permanece secuestrada por los golpistas y clama por una nueva insurrección militar. Los medios europeos siguen colaborando activamente con esta ignominia». Si las amenazas no surten efecto y logran que Chávez traicione su programa político, habrá otro golpe de Estado en Venezuela. Y cada palabra que mientras tanto hayan escrito los periodistas de El País y tolerado sus lectores, habrá sido un arma imprescindible para sus cómplices golpistas. 3. El cuarto poder del Estado de Derecho. ¿Qué puede hacer Chávez y qué pasa con la postura del izquierda? Pues bien. Los medios de comunicación, como se dice a menudo y como demuestra el papel que han desempeñado y desempeñan en los acontecimientos de Venezuela, son «el cuarto poder» del Estado de Derecho. Con este cuarto poder secuestrado por mercenarios, el espacio público está corrompido y la posibilidad de supervivencia de un régimen constitucional es impracticable. A no ser que, como decíamos al comienzo de este articulo, se confunda el orden constitucional con su derecho a existir mientras le dejen quienes realmente tienen el poder de suspenderlo o de derrocarlo mediante un Golpe de Estado. En España nos podemos permitir, por ahora, confundir así las cosas. No hay riesgo verosímil de que, en el interior de nuestro ordenamiento constitucional, el poder legislativo dicte leyes que dañen los intereses de quienes, en su caso, darían sin vacilar al traste con toda nuestra reverenciada democracia. Otra cosa muy distinta ocurrió en 1936, y los españoles lo pagaron con cuarenta años de franquismo. Aquí, como en Chile, se llamó «transición» y «regreso a la normalidad democrática» al proceso por el cual se podían convocar elecciones con la garantía de que ya las ganarían los que, cuando las perdieron, no dudaron de financiar una guerra civil y un Golpe de Estado. En Chile se tardó diecisiete años en llegar a este punto y entonces se saludó la resurrección de la inmaculada democracia, no para resucitar a Allende, sino para convocar elecciones cuando ya no podían ganarlas los que durante diecisiete años murieron torturados, violados y desaparecidos. El miedo, mientras tanto, había hecho su labor. El caso español no es nada distinto: sólo que aquí se tardó 40 años en hacer «madurar» al electorado hasta estar en condiciones de convocar elecciones sin que hubiera peligro de que «ganara una opción de izquierdas». Seguimos sin estar amenazados por ese peligro: nuestro electorado todavía no se ha vuelto «inmaduro», como ocurrió en otros tiempos. Por eso seguimos teniendo Estado de Derecho y periódicos que proclaman orgullosamente todos los días... que tenemos Estado de Derecho. Así ocurre en la mayor parte del planeta. En Venezuela ocurrió, en cambio, algo anómalo. Lo mismo que en Haití, cuando en 1990, Aristide ganó las elecciones con casi un 80% de los votos. La proporción de su mayoría era abrumadora y su legislatura se extendió en el tiempo en la proporción correspondiente. Un mes después hubo un Golpe de Estado, justo al día siguiente en que Aristide había dado un ultimatum a la patronal para que cumpliera la ley. En todos estos casos, el papel de la prensa, en cuanto cuarto poder, es fundamental para preparar, alentar y organizar las conspiraciones golpistas. El caso de la Nicaragua sandinista es paradigmático. Allí también se ganaron limpiamente las elecciones. Inmediatamente se impuso un bloqueo y se declaró, por parte de la nación más poderosa del planeta, una guerra contra Nicaragua. En plena guerra con los EEUU, mientras tanto, la prensa occidental ¡se rasgaba todos los días las vestiduras porque los sandinistas censuraban algunas noticias del periódico opositor! ¡Sagrada libertad de prensa! Y es verdad que es sagrada... aunque jamás ninguna nación democrática ha mantenido la libertad de prensa en tiempos de guerra: ni EEUU, ni Inglaterra lo hicieron, por ejemplo, durante la segunda guerra mundial. ¿Podrá el gobierno constitucional de Venezuela mantenerse en el poder contra viento y marea y sin tocar un cabello a los sufridos periodistas que escribieron los editoriales que citamos a continuación en esta parte del libro? ¿Podrá competir con éxito el canal estatal con las televisiones privadas de Venezuela? Por supuesto que no. En la guerra informativa ocurre como en todas las guerras actuales. Si el gobierno chavista invierte la mitad del presupuesto venezolano en la cadena estatal (dejando por ello de construir el correspondiente número de escuelas, carreteras, viviendas y hospitales), las cadenas de televisión privadas recibirán el doble a través de financiaciones internas y extranjeras. Y además, es mucho más aburrido, mucho más lento y trabajoso y sale, además, mucho más caro, combatir mentiras que decir mentiras (por motivos que me parecen obvios y que no tengo ni tiempo, ni ganas ni espacio para discutir ahora). Es ya hora de que el discurso de izquierdas internacional despierte de uno de los sofismas más arraigados que fraguó el siglo XX, el sofisma que identificó libertad de expresión y prensa privada. Por el contrario, la libertad de prensa y la prensa privada son incompatibles. Y el Estado de Derecho también es incompatible con la prensa privada. Habría mucho que argumentar al respecto, pero, por ahora, se puede decir que lo sabemos, suficientemente, por experiencia, por las muchas dolorosas y sangrientas experiencias que jalonaron el siglo XX. Pese a ello, cuatro cosas, al menos, sí convendría decir aquí. En Venezuela no hay libertad de prensa. Pero no porque se coarte a los periodistas que ejercen honradamente su profesión en periódicos como los citados, sino por los mismos motivos por los que no hay libertad de prensa en España. Lo que Chávez debería hacer, aunque sólo fuera para mostrarnos la manera en la que se conquista ese pilar del orden constitucional que es la libertad de prensa, es estatalizar los medios de producción de la información. De hecho, está demostrado empíricamente, una y otra vez, que ninguna democracia en la que han ganado las izquierdas ha podido mantenerse en convivencia con la prensa privada. Pero no porque las izquierdas no puedan convivir con la libertad de prensa, sino por todo lo contrario. ¡Y nada de sonrisitas sarcásticas! Una prensa gubernamental de tipo estalinista no tiene nada que ver con una prensa libre cuyos medios de producción son estatales. Esto último es, en realidad, la única forma de devolver al espacio público la libertad de expresión. Pongamos que Chávez pudiera nacionalizar los medios de producción de la prensa privada, mediante una oportuna reforma constitucional al respecto (naturalmente, habría que indemnizar a los propietarios y una buena idea sería permitirles que entregaran sus empresas como fianza mientras se espera a juzgarles por su colaboración activa en la intentona golpista del día 11). ¿Supondría esto el fin de la libertad de prensa en Venezuela? ¿Por qué? Tras nacionalizar los medios de producción de la prensa y las televisiones, se convocan oposiciones entre, por ejemplo, los licenciados en periodismo del país, garantizando tribunales de oposición con sus miembros elegidos por sorteo, entre, por