Tesis Política

El Partido Democrático Nacional, tiene un sólido basamento doctrinario. Ha sido organizado después de analizarse a fondo la realidad venezolana. Su programa y su táctica no han nacido de la caprichosa voluntad de un equipo de dirigentes, sino del estudio ahondado por espacio de varios años de los problemas fundamentales de la nación. De aquí que la Tesis Política del Partido — eje alrededor del cual se articula la doctrina y la táctica del PDN — no sea una esquemática y simplista enunciación de principios generales. Ni ese mecánico transplante a Venezuela de concepciones teóricas y de métodos de lucha inadecuados a la realidad del país que tanto se ha practicado entre nosotros, desde los mismos días iniciales de la nacionalidad. Se trata de un análisis serio de la realidad económico-social de Venezuela, y de los métodos adecuados para transformarla en un sentido renovador, hecho desde el ángulo del universal anhelo de progreso incesante y de justicia social, pero con los ojos y estimativa venezolanos.

La Tesis Política del PDN está tan distante del espíritu europeizante, que en política, como en otras formas de la actividad social, ha perpetuado en América una deprimente forma de coloniaje, como del concepto absurdo de que la política no puede ser en nuestros pueblos, por el atraso cultural del continente, sino juego de apetitos y campo de violencias primitivas.

En esta tesis están, sumariamente expuestos, la concepción pedenista sobre la realidad económico-social del país; su criterio con respecto a las fuerzas sociales sobre las cuales se inserta y sostiene el Estado venezolano; el análisis del tipo de transformación política y económica reclamado perentoriamente por la nación, y las características fundamentales del PDN, el único partido nacional capacitado, por determinismo histórico, para comandar al pueblo en su lucha por la revolución democrática y antimperialista.

a) Análisis de la realidad económico-social de Venezuela.

Venezuela es un país eminentemente agropecuario, con una población según el sexto censo nacional (1936), de 3.491.159 de habitantes, diseminada en casi un millón de kilómetros cuadrados. Cálculos aproximados indican que sólo alrededor de 700.000 habitantes viven en centros urbanos (apenas el 20% de la población). El resto, más o menos de 2.791.159 habitantes, radican en medios rurales o se encuentran vinculados a actividades agrícolas y pecuarias.

Esta poca densidad de nuestra población urbana expresa muy bien la forma como se halla estructurada la economía nacional. Somos un país de economía agraria, casi carente de industrias. Sólo en algunas ciudades se encuentran algunas de tipo moderno (textiles, papel, tabaco, cemento, cervecerías, etc.). El resto de la producción manufacturera del país –tan escaso que el consumo interno se hace casi por completo a base de mercaderías importadas, que en el exterior compra Venezuela por valor que ya en 1938 excedió de los trescientos diez millones de bolívares– es elaborado mediante el sistema de industria a domicilio y en el taller del artesanado. El carácter incipiente de la industria nacional se revela en las siguientes cifras de origen nada sospechoso de parcialidad porque han sido publicadas oficialmente por la Dirección de Estadística del Ministerio de Fomento, en su «Anuario estadístico de Venezuela» (1938): el total del capital social aplicado a empresas industriales en los más importantes centros de producción manufacturera del país (Distrito Federal, estado Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Yaracuy y Zulia), es de Bs. 234.165.690. El total de obreros que trabajan en las fábricas y talleres del Distrito Federal y de los 10 estados ya citados es de apenas 25.107 (17.956 obreros y 7.151 obreras). Hemos enfocado, al referirnos a la situación industrial del país, a las empresas de ese tipo diferentes de las extractivas mineras. En sólo una de estas industrias –la del petróleo– están invertidos más de $ 400.000.000 de capital extranjero de transformación y de las empresas que prestan servicios públicos.

