La asociación civil Constitución Activa es una organización especializada en atender esos tipos de irrespetos que perturban la vida civilizada. Desde hace casi trece años se atienden allí casos de discriminaciones contra la mujer, violaciones a los derechos de trabajadores, violencia familiar y tantos otros.

Entre los que más destacan por su frecuencia, está el irrespeto que se les hace a las familias por parte de las juntas de condominio, al cortarles el agua de sus viviendas para obligarlas a pagar las facturas que deben. Con esta actitud prepotente los extorsionan matándolos de sed, atentando contra la salud y la vida de hombres, mujeres y niños. Los afectados por lo general son los propietarios. Esto es conocido como abuso de autoridad, pues quienes los amedrentan son tan propietarios como ellos, cuya única autoridad dentro de la junta de condominio es la que la comunidad les ha dado sólo para procurar el bienestar y la convivencia vecinal.

En Venezuela muchos están acostumbrados a sacar el látigo y la pistola cuando se les da un poquito de poder. Ellos ignoran la ley y los procedimientos que ésta da para cobrar una factura. Optan por la vía más efectiva y fácil de amenazar la vida de las familias, porque hasta ahora ni el sistema judicial ni el policial han respondido diligentemente.

Un caso que tuvo resonancia, es el amparo de los habitantes del Edificio Los Ruices contra Condominios Comarca, empresa que pretendía desalojar el inmueble para convertirlo en uno de oficinas, y para ello no sólo se contentó con cortar el agua sino la electricidad también, con lo que dejó a ancianos y discapacitados confinados en los pisos altos. En aquella oportunidad obtuvimos respuesta contundente al amparo constitucional que tramitamos, al punto que la empresa agraviante se vio obligada a restituir los servicios y venderle a los afectados. Hoy, luego de una década, la junta de condominio del Edificio Los Ruices, ha vuelto a las andanzas de sus predecesores, para convertirse en verdugo de sus propios vecinos, pero sus víctimas, con la experiencia adquirida, ahora conocen sus derechos y volverán a exigirlos con mayor energía.

Otro caso muy similar sucede en la actualidad en las Residencias Mil Centros de la Avenida San Martín, cuyos afectados, aún estando protegidos por un tribunal constitucional, sufren todavía los embates y amenazas del condominio, que pretende cobrarle a todos los propietarios los gastos del juicio de amparo que perdió, en desafío a la Constitución, las leyes y los tribunales.

Si viviéramos en un mundo un poco más civilizado esas juntas de condominio sabrían que deben llegar a acuerdos de pago o cuando más intentar el cobro por vía de tribunales. La solución tipo «Ley del Revólver» que vemos a diario, es un signo de la falta de formación en derechos ciudadanos de que adolece nuestro pueblo y que, por cierto, es obligación del Poder Ciudadano y de la Defensora del Pueblo (art. 280 num. 11)

Venezuela espera que el nuevo y depurado Poder Judicial dé la respuesta inmediata requerida ante estas violaciones, porque anteriormente, muchos jueces vacilaban temerosamente en actuar. La reacción de los tribunales a estos clamores no puede ser otra que inmediata, porque la sed, la salud y la vida no esperan. La Defensora de Pueblo deberá estar alerta.

Por eso no dejamos de recordar la famosa frase de Iehring: «la justicia cuando llega tarde, ya es una injusticia», y en el Amparo Constitucional (art. 27) la justicia lleva el nombre de celeridad.