Caracas, Domingo, 20 de abril de 2014

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Ley Habilitante (primera versión)

Lunes, 11 de octubre de 1999

Escudo

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

Decreta:

la siguiente,

LEY ORGÁNICA QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA DICTAR MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA REQUERIDAS POR EL INTERÉS PÚBLICO

Artículo 1º.- Se autoriza al Presidente de la República para que, en Consejo de Ministros, de conformidad con el ordinal 8º del artículo 190 de la Constitución de la República, decrete, dentro del lapso de seis (6) meses, contados a partir de la publicación de esta Ley, las siguientes medidas:

1.- En el Ámbito de la Organización de la Administración Pública Nacional:

a) Reformar la Ley Orgánica de la Administración Central, adoptando las siguientes medidas:

a.1.- Fusionar el Ministerio de Justicia con el de Relaciones Interiores; el de la Familia con el del Trabajo, y el de Transporte y Comunicaciones con el del Desarrollo Urbano y modificar la estructura interna de todos los Ministerios para reducir su dimensión.

a.2.- Suprimir el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, sustituyéndolo por la Secretaría de la Presidencia de la República, que será ejercida por el Secretario de la Presidencia de la República, de acuerdo con lo previsto en el último aparte del artículo 184 de la Constitución de la República, todo ello para reducir su dimensión estructural y aumentar su eficiencia y eficacia.

a.3.- Redefinir el rol de las Oficinas Centrales de la Presidencia de la República para garantizar su operatividad, reducir su dimensión estructural y aumentar su eficacia.

a.4.- Establecer disposiciones que fortalezcan la capacidad operativa de los Gabinetes Sectoriales y hagan más eficiente el funcionamiento del Consejo de Ministros.

a.5.- Modernizar los archivos de la Administración Central, respetando los principios relativos a la publicidad y el libre acceso al expediente administrativo, establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

b) Reordenar el control de gestión, transfiriendo la tutela de los entes descentralizados que estén adscritos al actual Ministerio de la Secretaría de la Presidencia a otros Despachos, además de realizar las modificaciones de adscripción que resulten necesarias de la reorganización o fusión de los Ministerios referidos en el literal a.1 de este artículo o de los otros despachos ministeriales.

c) Dictar normas que regulen todo lo relativo a los Servicios Autónomos sin Personalidad Jurídica, excluyendo de esas normas al Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES).

d) Modificar la Ley de Carrera Administrativa y la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, de la siguiente manera:

d.1.- Reformar la Ley de Carrera Administrativa para establecer el Sistema de Calificación de Servicios que permita evaluar el cumplimiento individual de objetivos del empleado público, a los fines de darle plena vigencia e implementar la obligatoriedad del sistema de concurso público para el ingreso a la Administración Pública.

d.2.- Armonizar el Sistema de Remuneraciones con el Sistema de Calificación de Servicios propuestos y permitir que las remuneraciones de los funcionarios públicos compitan con los sectores de la actividad privada que se le comparen.

d.3.- Reformar los artículos 6º y 13 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, a los fines de establecer como requisitos concurrentes de edad y años de servicio de las jubilaciones especiales, los mismos requisitos de edad y años de servicio de las jubilaciones reglamentarias; precisar un criterio fijo para calcular el reajuste en los montos de las jubilaciones y pensiones y evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de este beneficio. Dichas normas serán aplicadas a los organismos indicados en el artículo 2º de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, que precisa su ámbito de aplicación.

e) Dictar normas para la simplificación de las tramitaciones administrativas, sin que ello implique modificar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

f) Queda establecido que en todos los procesos de reestructuración de la Administración Pública no podrán transferirse al ámbito militar funciones, personal y recursos que estén destinados legalmente al ámbito civil.

2.- En el Ámbito Financiero:

a) Reformar y establecer normas sobre el control de los aportes públicos a las instituciones privadas de cualquier naturaleza, con el objeto de lograr economías en los gastos, garantizar el destino de los recursos a los fines propuestos y la evaluación de la gestión y de los resultados.

b) Modificar la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario, en el artículo 22, que establece la fecha en la cual el Ejecutivo Nacional debe presentar ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Presupuesto, con la limitación de que debe ser presentado antes del 2 de octubre y en el último año del período constitucional antes del 15 de mayo.