En el campo, la casi totalidad de la tierra está en manos del latifundista. Desde los comienzos de la sociedad colonial, en que la mayor parte de la tierra cultivable fue adjudicada en encomiendas reales a los conquistadores y a sus descendientes y más tarde substraídas a los ejidos municipales y a las comunidades indígenas, el latifundio ha sido la forma específica de la propiedad rural venezolana. Las entregas de tierras prometidas por el Libertador a los soldados del Ejército Emancipador fracasó por la oposición de la oligarquía a cumplir la ley de reparto dictado por el propio Libertador; y después de la disolución de la Gran Colombia fueron a parar a manos de la casta gobernante los títulos o bonos que hubieran podido garantizar un signo de evolución de nuestra propiedad rural. En este aspecto, la revolución de independencia sólo representa un cambio de personas en la propiedad de la tierra, pero dejando inmodificado el sistema agrario semifeudal sobre el cual se asentó la economía de la colonia. Así, cuando Venezuela se constituye en Estado independiente, de 1830 en adelante, el latifundio criollo sigue creciendo en vez de disminuir.

La Guerra Federal, que representa en la historia venezolana el más profundo sacudimiento de las masas rurales, no llevó a cabo ningún cambio fundamental en el régimen de la tierra. Nuestras masas campesinas concurrieron a ella impulsadas por sus seculares anhelos de mejoramiento económico y de justicia social –comprendida tácitamente entre éstos la destrucción del sistema latifundista–, pero en la victoria formal del movimiento viéronse una vez más defraudados. Los convenios de Coche y de Caracas que le ponen término, consagran un cambio de camarillas en el gobierno del Estado pero dejan intacta la estructura social que le venía sirviendo de base. Desde la «autocracia» guzmancista hasta nuestros días las mal llamadas revoluciones son apenas disidencias entre sectores de la casta oligárquica, por entre las cuales circula siempre la marejada democrática de los extractos sociales oprimidos, sin llegar a imponer jamás una modificación substancial en el orden económico semifeudal. Bajo Juan Vicente Gómez, la proporción de poderosos adquiere magnitudes alarmantes. En el Gobierno, Gómez no deja nunca de ser el cacique feudal que apuntala su dominio en los grandes latifundios que lo rodean, fuerza que con la del imperialismo y la de la casta de los macheteros constituyeron la trípode sobre la cual se asentó «la rehabilitación». Y si bien es verdad que en más de una ocasión algunos sectores de la clase latifundista fueron objeto de opresión o despojo por parte del régimen gomecista, esto, a la larga, no lleva sino a un afianzamiento de las características medievales de nuestro régimen de propiedad agraria.

Bajo la tiranía, la gran propiedad aumenta en extensión; el proceso de centralización de la propiedad agraria en pocas manos se acelera y parte de nuestras mejores tierras de cultivo — como sucedió con las tierras de aluvión que circunvalan al Lago de Valencia –, fueron transformadas en potreros de ceba y en hatos ganaderos, asestándose rudo golpe a la producción agrícola del país.