ejemplo, los titulares y catedráticos de periodismo. Los funcionarios así resultantes elegirían así a sus jefes de redacción y de sección por alguno de los procedimientos que se han ensayado suficientemente en el campo de la enseñanza estatal. A través de un claustro de periodistas elegido democráticamente, con representación de los lectores y televidentes o sin ella, según dicte la ley. ¿Supondría esto imponer una ley del silencio en Venezuela? Si fuera así habría que concluir que también la enseñanza estatal es una derivación estalinista que todos deberíamos combatir. Habría que concluir que la enseñanza estatal es incompatible con la libertad de cátedra, cuando todos sabemos que es exactamente al revés. Sólo hay libertad de cátedra ahí donde los profesores saben que no pueden ser despedidos por impartir su enseñanza en el modo en que consideran conveniente y sobre el que se les ha reconocido que tienen derecho a decidir el día en que aprobaron una oposición libre y pública. Ahora bien, con respecto a la enseñanza todavía no hemos olvidado del todo ciertas cosas muy evidentes, como el hecho de que hay que legislar muy estrictamente la frontera que separa la enseñanza pública de la privada, si se quiere que la primera subsista. Estamos a punto de olvidar ciertos axiomas fundamentales de la cuestión, pero todavía no los hemos olvidado del todo, como bien demuestra la oposición ejercida por las asambleas de estudiantes a la LOU. Estas asambleas, bajo el lema «No somos los Rectores, no somos Zapatero, somos gente honrada / Otra Universidad es posible», se han opuesto a la Ley propuesta por el Partido Popular reivindicando la Universidad estatal y recordando que toda injerencia privada o mercantil daña a la ciudad científica, al hacerla depender no de criterios teóricos internos, sino de necesidades económicas en las que detrás de cada «demanda social» se esconde un chantaje mercantil. No se puede vender la autoridad del principio de no contradicción, las metodologías científicas y las disciplinas académicas a los dictados y demandas de la casa Bayer o de la casa Kodak, como si la estructura, las metodologías y los planes de estudio de la ciudad universitaria dependieran de las temporadas de rebajas de El Corte Inglés. Estos estudiantes han recordado hasta la saciedad que no hay libertad de cátedra ni autonomía científica si no hay funcionariado universitario. Las razones son muy claras: la enseñanza estatal es, en realidad, el único reducto institucional de libertad que todavía queda para el uso público de la palabra, el único recinto de autonomía que todavía resiste a las presiones del mercado. Y eso ocurre, simplemente, porque sus profesores no pueden ser cesados de su cargo por lo que enseñen en sus clases, es decir, porque son funcionarios vitalicios. Hay un terreno en el que los axiomas del problema en cuestión se recuerdan con mucha más firmeza, y es el terreno del poder judicial. En este terreno todo el mundo entiende que la independencia del poder judicial, sin la cual no habría Estado de Derecho, depende directamente de su carácter estatal (¡estatal, no «gubernamental»!) Hagamos un experimento. Imaginemos un sistema jurídico constitucional en el que hubiera un tribunal superior al tribunal constitucional; es decir, que el tribunal constitucional pudiera medir el desarrollo legal de una sociedad, pero que tuviera, al mismo tiempo, que someterse a las exigencias más profundas del curso de las cosas y, sobre todo, de quienes financian y tienen el poder económico de intervenir en él. Imaginemos, pues, que el tribunal constitucional tuviera que, no sólo medir el desarrollo legal de un cuerpo político, sino que tuviera, al mismo tiempo, que consultar al curso histórico de la realidad «a ver qué tal le va», y a ver «qué se demanda», qué «se necesita», cuáles son los nuevos «retos» y los nuevos «desafíos» de la historia... en definitiva, que el referente último de nuestro ordenamiento jurídico, en lugar de ser algo así como la Declaración de los Derechos del Hombre, a través de nuestros ordenamientos constitucionales, estuviera encarnado por unas instituciones privadas que señalaran todo el tiempo al tribunal constitucional los retos y los desafíos de la marcha económica, a través de los indicadores de la bolsa subiendo y bajando en reacción al carácter de las sentencias dictadas en los tribunales. Imaginemos que unas «comisiones evaluadoras» convenientemente financiadas por el capital privado midieran constantemente la adecuación de la actividad del poder judicial a unas metas decididas por la OMC en plataformas submarinas o en la cúspide de altas montañas o en países donde no hay derecho a publicidad como en Qatar. Imaginemos, además, que los jueces, de forma general, pudieran ser cesados a causa de la sentencia que hubieran dictado, es decir, que pudieran ser cesados en virtud de cómo desempeñaran legalmente su función. O sea, tan sencillo como que, en virtud de intereses privados, los jueces pudieran ser cesados (o, mejor dicho, «despedidos») de su cargo. Todos sabemos que, por lo menos, Carl Schmitt tenía razón en una cosa: el poder no lo tiene quien lo detenta, el poder lo tiene quien te puede cesar por detentarlo. Imaginemos, por tanto, que los jueces no fueran sencillamente funcionarios vitalicios, que no fueran funcionarios públicos que ejercen su función de forma vitalicia..., imaginemos, llegados ya al límite, en este experimento imaginario, una justicia privada... De hecho, no otra cosa muy distinta es lo que se pretendió llevar a la práctica con el famoso Acuerdo Multilateral de Inversiones, el famoso AMI, que empezó siendo gestionado en la OCDE y que, a raíz de que Francia se retiró del proyecto —como todos sabemos, en virtud, fundamentalmente, de las potentes manifestaciones populares que hubo en Francia contra ese Acuerdo—, se vino abajo. De todas maneras, sabemos también muy bien —porque ha habido artículos muy buenos que lo han explicado (cfr. Le Monde diplomatique)— cómo ese proyecto se ha desviado, sencillamente, de la OCDE a la OMC, y ha empezado a ser gestionado en la forma de distintos proyectos (el más importante es el GATS, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) con los que, se trata en resumen de conseguir lo mismo que pretendía en AMI, sólo que sin tener ya, en absoluto, que rendir cuentas a ninguna instancia pública. Imaginemos que, tal y como pretendía el proyecto del AMI, las grandes multinacionales pudieran llevar a los tribunales, a un tribunal superior, gigantesco, internacional (instalado en la cumbre más alta de las Montañas Rocosas), no ya a los gobiernos por dictar decretos, o a los gobiernos por ejercer su función ejecutiva (lo que a lo mejor no estaría tan mal), sino a las asambleas legislativas —lo cual es una cosa sorprendente-, es decir, llevar a los tribunales a los parlamentos por dictar leyes que atenten contra las inversiones extranjeras en un país, que es lo que en realidad se pretendió legalizar en el tratado del AMI, en el Acuerdo Multilateral de Inversiones, y que por otra parte se está legalizando, en efecto, como digo, soterradamente. Imaginemos, en