Modificar el artículo 44 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario sólo a los efectos de incorporar como organismos ordenadores de pago a las oficinas centrales de la Presidencia de la República.

c) Reformar la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera con la finalidad de proporcionar mayor seguridad jurídica, incrementar la capacidad de actuación de los órganos competentes en la materia, incorporar la experiencia adquirida en la aplicación de la ley vigente y permitir atender y concluir los procesos pendientes, así como establecer normas para atender la deuda del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) con el Banco Central de Venezuela, sin que en ningún caso se generen directa o indirectamente obligaciones al Fisco Nacional. La reforma de la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera debe establecer expresamente que su vigencia es temporal, hasta tanto se modifique la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

d) Reformar la Ley Orgánica de Aduanas, en su artículo 156, que ordena dictar un reglamento único de la referida Ley, visto lo rígido que resulta el abordar materias de gran complejidad y diversa naturaleza en un documento único.

3.- En el Ámbito Tributario:

Se autoriza al Presidente de la República para dictar las siguientes medidas:

a) Establecer un impuesto a los débitos bancarios de cuentas mantenidas en instituciones financieras cuya vigencia será de hasta un año, contado a partir de la promulgación del correspondiente Decreto Ley; con una alícuota de hasta el 0,5% por retiros de fondos efectuados en cuentas corrientes, de ahorro, fondos de activos líquidos o en cualquier otra clase de depósitos a la vista, fondos fiduciarios y en otros fondos del mercado financiero, y cualquier otra operación que implique retiros, realizados en los bancos o instituciones financieras regidas por leyes especiales.

Estarán gravados los débitos de retiros en cuentas de cualquier tipo, realizados por los entes regidos por leyes especiales y destinados a cancelar gastos de transformación, incluido el pago de intereses por tasas pasivas y los gastos de inversión que no estén directamente vinculados con la actividad de intermediación financiera, tales como la adquisición de inmuebles, mobiliario, equipos y servicios de los cuales sean beneficiarios.

Estarán exentos del pago de este impuesto:

1. La República, los Estados, los Municipios, el Banco Central de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela, el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, los Institutos Autónomos, los Institutos Educacionales Públicos y Privados, las Universidades Públicas y Privadas y las Fundaciones de Derecho Público.

2. Las cuentas de nómina cuyos titulares reciban un ingreso bruto mensual menor o igual a 52 Unidades Tributarias.

3. Las bolsas de valores, los corredores de bolsa y las casas de bolsa sólo por sus operaciones de intermediación bursátil de títulos efectuados a través de las bolsas de valores.

4. Los débitos en cuenta corriente de misiones diplomáticas o consulares y de representaciones de organismos internacionales y de sus funcionarios extranjeros acreditados en Venezuela. Esta exención no se aplica a los Cónsules Honorarios.

5. Las Cajas de Ahorros.

6. Las demás que determine el Presidente de la República en el respectivo Decreto Ley.

b) Establecer un Impuesto al Valor Agregado y derogar el Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor mediante el sistema de débitos y créditos, con las características esenciales de impuesto plurifásico no acumulativo de base amplia, que abarque todo el circuito económico desde la importación hasta el consumo final, que anualmente se fije en la Ley de Presupuesto del año respectivo la alícuota impositiva entre un límite mínimo de 8% y uno máximo de 16,5%. El Decreto Ley fijará la alícuota impositiva hasta el 31 de diciembre de 1999, establecerá la coexistencia entre los impuestos específicos a la producción y venta de especies, cuyas leyes de creación continúen vigentes con el Impuesto al Valor Agregado a ser establecido en esta Ley, para lo cual deben seguirse las orientaciones de la Ley de Impuesto al Valor Agregado de 1993 y de la Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor.

Se mantendrán en el Decreto Ley que crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las no sujeciones y exenciones que contempla la vigente Ley de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor.