Si, considerado desde el punto de vista social, el latifundio se revela como la perpetuación de una tremenda injusticia, que consagra la opresión de las masas campesinas por una minoría privilegiada, no es menos cierto que desde el punto de vista económico aquél constituye una rémora para el progreso de la producción nacional. Él representa un sistema de producción de bajo rendimiento, ya que deja inexplotadas vastas extensiones de tierras, quebranta la capacidad de trabajo del campesino o impide la explotación industrial de la tierra, la cual supone para su libre desenvolvimiento la supresión de toda traba feudal. Las consecuencias que sobre la economía venezolana acarreó ese período de superconcentración latifundista que se cumple bajo el régimen de Gómez con el apoyo del imperialismo — interesado éste en evitar el desarrollo de la economía nativa para poder llevarse con mayores facilidades la riqueza de nuestro subsuelo y llegar a ser, como en efecto lo es, la fuerza económica preponderante — podemos apreciarla mediante la lectura de los siguientes datos: en 1910, Venezuela ocupa el segundo puesto en escala mundial de producción de café; en 1932 había descendido ya al 10° lugar; en 1919, la cosecha de café fue de 81.000.000 de Kgs. que para 1929 había descendido a 64.000.000 de Kgs. y para 1936 fue apenas 61.000.000 de Kgs. Nuestra exportación de cacao no representa en la actualidad sino el 3,11 por ciento de la producción mundial, es decir, menos de lo que corresponde a la vecina Antilla inglesa de Trinidad. Nuestro stock de ganado apenas alcanza a 3.000.000 de reses, mientras el Uruguay, con una extensión de tierras aptas para el pastoreo considerablemente menor a las que posee Venezuela, cuenta con reservas que alcanzan a 20.000.000 de cabezas. Las exportaciones de sarrapia, balatá, cuero, dividive y otros renglones han desaparecido casi totalmente de nuestro comercio de exportación. Y éste, que en los años anteriores a la explotación del petróleo sobrepasaba a los 100 millones de bolívares, llegando a 250 millones en 1919, debido en parte a los altos precios a que se cotizaban en el mercado internacional nuestro café y nuestro cacao, para bajar luego a no menos de 120 millones en los años de crisis de 1921-1922, ha descendido en los últimos años así: 1933, Bs. 64.000.000; 1934, Bs. 63.000.000; 1935, Bs. 62.000.000; 1936, Bs. 84.000.000; 1937, Bs. 101.000.000; y 1938, Bs. 59.000.000. Y téngase presente que a partir de comienzos de 1936 el actual Gobierno de Venezuela ha estimulado la exportación, invirtiendo en primas un promedio de 25 millones de bolívares anuales; y que, aun cuando sin realizarse una política agrícola planificada, se han distribuido créditos y el MAC ha tenido cierto interés en impulsar la producción agrícola.

El latifundio termina por ser un régimen de producción que ni siquiera favorece a la totalidad de los grandes terratenientes. Sólo los que disponen de fuertes reservas de capitales son aptos para tramontar las crisis y no salir de ellas arruinados. Los más –como ha sucedido ya en Venezuela– salen de una de esas periódicas etapas de subconsumo mundial de productos agrícolas y de paralización general de los negocios con las haciendas hipotecadas. Así se explica por qué aproximadamente el 80 por ciento de las propiedades rurales del país están gravadas con hipotecas de varios grados, siendo en realidad sus dueños simples mayordomos del banco caraqueño o de las firmas comerciales semibancarias con las cuales contrajeron la deuda. Dado el carácter agiotístico que han tenido siempre en Venezuela las operaciones de crédito territorial, resulta, que mientras el capital invertido en industrias agrícolas renta en la absoluta mayoría de países un promedio de 3 por ciento anual, en Venezuela ese promedio es de 9 por ciento en la casi totalidad de los casos, dándose aún el tipo de deuda agraria contraída para pagar hasta el 12 por ciento anual en intereses y amortizaciones. Si apenas los compromisos contraídos con el Banco Agrícola y Pecuario por los terratenientes del país rentan un interés moderado, el 5 por ciento anual, que siempre es más alto que la medida del interés vigente para el capital agrícola en las otras naciones modernas.

El sistema latifundista sobre el cual se asienta la propiedad rural en Venezuela resulta ser un régimen de injusticia social, antieconómico, entrabador del desarrollo de las fuerzas productivas en el campo y sólo beneficioso para una minoría privilegiada de grandes terratenientes, ya que la masa mayor de los agricultores latifundistas vive en condiciones económicas en ciertas ocasiones tan azarosas como las del agricultor en pequeño. En realidad, son principalmente la banca usurera y el alto comercio semibancario, generalmente firmas extranjeras, los que mejores beneficios directos extraen del sistema de gran propiedad existente en el agro nacional; y el imperialismo extranjero, que también extrae ventajas indirectas de la antihistórica modalidad semifeudal del sistema agrario venezolano. Expliquemos por qué el imperialismo extranjero –y más concretamente, el imperialismo del petróleo, tan determinante en la vida nacional– deriva beneficio para sus fines de explotación de las riquezas del país y de contralor de su política del hecho de que la tierra no sea bien de todos los venezolanos campesinos, sino objeto de detentación minoritaria.

