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Las barreras para la innovación y el desarrollo económico de Venezuela

Carlos Genatios y Marianela Lafuente

cgenatios@reacciun.ve mlafuen@reacciun.ve

Caracas, 2 de octubre de 2002

Los desarrollos teóricos iniciados por Joseph A. Schumpeter en 1939, introducen el concepto de innovación como factor primordial en los cambios de los ciclos económicos, en un proceso de destrucción creativa que caracteriza al modelo capitalista. En su concepto, la innovación se basa en el desarrollo científico y tecnológico, es impulsada por la oferta: desde el sector empresarial y cuenta con un agente activo en la figura central del «emprendedor».

Desde entonces, las teorías han cambiado, esforzándose por brindar explicaciones sobre el concepto de innovación, su papel y sus efectos en el desarrollo económico. El modelo schumpeteriano dio paso al estudio evolucionista de los paradigmas tecnológicos y a la idea (criticada, sin embargo) de la instalación, a finales del siglo XX, a nivel mundial, de la «Nueva Economía», el nuevo supuesto paradigma basado en las tecnologías de información, el uso intensivo del conocimiento y la globalización de los mercados.

Un paradigma no es sólo un nuevo conjunto de industrias y productos, sino que implica una nueva lógica en los procesos productivos, redefiniendo las condiciones de competitividad empresarial, e introduciendo nuevos modelos de organización y gestión que no se limitan al sector productivo, sino que se extienden hacia todos los sectores sociales. En la «Nueva Economía», la competitividad de un país depende, en gran medida, de su capacidad innovadora.

El concepto de Innovación se ha profundizado. No es ya considerado un hecho aislado, que surge solamente a partir de iniciativas de emprendedores visionarios que aprovechan exitosamente los desarrollos científicos y tecnológicos, sino un proceso complejo inscrito en la dinámica de lo que ha dado en llamarse el Sistema Nacional de Innovación (SNI), concepto donde se integran componentes de los niveles macro, meso y micro de la economía que hacen posible el surgimiento y aplicación de las innovaciones tecnológicas, y su impacto en el desarrollo económico y social del país. El éxito de iniciativas innovadoras depende, dentro de este enfoque sistémico, de entramadas condiciones del entorno económico y político, nacional e internacional, de las políticas, estrategias y condiciones legales, de las capacidades sociales, del funcionamiento socio institucional y de las relaciones entre redes de actores de distintos sectores de la sociedad.

En los países desarrollados, los SNI no han surgido de manera formal o institucional, sino que se han instalado progresivamente a partir de las prácticas económicas y sociales implementadas a lo largo de su historia, producto, según la concepción evolucionista de la innovación, de sucesivos paradigmas tecnológicos. La Innovación, en estos países, surge en correspondencia con el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción. Esto quiere decir que la conceptualización y fortalecimiento de los SNI del primer mundo se realiza, a nivel de políticas y programas de los gobiernos nacionales, como un hecho a posteriori, a fin de potenciar y mejorar la capacidad innovadora y los sistemas ya de hecho instalados y funcionando.

En muchos países del tercer mundo, a la zaga en el desarrollo, con escenarios de pobreza, desigualdad marcada en la distribución de la riqueza, pobres indicadores de educación y salud, debilidades institucionales, bajo desarrollo de las fuerzas productivas, alta dependencia económica y otros gravísimos problemas, los SNI se han instalado, por el contrario, primero, de manera formal, existiendo solamente, en el mejor de los casos, como una meta a alcanzar enunciada en los planes y políticas de los gobiernos nacionales. A pesar de que en muchos de estos países existen iniciativas puntuales exitosas, la intervención del Estado es fundamental para crear las condiciones necesarias que hagan posible la instalación de un ambiente propicio, procesos generalizados de Innovación y la inserción competitiva del país dentro de los escenarios internacionales.