En este Decreto Ley deberá establecerse que se destine al Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), una cantidad equivalente al veinte por ciento (20%) del ingreso estimado por concepto del nuevo impuesto que sustituya al Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor. En este sentido, se habilita al Presidente de la República para modificar el numeral 1 del artículo 2º de la Ley que crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), Título II — De la Asignación de los Recursos al Fondo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 2º.- El Fondo Intergubernamental para la Descentralización tendrá las siguientes fuentes de ingresos:

1.- Los recursos que se establecerán en una partida de la Ley de Presupuesto anual bajo la denominación ‘Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES)’, cuyo monto aprobado por el Congreso de la República será una cantidad equivalente al veinte por ciento (20%) del ingreso estimado por el Ejecutivo Nacional, por concepto del nuevo impuesto que sustituya al Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor.

En relación a la forma de facturación, el Decreto Ley establecerá como obligación que el impuesto causado por operaciones realizadas entre contribuyentes ordinarios entre sí y entre éstos y los consumidores finales, se discrimine el impuesto del precio convenido para las ventas de bienes y prestaciones de servicios, así como la emisión y entrega de la factura a los consumidores finales. Igualmente, la administración tributaria podrá autorizar para que en el precio de venta al público de determinados bienes se establezca la mención "Impuesto o IVA incluido".

Para las ventas de bienes y servicios que originen el pago de impuestos se deberá establecer una alícuota única, salvo lo relativo a las ventas por exportaciones de bienes y servicios, las cuales estarán sometidas a una alícuota cero (0), que involucre la devolución del impuesto a los exportadores. En consecuencia, no se impondrá impuesto o sobretasa adicional a los productos suntuarios.

En el Decreto Ley correspondiente se establecerá un beneficio que operará de pleno derecho, para el caso de las importaciones y adquisiciones de bienes de capital en el país y contratos de construcción, así como los servicios relacionados con la instalación y puesta en funcionamiento de tales bienes de capital y construcciones, efectuados por contribuyentes que se encuentren en la etapa preoperativa de proyectos industriales, que consistirá en la suspensión, hasta el período tributario en el que la empresa comience a generar débitos fiscales, de la utilización de los débitos y créditos fiscales generados por dichas importaciones o adquisiciones. Los débitos y créditos fiscales que se produzcan serán ajustados a partir del período tributario en que se originen, hasta aquel en que culmine la etapa preoperativa. Los contribuyentes podrán obtener la recuperación de tales créditos fiscales conforme al procedimiento previsto para las exportaciones o emplear los mismos para la compensación con cualesquiera otros impuestos nacionales o la cesión a terceros para los mismos fines.

c) Reformar la Ley de Impuesto sobre la Renta, a los fines de la ampliación del régimen de territorialidad previsto hasta la presente fecha para establecer un sistema basado en la noción de renta mundial, evitando la doble o múltiple imposición y, en consecuencia, favorecer el flujo internacional de capitales, mediante la incorporación de mecanismos que pudieran configurarse para tales fines con los denominados sistemas de imputación o créditos tributarios, los cuales deberán ajustarse a los principios generales y universalmente aceptados en la tributación internacional y reflejados en los convenios suscritos por Venezuela, para evitar la doble imposición.

En el Decreto Ley correspondiente se modificará el sistema de ajuste por inflación aplicable a las personas jurídicas, el cual debe ser integral y en estricta simetría entre los derechos del Fisco Nacional y el de los sujetos pasivos, en virtud de lo cual deberá reconocer la posibilidad del traspaso al período tributario subsiguiente de las pérdidas resultantes. Igualmente, se establecerá la posibilidad de que los contribuyentes que, estando obligados a efectuar el ajuste inicial por inflación en 1993 no lo hubiesen realizado en su oportunidad, puedan hacerlo cumpliendo los mismos deberes formales establecidos en la Ley de 1991. Se mantendrá el sistema vigente para las personas naturales en la Ley de Impuesto sobre la Renta.

En el Decreto Ley que dicte la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta se mantendrán las exenciones previstas en la Ley vigente, así como la exclusión del ingreso bruto global de los dividendos.