último término, que de forma generaliza camináramos a una privatización del aparato judicial, de modo que en cualquier momento cualquier juez pudiera ser cesado o, para hablar en plata, despedido, por no responder a los «retos» y «desafíos» demandados por las instancias más poderosas de la sociedad, y por no «adecuarse» a sus «demandas» según dictaminan unas comisiones evaluadoras del cumplimiento y desempeño de su actividad judicial. Todo esto, como digo, no está tan alejado de la realidad... Pero, hombre, por dios, todo el mundo entiende que sería un disparate. Una cosa es que sea así y otra cosa es instituirlo explícita y públicamente... A excepción de la metedura de pata del AMI, con la que se pretendió explicitar legalmente una demencia semejante (como que un parlamento pudiera ser llevado a un tribunal), a excepción de esa metedura de pata, con la que se pretendió, en efecto, conferir estatuto legal a lo que ya era en verdad una sangrante realidad, lo que se ha descubierto es que la realidad era ya tan sangrante, que era tan irracional, que era tan inconstitucional, tan absolutamente contradictoria con cualquier principio legal, que sería absolutamente irracional, por decirlo en una sola palabra, absolutamente de «caraduras», explicitarlo, instituirlo legalmente a las claras; de tal manera que, en efecto, se va a pretender, o se está pretendiendo ya, y de alguna manera ya se está consiguiendo, instituirlo legalmente a escondidas. Es decir, no explicitarlo, sino sencillamente hacer leyes que más o menos permitan sortear la cosa para conseguir el mismo resultado sin necesidad de confrontarse con la opinión pública, porque la cosa no resiste la menor dosis de publicidad. Lo que se entiende muy bien con respecto a la necesaria independencia de los poderes judicial y legislativo, y casi a medias respecto a la enseñanza estatal, no se entiende para nada respecto al cuarto pilar de la separación de poderes propia de todo ordenamiento constitucional (y en esto las izquierdas han mordido el anzuelo del sofisma como aterrorizadas por la tropelía estalinista, cuando en la dictadura estalinista, lo que no había era separación de poderes de ningún tipo, lo que es un problema completamente distinto. ¡Dios mío, una prensa estatal en Cuba! ¡Ay, los sandinistas también censuraron la prensa, hay que reconocer estos errores de la izquierda! Y a Chávez ¡que no se le ocurra tocar a la prensa, que Izquierda Unida se rasgará las vestiduras!). Y, sin embargo, la cosa no es en absoluto diferente: una prensa privada es tan incompatible con la libertad de expresión como un poder judicial privado sería incompatible con la justicia. Se dice que una prensa estatal sería incompatible con la competencia y por lo tanto con la libertad de argumentar y contrargumentar. ¡Por Dios! En la universidad estatal nos ponemos todos a parir constantemente, dentro y fuera de las clases, nos contradecimos con absoluta libertad en la interpretación de los textos o en las teorías que impartimos y las investigaciones que emprendemos, y, de vez en cuando, incluso organizamos debates públicos en los que todos se expresan con absoluta libertad sobre las estupideces que enseñan sus colegas, incluso si el colega en cuestión que ha hablado primero es el Director de nuestro Departamento, el Ilustrísimo Sr. Decano o el Excelentísimo Sr. Rector. Y si podemos hacerlo, es precisamente en virtud de nuestra condición de funcionarios estatales. Los profesores contratados están mucho más coartados al respecto. Y no digamos los profesores que trabajan en la enseñanza privada, en donde ocurre lo mismo que en eso que llamamos «democracia»: permanecen en su puesto mientras obedezcan las órdenes y se plieguen a los intereses de quien los contrató, del mismo modo en que los partidos que ganan las elecciones permanecen gobernando mientras los poderes económicos que lo posibilitaron no deciden «despedirlos» mediante un Golpe de Estado, un bloqueo, un bombardeo o una invasión. La sana competencia entre El País y El Mundo es tan garante de la libertad de expresión como la competencia electoral del PP y del PSOE es garante de la libertad de los votantes. ¡Claro que cualquiera puede presentarse mientras tanto a presidente del gobierno! Resulta difícil ganar las elecciones sin créditos bancarios, pero, aunque ocurriera alguna vez como por milagro, el vencedor sería «despedido» del sillón presidencial en cuanto se le ocurriera tocar uno sólo de los intereses del sistema bancario, por mucho que fuera con todas las constituciones del mundo en la mano. Y sería «despedido» a la manera chilena: bombardeándose La Moncloa con el aplauso unánime de la comunidad internacional y, por supuesto, de Polanco, de Botín, de José M» Cuevas y del ex presidente Felipe González, pues «con votos o por las botas, esas cosas no se tocan». Son «las reglas del juego»... No es mucho consuelo para la libertad de expresión la sana competencia entre empresarios, en una sociedad en la que se ha admitido como premisa incuestionable la prioridad absoluta de las necesidades de su sistema económico (que es, por supuesto, uno bien determinado y no, de ningún modo, el único políticamente viable), de tal modo que la instancia política y la libertad de palabra tienen permitido ocuparse de las necesidades de las personas siempre y cuando éstas no dañen las necesidades de una economía que camina por su cuenta de espaldas a cualquier consulta electoral, celebrando cumbres en las cúspides de las más altas montañas del planeta o en plataformas submarinas inalcanzables para el populacho antiglobalización. El margen de autonomía que, por mínimo que fuese, introduciría en este negocio de la opinión pública, una prensa estatal con funcionarios de carrera, en un régimen periodístico de libertad de cátedra, sería literalmente insoportable para el contubernio entre el mundo empresarial y la clase política. Y, sin embargo, una prensa estatal no sería en absoluto incompatible con la posibilidad de convivir con una prensa privada: siempre y cuando se dictaran legislaciones implacables contra cualquier modalidad de financiación no estatal que sobrepasara la que está en las manos de cualquier ciudadano normal. Nada ni nadie tendría por qué impedir que Botín o Jose M» Cuevas sacaran un periódico en su barrio o colgaran una página web en Internet. Nadie cerraría la boca ni censuraría todo lo que PJ y Javier Pradera quisieran decir ahí. Ni siquiera si se dedicaran a apoyar Golpes de Estado o hacer proclamas racistas. Incluso Gabriel Albiac tendría, como tiene en sus clases en tanto que catedrático de filosofía, todo el derecho del mundo a seguir citando a Spinoza para apoyar a Sharon y todas las matanzas que el diccionario no considere genocidio (cfr. su columna «Genocidio y Diccionario», abril, 2002). Pero si incluso este personaje puede decir lo que quiere en las páginas de El Mundo, no es porque El Mundo represente la libertad de expresión: es porque todavía no ha dicho nada por lo que haya merecido ser despedido, es decir, porque, aunque resulte inverosímil, incluso Albiac sirve para algo respecto a los intereses