Caracas, Miércoles, 23 de mayo de 2012

Cecilia Sosa Gómez

La Corte Suprema de Justicia se ha autodisuelto. Me dirijo al mundo democrático, y en particular a los demócratas de mi país en vista de que la Corte Suprema de Justicia, por una mayoría de 8 votos a 6, violó el estado de derecho y avaló la injerencia de la Asamblea Nacional Constituyente en la independencia del Poder Judicial, situación que significa el rechazo de esta mayoría a los principios por los que he venido luchando desde la Presidencia de esta Corte.

Desde la Revolución Francesa, el mundo occidental al cual pertenecemos y en el que estamos insertos, ha desarrollado dos principios que son los pilares de la democracia: la división del Gobierno en tres ramas para impedir el ejercicio abusivo del poder, y la distinción entre el órgano que gobierna, el que garantiza el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano y el que diseña el sistema de un país y atribuye las competencias a las ramas del Poder.

Esto es lo que ha permitido distinguir entre una Asamblea Nacional Constituyente que ejerce el poder originario por mandato del Soberano y el Poder Constituido, de manera que no se confundan.

El Presidente de la República en la consulta que realizó al pueblo soberano fue claro y preciso al hacer esta distinción. Por ello se le preguntó al pueblo si estaba de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permitiera el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa.

Cuando voté por las bases de la Asamblea Nacional Constituyente, y lo hicimos todos los venezolanos que concurrimos a las urnas, le dimos un mandato claro, preciso y determinado a la Asamblea Nacional Constituyente: la autorizamos en forma expresa para que dictara su Reglamento, para que diseñara un nuevo sistema que acabara con los vicios y las rémoras de una democracia que había involucionado y que había permitido el encapsulamiento de unos pocos dirigentes políticos para dirigir los destinos del país, usando la corrupción como mecanismo para atraer adeptos. Esto solo puede lograrlo una nueva constitución.

La Asamblea Nacional Constituyente no fue habilitada para dictar actos de gobierno; es un simple mandato del pueblo. Tiene una misión que cumplir y un plazo para ejecutarla. El hecho que sea originaria, cosa que jamás he discutido y siempre he afirmado, no la faculta para actuar como poder constituido, rompiendo el sacrosanto principio de la distinción entre poder constituido y poder originario, y entre poder absoluto y poder democrático. Ahora ¿quién va a legitimar los actos de gobierno de la Asamblea Nacional Constituyente cuando lo que vamos a votar es una constitución? Con la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente y la sumisión de la Corte a sus designios, desaparece el último control de constitucionalidad y legalidad que había en Venezuela. Solo queda la Asamblea Nacional Constituyente.

Tengo también que denunciar la traición del Congreso de la República y de los partidos políticos a la democracia, ya que no solo destruyeron lo poco que quedaba de un régimen moribundo, como acertadamente ha señalado el Presidente de la República, sino que violaron el estado de derecho al abandonar, de motu proprio, sus responsabilidades constitucionales, y hacer desaparecer una de las ramas fundamentales del Gobierno: el Congreso. Por estas razones quizás entiendo la posición de la Corte Suprema de Justicia, pero no la justifico.

Tengo que desdecirme públicamente de lo que sostuve hasta ayer, en cuanto a permanecer en mi cargo hasta entregar la Corte Suprema a quienes estableciera la nueva Constitución. Con profundo dolor tengo que pedirles a los venezolanos, y al mundo, que me perdonen, pero, formada en democracia, no puedo participar en lo que considero atentatorio a ella.

Estimo que al acatar el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente que acuerda la emergencia judicial, la Corte Suprema se autodisuelve. Yo no puedo formar parte de una ficción de Corte Suprema.

Sencillamente, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela se suicidó para evitar ser asesinada. El resultado es el mismo: está muerta.