La trayectoria de afirmación del régimen latifundista y de continua decadencia de la productividad nacional se robustece en los últimos veinte años con la presencia en la vida venezolana de un nuevo elemento que, interesado en lograr para sí la entrega fácil de nuestra inmensa riqueza minera, fue el principal sostén de la tiranía y con ella del sistema de gran propiedad agraria: el imperialismo. La penetración imperialista extranjera genera una deformación profunda en la economía nacional acentuando la decadencia de sus industrias naturales y superdesarrollando una industria de tipo extractivo y perecedero, la del petróleo. Desde 1917, el imperialismo extranjero afincó su sólida garra sobre la economía venezolana, explotando intensivamente nuestro subsuelo petrolífero y creando una forma de industria exhaustiva y destructora –como toda industria minera–, sobre la cual ha terminado por girar la vida del país. El violento desarrollo de la producción petrolera, mientras en proporción inversa decrece la producción natural y las industrias de transformación progresan muy débilmente, ha terminado por hacer de Venezuela un país monoproductor, suerte de reserva del imperialismo internacional de la más codiciada entre las materias primas.

Apenas descubiertos los ricos yacimientos petrolíferos de occidente, Gómez encontró en el imperialismo el mejor aliado. Veinte años de dictadura le quedaron asegurados mediante el apoyo del capital financiero internacional. Y el imperialismo, naturalmente, cobró caro sus servicios exigiendo a Gómez la entrega de nuestro subsuelo en condiciones incalificablemente desventajosas para la nación. La ley que legalizó semejante entrega fue redactada en las gerencias de las compañías petroleras, dato éste que nos basta para apreciar la forma como ella aseguraba «los sagrados intereses de la nación». Para 1935 –a la muerte de Juan Vicente Gómez– las compañías extraían de Venezuela cerca de 154 millones de barriles, cuyo precio bruto era de Bs. 800.000.000 (más de 200.000.000 millones de dólares), de los cuales sólo quedaban al país –por concepto de tributos fiscales, gastos de administración y pago de mano de obra nativa– la cantidad de Bs. 56.000.000. Añádase a esto el provento que para las compañías petroleras representa el ejercicio del monopolio de venta de la gasolina en el mercado interno, monopolio que les ha permitido en ocasiones vender el litro, cuyo costo es de 7, céntimos de bolívar, a precios que oscilaron entre Bs. 0,45 y Bs. 1 según la región y que actualmente todavía les rinden gigantescas utilidades, ya que el precio fluctúa en el país entre Bs. 0,15 y Bs. 0,25. Agréguese a esto las ganancias espléndidas obtenidas por las empresas petroleras en las especulaciones monetarias —legalizadas por el llamado «Convenio Tinoco», celebrado en 1931 entre el Gobierno, los bancos y las compañías, y las cuales rindieron a los trusts aceiteros un promedio anual de sobre-utilidades de Bs. 37.000.000. Y por si esto fuese poco, súmase lo obtenido mediante fraude en los impuestos –como ha sucedido con la descarada evasión del llamado «impuesto de boyas»–, gracias a la reconocida complicidad de las autoridades gomecistas y lo originado por las exoneraciones de derechos aduaneros, que tenían lugar en favor de las importaciones de material de explotación y de mercancías con que se hacía competencia desleal a nuestro comercio. Eran tan fuertes estas exoneraciones que el ministro de Fomento, doctor Gumersindo Torres, quien desempeñaba el cargo en plena tiranía gomecista, dice a las compañías petroleras en un memorándum que se ha hecho célebre:

El monto de las exoneraciones asciende durante siete años a Bs. 219.038.969,44 y los impuestos recaudados en igual período montan a la cantidad de Bs 187.019.954,82. De la comparación de estas cifras resulta el cálculo desconsolador de que hubiera sido preferible no cobrar impuesto alguno de explotación (regalar el petróleo), en cambio del pago de los derechos de aduana exonerados.