del grupo empresarial para el que trabaja. Si Chávez nacionalizara las cadenas de televisión y reformara la legislación para impedir la financiación privada de los cauces de expresión ciudadana en el espacio público, sería acusado de todas las perfidias totalitarias imaginables. Y, sin embargo, los licenciados de periodismo que aprobaran las oposiciones gozarían en adelante de una libertad con la que jamás habrían soñado ni ellos ni sus lectores. Algunos mentirían aún más libremente. Pero otros, también, dirían la verdad más libremente. Y mientras tanto, Carmona y todos los jefes de redacción que contrataron a los mercenarios que informaron el día 12 de abril a la ciudadanía venezolana podrían, sin ningún problema, seguir expresando libremente sus opiniones en cualquier multicopista de barrio. Podrían, incluso, como cualquier otro grupo de ciudadanos, financiar una revista con subscripciones (siempre y cuando una vigilante legislación comprobara la cuantía aportada por los subscriptores y que el número de estas aportaciones se correspondiese realmente con el de subscriptores. Las empresas anunciantes, por supuesto, lo más lógico es que pagaran al Estado por su derecho a la publicidad, de modo que éste pudiera invertir este dinero según mejor se decidiera en el parlamento). Nunca se habría conocido mayor dosis de libertad de expresión en la historia del periodismo. La libertad de los ciudadanos no siempre es compatible con la libertad del dinero y no tiene nada de escandaloso que, a veces, haya que prohibir ésta para permitir aquella. La voz en el espacio público, la voz de los ciudadanos, no puede estar chantajeada o secuestrada por intereses económicos. Del mismo modo que, repetimos una vez más, la democracia está de hecho secuestrada y chantajeada por los poderes económicos que han provocado cada golpe de estado contra ella, cada vez que la ruleta trucada de las elecciones no ha dado de todos modos el resultado esperado. La idea de estatalizar la prensa siempre ha sido considerada como muy evidentemente totalitaria. Esta evidencia ha sido una de las más artificiosamente construidas a lo largo de todo el siglo XX. Si ha sido confeccionada con tanto esmero, ha sido porque se sabe que los efectos políticos de una prensa estatal, es decir, los efectos políticos de la verdadera libertad de expresión, serían de inmediato seriamente incompatibles con el sistema económico y con la propaganda que éste necesita para encauzar los procesos electorales. Y sí, es cierto que es muy disparatado que una ley dictada desde el espacio público atente contra intereses que son capaces, en cualquier momento, de financiar golpes de estado, guerras, bombardeos y bloqueos genocidas, suprimiendo o asfixiando, a su vez, el espacio público mismo. Este dilema, en verdad, no tiene solución. Como tampoco lo tiene el de la legislación que regula las campañas electorales. Se podrían imaginar, en abstracto, legislaciones electorales mucho más democráticas y mucho más «públicas» que las vigentes, pero no darían los resultados adecuados y, entonces, como ha ocurrido en todas las ocasiones históricas en que eso ha ocurrido de todos modos, habría «dolorosamente» que tomar la decisión de «interrumpir la tradición constitucional» en cuestión, tal y como declaró la Junta Militar chilena el 11 de septiembre de 1973. Pero, al menos, basta de cinismos. Todo esto puede explicar la encerrona en la que están enjauladas todas las democracias del planeta, pero no tenemos por qué seguir mimetizando con los colores de la libertad los barrotes de esta jaula. En las asignaturas de estadística de las Facultades de Sociología de EEUU se sabe muy bien ya que es mucho más eficaz para hacer pronósticos electorales atender al volumen económico invertido en propaganda que la práctica «académica» clásica de los sondeos de opinión. Este tipo de terrorismo financiero, mucho más dañino para los Estados de Derecho que el terrorismo a secas -pues asesina la posibilidad misma del espacio de la ciudadanía, en lugar de limitarse a asesinar ciudadanos-, debería no sólo ser prohibido en todas sus formas, sino combatido policial, judicial, y sobre todo, legislativamente, mediante ordenamientos eficaces, como la más grave lacra de la democracia moderna. Y aquí, también, resulta poco «evidente», pero completamente verdad, que el único remedio sería prohibir y penar taxativamente toda publicidad electoral no financiada con medios y ejercida en espacios legalmente establecidos por el Estado, según una receta equilibrada y pactada por el poder legislativo. No obstante, incluso hacer cumplir la actual legislación, sería demasiado peligroso a ojos de cualquier ministro de economía, pues en ese terreno —que sobrepasa con mucho la cuestión de si debe legalizarse el aborto o aumentarse el porcentaje de mujeres que trabajan en la administración- el Parlamento resultante estaría jugando con fuego, y quien juega con fuego, se quema. Pero es más, sin el apoyo de la prensa de mercenarios actual, y sin necesidad de modificar o hacer cumplir ninguna legislación, los resultados electorales no se parecerían en nada a los habituales. Y entonces el Estado de Derecho dejaría de ser lo habitual y pasaría a serlo el Golpe de Estado, es decir, se haría normal en el terreno de los «hechos» lo que siempre ha sido nuestra normalidad estructural. La dosis de libertad de expresión que introduciría una prensa estatal chocaría frontalmente con las necesidades políticas de un sistema económico que es y siempre ha sido incompatible con la independencia del espacio ciudadano para legislar. Por eso Chávez no nacionalizará los medios de producción de la información en Venezuela. Y por eso, la comunidad internacional jamás permitirá que lo haga ni él ni ningún Parlamento del planeta. El Pentágono, la CIA y la OTAN saben que una prensa estatal en un país con petróleo y recursos económicos como Venezuela, supondría una amenaza mucho más peligrosa que la que representó Ben Laden. Porque la voz de la ciudadanía, dotada de los medios de producción necesarios para hacerse oír, es, sin duda, mucho más inquietante que todos planes de todos los terroristas del planeta. Para el G8, la OMC y el BM la amenaza terrorista más peligrosa con la que se enfrentan sigue siendo la democracia. Y por eso, mucho más que sus tanques y sus soldados, necesitan que sus mercenarios oficien como periodistas y que sus boletines de guerra se parezcan lo más posible a un periódico o un telediario. Sólo así es posible lograr, día a día, minuto a minuto, que se llame democracia al Estado de Excepción en el que navega la historia occidental. ANEXOLos editoriales a uno y otro lado del AtlánticoEditorial de La JornadaMéxico, 13 de abril de 2002 VENEZUELA: EL GOLPE DE LAS «FUERZAS VIVAS» El presidente Hugo Chávez, cualquiera que sea el juicio que se pueda tener sobre su actuación, fue elegido por una mayoría abrumadora y existían en el país un Poder Judicial, una Asamblea Nacional, leyes e instituciones. Gracias a un golpe militar de quienes tienen el poder del dinero y controlan los medios de información, apoyados además por los altos mandos y