En materia de deducciones deberá procederse a la armonización con el ordenamiento jurídico laboral de reciente creación, relativo a los gastos representados por las erogaciones derivadas de su cumplimiento. Deberá establecerse un incentivo a las Personas Jurídicas que creen nuevos puestos de trabajo y desarrollen programas de capacitación y entrenamiento de personal técnico, obrero y gerencial, así como se establecerá una rebaja del diez por ciento (10%) por nuevas inversiones a los titulares de enriquecimientos derivados de actividades industriales, tales como: turismo, construcción, electricidad y telecomunicaciones y, en general, todas aquellas actividades que bajo la mención de industriales representen inversión para satisfacer los requerimientos de avanzada tecnología o de punta. Los referidos beneficios o incentivos fiscales serán otorgados de manera general a todas aquellas personas jurídicas constituidas a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley o que vengan realizando actividades económicas y gozando de las rebajas por nuevas inversiones.

En el caso de los desgravámenes a las personas naturales, la autorización o habilitación está circunscrita a la reducción por concepto de pago por alquiler de vivienda y a la reducción del máximo de desgravamen único alternativo.

En el Decreto Ley deberá establecerse la exclusión del régimen previsto en el artículo 9º de la vigente Ley de Impuesto sobre la Renta de las empresas que realicen actividades de exploración y explotación del gas libre, de procesamiento o refinación, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización y exportación del gas y sus componentes, las cuales tributarán bajo el régimen ordinario establecido en la ley para las compañías anónimas y los contribuyentes asimilados a ésta.

d) Reformar la Ley de Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos, a fin de armonizarla con las disposiciones del Código Orgánico Tributario, en lo relativo a la conversión a unidades tributarias en los montos establecidos en el referido Código Orgánico.

e) Modificar la Ley de Timbre Fiscal, a los efectos de armonizarla con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 229 del Código Orgánico Tributario, en lo atinente a la conversión en unidades tributarias o fracciones de las mismas, en los montos en ella establecidos. En ningún caso podrá efectuarse modificación o creación de otros tipos impositivos o tributos.

f) Modificar parcialmente las leyes de Turismo, Registro Público y Arancel Judicial a los fines de conciliarlas con las disposiciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta y en lo relativo a la conversión de unidades tributarias en los montos establecidos en el Código Orgánico Tributario.

4.- En el Ámbito Económico Sectorial:

a) Extender hasta por seis (6) meses la vacatio legis correspondiente a la vigencia de la Ley del Subsistema de Salud, hasta el 1º de julio del año 2000.

b) Dictar normas para crear un Fondo Único Social, que permita una mejor regulación y financiamiento de los programas sociales para la alimentación y nutrición; el impulso de la economía popular competitiva, con énfasis especial en la promoción y desarrollo de las microempresas y las cooperativas como forma de participación popular en la actividad económica y en la capacitación para el trabajo de jóvenes y adultos.

Los programas sociales financiados a través del Fondo Único, se instrumentarán con la participación activa de las gobernaciones, alcaldías, iglesias y organizaciones no gubernamentales a los efectos de su ejecución, con el objeto de garantizar la descentralización de los recursos.

Para maximizar la cobertura y eficiencia de las asignaciones con destino social, el Fondo Único Social será estructurado como un ente central rector de políticas y diseñador de programas, cuyos recursos irán directamente a los sectores pobres a través de la sociedad civil, las gobernaciones, las alcaldías y las iglesias. No más del diez por ciento (10%) de tales recursos podrá emplearse en gastos de personal y publicidad.

c) Dictar normas para crear el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria, con el propósito de mejorar la capacidad de negociación de las Sociedades de Garantías Recíprocas, fomentar el desarrollo de dichas Sociedades Regionales, regular la constitución de Sociedades Reafianzadoras y establecer el marco regulatorio y de supervisión de las mencionadas sociedades.

d) Dictar normas que regulen los entes financieros del Sector Público relacionados con el desarrollo industrial y la promoción de exportaciones, con excepción del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) y el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), con el propósito de reestructurar los esquemas de refinanciamiento para el desarrollo industrial y promoción de exportaciones, con vista a su unificación y con el objeto de lograr una mejor ejecución en la asistencia crediticia.

