Óscar Mago Bendahán, Aficionados al poder

La nueva Constitución Nacional del siglo XXI, que redactó la Asamblea Nacional Constituyente, será sólo un manual de instrucciones básicas sobre como organizar el país. Más nada. Si no sabemos leer y poner en práctica lo que dice, todo seguirá igual. El cambio lo tendremos que hacer todos los hombres, mujeres y niños, cada uno, sin excepción, y para hacerlo, el primer paso será reformar sus mentalidades y la apreciación que tienen sobre casi todas las cosas, en otras palabras, «desaprender» la innumerable colección de vicios que nos han enseñado en la casa, en la calle, en la escuela y en la universidad. Krishnamurti cobraría vigencia.

Luego de aprender de nuevo y adquirir una «visión» clara sobre su «misión», el venezolano deberá poner en práctica conocimientos y destrezas para ejecutar ese plan que es la Ley Fundamental o Constitución, porque hasta ahora elegimos alcaldes y concejales porque su cara es bonita o porque el partido lo propone, ya que las leyes nada exigen sobre su perfil, estudios o preparación académica, gerencial, comunitaria ni humana.

Por su parte la Constitución manda a nombrar Magistrados a la Corte Suprema y sólo exige como requisitos que sean abogado, mayor de treinta años, con postgrado y quince años de ejercicio profesional, docente o judicial y deja a la ley establecer otros. Es decir, aquí cualquiera puede ser «Magistrado». Las cualidades intelectuales, académicas, sus publicaciones o su trayectoria como investigador no importan.

En las universidades elegimos como rectores (a propósito de la UCV el 31 de marzo pasado), decanos, directores de escuela, a excelentes profesionales, pero no para que rijan solamente lo académico, ¡sino también lo administrativo!, asunto del que si alguno conoce, es por pura casualidad. Estas autoridades, en nuestro sistema universitario, deben ser unos perfectos «toeros»: jefes de personal, de archivo, de actividades culturales, de finanzas, de extensión, ¡ah... y accidentalmente, tratarán asuntos académicos! Éstas ocupan quizá un 5% o 10% de su tiempo. De allí el estado de desorden pasmoso en que han caído algunas facultades. En resumen, donde hace falta un gerente ponemos a un académico.

Los tribunales de justicia no son la excepción. El trabajo judicial se concreta a la redacción de sentencias y demás decisiones, así como a la supervisión de los procesos, pero resulta que esta actividad equivale solo a un 5% del proceso judicial. El resto del manejo es totalmente administrativo, puro papeleo. Recibir demandas (papeles), llenar planillas , copiar textualmente los «autos de admisión» (papeles), transcribir las declaraciones (mecanografía), ponerle sellos hasta que no quepan más, a todos los papeles que pasan por sus manos (manualidades), poner esos papeles en carpetas y clasificarlos (archivo), y mandar con el alguacil las notificaciones y citaciones (mensajería).

Sin embargo la ley exige que el Juez y el Secretario sean abogados, en vez de mandar a que el segundo sea administrador y tenga un asesor jurídico para examinar los documentos que lo ameriten, a efectos de que sean ingresados o rechazados en el juicio. Para colmo ponemos como escribientes a estudiantes de derecho cuando deberían ser estudiantes de secretariado o de administración.

«En Venezuela nadie está en su lugar», gran verdad, que pronunció el ácido Romerogarcía en el Cojo Ilustrado a finales del siglo XIX.

La Constitución, en vez de tanto palabrerío, ha debido insertar una norma que dijera aproximadamente esto: «para desempeñar cualquier cargo político, técnico, académico o gremial que requiera realizar labores administrativas, se exigirá certificación de estudios gerenciales de tercer nivel (universitarios). De no tenerlos, el aspirante dividirá sus funciones con un especialista en administración, quién actuará como contratado, pero asumirá la responsabilidad administrativa. El quebrantamiento de esta disposición acarreará la nulidad de la elección o del nombramiento». El candidato, además, deber demostrar haber tenido una trayectoria de trabajo comunitario».

Por supuesto que los políticos venezolanos jamás hubieran aceptado tal norma pues el 95% quedarían fuera del juego. Pero si ésta se hubiera aprobado, los venezolanos empezaríamos a tomar en serio la política y los extranjeros dejarían de vernos como incapaces profesionales.

Necesitamos que Venezuela comience a conducirse como una empresa y deje de ser un conuco.