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Una posición institucional. Desde España Defender la constitución es defender la democracia Universitarios españoles El País, lunes 23 de diciembre de 2002 La democracia debería ser un valor universal, y su respeto necesita de la movilización activa de la ciudadanía. En este sentido, los abajo firmantes, concienciados de que los últimos acontecimientos en Venezuela y el tratamiento que ha tenido en los medios de comunicación en muchas ocasiones no ha sido el más adecuado, desean hacer pública su postura al respecto. El gobierno venezolano que encabeza el presidente Hugo Chávez ha conseguido el poder en el país por medio de procedimientos democráticos y, por lo tanto, es el gobierno legítimo en Venezuela. Ganó limpiamente —con aval internacional— las elecciones de 6 de diciembre de 1998. Su programa de cambio político y social estuvo fundamentado en un proceso constituyente, la vía más democrática para llevar a cabo cualquier reforma profunda en el sistema político-social de un país. Democráticamente fue elegida una Asamblea Nacional Constituyente, que sesionó durante 1999, y el pueblo venezolano votó mayoritariamente a favor de la Constitución en diciembre de ese año. Una Constitución que no sólo cumple con todos los requisitos democráticos de cualquier nación avanzada, sino que además incorpora novedades relevantes a favor del establecimiento de una sociedad más digna y justa en un país arrasado por la desigualdad económica y social, pese a su enorme riqueza. Como resultado de la Constitución de 1999, en 2000 se relegitimaron todos los poderes públicos. El presidente Chávez volvió a presentarse a las elecciones y de nuevo salió victorioso, con un porcentaje mayor de votos que en 1999; sus apoyos políticos vencieron asimismo en la Asamblea Nacional y en la mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país. La observación internacional realizada por instituciones como el Centro Carter o la OEA avaló la transparencia de las elecciones. No obstante, fruto de desacuerdos con la política del gobierno de Chávez, varios grupos de intereses y organizaciones políticas y sectoriales, apoyados por la mayoría de los medios de comunicación, solicitan de manera insistente y fuera de los límites de la democracia el adelanto de las elecciones. Adelanto que, por su parte, no es ni legítimo ni conveniente. El gobierno actual es un gobierno elegido democráticamente por las urnas, que ejerce el poder sin excesos antidemocráticos, y la Constitución, norma que enmarca y condiciona las relaciones políticas de un país, debe ser respetada en todo caso. La Constitución de 1999 señala unos plazos que deben cumplirse; entre ellos, el mandato del Presidente y de los diputados del Parlamento. La Constitución introdujo como novedad el mandato revocatorio; esto es, cualquier cargo electo puede ser revocado a la mitad del periodo del mandato si así lo aprueba una mayoría de la población. Si la oposición está convencida de que Chávez no cuenta con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, su obligación es actuar democráticamente. Para ello debe esperar hasta agosto del próximo año, cuando se cumpla la mitad del mandato presidencial, y solicitar al pueblo que se pronuncie sobre si quiere o no mantener en el poder al Presidente. Pero, constitucionalmente, el Presidente no puede disolver el parlamento (como en todos los sistemas presidencialistas) y hacerlo, como solicita un sector de la oposición, sería atentar directamente contra la Constitución. Por otra parte, la dimisión del Presidente, que es propiamente es un acto de voluntad personal, en estos momentos constituiría una falta de compromiso con el electorado que mayoritariamente le concedió su voto. La oposición venezolana debe realizar oposición democrática, esto es, debe enfrentar las políticas del Gobierno que considere desacertadas respetando los medios democráticos. Pero no puede estar movilizando constantemente a la población solicitando un adelanto electoral que no es ni legítimo ni conveniente y, lo más grave, no es constitucional. Con estas actitudes, la oposición obstruye la capacidad de gobierno que pueden tener los decisores públicos que ejercen legítimamente el poder en Venezuela, y alteran el clima social de forma alarmante e inconveniente. Fruto de estas tensiones sociales son los intentos de golpe de Estado y de magnicidio del que el país ha sido protagonista en los últimos meses. Los medios de comunicación, por otra parte, deberían ser más responsables en su función informadora, tan necesaria para el correcto funcionamiento de un sistema democrático. Hasta el momento, se han comportado de manera dudosamente acorde con los preceptos constitucionales y con las necesidades informativas de una sociedad democrática. Apoyaron el golpe de Estado y todas las movilizaciones opositoras solicitando el adelanto de elecciones, y menosprecian la labor que se intenta realizar desde las instituciones públicas. Los medios de comunicación —no sólo venezolanos; también muchos españoles- deberían reflexionar sobre esta actitud y acomodar su comportamiento al respeto de la democracia en Venezuela. Reflexión que debe ampliarse a varias instituciones necesarias para la convivencia democrática, como el Tribunal Supremo de Justicia, que decidió a no procesar a los golpistas del 11 de abril en contra de todo criterio de Derecho y de justicia. Este manifiesto desea mostrar el apoyo de los firmantes a la democracia en Venezuela, el respeto de su legalidad, la vigencia de su Constitución. Luchar por la democracia en Venezuela es luchar por la democracia en el mundo, lo que conlleva un paso adelante hacia la justicia social, la igualdad y, en definitiva, el bienestar de todas las personas. Firman
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