e) Dictar normas para establecer medidas de salvaguardia comerciales, con el propósito de fijar los requisitos y procedimientos, así como para definir los mecanismos de designación de las autoridades nacionales competentes para la administración de estas medidas, a fin de cumplir con lo establecido en los diferentes acuerdos comerciales internacionales, suscritos en materia de protección de los productores nacionales de manera temporal, en cuanto al daño actual o eventual que puedan sufrir por el incremento significativo de las importaciones.

f) Dictar normas para promover la protección y promoción de inversiones nacionales y extranjeras con el propósito de establecer un marco legal para las inversiones y darle mayor seguridad jurídica a las mismas.

g) Reformar el Decreto Ley sobre Concesiones de Obras Públicas y Servicios Públicos Nacionales, para estimular las inversiones privadas en aquellas obras de infraestructura nuevas o por concluirse y obras ya concluidas que no hayan sido dadas en concesión y servicios donde el país requiera de grandes inversiones, así como la posibilidad de establecer asociaciones estratégicas entre los sectores público y privado a estos mismos fines, tomando en cuenta la legislación en materia de descentralización y transferencia de competencias.

h) Dictar las medidas necesarias para el mejor aprovechamiento del gas y su industrialización en el país y la ordenación y modernización de la legislación sobre la materia, con base en las siguientes reglas:

h.1.- Aprovechamiento intensivo y eficiente del gas, tanto para ser utilizado como combustible, mediante la gasificación de las ciudades o en actividades industriales, así como materia prima para su industrialización y eventual exportación.

h.2.- Mantenimiento del principio de propiedad de la Nación sobre los yacimientos del gas.

h.3.- Realización de las actividades extractivas directamente por el Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, o por empresas mixtas en las cuales posea más del cincuenta por ciento (50%) del capital, o en las que por estatutos ejerza poder determinante en las decisiones.

h.4.- Que los bienes y equipos fabricados en el país concurran en condiciones de igualdad para ser utilizados en los proyectos.

h.5.- Que las empresas mixtas que se formen para las actividades extractivas requieran la aprobación del Congreso de la República.

h.6.- Que se consagre una participación de la Nación o regalía por la explotación del recurso y se faculta al Ejecutivo Nacional para disminuirla o restituirla cuando técnica o económicamente se requiera.

h.7.- Que se establezcan expresas condiciones que propicien la industrialización del gas en el país con participación del capital privado nacional o extranjero.

h.8.- Que se establezcan las debidas regulaciones entre las actividades de transmisión y distribución del gas, así como las que se relacionan con los particulares, la Nación, los estados y las municipalidades, cuando deban intervenir en estas actividades.

h.9.- Que mantenga las funciones del Ejecutivo Nacional en la fijación de las políticas que regirán el sector y en la promoción, planificación, inspección y vigilancia de estas actividades.

h.10.- Que establezca un régimen de sanciones y que propenda a un control de gestión.

h.11.- Que prevea la prestación eficiente del servicio público de suministro del gas, a fin de garantizar su continuidad y precios adecuados para los usuarios.

i) Dictar las medidas para impulsar y regular el sector eléctrico nacional, dentro de los siguientes parámetros:

i.1.- Tener como objetivo principal la garantía del suministro eléctrico continuo, seguro y suficiente, al menor costo posible, con la mayor calidad y que permita la óptima utilización de los recursos disponibles.

i.2.- Con la participación del Estado y del sector privado, desarrollar una verdadera y real competencia en las actividades de generación y comercialización que tenga libre acceso a las redes de transmisión y distribución.

El marco legal a dictarse deberá tener presente, tanto el establecimiento de mecanismos regulatorios eficientes por parte del Estado, así como también la rentabilidad de la necesaria inversión en el sector.

i.3.- Reservar para el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas, la facultad indelegable de fijar las tarifas eléctricas en todas sus fases (generación, transmisión, distribución y comercialización), para cuya determinación deberá tomarse en cuenta, al estimar los costos de las mismas, la necesidad de que se ajusten a niveles de eficiencia que garanticen los derechos de los consumidores.

i.4.- Establecer la separación jurídica, contable y de gestión de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de las empresas del sector eléctrico nacional, para lo cual se establecerán plazos acordes a las circunstancias.

