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Sección: Bitblioteca
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Constitución activa Plan de acción del Defensor del Pueblo Óscar Mago Bendahán 21 de enero de 2000 El cargo de Defensor del Pueblo no es «un cambur más», es algo muy serio. Se trata nada menos que del defensor de los derechos humanos del pobre venezolano. Para lograrlo hay que tener mucha creatividad, poseer una considerable cultura general, tener estudios del nivel más avanzado y a la vez poseer una trayectoria de trabajo con las comunidades, talento y experiencia de educador, carácter conciliador y hábil comunicador, además de necesitar abandonar los conceptos de los políticos de partido tradicionales que asumen los cargos para ejercerlos «con su gente», desde un escritorio, y rodeados de una burocracia. Teniendo en cuenta que Venezuela tradicionalmente ha batido records mundiales de violaciones a derechos humanos, y también ha superado las marcas ocultas que no aparecen en los reportes de Amnistía, del gobierno de Estados Unidos o de Provea. Me refiero a los pequeños y consuetudinarios atropellos al ciudadano, a todo nivel, desde el carrito por puesto, pasando por el maltrato en el aeropuerto, en el ministerio o en CANTV o La Electricidad de Caracas. Por eso pienso que el Defensor (o Defensora) debe tener un plan de acción claro y contundente: convocar a las asociaciones civiles de derechos humanos, a los dirigentes comunales auténticos, a las asociaciones de vecinos, a las de consumidores, a los grupos de voluntarios, a todas las universidades y tantos más. Debería celebrar un gran plan de asambleas por todo el país con ellos, así como coordinar cientos de talleres de educación cívica y fomentar activamente la justicia de paz, como su más directa aliada, pero eso sí, ojo, la verdadera justicia de paz que es conciliatoria, participativa y respetuosa del pueblo, no el show de ofensas y autoritarismo que la falsifica. Al venezolano hay que educarlo, y más que eso, formarlo, pues nunca nadie lo ha hecho. Los valores familiares y sociales los hemos perdido, porque no se han inculcado desde hace medio siglo. Antes teníamos un Ministerio de Instrucción Pública que educaba realmente. Ahora tenemos un Ministerio de Educación, que apenas si da instrucción. Así pues no nos extrañemos si vemos a muchos reaccionar en forma primitiva en el tránsito, irrespetar el turno de los demás u optar por la corrupción o por la delincuencia abierta en vez de por el trabajo y el estudio. Somos un pueblo sin formación cívica y eso debe rescatarlo el Defensor del Pueblo. De allí el sentido educativo que debe presidir su gestión. La experiencia junto a la asociación Constitución Activa, de una docena de años dictando talleres en comunidades humildes, organizando grupos de auto-defensa de los derechos del consumidor, brigadas de seguridad vecinal, tribunales de paz que son verdaderas cooperativas populares de justicia conciliatoria, me hacen tener la convicción de que los derechos atropellados del venezolano sí pueden tener salida a través de la Defensoría del Pueblo, pues las comunidades poseen un gran poder de organización, sin dirigismos ni paternalismos. En todas hay dirigentes naturales, espontáneos, vinculados con sus comunidades y a esos hay que convocar. La organización de la comunidad es la única vía eficaz de rescate de los derechos civiles en un plazo razonable, por eso no confiaría en la creación de una burocracia como las que son habituales en los tradicionales «organismos de gobierno». El ciudadano en una democracia debe saber defender él mismo sus derechos, sin tener que llamar a un «papá-funcionario» que le resuelva los problemas. Los comités vecinales y estudiantiles, las organizaciones de consumidores, los tribunales de paz vecinales, hacen mejor esa función. El voluntariado formado es el secreto del éxito. El Defensor deberá transformar mentalidades. Cambiar el concepto estrecho y autoritario que asocia la sanción con el castigo, cuando ella debería ser un sinónimo de educación, porque más lograremos obligando al infractor a tomar un curso de ciudadanía, que multándolo o arrestándolo. Por todo ello, no me canso de repetir que el Defensor del Pueblo deberá aspirar a formar ciudadanos, como los que postuló Bolívar en Angostura, al referirse a los miembros del Poder Moral: «los padres de familia que más se hayan distinguido en la educación de sus hijos y en el ejercicio de las virtudes públicas». Con la propia vigilancia de la comunidad evitaremos el fracaso que ya están amenazando a leyes como la de Protección contra la violencia a la mujer, la de Justicia de Paz o la de Protección al niño y al adolescente, las cuales se han apoyado en una burocracia estatal en vez de la autovigilancia de los propios interesados.
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