la jerarquía de la Iglesia católica, quienes no podían triunfar ni en las urnas ni en las instituciones parlamentarias han instaurado ahora un gobierno de facto encabezado por el jefe de los empresarios, al que no se sabe quién nombró presidente. Hugo Chávez no renunció y, por lo tanto, sigue siendo presidente constitucional aunque esté preso. Los supuestos «restauradores de la democracia» violaron la Constitución y recurrieron a la fuerza después de cometer toda clase de delitos. Porque es delito debilitar al país exportando ilegalmente capitales como lo hacen los banqueros venezolanos prófugos en Miami, es delito sabotear las medidas de un gobierno constitucional, es delito utilizar las concesiones estatales, como los permisos para la radio y la televisión, para fomentar, organizar y desencadenar el golpe de Estado, y es delito incitar a los jefes militares, que deben preservar la legalidad, a romperla y encarcelar al comandante en jefe, o sea al presidente. A éste no lo derribó una huelga general sino un lock out patronal que desembocó, tal como había sido previsto, en el golpe militar largamente preparado. Ahora el presidente empresario impuesto por la fuerza ha disuelto la Asamblea Nacional y la Suprema Corte, anulado las leyes legalmente aprobadas por un gobierno constitucional y desencadenado una ola de persecuciones políticas ilegales y revanchistas y una represión que crece. Su poder es ilegítimo y espurio, anticonstitucional. El Grupo de Río no lo reconoce y condena el golpe de Estado. Hasta ahora el gobierno de facto sólo cuenta con el reconocimiento del gobierno español de José María Aznar, que apoya también a candidatos a golpistas en Argentina y cree que América Latina sigue siendo una colonia peninsular. Otros golpes, como el de Fujimori en Perú o el que derribó en Haití al presidente Aristide, llevaron al aislamiento americano a sus autores. Lo menos que debería hacer la Organización de Estados Americanos sería desconocer a los golpistas y suspender la pertenencia de Venezuela al concierto de naciones en tanto no se restablezca el statu quo ante. Además, promover que el gobierno depuesto ilegalmente sea restaurado y convoque a elecciones libres y democráticas en el marco de la actual Constitución, para que el pueblo venezolano, y no un puñado de magnates y matones uniformados, decida sobre quién debe gobernarlo. No se puede tolerar que el Departamento de Estado, las grandes empresas y los medios de comunicación en manos de ellas anulen la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Porque a Chávez no lo derrocó una lucha popular. Lo hicieron las capas minoritarias y privilegiadas, que buscaban una revancha social y defender sus privilegios, por otra parte muy tibiamente atacados por el gobierno constitucional. Esa turba es la que, atacando la embajada de Cuba, quiere retrotraer las relaciones de ese país al tiempo de Rómulo Betancourt y de la corrupta Acción Democrática, cuando Venezuela fue base de los que preparaban la invasión de la isla. Mientras las cacerolas en Argentina derrocaron el estado de sitio y a varios presidentes, abriendo el camino a la democracia y la organización popular, y unieron a los sectores más pobres de las clases medias con los trabajadores, en Caracas las cacerolas de los barrios ricos saludaron la imposición de un gobierno empresarial-militar-clerical golpista contra las reivindicaciones y las conquistas populares. La democracia y la defensa de la vía constitucional y pacífica para dirimir los problemas políticos deben ser sostenidas frente a un gobierno militar-empresarial-clerical tan abiertamente antinacional que lo primero que hace es anular las leyes sociales y suspender los acuerdos económicos de cooperación con Cuba, siguiendo los dictados de Washington. Ahora el pueblo venezolano enfrenta la represión, Estados Unidos dispondrá aún más del petróleo del país y tendrá además las manos libres para intervenir en Colombia y en Cuba, para amenazar a Brasil y para tratar de imponer el ALCA. América Latina acaba, pues, de perder una batalla importante. No se trata sólo de defender la vida y la dignidad presidencial de Chávez, algunos de cuyos errores en otras ocasiones hemos criticado, sino de defender la legalidad, la Constitución votada por los venezolanos, el estado de derecho, y de impedir que nuestro continente vuelva a la época de las dictaduras militares de la oligarquía empresarial y financiera. Hay que preocuparse también por el futuro de nuestros países y por la misma paz mundial, ya que controlando aún más el petróleo venezolano Washington se preocupará menos por la OPEP y por los países árabes y podrá insistir en sus planes de guerra. Editorial de El PaísMadrid, 13 de abril de 2002 Golpe a un caudillo Sólo un golpe de Estado ha conseguido echar a Hugo Chávez del poder en Venezuela. La situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón. El ejército, espoleado por la calle, ha puesto fin al sueño de una retórica revolución bolivariana encabezada por un ex golpista que ganó legítimamente las elecciones para, convertirse desde el poder en un autócrata peligroso para su país y el resto del mundo. Las fuerzas armadas, encabezadas por el general Efraín Vásquez, han obrado con celeridad al designar como jefe de un gobierno de transición a un civil, Pedro Carmona Estanga, presidente de la patronal venezolana, a la vez que destituía a los mandos militares compañeros y amigos del depuesto presidente. Aprovechando la ola de hartazgo de tanta gente con la corrupción del anterior sistema de partidos, Chávez arrasó en las urnas, para hacer luego un uso abusivo de ese poder, con un autoritarismo que llegó incluso a las aulas de los colegios. Su final se veía venir tras las cada vez más numerosas declaraciones de diversos militares, el deterioro de la situación económica y la marea de protesta de la clase media, que creció con la aprobación en diciembre pasado de 49 decretos-leyes de inspiración castrista. Chávez introdujo varios centenares de asesores cubanos en Venezuela, al tiempo que suministraba a La Habana petróleo gratuito, un grifo que ahora se cierra. La gota que colmó el vaso y levantó a los militares fue la represión protagonizada por la policía y francotiradores adictos a Chávez, que causaron 15 muertos y un centenar de heridos el jueves, en la tercera jornada de una huelga general que unió paradójicamente a sindicatos y empresarios. La protesta recibió un impulso extraordinario cuando paró la estratégica compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Chávez ordenó por televisión el cese de algunos de sus directivos. El régimen chavista ha sido tan desastroso que ni siquiera ha sabido gestionar con eficacia esta riqueza nacional, que le convierte en el cuarto exportador mundial, lo que puede obligarle en los próximos meses a bombear y refinar a pleno rendimiento para llenar las cajas de su hacienda pública, en contra de la voluntad de otros países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), temerosos de que caigan los precios. La resistencia civil contra Chávez, que atacó a los medios de comunicación y amenazó con