No obstante la industrialización intensificada durante la época de «sustitución de importaciones», desplazada actualmente por las políticas mayormente generalizadas de «liberación de mercados», Venezuela y América Latina, en general, han estado prácticamente aisladas y excluidas del paso al nuevo paradigma económico. A pesar de que, en esta región, las debilidades institucionales y la inestabilidad económica y política hacen muy difícil el escenario de la Innovación, las experiencias de otros países, como los de China y el sudeste asiático, indican que es posible lograr, en un relativo corto plazo, un acelerado crecimiento económico si se implantan políticas y estrategias nacionales audaces. Sin embargo, no hay que perder de vista que el mismo escenario que permite este crecimiento (la globalización, la liberación de los mercados, el acceso a la información y a la tecnología desarrollada en otras regiones), hace que los países sean más vulnerables frente a inestabilidades y cambios en la economía internacional, los cuales se propagan rápidamente en el sistema global a pesar de la aparente eficacia de las estrategias y de los procesos locales de innovación a escala nacional o regional.

Al igual que en otros países de la región, estas iniciativas, que buscan la inserción en los nuevos paradigmas económicos, son muy recientes en Venezuela (finales de los noventa), y comienzan con un proceso puramente formal y enunciativo de sistemas nacionales que, en la práctica, no tienen un sustento real en el desarrollo de la fuerza y organización productiva, social e institucional necesarias para garantizar su funcionamiento. La situación de retraso y exclusión con respecto a los verdaderos procesos de innovación, que se realizan en otros países y cuyos resultados recibe el país pasivamente, exigen del Estado la necesidad de empezar por innovar en la formulación de políticas, estrategias y esquemas de gestión pública novedosos y creativos, que permitan, si no la consolidación inmediata de un verdadero Sistema Nacional de Innovación, (que dadas las circunstancias actuales es una meta de mediano o largo plazo), el aprovechamiento estratégico de las ventajas comparativas y fortalezas del país, para desarrollar sectores de oportunidad y fortalecer circuitos innovadores, ya existentes o potenciales, a nivel nacional, con el fin de competir en los mercados regionales y globales a corto plazo, y lograr un rápido impacto en la reactivación de la economía, el crecimiento productivo, la creación de empleos y la mejora de la calidad de vida de la población.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), el mismo año, la promulgación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), en 2001, entre otras iniciativas, exponen claramente, por primera vez en el país, la intención política del Estado venezolano de valorar y utilizar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como motores para el desarrollo económico y social. Las nuevas políticas ponen de relevancia la intención de ingresar en la llamada «Sociedad del Conocimiento» y de adaptarse a los nuevos paradigmas mundiales en la organización y la producción, con criterios de equidad social, en el marco de la Globalización. Esto pone sobre el tapete, por primera vez a nivel de políticas explícitas del Gobierno, la necesidad de fomentar una «cultura» de la Innovación, y de asegurar el ambiente propicio para desarrollarla, con el fin de aumentar la calidad y la competitividad de las empresas del sector productivo nacional y de mejorar el nivel de calidad de vida de la población. Esta voluntad política se enfrenta con el gran reto que impone la situación real del país, caracterizada por un gran retraso, a nivel social e institucional frente a las demandas de desarrollo e ingreso en la Sociedad del Conocimiento. Sin embargo, las ventajas comparativas del país, como país esencialmente petrolero y con abundancia de recursos naturales y energéticos, permiten ser optimistas en cuanto al rol del Estado y del establecimiento de políticas adecuadas, en función de revertir esta situación de debilidad socio-institucional en el corto plazo

Los obstáculos para instalar un escenario propicio para la Innovación, son, en Venezuela, producto de una situación compartida con numerosos países del tercer mundo. Se pueden citar: la inestabilidad política y económica, el bajo nivel educativo de la población en general (el nivel educativo promedio de la fuerza laboral venezolana es de quinto grado de primaria), la poca utilización o desempleo del talento humano altamente capacitado existente en el país, la debilidad institucional en el sector del Gobierno, la poca demanda de ciencia y tecnología nacional por parte del sector empresarial y también del sector gobierno, la insuficiente capacidad de desarrollo científico y tecnológico acompañada de subutilización de la oferta existente, el bajo desarrollo de redes de cooperación institucionales, productivas, sociales y , en general, el bajo desarrollo del capital social..

