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Declaración del Ministerio Público

1. El Ministerio Público reclama el deber en que están todas las autoridades del país: Ejecutivo nacional, estadal y municipal, instituciones del Estado, organizaciones políticas y sociales, particulares y demás ciudadanos, de respetar y acatar los fallos judiciales y las actuaciones de la Fiscalía conforme a la Constitución y leyes de la República. Quien disienta de esas decisiones o actuaciones debe utilizar los medios legales para impugnarlos o solicitar sus revocatorias ante los órganos competentes.
2. De la misma manera, los actos administrativos dictados por la administración pública, en cualesquiera de sus instancias, deben ser acatados por cuanto los mismos están revestidos de ejecutoriedad y, mientras no sean anulados, tienen plena vigencia. Quienes pretendan desconocerlos tienen, igualmente, un procedimiento legal ante las autoridades judiciales o administrativas competentes para impugnarlos.
3. En cuanto a las atribuciones del Ministerio Público reiteramos que las mismas se encuentran expresadas en la Constitución y entre ellas están: ordenar y dirigir la investigación penal, ejercer en nombre del Estado esa acción cuando fuere pública, garantizar los derechos constitucionales de los venezolanos y establecer las responsabilidades penales, administrativas, laborales y militares de los funcionarios públicos
4. En ese sentido el Ministerio Público no puede pasar desapercibidos los llamados con los cuales se advierte que vienen días más duros para el enfrentamiento, y se señala que se va a escalar la lucha civil hasta que el gobierno ceda y que se pasará del cerco civil al físico.
5. Tanto en el posible desconocimiento de las actuaciones judiciales y del Ministerio Público, como en el comunicado que llama a escalar la lucha civil pudieran desprenderse hechos contrarios a derecho. Frente a tales eventualidades el Ministerio Público estará vigilante para abrir las investigaciones correspondientes.
6. El Ministerio Público reitera su condenatoria a la violencia con que se expresan los distintos sectores que se confrontan e insta a evitar el desbordamiento del orden público, de la Constitución y de las leyes.
7. El Ministerio Público expresa con responsabilidad que no se puede ver con impunidad la intolerancia, los atropellos al libre tránsito, el impedir el libre acceso a la propiedad privada, la agresión a quienes han decidido no expresar su adhesión a ninguno de los sectores en pugna, los cada vez mas frecuentes enfrentamientos de calle, las manifestaciones frente a viviendas de ciudadanos y frente a los medios de comunicación, así como el maltrato a familiares inocentes que nada tienen que ver con las confrontaciones entre grupos.
8. Tampoco se puede ver con impunidad los ataques a comerciantes, a sedes de instituciones, el cierre por la fuerza de establecimientos privados y públicos, las amenazas de muerte a periodistas, a particulares y a funcionarios públicos, la colocación de artefactos explosivos en instituciones de particulares y del Estado y la promoción de afiches, vallas y cuñas que pudieran estar generando hechos punibles perseguibles de oficio y sin instancia de parte.
9. Advierte, en consecuencia, que ya se han abierto y se seguirán abriendo las investigaciones pertinentes a establecer las responsabilidades penales, civiles, laborales, militares, administrativas o disciplinarias que estos hechos produzcan.
10. Exhortamos a los sectores en pugna a ajustar su comportamiento al Estado de Derecho. Exhortamos a los medios de comunicación social a cumplir con el derecho a informar sobre los acontecimientos respetando el derecho a una programación equilibrada que no lesione la salud mental, y exhortamos a los grupos en tensión que garanticen los derechos de los niños, tanto en su integridad física como en su aspecto emocional, mental y espiritual.
11. Finalmente, exhortamos a los ciudadanos a no hacerse eco de la campaña destinada a sostener una matriz de opinión para hacer creer que las instituciones no existen, a sobreponernos al estado de odio y a instar a todos quienes participan como operadores en este estado de cosas a propiciar salidas pacíficas y democráticas a la crisis política y social que hoy vive el país.

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