nacionalizar las cadenas privadas de televisión, en cuyas emisiones irrumpía, se había organizado en redes que constituyen una esperanzadora semilla de desarrollo de una sociedad civil, y que utilizaron Internet como 'trinchera de la modernidad'. Esta resistencia pacífica esperaba una salida constitucional, aunque fuera para cambiarla a continuación. Por desgracia, lo ocurrido demuestra que en Venezuela el ejército sigue siendo el árbitro de última instancia. A la luz de los hechos, hay que elogiar al menos la decisión de la cúpula militar de ceder el poder a un civil, aunque resulte singular que el elegido sea el presidente de la patronal. Vaciadas las cúpulas de los partidos políticos tradicionales, es necesario convocar elecciones cuanto antes y redactar una Constitución que restablezca el equilibrio de poderes que Chávez eliminó a su medida, como hiciera Fujimori en Perú. El nuevo presidente interino, Ricardo Carmona, se ha comprometido a nombrar un Gobierno de concentración 'con gente intachable' y a convocar elecciones en el plazo de un año. Además de preparar la transición, tendrá que abordar sin demagogia algunos de los graves problemas sociales que padece el país. Chávez ha jugado con fuego dentro y fuera. La sombra de EE UU -que importa de Venezuela un 13% del crudo que consume y que ayer le acusó de buscar su propio final- se puede presentir detrás de lo ocurrido. Chávez no parecía haberse percatado de cómo ha cambiado el mundo tras el 11-S: evitó condenar los atentados de Nueva York y el Pentágono, viajó a Bagdad para expresar su apoyo de Sadam Hussein, apoyó la guerrilla colombiana de las FARC, estrechó sus relaciones con Castro y acogió a Montesinos, la mano negra de Fujimori. Retrospectivamente, no es la mejor muestra de acierto que Aznar, al recibirle en Madrid en 1999, subrayara su 'profunda confianza' en Chávez. Tiene ahora, como presidente del Consejo Europeo, una ocasión para que la UE contribuya a la instauración en Venezuela de un régimen democrático normal y estable. Sería bueno que Chávez y algunos de sus colaboradores detenidos rindieran cuentas de sus desmanes autoritarios y corruptos ante los tribunales de su propio país. Su experiencia, como la de Fujimori, debe servir para que se difunda la lección de que la democracia no son sólo votos, sino también usos. Editorial de El MundoMadrid, 13 de abril de 2002 FULGURANTE ASCENSIÓN Y CAÍDA DEL ESTRAFALARIO HUGO CHÁVEZ Tres años y dos meses de extraordinaria agitación política y social es el tiempo que ha permanecido en el poder el estrafalario Hugo Chávez, cuya fulgurante ascensión y caída parece más un relato de ficción de la narrativa latinoamericana que un episodio real de nuestro tiempo. Chávez fue destituido ayer por el Ejército venezolano, en un golpe de Estado blando de sus generales, que le obligaron a abandonar el palacio presidencial de Miraflores para confinarle en un cuartel. El líder venezolano pretendía exiliarse en Cuba, pero los militares se negaron a dejarle salir del país. La gota que colmó el vaso del descontento del Ejército fue la sangrienta represión de una manifestación de protesta de medio millón de personas, en la que francotiradores y fuerzas parapoliciales asesinaron a 15 personas y causaron centenares de heridos. La indignación popular estalló en Caracas y la cúpula militar aprovechó la ocasión para deshacerse de un Chávez que había pasado de arrasar a la oposición en las elecciones presidenciales y legislativas de julio de 2000 a aguantar con mal talante las enfurecidas manifestaciones en su contra iniciadas en otoño pasado y varios pronunciamientos críticos de sus compañeros de uniforme. La desastrosa gestión económica, su populismo exacerbado, sus ansias de emular a Castro y la corrupción del entorno han acabado por derribar a Chávez, que en pocos meses ha perdido el apoyo de los sindicatos y las clases más desfavorecidas. Chávez había sido elegido presidente a finales de 1998, en unos comicios en los que derrotó claramente al independiente Henrique Salas. Triunfó con promesas demagógicas y apropiándose del discurso bolivariano, que le venía como anillo al dedo a su populismo. Pero las promesas toparon con la amarga realidad de un país con profundas desigualdades sociales y sacudido por una larga crisis económica. Lo sucedido estos días recuerda el famoso «caracazo» de 1989, cuando estalló una revuelta contra los planes de ajuste de Carlos Andrés Pérez, que provocó cientos de muertos con una salvaje represión policial. Pérez también acabó en la cárcel, pero, a diferencia de lo ocurrido ahora, fue destituido por el Senado tras ser incriminado por la Corte Suprema. Chávez ha sido víctima de un golpe de la cúpula militar, que decidió ayer colocar al frente de un Gobierno de transición a Pedro Carmona, líder de la patronal y empresario que ha encabezado las movilizaciones contra el presidente. El gobernante interino anunció ayer la disolución del parlamento, el restablecimiento de la Constitución de 1999 y la convocatoria de elecciones antes de un año. Las dos principales fuerzas políticas del país son Copei, el antiguo partido de Rafael Caldera, de ideología democristiana, y Acción Democrática (AD), socialista, en la que militó Pérez. Las dos están absolutamente desprestigiadas, por lo que no es descartable la aparición de otro líder populista que intente aprovecharse de la caótica situación del país. El drama de Venezuela es el de otros países latinoamericanos, en los que la democracia ha fracasado en los últimos años al ser incapaz de resolver situaciones de injusticia y atraso crónicos. Pero la solución no está en el caudillismo o la vuelta a las dictaduras militares de los años 60 sino en la libre elección de una nueva generación de dirigentes que sea capaz de acabar con la corrupción y modernizar las estructuras económicas para responder al reto de la globalización. Editorial de El UniversalCaracas, 12 de abril de 2002 Pudo evitarse Los trágicos acontecimientos del día de ayer resultaron una profecía auto cumplida. Lamentablemente, el saldo de numeroso inocentes muertos y heridos pudo evitarse si tan sólo las instituciones y todos los poderes públicos del país hubiese estado a la altura del clamor de la población mayoritaria de venezolanos, que durante meses insistía en buscar infructuosamente respuestas, de estas mismas instituciones, a lo que era a todas luces una reiterativa conducta de violación de muchos de los principios consagrados en nuestra Constitución y en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la ONU, por parte del Gobierno Nacional. La sociedad civil fue llevada hasta el límite por el Presidente y sus más cercanos colaboradores, quienes llegaron a despreciar el inmenso significado de una marcha de más de un millón de venezolanos que, sin contar el interior del país, pacíficamente pretendían ejercer su sagrado derecho a la protesta. Se vieron las repudiable imágenes de siniestros personajes vinculado al régimen disparando a mansalva contra indefensos ciudadanos. La escalada armada de los círculos bolivarianos iniciada desde septiembre del año pasado ya ha sido denuncia, hasta