En particular, los empresarios venezolanos, especialmente en las PYMES, lucen poco dispuestos a activar procesos que requieren inversión en la formación de su personal, en la modernización de su capacidad tecnológica y en su organización, en el establecimiento de asociaciones y alianzas con otras empresas, en estudios para adaptarse a los nuevos mercados y acciones para ingresar en los nuevos modelos económicos, para abaratar costos, aumentar la calidad de los productos y lograr una producción competitiva. En general, para establecer procesos de innovación. Esta situación explica la poca demanda del sector en ciencia y tecnología, y en los servicios de asistencia existente, a pesar de que existe una cierta oferta nacional en aspectos de financiamiento y apoyo tecnológico. El sector industrial se ha declarado, en 2002, en estado de emergencia, especialmente, el sector de las PYMES. Numerosas empresas han cerrado, y las restantes, tienen más del 70% de su capacidad instalada ociosa. Elevar la competitividad de las PYMES, y su productividad, requerirá un enorme esfuerzo y la adecuada implementación de políticas públicas que generen un entorno propicio a la innovación

El problema principal no parece residir sólo en la falta de inversión pública para enfrentar estos obstáculos. Un ejemplo de ello ha sido la inversión en Ciencia y Tecnología, que, hasta 1998, osciló anualmente alrededor del 0.3% del PIB. Aunque esta inversión puede considerarse baja (la Unesco recomienda un 2% del PIB como mínimo de inversión anual y los países desarrollados invierten alrededor del 3%), lo cierto es que, durante largos años, tampoco se apreció un real impacto del gasto público efectuado (casi la totalidad de la inversión nacional, ya que el sector privado invierte poco o nada en esta área), ni un retorno apreciable en indicadores que demostraran su incidencia concreta en la solución de problemas específicos ni en el desarrollo económico y social del país.

Si la inversión es escasa, es necesario racionalizarla, optimizarla e implementar planes que conduzcan a resultados específicos y de corto plazo, incentivando la participación activa del sector productivo. En este sentido, desde la creación del MCT se fijaron áreas de desarrollo estratégico inmediato (sin abandonar la oferta y el fortalecimiento de otras áreas, incluyendo las que tradicionalmente han recibido apoyo, como las ciencias básicas), con el objetivo de lograr resultados de impacto a corto plazo. Principalmente, se concentraron esfuerzos en las áreas de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Energía y Agroalimentación. En estas áreas, se busca, y se inició con gran fortaleza, la formulación y ejecución de proyectos concretos, que atiendan problemas específicos de la realidad nacional, con un cambio en las estrategias y objetivos de la inversión, destinados a:

  1. Incentivar la demanda de ciencia y tecnología por parte de los sectores productivos, públicos, y de la sociedad en general, sin abandonar el fortalecimiento de la oferta.
  2. Fortalecer las capacidades de los sectores productivos, públicos y de la sociedad en general, para la producción, absorción y utilización del conocimiento, la ciencia y la tecnología.
  3. La estructuración de redes de cooperación productiva y social. Estas redes son el sustrato necesario para el desarrollo del SNCTI, las bases para el fortalecimiento del Capital Social y el paso a los cambios organizacionales, sociales y productivos, que caracterizan a la Sociedad del Conocimiento.

En el desarrollo e implementación de estas estrategias para la ejecución de proyectos concretos, se encuentra otro de los grandes obstáculos para la innovación: se trata de la inadecuación de nuestras instituciones públicas y su baja capacidad de ejecución para implementar estas nuevas políticas y para responder a las nuevas exigencias del entorno. Quizás el aprendizaje más importante, obtenido a partir de la experiencia del MCT durante el período 1999-2001, fue la necesidad imperiosa de lograr un cambio de paradigma en los modelos de gestión pública, fortaleciendo, internamente, la consolidación de instituciones flexibles, con capacidad de adaptarse dinámicamente a las demandas del entorno para la ejecución de sus políticas y de introducir los cambios necesarios en su organización para responder a esta demanda de manera eficaz y eficiente.

