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Para comenzar, creo que es necesario situarnos en el contexto, en el lugar desde donde estamos hablando: la Venezuela que recibió en herencia el proceso revolucionario venezolano iniciado en diciembre de 1998, es un país desarticulado, fracturado por la injusticia y la exclusión. Nuestro pueblo se decidió a cortar por lo sano y con audacia pero también con responsabilidad, canceló un proyecto político pervertido que había secuestrado su iniciativa y su capacidad creadora. Venezuela, entonces, frente al modelo impuesto como receta única y norma universal por los centros hegemónicos de poder, está dando una respuesta autónoma, en términos propios, a través de la construcción de un modelo alternativo de sociedad y de un sistema democrático participativo. Si bien es cierto que esta respuesta posee un nítido carácter utópico, no es menos revelador que la utopía, aquí y ahora, tiene una poderosa incidencia social y ya cuenta con niveles de realización apreciables.

Es en este contexto donde el discurso y la práctica cultural del Estado venezolano ha dado un giro de ciento ochenta grados, para poder responder a las demandas y a los desafíos de una realidad nacional cualitativamente distinta. Hemos salido de la vieja matriz del discurso culturalista, autista, que se justifica a sí mismo, por su incapacidad para traducir la diversidad de opciones de una comunidad que se está haciendo y reinventando todos los días. Si queríamos ser intérpretes cabales y activos del inmenso sacudimiento que atraviesa el país en todos los órdenes, teníamos que cambiar las reglas de juego. Cambiar las reglas de juego no es, en nuestro caso, un mero e insustancial alarde retórico. La nueva energía y el nuevo dinamismo que le estamos imprimiendo al discurso cultural, para garantizar su eficacia objetiva a través de una praxis múltiple y compleja, tienen su fundamento en un compromiso político, sí, político, altamente elaborado y maduro, que podemos definir de esta forma: contribuir a garantizar, efectivamente, la reproducción social de las condiciones reales para que los individuos y las comunidades puedan comunicarse, expresarse y desplegar todo su potencial creativo, productivo y alcanzar las mejores formas de vida, de asociación y de trabajo. Es por eso que nuestra presencia en este evento, impensable bajo los límites severamente restrictivos del discurso culturalista, se justifica por sí misma y habla claramente de la relegitimación comunitaria de la acción cultural del Estado.

Me gusta tomar al toro por las astas y lo voy a hacer nuevamente en esta oportunidad: es demasiado notorio que el espacio comunicacional venezolano es muy poco plural, democrático y participativo. Si a esto le agregamos que los medios se han entregado a la sistemática tarea de desvirtuar y descalificar el proceso revolucionario, obedeciendo a la intencionalidad política muy concreta de minarlo desde sus bases, nos hallamos frente a un escenario que es urgente revertir. Hay que agregar que si descontamos al presidente Chávez, quien ha llevado todo el peso de la defensa comunicacional de nuestra revolución, la indefensión del Estado en esta materia ha quedado más que demostrada. De esto se desprende un objetivo político que obedece a una estrategia global: es imperativo construir un espacio comunicacional genuino en el que confluyan las comunidades y el Estado. En este sentido, la red de radiodifusoras comunitarias son una valiosa alternativa para democratizar un ámbito demasiado sujeto a un sistema de intereses y privilegios carente de responsabilidad social y generador de entropía. Es por eso que entendiendo claramente que la batalla por una mejor y más democrática información es una batalla cultural por excelencia, nuestra Unidad de Industrias culturales y comunicacionales está prestando apoyo y asesoría a las iniciativas que, en esta dirección, están surgiendo con poderosa emergencia en todo el país. Creemos que en la red de radiodifusoras comunitarias reside un proyecto mayor de interacción cultural en estrecha correspondencia con la nueva lógica de sentido que estamos forjando: liberar la poeisis colectiva y promover la construcción de ciudadanía para darle cimientos sólidos a un modelo alternativo de sociedad. Hay que destacar que el enunciado conceptual del artículo 200 de la Ley de Telecomunicaciones es una contribución eficaz a este propósito, y por eso me permito leerlo:

El Estado promoverá la existencia de estaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, como medios para la comunicación y actuación plural y transparente, de las comunidades organizadas en su ámbito respectivo.

Habría que preguntarles a quienes se rasgan las vestiduras y vociferan que Venezuela está al borde de una dictadura, si un Estado que asume responsablemente la promoción activa de la participación a todos los niveles, ¿puede ser caracterizado como un Estado autoritario? Si esto es así, nos hemos quedado sin lenguaje para definir al autoritarismo.

Retomemos el hilo del discurso, y detengámonos en las consecuencias que hay que extraer del enunciado conceptual del artículo 200. Es claro, si atendemos al espíritu y a la letra del enunciado, que el Estado debe garantizar en sus tres instancias —nacional, regional y global— mecanismos de estímulo que permitan no solo la sobrevivencia sino la consolidación del proyecto de la red de radiodifusoras comunitarias. Existen tres mecanismos básicos para tal fin: A) exención de impuestos; B) aportes económicos; y C) entrega de promociones comunicacionales. A todo ello hay que agregar, para el caso específico de las zonas de frontera, el apoyo activo de la Fuerza Armada para garantizar la integridad física del proyecto. Un enfoque tan amplio como éste da la medida del nuevo paradigma estatal que estamos construyendo: un Estado verdaderamente social que confía en el potencial liberador de las comunidades organizadas.

Quisiera referirme, para finalizar, a una experiencia nueva que consolida la superación del enfoque culturalista. Se trata de los Espacios Culturales Comunitarios, a los que concebimos como verdaderos laboratorios de democratización de la existencia social.

Básicamente, un espacio cultural comunitario es una construcción de alta calidad y bajo costo, donde se cumple con un cometido revolucionario: la transferencia del Estado a la comunidad organizada de la responsabilidad en materia cultural. Amén de la diversidad de prácticas culturales que pueden llevarse a cabo, según las necesidades de cada comunidad, cada espacio cultural comunitario cuenta con una radiodifusora comunitaria y un infocentro. De esto se deduce una visión global y no fragmentada: los infocentros y las radiodifusoras comunitarias establecen un nexo armonioso entre las tecnologías de punta y las artes del hacer y de la invención que se desarrollan en cada comunidad. Dos Espacios Culturales Comunitarios ya están funcionando en San Sebastián de los Reyes, estado Aragua, y en Palmarejo, estado Yaracuy, y dos más están prontos a inaugurarse en San José de Guaribe, estado Guárico, y en Píritu, estado Falcón. Los Espacios Culturales Comunitarios no solo son un eficaz antídoto contra la exclusión, sino que son algo más: son los sitios donde las comunidades a las que las elites condenaron a ignorar su poder, comiencen a ejercerlo de forma directa, viva y responsable. Al igual que la red de radiodifusoras comunitarias, este es el tipo de experiencias que nos permiten sostener que el país nos está comenzado a pertenecer a todos; que hemos recuperado no solo dignidad sino, también, certeza comunitaria; que Venezuela es ya, y por primera vez, verdaderamente otra.

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