Caracas, Miércoles, 16 de abril de 2014

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Un salto en el abismo


Inés Quintero


El Nacional
, 5 de julio de 2000
Acta de la Declaración Independencia de Venezuela, 5 de julio de 1811


Firma del acta de la Independencia, por
Juan Lovera,
Concejo Municipal, Caracas, Venezuela
Cuando un reducido grupo de criollos dispuso crear el 5 de julio de 1811 una república independiente, ejecutaba el acto de ruptura más dramático y contradictorio de nuestra historia.

La decisión significaba desprenderse del reino español y adelantar la construcción de una nueva nación a partir de premisas radicalmente opuestas a las prácticas políticas, culturales y sociales que nos habían regido durante trescientos años.

Hasta ese 5 de julio la máxima e indiscutible autoridad, por mandato Divino, era el rey de España, a quien debíamos obediencia, lealtad y respeto. A partir de ese momento el Rey se convirtió en símbolo del despotismo, la arbitrariedad y el abuso. España dejaba de ser el origen de la civilización y se transformaba en la responsable única de nuestra ignorancia, atraso y miserias.

Durante tres siglos se practicó la desigualdad como principio rector de la armonía y el orden en la sociedad, se dividió a los individuos según su calidad y se defendieron los fueros y privilegios que permitían preservar las jerarquías. Los hombres del 5 de julio habían usufructuado ese sistema desigual. A partir de 1811, decretaron la igualdad entre los individuos y eliminaron las normas y mandatos sostenidos sobre el honor como fuente inequívoca de diferenciación entre los ciudadanos.

Por espacio de trescientos años, los cargos del Cabildo se vendían a quienes tenían calidad para ocuparlos y recursos económicos para comprarlos. Ahora se liquidaba la fórmula de venta de los cargos y se optaba por la práctica moderna de la elección para determinar a quién correspondería dirigir los asuntos públicos.

Hasta el 5 de julio de 1811 la Iglesia había sido la responsable de normar el comportamiento y la moral de los individuos, la censura estaba a su cargo y la Inquisición velaba por el buen cumplimiento de las órdenes del Altísimo. Después del 5 de julio, los curas pasaron a ser representantes del oscurantismo y brazo infame del despotismo monárquico.

La ruptura propuesta por los criollos, inevitablemente, generó las más comprensibles reservas, los más enconados enfrentamientos. No obstante, veinte años más tarde, y luego de una agitada y sangrienta conflagración interna, se habían logrado los objetivos previstos aquel 5 de julio: habíamos roto con España, dejamos atrás el absolutismo monárquico, sancionamos la creación de una república liberal; nos convertimos en ciudadanos, optamos por el sufragio como el mecanismo idóneo para seleccionar a los gobernantes, desaparecieron para siempre los fueros y privilegios, se fundó un estado de derecho sostenido sobre el principio de la igualdad; quedó abolida la censura y se consagró la libertad de expresión como principio constitucional.

En apenas dos décadas habíamos acabado con el antiguo régimen e ingresado a la «época moderna» de los Estados Nacionales, proceso este que a países como Francia, Italia, Alemania y a la misma España, les significó varias décadas de su historia. No fue, pues, una tarea sencilla. Consolidar las premisas y ofertas previstas aquel 5 de julio ha consumido buena parte de nuestra historia.

Visto en perspectiva histórica, hay una distancia abismal entre lo que éramos política, social y culturalmente hace apenas doscientos años y lo que somos hoy. Regularmente asistimos a las urnas a decidir nuestro destino político, a nadie se le ocurriría pretender una posición de poder reivindicando su procedencia social, la igualdad es una práctica común entre nosotros, la libertad de expresión es un derecho que no se discute, existe una institucionalidad republicana, vivimos en un régimen democrático y la sociedad cuenta con mecanismos para expresar y dirimir sus querellas frente al Estado. Con todas las reservas, matices y reclamos que pueden oponerse a cada uno de estos logros, y a pesar de las debilidades que podemos advertir en la forma contradictoria que se materializan entre nosotros, se trata de conquistas colectivas alcanzadas como resultado de procesos llevados a cabo por los venezolanos en distintos momentos de su historia y que, por lo tanto, no son derogables ni usurpables sin el consentimiento y la anuencia de sus beneficiarios.

En otras palabras, cualquier intento que tenga como objetivo desconocer lo que hemos logrado acumular desde que aquellos patricios se les ocurrió dar aquel salto hacia el abismo, seguramente tendría que enfrentar una respuesta categórica por parte de los venezolanos, únicos herederos legítimos del más perecedero e inalienable legado del 5 de julio: entregarle a los venezolanos, a la sociedad toda, la soberanía sobre sus asuntos públicos.


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