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Uno podía sospechar algo cuando, en la campaña, invocó a Pinochet como respuesta a un periodista. Pero, para ser francos, las actuales declaraciones del Gobernador del Distrito Federal, superan lo previsto. No sólo propone la pena de muerte, sino que además, anhela verla en las plazas públicas. Más que una aséptica vacuna letal en la intimidad de un recinto preparado para tal fin, quiere suplicio y espectáculo. Quiere, según dice, prevenir el delito, ejemplarizar.

1. Sobran argumentos de principios y pragmáticos, universales o locales, que permiten descartar la pena capital. No obstante, nunca falta una Haydée Castillo o un Grüber Odremán que la proponga. Tampoco falta ignorancia que la aplauda. Henos aquí, por tanto, obligados a repetir una parte de la cartilla abolicionista. Quizá con la esperanza de que la razón se imponga en un debate guiado por las vísceras.
2. Todo sistema penal es discriminatorio. Los delincuentes poderosos tienen mayores posibilidades de impunidad que los otros. El sistema penal venezolano es discriminatorio en grado sumo. La implantación de la pena de muerte prolongaría tal discriminación al extremo de la extinción del discriminado. Sepa usted, por tanto, que si esta pena se instaura y usted pertenece al 80% de la población, tiene mayores posibilidades de ser asesinado legalmente por el Estado.
3. Todo sistema penal supone la posibilidad de error. El sistema penal venezolano es un error en sí mismo. La muerte es un error no enmendable. Implantar la pena en cuestión, supone que en algún momento se asesinará a un inocente. Sepa usted, entonces, que apoyar esta pena es ser corresponsable del asesinato de ese o esos inocentes.
4. Amnistía Internacional ha publicado estadísticas que demuestran que en los países en donde se aplica la pena de muerte los delitos que la motivan no han disminuido. No es disuasoria ni ejemplarizante, como dice desear Grüber Odremán. Una prueba, más cercana, de ello es que en nuestro país se aplica, de facto, la pena de muerte a personas que los victimarios (funcionarios policiales o militares) presentan como «delincuentes» (104 casos el año pasado). En esta tierra eso parece no asustar, por lo menos no al punto de la inhibición, a los delincuentes. Sepa usted, que con la instauración de la pena capital los crímenes horribles seguirán existiendo y nuevos crímenes se anexarán a ellos: los asesinatos legales realizados por el Estado. El crimen, lejos de disminuir, aumentará.
5. Con esta pena se instaura en la sociedad un complejo dispositivo de muerte. Un crimen monstruoso y la posterior ejecución pública del supuesto victimario, es algo que le viene bien a la prensa amarilla para subir las ventas, o a instituciones gubernamentales para enmascarar escándalos o su propia ineficiencia como responsable de garantizar la seguridad pública. Como los menores de 18 años también cometen delitos horribles, no faltará algún parlamentario que proponga reducir la imputabilidad del menor. Mataremos niños entonces. Sostener cárceles es muy costoso. Se puede ahorrar dinero público si se amplía el rango de los delitos penados con la muerte. La sociedad, frustrada por la ausencia de justicia, se conformará con el peor de sus sucedáneos: la venganza. Aunque ésta no resucita a las víctimas, sirve para drenar la pulsión colectiva de muerte. «Menos mal», dirán algunas élites, porque este modelo de drenaje es menos peligroso que el que se manifestó el 27.02.89. Sepa usted, que con la pena capital, todos nos envileceremos.
6. La Constitución vigente consagra la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe expresamente la pena de muerte (art. 58.2). La Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 4.2 y 4.3), que es ley de la República, establece además que no se restablecerá la pena de muerte en aquellos Estados que la han abolido (art. 4.3). Sepa, por tanto, que la implantación de esta pena colocaría al país al margen de la legalidad.
7. Un argumento más; dirigido a responder la clásica pregunta «¿Y qué harías si a tu hija de cuatro años la violaran?». Seguramente desearía, también, la muerte del violador. Pero ello no empaña ni un ápice los argumentos antes expuestos. Que un individuo pueda, en una situación extrema por odio y venganza, cometer un delito, es distinto a que avale un proyecto social que autoriza al Estado a matar y a la sociedad a envilecerse. Lo primero tiene implicaciones microsociales, lo segundo, nos afecta a todos. Por todo lo anterior, el «Foro por la Vida» (coalición de organizaciones de derechos humanos) está solicitando al Presidente de la República, quien ha mantenido consistentemente su oposición a la pena de muerte, la destitución del Gobernador Grüber Odremán. Nada garantiza que el Gobernador del Distrito Federal, deseando la muerte legal de algunos delincuentes, no sea, por lo menos tolerante con las violaciones al derecho a la vida que puedan cometer funcionarios del cuerpo policial que él dirige.

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