el cansancio, ante todos los poderes públicos. Sin embargo, éstos nunca cumplieron con su obligación de ser garantes de la legalidad en Venezuela. Esto pudo evitarse, si tan sólo, las instituciones cívico-militares, desde el primer día, hubiese dado debida respuesta a la sociedad venezolana. Cualquier nueva etapa, de la vida política de nuestro país, debe necesariamente pasar por una renovación integral y absoluta de todas estas instituciones y sus funciones. Todos los responsables, comenzando por el ex jefe del Estado, tendrán que responder ante todos los venezolanos y la ley por sus acciones y omisiones. Sin estas responsabilidades no puede haber reconstrucción nacional. La libertad es el valor más preciado del individuo. Lo sucedido ayer lo demuestra. ¡Vayamos a ella! Editorial de El NacionalCaracas, 12 de abril de 2002 Los muertos de Hugo Ya sabíamos de sus problemas mentales, también conocíamos que no era un hombre precisamente valiente y tendía a acobardarse en los momentos de combate, pero lo que en verdad ignorábamos, aunque lo presentíamos, era su falta de escrúpulos a la hora de ordenar a sus partidarios disparar contra gente indefensa, que marchaba en forma tranquila y pacífica por las calles de Caracas, y acribillarla sin compasión desde las azoteas cercanas a Miraflores, a manos de sus francotiradores bolivarianos muy bien entrenados en tierras extranjeras. Con ese acto miserable y cruel usted cometió el peor de sus errores políticos y la mayor traición contra su patria, que le dio una oportunidad de dignificarla democráticamente y que, por el contrario, ha preferido mancillarla con esta masacre de gente inocente, cometida a la luz pública y que intentó esconder tras una cadena oficial, y luego con la suspensión de la señal de varias plantas de televisión. Usted, que intentó hacer una carrera militar sin mayores resultados, porque nunca fue un oficial brillante ni talentoso, ha terminado por enlodar el uniforme y la institución que le dio una oportunidad en la vida: sin la Fuerza Armada usted no sería nadie, y ahora le paga esa oportunidad que le dieron desprestigiándola de la peor manera posible: cobijando a generales corruptos sólo porque son sus amigos, y ahora haciéndola cómplice de una masacre contra civiles desarmados. Con razón usted quería hace dos meses celebrar el 27 de febrero, esa fecha oscura y siniestra de nuestra vida democrática. Ya tiene usted su matanza, si es eso lo que le hacía falta a su currículum, la del 11 de abril (el 11-A), y puede festejarla en conjunto con Carlos Andrés Pérez, quien le entregó el sable que usted acaba de desenvainar cobardemente, sin dar la cara, desde las azoteas oficiales. Dicen que la historia eleva o entierra a los hombres: a usted le ha reservado una fosa al lado de los mandatarios de Venezuela a los cuales se les menciona por sus atrocidades: bastó un día para que se le recuerde para siempre como el responsable de la masacre del 11 de abril. No es nada agradable pasar a la historia recordado no sólo por los familiares de las víctimas que usted mandó a matar, sino como el Presidente que resultó ser un vulgar matón de personas inocentes. Mientras usted, Presidente, pretendía secuestrar la libertad de información, con una cadena inexplicable, en la cual trató de disimular inútilmente lo que ocurría a pocos metros de donde estaba hablando sin coordinación mental, el pueblo pacífico de Caracas era masacrado sin piedad, con decenas de muertos y heridos. A las víctimas del 4 de febrero, usted sumó la tarde de ayer otro balance trágico. Fueron los manifestantes que en disfrute de un derecho constitucional, se hicieron presentes para velar por la democracia y por la libertad de su país. En la historia de las tortuosidades más primitivas de poder quedará registrada esa cadena, en la que usted permanecía impávido e indiferente, mientras un asistente le pasaba pequeñas notas informándolo de lo que sucedía en la calle. Quedará como un testimonio de su desprecio a la gente y al país. Usted pensó, erróneamente, que nadie se enteraría del episodio, pero una vez más cayó en sus propias redes. No sabía que, simultáneamente, la televisión trasmitía en la otra media pantalla las escenas más trágicas del desenlace de la marcha más impresionante y más multitudinaria que se vio nunca en Caracas. Sus desmanes dictatoriales no se detuvieron allí. Ayer se le cayó su última máscara: decidió sacar del aire a los canales de televisión, Venevisión, Radio Caracas, Televen, CMT y Globovisión. Los amenazó con suspenderles sus licencias como si fuera el propietario del Estado, y como si Venezuela fuera una jungla. Usted no sólo ha violado las leyes venezolanas, sino que además viola (y no será impunemente) convenios internacionales del sistema hemisférico: se ha puesto al margen de la ley venezolana y al margen de la ley internacional. La gigantesca marcha de ayer jueves tuvo como propósito reivindicar los derechos de la democracia venezolana, puesta en peligro por un régimen autocrático. Quienes marcharon de manera tan ejemplarmente pacífica, abogaban por el respeto a la gente de Petróleos de Venezuela, por el respeto a sus gerentes y trabajadores, y contra la politización de la gran corporación. Poseído por la soberbia y la inconsciencia, usted retó a todos los venezolanos, amenazó a toda la gente de PDVSA y se obstinó, hasta los últimos minutos, en mantener a la junta de incapaces que envió allá para tomar el ente petrolero. Su obsesión le cuesta a Venezuela incalculables pérdidas morales y materiales; ha desacreditado a nuestro país como proveedor confiable y ha perturbado toda una industria vital para nuestro pueblo. Nunca se había visto en esta tierra tanta demencia. La soberbia suya ha ensangrentado la ciudad de Caracas. En la cadena se mostró indiferente. Formulando promesas desordenadas, sin ton ni son, con el único propósito de engañar y ganar tiempo, mostró una vez más su total alejamiento de la realidad. Masacre como la de ayer tarde no se había visto jamás en esta ciudad. Nuestro pueblo está malherido. Nuestro pueblo exige que sus derechos sean respetados y que los culpables sean duramente castigados. La sangre de tantas víctimas clamará por siempre. Editorial del Diario TalCualCaracas, 12 de abril de 2002 Chao Hugo. Con mucha pena, causada en decenas de hogares venezolanos, y sin ninguna gloria, se acabó el régimen de Hugo Chávez. El arrogante Hugo Cadena, que disfrutaba anunciando su retiro para el año 2021, ha sido derrocado apenas tres años después de su espectacular ascenso al poder en olor de multitudes y rodeado de la esperanzada expectativa de los venezolanos. Hasta el final vivió en el delirio que lo mató y su última acción de gobierno fue verdaderamente criminal. Esa cadena de la tarde de ayer, grotesca, realmente kafkiana, fue deliberadamente realizada para cubrir la información sobre la masacre que los matones y francotiradores de Bernal perpetraban. Dada la emboscada montada a la manifestación, es obvio que Chávez sabía perfectamente que mientras hablaba sus hombres estaban asesinando a mansalva a decenas de compatriotas. Fue una acción de infamia