i.5.- Establecer normas orientadas a impulsar la extensión del servicio hacia zonas aisladas o deprimidas y al aprovechamiento de fuentes alternas de energía.

i.6.- Respetar la competencia municipal sobre la materia eléctrica, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

j) Dictar las medidas necesarias para ordenar el régimen jurídico de las minas, de manera que mediante reglas claras y modernas se garantice la preservación del ambiente y se pueda atender el desarrollo minero integral, armonizando las actividades mineras con el resto de nuestra economía.

j.1.- Mantenimiento de la propiedad de la Nación, sobre los yacimientos mineros y la declaratoria de utilidad pública de las actividades que sobre ellos se realicen.

j.2.- Propiciar la exploración del territorio nacional, a fin de perfeccionar nuestro inventario minero.

j.3.- Eliminar el régimen del denuncio y consagrar el régimen de concesiones únicas facultativas de exploración y explotación.

j.4.- Armonizar el régimen de la minería en Venezuela, a fin de atender a la pequeña, mediana y gran minería.

j.5.- Adecuar las actividades mineras a los planes de ordenación territorial y de defensa del medio ambiente.

j.6.- Fomentar el desarrollo de sectores mineros no tradicionales.

j.7.- Establecer un régimen fiscal fundamentalmente instrumental, que propicie la inversión privada nacional o extranjera.

j.8.- Contemplar la creación de entes para la atención de problemas específicos del sector y la coordinación con los organismos competentes de la protección del ambiente.

j.9.- Regularizar las actividades mineras en el país y establecer la debida coordinación con los estados en las actividades mineras que a éstos corresponda.

k) Dictar normas que garanticen el crédito oportuno y suficiente para el sector agropecuario por parte del Sistema Bancario Nacional, a fin de lograr la seguridad alimentaria de la población, que reconozcan la importancia estratégica de la agricultura nacional, afianzando al hombre como destinatario del desarrollo y fortaleciendo el sector agroalimentario. A esos efectos, se debe mantener el Programa Alimentario (PROAL), en coejecución con gobernaciones y alcaldías, como un mecanismo que permita la colocación de la producción y garantice al consumidor el acceso a los productos agrícolas.

l) Dictar medidas con el objeto de reformar las leyes relacionadas con la tenencia y propiedad de las tierras del Estado, a fin de optimar su utilización en los planes de desarrollo agrario, dentro del espíritu de la reforma agraria, industrial y habitacional; el reconocimiento y protección de la propiedad colectiva de la tierra a favor de las etnias indígenas.

l.1.- El Ejecutivo Nacional a los fines de hacer efectivo el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras que ocupan las comunidades indígenas deberá proceder a la respectiva delimitación y dotación de las mismas, en el marco del respeto a sus patrones de asentamiento, organización sociocultural y derechos históricos.

l.2.- Se transferirán a los municipios las tierras que se encuentren afectadas por los programas de planificación de desarrollo urbano presentados por las municipalidades.

Artículo 2º.- En el ejercicio de las autorizaciones conferidas en el artículo 1º de esta Ley, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá dictar, mediante Decreto con rango y fuerza de Ley, las disposiciones legales que fueren necesarias, dentro de los límites autorizados por esta Ley.

Parágrafo Primero: En caso de que los Decretos dictados conforme a esta Ley constituyan la reforma de una Ley, deberá publicarse el texto íntegro de ésta con las modificaciones incorporadas.

Parágrafo Segundo: En los Decretos contemplados en esta Ley no deberán establecerse sanciones o disposiciones contrarias a la normativa del Código Orgánico Tributario.

Artículo 3º.- El Ejecutivo Nacional dará cuenta suficientemente detallada al Congreso de la República, por lo menos diez (10) días antes de su promulgación, sobre la adopción de las medidas extraordinarias dictadas en virtud de la habilitación contenida en esta Ley.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas a los veintisiete días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Años 188º de la Independencia y 140º de la Federación.

El Presidente,

Luis Alfonso Dávila García

El Vicepresidente,

Henrique Capriles Radonski

Los Secretarios,

Elvis Amoroso

José Gregorio Correa

GV/JAPB

 


Segunda versión de la Ley Habilitante

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