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Una nueva ley para el servicio exterior

Una de las cosas positivas cuando uno guarda papeles en el tiempo, es que aparte de la utilidad histórica permiten retomar ideas y temas que quedan engavetados en el olvido sin dejar justificación de las razones por la cual una buen pensamiento queda rezagado hasta que alguien lo retoma iniciando así el círculo de las propuestas ya trajinadas. En esta oportunidad y como ejemplo de lo antes expuesto me refiero a la propuesta para una nueva Ley del Servicio Exterior. Los intentos por modificar el actual instrumento legal vigente tiene varios años. En alguna oportunidad me correspondió trabajar con un grupo de colegas diplomáticos con la finalidad de presentar insumos a lo que debería ser el nuevo marco institucional del diplomático venezolano para incorporarlo a la futura ley. Ha pasado más una década y los anteriores gobiernos, así como las comisiones legislativas correspondientes, poca importancia le dieron a su modificación, toda vez los cambios propuestos perjudicarían la discrecionalidad que les permitía la ley vigente.

En la historia reciente se encontraran los muchos llamados que se hicieron para que la nueva ley se aprobara. Sin embargo, el Servicio Exterior no da votos y la política exterior y sus diplomáticos no eran percibidos como una prioridad de los gobiernos en el pasado.

Lo que se busca con un nuevo instrumento legal es bastante simple. Primero, dejar de lado la opción según la cual tienen solo derecho a concursar para ser funcionarios de carrera del Servicio Exterior de la República, bachilleres que hayan cumplido un cúmulo de asignaturas universitarias que solo se instruyen en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, de donde, por cierto, han salido un número importante de calificados profesionales y por la cual tengo el más alto respeto. Sin embargo, si bien la ley de 1962, que debe ser derogada en mi opinión, tenía una justificación para su momento, ya en la actualidad, ante cualquier comparación con otras del mundo esta mas que desfasada. Es difícil entender que en estos tiempos, valiosos venezolanos formados en distintas disciplinas vinculadas a las relaciones internacionales y formados en Universidades del más alto prestigio tanto en el país como en el exterior no puedan concursar para servir al estado en el cuerpo diplomático de la República.

Otra importante búsqueda que se persigue con un nuevo instrumento legal es la de reducir el excesivo porcentaje de Embajadores que quedan a la discreción del ejecutivo. Mejor servicio se hace el estado y los gobiernos a través de diplomáticos profesionales y bien formados que una mayoría de cargos asignados por compromisos. La nueva ley debe lograr, además de igualar las distintas disposiciones dispersas que afectan el servicio exterior, asegurar niveles de exigencia profesionales que garantice un cuerpo debidamente estructurado y formado para los altos requerimientos de la diplomacia en un mundo globalizado. Por ello, además de la estabilidad laboral y la homologación de la propia estructura de la clase de funcionarios de la Cancillería, es importante aprobar un nuevo instrumento jurídico con reglas claras que den previsibilidad al servicio exterior y que garantice un cuerpo de hombres y mujeres con la mayor ética y calidad profesional posible, con verdadera vocación del servicio al estado y a la nación.

Esperamos, que en estos tiempos de Venezuela, se nos permita tener, una vez y por todas, una ley que nos ayude a insertarnos debidamente en los retos del nuevo milenio y que deje poco espacio para los abusos y el clientelismo. En el pasado se buscaron todas las excusas posibles para que la nueva ley no prosperara. Estoy seguro que hay lugar para él diálogo objetivo y la discusión positiva entre actores interesados como el académico, los gremios, los mismos funcionarios diplomáticos y la Asamblea Nacional. Esperamos que la Cancillería puede esta vez lograr que esta ley sea aprobada a fin de garantizar reglas transparentes como las que se merece el servicio diplomático de la República.

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