sin antecedentes en la historia contemporánea del país. Culminaron así tres años francamente desastrosos, durante los cuales un demagogo incompetente, sin visión alguna de país, embaucó a los más pobres y humildes de nuestros compatriotas, jugando con su justificadísima ansia de justicia, manipulándola para construir un poder personal y personalista, barnizado con una retórica balurda supuestamente revolucionaria, que no hizo otra cosa que dividir al país en nombre de nada. Todo su discurso era aire, gas, puras pendejadas reiterativas, que se fueron desgastando irremediablemente, al calor de una gestión llena de improvisaciones y corrupción. Su peor enemigo fue él mismo. Hizo todo para caer. No hubo torpeza que no cometiera, error en que no incurriera. El propio Chacumbele. Restañar las heridas que deja el chavezato no va a ser fácil, pero reconciliar a los venezolanos es una prioridad. Los problemas sociales del país son espantosos y los más pobres de nuestros compatriotas deben saber que su suerte estará en el centro de las políticas nacionales del inmediato futuro, para que sus desgracias no sirvan nunca más de pedestal a aventureros y demagogos. Esta no es una hora de venganza sino de justicia. Los responsables de los asesinatos de ayer deben ser encontrados, para someterlos a juicio, comenzando por el propio Chávez. Los ladrones que acumularon fortunas obscenas, que saquearon el tesoro nacional, no pueden quedar impunes. Pero docenas de personas que de buena fe acompañaron a esta empresa demencial y que no tienen responsabilidad de sus disparates ni de sus robos, no tienen que pagar culpas de otros. Menos todavía puede pasarse factura a aquellos venezolanos que aun habiendo desempeñado cargos importantes en el gobierno, al apartarse de este contribuyeron significativamente a su erosión y descomposición. Aquí no hay manera de resolver institucionalmente el cambio político habido. Vicepresidente, presidente de la Asamblea, presidente del Tribunal Supremo no sobreviven al colapso del chavezato. Esa línea de mando institucional murió con el régimen. Ya se verá como se resuelve el problema de las formas, pero la Junta de Gobierno tiene un único y fundamental cometido: conducir al pueblo venezolano a decidir prontamente el gobierno que se quiere dar para restablecer la continuidad democrática asentada en la voluntad popular. Porque a este pueblo maravilloso que somos nadie puede ni podrá arrebatarle su indomable voluntad de ser y permanecer libre por siempre. Editorial de El NacionalCaracas, 13 de abril de 2002 Retos y cómplices La renuncia de Hugo Chávez a la Presidencia de la República ha sido un episodio de significación histórica, no sólo por las circunstancias en que se llevó a cabo sino por las posibilidades que se le abren a todos los venezolanos. Chávez tuvo el infortunio de malinterpretar sus funciones como jefe del Estado, y en lugar de actuar como representante de todos los sectores de la sociedad, se obstinó en dividir a los venezolanos. No tuvo éxito en sus prédicas, como fue demostrado el 11 de abril, cuando un gran río humano recorrió las grandes avenidas de la ciudad, desde el Parque del Este hasta el centro. Sin embargo, tal vez sea prudente no desechar las posibilidades de que esa siembra de odios no haya dejado semillas que conviene prudentemente considerar. No para discriminar, sino para identificar los problemas que pudieran estimular los antagonismos sociales. En el país existe una situación de pobreza y de enormes dificultades de empleo, sanidad y educación, y atenderla es un compromiso ético y político de primera prioridad. Esto no se plantea sólo como consecuencia de la renuncia de Chávez a la Presidencia: como debe recordarse, ese fue el asunto central del acuerdo de gobernabilidad presentado al país por la CTV y Fedecámaras unas semanas atrás. Afortunadamente, no se tiene que partir de cero. Varias instituciones se han venido preparando con seriedad y persistencia, a través de métodos multidisciplinarios, y existen proyectos y estudios que permiten ponerlos en práctica con la urgencia que todos compartimos. Esos proyectos pueden ser base o punto de partida para una acción del Estado, enriquecidos si fuere preciso por quienes a su vez han venido trabajando en el acuerdo de gobernabilidad. Esta es una de las tareas que nos espera. Fue entendido así por la CTV y por Fedecámaras, y por todos los sectores que concurrieron en el gran acuerdo que se presentó al país y que fue descalificado por los chavistas, ocupados exclusivamente en robar el erario público y de disfrutar de las ventajas del poder de una manera grosera y ostentosa. No pocos de ellos salieron de la pobreza de la noche a la mañana, y se mudaron a lujosas viviendas en el este de la ciudad, compradas en dólares. Desde luego que no habrían podido actuar con tal impunidad si los poderes públicos no hubieran sido reducidos a la sumisión y complicidad más abyectas. Nunca la Fiscalía o la Contraloría se habían arrodillado no sólo frente a un mediocre Presidente de la República como Chávez, sino ante cualquiera de sus empleados más cercanos, de la manera como hicieron estos dos funcionarios, indignos de la confianza que los venezolanos depositaron en ellos. Ni qué decir, por supuesto, del Poder Electoral, verdadero mercado persa donde se compraban y vendían elecciones al mejor postor; ni del «defensor del puesto», que así ha terminado por ser calificado sarcásticamente el representante de esta nueva institución que tantas esperanzas, en su momento, levantó entre la población. De estas iniciativas apenas ha quedado el engaño y la frustración. Ha hecho bien el nuevo presidente Pedro Carmona Estanga en prescindir, de un plumazo, de estos esperpentos institucionales, devaluados ética y moralmente por la escasa gallardía con que sus representantes ejercieron el cargo. Mención especial merece el fiscal, quien horas antes de caer Chávez, ya se proponía ante las cámaras de la televisión como su posible sucesor. Valga decir, no se había muerto el esposo y ya le quería proponer matrimonio a la viuda en ciernes. A excepción de los chavistas, que son los únicos que justifican (o tratan de acusar cobardemente a otros) de la masacre del 11 de abril y que no les duele para nada la muerte de un reportero gráfico, a quien se le disparó sólo porque cargaba una cámara en sus manos y eso lo identificaba como periodista, el resto de Venezuela sabe qué clases de pillos ejercía el poder en este país. Ahora vienen con el cuento cínico, tal como lo dijo ayer el fiscal, del «golpe militar» para ocultar la responsabilidad de Hugo Chávez, al ordenar a sus colaboradores que se disparara a mansalva contra mujeres, niños y jóvenes desarmados. Los criminales son, según el representante del Ministerio Público, quienes marcharon pacíficamente por las calles de Caracas y no los francotiradores del gobierno que desde los edificios públicos, como lo demuestran los videos de la televisión, mataron con saña y alevosía a gente inocente. Esos asesinos tienen hoy sus cómplices entre nosotros. Eso es intolerable.
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