Caracas, Tuesday, May 22, 2012

Pablo Antillano
pabloa@viptel.com

Consistentemente, la ilusión de progreso trae consigo formas inéditas de padecimiento. Como si fuese imperativo para la historia que se mantuviera viva la infelicidad. Frente a esta paradoja, las reflexiones más realistas, esas que habitan las cabezas de quienes cultivan el abatimiento y la desesperanza, suelen argüir que esas calamidades son las mismas de siempre, sólo que regresan cada cierto tiempo bajo otro aspecto, un aspecto de novedad y un patético barniz trágico.

Si no, veamos como este mundo tan moderno, pletórico de confort, de tecnología y prosperidad, ha inventado inéditas manías de destrucción de vidas, ha engendrado adolescentes genocidas, devastadoras guerras limpias, y formas bárbaras de discriminación, intolerancia y exclusión. Este paisaje recurrente no hace otra cosa que dar sustento a los ejercicios anti-utópicos que solía hacer Cioran: «Mientras más avanza el hombre, menos capacidad tiene para resolver sus problemas, y, cuando en el colmo de la ceguera, esté persuadido de que se encuentra a punto de lograrlo, sobrevendrá lo inimaginable».

Para aterrizar en este domingo caliente nos preguntamos ¿qué será lo inimaginable que sobrevendrá de nuestra muy próxima Asamblea Constituyente? ¿Qué formas de padecimiento inédito se fraguarán tras esta poderosa esperanza de solución, de progreso, de superación de los males venezolanos del presente?

No lo sabremos a cabalidad, eso está claro. Y no tendríamos por qué adelantarnos, no tendríamos por qué desconfiar de la potencia de esta nueva ilusión esgrimiendo las banderas tiranas del escepticismo o del prejuicio político. (Aún cuando no deja de ser recomendable mantener con buena salud un cierto grado de misantropía, o por lo menos de suspicacia, no sobre éste en particular sino sobre todos aquellos procesos que nos prometen futuro y progreso a grito pelado).

Pero lo que sí podemos hacer es advertir o prevenir a los interesados sobre aquellas iniciativas que, en nombre de la nueva ilusión o del progreso, podrían de manera muy obvia empeorar la Constitución. Hay movimientos hacia el futuro, hacia adelante, movimientos de actualización o de modernización, que pueden conducirnos a calamidades inimaginables. Veamos.

Regulemos la expresión, garanticemos la censura

Los derechos y garantías básicas son los más delicados y susceptibles en este sentido. Todo lo que se refiere a la libertad, a la integridad, al derecho a la vida, a la igualdad frente a la ley, a los derechos de reunión, de circulación, de expresión no requieren de mucha modernización y sería recomendable no jurungarlos demasiado.

No traeríamos este tema, recontra-aburrido para muchos, si no fuese porque hemos percibido que se viene tejiendo un entramado ideológico que intentará «modernizar» los artículos que se refieren a la Libertad de Expresión en nuestra constitución. Y «modernizar» significa para los renovadores, por un lado, poner esos artículos en sintonía con otras constituciones de América Latina de reciente factura y, por el otro, ponerlos a tono con el «desarrollo» que han tenido los medios de comunicación en los últimos tiempos. En ambos casos, este concepto de modernización implica el establecimiento de mutilaciones a la Libertad de Expresión con consecuencias inimaginables.

Ambas motivaciones son inspiradas por el pánico que los medios de comunicación producen a una parte de la sociedad de hoy. El razonamiento en su apariencia es sencillo: si los medios se han desarrollado de manera tan vertiginosa, si ejercen una influencia tan poderosa sobre los ciudadanos, si sus instrumentos y métodos penetran en los más secretos rincones de la intimidad y la privacidad de los ciudadanos, si los límites entre realidad y apariencia han sido sobrepasados, si la reputación de quienes participan del escenario público depende en gran medida del tratamiento que le den los medios, entonces —dicen los modernizadores— hay que limitarlos y regularlos. Regularlos ¡constitucionalmente!

Sus afiebradas cabezas, asesoradas por abogados y políticos, han hecho un inventario de tópicos sobre los que habría que actuar en consecuencia: difamación, verdad, fuentes y documentación, derecho a réplica, invasión o intrusión de la privacidad, límites a la tecnología, límites entre lo público y lo privado, prácticas responsables, información como propiedad, veracidad, oportunidad, exceso de violencia, obscenidad, pornografía, protección de la infancia, y un largo etcétera. Y a buena parte de estos tópicos pretenden darle rango constitucional para que sean aceptados como limitantes del derecho que tienen los ciudadanos a expresarse libremente.

Un gremio muy raro

No es cuestión de desconocer que el tema de los medios se debate hoy en el mundo entero, ni que la imagen del editor y el periodista ha cambiado. En los tribunales de todas las naciones se dirimen conflictos de intereses entre periodistas, medios y ciudadanos. Y esto es posible porque los ciudadanos tienen derechos individuales, consagrados en sus constituciones y leyes, que les protegen en el caso de que sean lesionados por los efectos de la acción de terceros, ya sea a través de una calumnia, de alguna tergiversación interesada o de alguna transmisión que vulnere derechos específicos. Son los mismos derechos que protegen su integridad, su vida o su propiedad. Pero esos no son artículos asociados a la garantía de la Libertad de Expresión, que es un valor diferente, inalienable y principal.

También hay que tener en cuenta que la Libertad de Expresión no es un asunto que atañe sólo a periodistas y medios de comunicación, sino a escritores e intelectuales, a voceros de la Iglesia o de la empresa. A todos los ciudadanos en capacidad de expresarse, de viva voz o por el medio que le venga en gana. Por lo tanto ese empeño de asociar la Libertad de Expresión con problemas de la prensa, con Consejos de Comunicación, con derechos de los usuarios, con la propiedad de los medios, con derecho a réplica, información veraz y oportuna, luce unilateral y excluyente.

Como una última paradoja que vale la pena señalar en el proceso constituyente que se nos propone, es que sea precisamente desde un universo de periodistas desde dónde se presentan hoy las propuestas orientadas a limitar la libertad de expresión. Son periodistas quienes liderizan las reformas para que la Constitución establezca la figura del defensor de los usuarios de los medios para «atender sus quejas, reclamos o sugerencias sobre sus contenidos», o los que proclaman la limitación del «uso de tecnologías de la comunicación para garantizar el honor, la intimidad y la propia imagen», los mismos que suscriben el derecho a réplica, la información «veraz y oportuna», y convalidan expresiones como «informaciones inexactas o agraviantes». ¡Qué raros!

Muchas de estas ideas podrían ser legítimamente promovidas por muy diversos sectores y fatalmente incorporadas en diversos artículos de la nueva Constitución. Pero que sean los periodistas quienes las propongan no deja de ser un asunto, por lo menos hasta hace poco, realmente inimaginable. ¿Será el progreso?

 

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