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¿Qué ganamos con un acuerdo tan antidemocrático?

Nadie gobierna con sus enemigos.

A lo largo del periodo chavista, la oposición en Venezuela se ha convertido, antes que en una estructura social de carácter institucional, en un simple grupo de presión que, a diferencia de la estructura partidista con contenido programático, no expresa una visión coherente y perdurable del país, sino que formula consignas oposicionistas que cambian y se hacen incluso contradictorias según sus circunstancias y sus necesidades propagandísticas. El requerimiento fundamental para ella es oponerse por el hecho en sí mismo, y por eso la imposibilidad manifiesta de articular ideas de contrapeso que resulten verdaderamente productivas para el desarrollo y fortalecimiento del sistema de libertades que dice profesar. La idea de la importancia de los partidos en la vida política de las naciones democráticas no se orienta, según la tesis de los más avanzados teóricos en la materia, al carácter reivindicacionista de las minorías, sino a la naturaleza corresponsable que deben tener las fuerzas políticas de oposición y el gobierno en la construcción armónica del país. Una responsabilidad que requiere de una gran madurez para reconocer a la mayoría cuando no es afecta a uno, pero muy fundamentalmente para reconocer nuestras propias derrotas cuando éstas se presentan. En eso, precisamente, decía Nixon, radica la grandeza de los verdaderos demócratas.

La insólita práctica de destrucción de las instituciones, de las empresas básicas y de la economía toda, como recurso de presión amparado en la idea del sacrificio transitorio de su sector, expresa en forma fehaciente esta tendencia a separarse del rol de contrapeso que le asigna la sociedad cuando se acoge al modelo democrático, y expresa también la indiferencia con la que se asume su compromiso con la nación. Como grupo de presión, la oposición puede darse el lujo de pretender acabar con el país y seguir presentándose a la vez como opción redentora, simplemente porque así se excluye a sí misma de la responsabilidad en las penurias que ocasionan sus propias acciones u omisiones, mediante el efectista recurso de señalar «desde afuera» a quien le ha sido asignada, por votación mayoritaria de la ciudadanía, la conducción de los asuntos públicos. Es decir, según esta descabellada noción, la sociedad es responsable de los males que padecemos, no la oposición, y es entonces la ciudadanía quien debe corregir el error de lo que esa oposición considera una elección indebida, so pena de ser desplazada, junto al gobierno que ella elige, del control de las riendas del país.

Ninguna visión política en el mundo, por retardataria que sea, expresa hoy en día una concepción tan raigalmente antidemocrática y neofascista como ésta. Tal como en los orígenes de las más antiguas formas políticas de gobierno, los partidos en Venezuela se asumen como deidades con derecho propio a la conducción de los destinos del país, antes que como organizaciones que agrupan a los ciudadanos para constituir mayorías que representen un interés verdaderamente nacional en los asuntos públicos. Pretenden algo así como hacernos aceptar que las elecciones son un mal de la democracia y no el instrumento básico de la democracia, sobre todo si quienes las pierden de manera reiterada son aquellos que se habituaron a un modelo de ejercicio del poder en el que era perfectamente prescindible atender el clamor popular.

Por eso hoy el debate político en nuestro país se basa en las supuestas agresiones del actual gobierno a los sectores poderosos de la sociedad y no en la búsqueda de fórmulas consensuales que procuren hacer más eficientes las políticas del Estado. Como grupo social secundario, según la definición clásica en el ámbito politológico, la oposición venezolana escoge deberse a la oligarquía antes que a los sectores mayoritarios y con ello, cuando mucho, se reduce a organismo de representación que debe velar por intereses sectoriales y no colectivos.

Mientras en todas las democracias avanzadas del planeta, la cooperación entre los poderes públicos es algo cotidiano que fortalece el sistema democrático y consolida la institucionalidad, en Venezuela, la oposición acusa al presidente Chávez, de manipulador de las instituciones, por ejemplo, porque ni el Fiscal General de la República, ni los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, adelantan procesos para someterlo a juicio, como si el concepto de equilibrio de poderes consistiera en colocar enemigos personales del presidente en los cargos del Estado. Se le vende a la opinión pública esta absurda concepción porque se desprecia el hecho de que pueda haber una gran mayoría nacional que piense de una misma forma y que coincida en la visión de país al que ella aspira. La eventual afinidad o coincidencia de criterios que puedan expresar algunas autoridades públicas, además de conveniente para el mejor funcionamiento de las instituciones, forma parte intrínseca de las libertades a que tenemos derecho todos los ciudadanos, sin que ello signifique violación alguna de la independencia de los poderes. Descartan con su excluyente visión la idea de la complementariedad y articulación de las instituciones, aún cuando en su oportunidad, en su ejercicio de gobierno, hayan siempre privilegiado el tráfico de influencias como instrumento de poder, porque desde siempre su convicción se basó casi exclusivamente en una conducta que reivindica el obstruccionismo y la emboscada política al contrario como mecanismo de sobrevivencia.

Como grupo de presión, y no como organización de masas, la oposición puede colocarse con entera facilidad en un conveniente plano de espectador cuyo deber es cuando mucho el de denunciante, con lo cual el respeto a la decisión de los electores no es algo que le corresponda en modo alguno. Su particular noción de democracia (la concepción más pura del partido autocrático y oligárquico) se expresa en cada una de sus actuaciones y por eso en modo alguno pudiera justificarse como error u omisión. La repugnante autoproclamación de Pedro Carmona Estanga, por ejemplo, que en su momento fue justificada como un acto ineludible, no solo ante el apremio de las circunstancias difíciles que entonces se vivían, sino frente a la imposibilidad de ser juramentado por la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia, precisamente por ser ellos a quienes deponía, no fue sino un soberbio acto de desconocimiento de la soberanía popular. Fue ese el espíritu con el que abolieron sin titubeo y con su mayor euforia las leyes y la constitución por las que votaron los venezolanos. El acto, en sí mismo, era un odioso gesto de reafirmación ideológica nada eventual ni coyuntural.

Es por eso que la firma del acuerdo entre el gobierno y la oposición, con la mediación de la OEA, es definitivamente un triunfo de un sector minoritario que ha logrado, mediante el más canallesco y deshonesto ejercicio opositor que recuerde el país, posicionarse ilegítimamente de tú a tú como interpar al mismo nivel del gobierno mayoritariamente elegido, para cristalizar así su aspiración de referéndum revocatorio, que no es otra cosa que desconocer, una vez más, la decisión soberana del pueblo, refrendada mediante siete procesos eleccionarios. De manera por demás bochornosa, aparecemos hoy ante el mundo como un país que con este acuerdo supuestamente avanza hacia la democracia, con lo cual se asume que lo que existe hoy es un régimen ilegítimo, cuando posiblemente no existe en el mundo otro país en el que la opinión y el deseo de las mayorías se haya expresado e incorporado al ordenamiento constitucional como ha sucedido en Venezuela en estos últimos cuatro años.

Independientemente del triunfo que seguramente obtendrá el gobierno en esa consulta, aceptar que se desconozca la voluntad popular (y colocar la realización de ese referéndum como un triunfo de la oposición en su absurda lucha por una democracia no cercenada) es sin lugar a dudas un retroceso en la consolidación del legítimo régimen de libertad e igualdad que construimos hoy los venezolanos por decisión mayoritaria. Pero más vergonzoso y lamentable aún es cuánto se consagra así la naturaleza excluyente, manipuladora y sin contenido de la oposición venezolana.

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