En la gestión pública de la ciencia y la tecnología, el MCT dio los primeros pasos en este cambio: el rol del Estado no es el de formular políticas, implantarlas de manera vertical, consolidar la oferta y otorgar fondos públicos, sino el de promover la participación de todos los actores para la construcción conjunta de las políticas y la planificación, coordinar su actuación en la ejecución, fortalecer la oferta, incentivar la demanda y promover la participación del sector privado en el financiamiento y desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología. Es un rol mucho más activo, que exige fortalezas institucionales, en el seno de los organismos públicos, para la promoción, la negociación, la articulación de redes, el monitoreo del entorno y la evaluación y seguimiento de la gestión. Este cambio de paradigma, acompaña la instalación de un nuevo modelo de producción y apropiación social del conocimiento, basado en la vinculación de la oferta y la demanda, en formas de organización más horizontales, estructuradas en redes de cooperación, con la utilización intensiva del capital social, la valoración del talento humano, el uso de nuevas tecnologías y de la innovación en todas sus formas

Los resultados alcanzados, en el corto plazo de dos años, muestran que se pueden conseguir éxitos tempranos, en circuitos de innovación específicos, y, al mismo tiempo, a más largo plazo, ir consolidando las capacidades de un real SNCTI. Un ejemplo de ello, en el área de las TIC, son los logros alcanzados durante el período 1999-2001 en la masificación del uso de INTERNET, en el avance del gobierno electrónico, en la formación de capacidades humanas, en el desarrollo de la industria del software, en el desarrollo de contenidos nacionales, entre otros, los cuales hicieron que Venezuela pasara, en el Índice Mundial de la Sociedad de la Información, de ocupar la posición número 44 en agosto de 2000 a la posición número 37 en julio de 2001.

En este punto, se hace evidente la amenaza de otros de los obstáculos típicos para el desarrollo de nuestros países. En efecto, la continuidad y estabilidad de políticas y planes, son un factor indispensable para el logro de los objetivos, y para garantizar la sustentabilidad del desarrollo.

La promulgación de la LOCTI fue un paso decisivo en la dirección de garantizar un marco estable y sustento al funcionamiento del SNCTI. Sin embargo, es necesario continuar con la introducción de los incentivos necesarios (fiscales y otros) para lograr una mayor participación del sector productivo. Estos incentivos, que estaban incluidos en el primer proyecto de Ley, fueron postergados, durante las discusiones del Gabinete, para su consideración en el marco de otras leyes. Experiencias en otros países han demostrado que los incentivos para la inversión empresarial en I+D y en procesos de innovación (más que las medidas impositivas), aunque no son condiciones suficientes, contribuyen de manera importante con la activación de estos procesos. Máxime cuando las Instituciones del Estado no cuentan con las capacidades necesarias para ejercer las acciones de fiscalización y seguimiento derivadas de las imposiciones establecidas en las leyes.

En el área de Ciencia, Tecnología e Innovación, la existencia de políticas y de un marco legal e institucional específicos, son, sí, factores importantes para la consolidación del SNCTI. Pero esto no basta. Para que estas iniciativas se concreten en prácticas y logros concretos, y no se queden en simples enunciados formales, sin viabilidad práctica, es indispensable la coherencia sostenida y el trabajo conjunto de todas las instancias de gobierno en la formulación y ejecución de políticas nacionales, regionales y sectoriales, incentivando la participación de todos los actores sociales, a lo largo y ancho del territorio nacional, la interacción y confrontación de diferentes saberes e intereses en la búsqueda del consenso y de la construcción de una visión común, la transparencia en la toma de decisiones y en la acción, así como la confianza en las acciones y la credibilidad de las Instituciones, con base en su fortalecimiento y transformación.



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