Esta situación de privilegio tenía que ser sostenida por el imperialismo por todos los medios, y el camino seleccionado fue el de afianzar en poder al Gobierno que así traicionaba los intereses del pueblo. A través del gomecismo, el imperialismo se aseguraba el control de nuestra vida económica y política y entrababa, indirecta pero eficazmente, al desarrollo de la economía independiente en Venezuela. Todos los resortes se movieron para sostener a un régimen que garantizaba a los trusts petroleros la más escandalosa de sus demandas: la entrega del control del mercado de divisas, permitiéndoseles la fijación de la relación cambiaria entre el dólar y el bolívar de acuerdo con sus intereses, aun cuando ello agudizase la crisis interna y aumentase en un 20% el costo de la vida en nuestras clases populares; absoluta imposibilidad para que los trabajadores del aceite se organizaran sindicalmente; jornada ¡limitada de trabajo; recluta en los campos de braceros, restados a la agricultura, mediante la trata, de salarios nominales altos que por el crecido costo de la vida en las zonas petroleras no representaban ventaja alguna para el trabajador; el mantenimiento del sistema de tributación indirecta, incidiendo sobre el consumo en forma de lesivos impuestos aduaneros y dejando a salvo la renta, el patrimonio y el exceso de beneficios de las compañías aceiteras. Con el tiempo, y por razón de la crisis cíclica que comenzó con el crack de Nueva York en 1929, la renta interna fue disminuyendo en su magnitud relativa dentro del presupuesto nacional y el Estado se subordinó progresivamente a la industria minera. En 1919-20 ésta aporta el 2% de nuestro presupuesto general de ingresos; en 1923-24 ya asciende al 8%; en 1924-25 sube el 15% y desde 1927 representa más del 25%, llega en 1929-30 al 35% para alcanzar para 1936-37, siempre en ascenso, una cifra superior al 37%.

Esta decisiva influencia de los ingresos por concepto de exploración y explotación de hidrocarburos en la formación de los ingresos fiscales, unida a la enorme potencialidad económica del imperialismo y a su técnica para mediatizar políticamente a las naciones que caen bajo su zona de influencia, hace de aquél un factor decisivo en la vida nacional. Ha sido su fuerza, la acción militante de su fuerza, la que, junto con la de otros grupos reaccionarios, ha impedido –tanto bajo la tiranía como bajo el régimen actual– el establecimiento de un sistema impositivo directo, que descargue de gravosos tributos al trabajo y al consumo para hacer incidir los impuestos sobre la renta y la riqueza. La muerte de Gómez ha permitido modificar parcialmente, y sólo parcialmente, la situación de Venezuela con respecto al imperialismo. El actual régimen político no ha adoptado una posición de incondicional entrega al capital petrolero, como se revela en la reforma de la Ley de Hidrocarburos –que aumentó el royalty a cobrar por el Estado como participación suya en la producción y modificó otras modalidades muy lesivas para el país de la legislación anterior–; en los juicios intentados por las compañías para echar por tierra el artículo 49 de esa ley, tercamente defendido por el Ejecutivo y el cual tiende a limitar el contrabando «legal» que venían haciendo las compañías por las aduanas de la república; el reconocimiento del derecho de sindicalización a los trabajadores petroleros de occidente y la paralización, extrajudicialmente por el Ministerio de Fomento, de nuevas concesiones de contratos de explotación del subsuelo de la república, mientras expertos de ese despacho avalúan las reservas nacionales aun substraídas a la codicia de los trusts. Estas medidas, si revelan que el actual régimen gubernativo nacional calza frente al imperialismo puntos de decoro que nunca conoció la tiranía desenfrenadamente entreguista, son todavía de una timidez extrema. Demandas por fraudes de las compañías han sido transigidas extrajudicialmente por sumas ridículas; la revisión de los contratos jamás ha sido puesta a la orden del día, no obstante ser tan evidente que todos contienen cláusulas en extremo onerosas para la nación; trabas de todo orden han sido puestas a la legalización de organismos sindicales en oriente, donde una nueva zona aceitífera de gran productividad está explotándose desde reciente fecha; y más de una vez la actitud complaciente de las autoridades con la compañías y las interferencias de éstas en la vida política del país no le ha permitido darle violento impulso a las fuerzas productoras autóctonas, y el Estado se ha mantenido tan dependiente de la renta minera como en los días del despotismo.

