Cómo acabar con la V República

Hace más de un año que los puntofijistas buscan la fórmula para acabar con la Quinta República. Inútil afanarse: les basta con dejarla seguir ejecutando el testamento político de Rafael Caldera Por ejemplo: el 22 de octubre de 1999 el Ejecutivo resucita un proyecto de tratado de la Cancillería calderista y lo pone en vigencia como decreto con rango y fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones. Igualmente pudiera ser denominada «Ley de defunción de la soberanía de Venezuela» o «Decreto que convierte a los venezolanos en ciudadanos de quinta categoría».

Menciono sólo algunas de sus nefastas disposiciones contra la soberanía y la economía de nuestro país. El artículo 17 permite a los inversionistas extranjeros celebrar con la República «contratos de estabilidad jurídica» para «asegurar a la inversión la estabilidad de algunas condiciones económicas», es decir, pactar que ¡no se elevarán los impuestos a dichas empresas! El artículo 18 somete a nuestra patria a juntas arbitrales extranjeras.

¿Y la soberana potestad tributaria de Venezuela, consagrada en los artículos 223 de su Carta Magna de 1961 y en el 353 de la vigente? ¿Y la soberana prerrogativa de la República de sólo ser juzgada por sus propios tribunales y de acuerdo con sus leyes, establecida en el artículo 127 de su Ley Fundamental de 1961 y en el 165 de la Bolivariana? Olvídese de ellas, mientras no se derogue o anule la Ley de Protección y Promoción de Inversiones.

Pues la propia Constitución Bolivariana, como es sabido, sufrió contrabandos que contradicen o inutilizan sus normas más excelentes. Por ejemplo, el texto original de su artículo 337 pauta que «La República se reserva el derecho de defender las actividades económicas de su empresa nacional» y añade que «no se podrá otorgar a empresas, organismos o personas extranjeras regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales, bien sea por leyes, resoluciones ejecutivas, acuerdos de la Asamblea Nacional o tratados internacionales». Acto seguido, el contrabandista de turno le añadió contradictoriamente que «la inversión extranjera estará sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional».

¿Está claro? Para proteger el gallinero, los zorros forasteros estarán sujetos a las mismas condiciones que los pollos vernáculos. La coletilla contrabandeada podría ser también denominada epitafio de la industria. Todos los países del mundo apoyan sus propias empresas favoreciéndolas contra las foráneas, excepto —desde ahora— Venezuela. Empresarios venezolanos: contad con el desamparo y la muerte, aun siendo productivos. Transnacionales extranjeras: contad con la protección de vuestras megapotencias de origen y la de Venezuela, aun siendo monopólicas. En pocos años desaparecerá este resto de empresa criolla que nos queda.

¿Viviremos entonces de cobrarles impuestos a las compañías foráneas establecidas en nuestro país? Ni lo piense. En los primeros días de enero el Ejecutivo puso en vigencia otro legado de Caldera, el infame tratado contra la doble tributación. En cumplimiento de él, las personas o empresas estadounidenses que operan y obtienen ganancias en nuestro país pagarán la mayor parte de los impuestos causados por tal motivo al Tesoro de Estados Unidos. Por la llamada cláusula de nación más favorecida, los demás estados podrán exigir trato similar para sus ciudadanos.

En resumidas cuentas: cualquier mercachifle forastero podría mediante un contrato arrebatarnos el derecho de dictar leyes hacendísticas o de juzgar las controversias sobre aplicación de ellas en nuestros tribunales. No podríamos proteger nuestras pequeñas industrias en un mundo globalizado en el cual las grandes potencias apoyan sus gigantescos monopolios transnacionales. Tampoco podríamos cobrarles la mayoría de sus impuestos a las empresas o personas extranjeras que operan en nuestro país.

Como lógica consecuencia, anuncia el SENIAT un apretón de tornillos fiscales contra los venezolanos que incluye: eliminación de exenciones, ampliación de base impositiva, nuevos endeudamientos. Pagaremos el paraíso fiscal para extranjeros con el infierno tributario para venezolanos.

En tales condiciones financiaremos los 5 millardos de dólares indispensables para reparar los daños económicos del cataclismo decembrino. Más o menos lo que cancelamos cada año en intereses de una deuda contraída con un entreguismo equiparable al de las normas citadas.

«Pobre flor, qué mal naciste», opinó El Nacional sobre la Carta Magna de 1961, porque entró en vigencia con una suspensión de garantías. Igual podría decirse de la suspensión de soberanía y de derechos de los nacionales con la que se estrena la Constitución de la República Bolivariana.

¿Qué pasa con un régimen que protege el capital extranjero y arruina a sus compatriotas? Consúltese con dirigentes de la Cuarta República, si se puede localizar alguno. Subsanemos tales mutilaciones. Venezuela merece ser Quinta República, y no protectorado de quinta categoría.