Resumiendo, podemos sintetizar nuestra situación económica así:

Venezuela es un país semicolonial y semifeudal, un país atado al imperialismo económico, fiscal y políticamente, con una economía predominantemente agropecuaria estancada por el latifundismo e incapaz en su forma actual para asegurar por sí [misma] nuestra independencia económica; carente de grandes industrias nacionales de transformación y que se halla forzada, por lo tanto, a importar mercaderías extranjeras por cantidades cinco veces mayores a la exportación agrícola y a depender fortuitamente del residuo que nos deja una industria extractiva de duración limitada y controlada en su totalidad por el capital financiero internacional.

b) Ubicación de los diversos estratos sociales de Venezuela.

De este rápido análisis de la realidad venezolana surge el cuadro de nuestra composición social y la forma como están ubicados los diversos estratos en que está dividida la nación.

1. En primer término, existe una clase latifundista, formada por los grandes propietarios de la tierra, que en su mayoría luchan a brazo partido por mantener a Venezuela aprisionada dentro de las redes del feudalismo económico y político. Desde la Guerra de Independencia, el Estado ha sido en Venezuela, virtualmente, un instrumento de esta clase: primero a través de la oligarquía civilista que ejerció el Gobierno antes de la Guerra Larga; después de esto por intermedio del caudillo y del grupo militar que siempre rodeó a éste. Durante el régimen de Gómez, fue esta capa social, con numerosas excepciones de elementos antigomecistas salidos de sus filas, un firme sostén de la tiranía. En coalición con el imperialismo, fue el sector de grandes terratenientes dotado económicamente de uno de los pilares de «la rehabilitación», y, a partir de diciembre de 1935, una de las fuerzas que más han presionado sobre el gobierno López Contreras con el fin de enrumbarlo hacia las prácticas autocráticas de su antecesor. Es en las filas de esta capa social retrógrada y oscurantista donde ha reclutado la mayoría de sus efectivos el llamado Partido Nacionalista –o Par-Nac–, que tiene una orientación política de la más pura extracción gomecista.

2. Al lado del latifundismo y utilizándolo como instrumento de penetración y de conquista, y confundiéndose con él y con los sectores más regresionistas de la sociedad, en el frente y de la reacción, están el imperialismo y su clientela (abogados, agentes parlamentarios, altos empleados, etc.). Interesado en obtener de sus inversiones el máximum de utilidad, el imperialismo lucha resueltamente por medio de su clientela –que no es una clase social sino una fuerza que se recluta en los sectores más regresionistas de nuestra sociedad– por la estabilización de un régimen que le permita explotar sin trabas de ninguna clase nuestro subsuelo y a los trabajadores nacionales. La experiencia democrática de 1936 tuvo en el imperialismo su peor enemigo; y es evidente que fue debido a la presión de la alianza entre los señores del aceite y la reacción nativa que el Gobierno se decidió, a raíz de la huelga petrolera de diciembre de 1936, a golpear a fondo el movimiento popular. Y si el imperialismo yanqui –cuya preponderancia sobre el concurrente británico es visible en Venezuela– procede actualmente con menor brutalidad, es porque se sabe sin el franco respaldo de la Secretaría de Estado. El Gobierno de «buena vecindad» rooseveltiano no puede confundirse con el de un Harding que con razón fue llamado el «presidente de los petroleros».

Luego viene el que podemos calificar de burguesía, formado por la alta banca, la industria, el fuerte comercio importador y el comercio exportador. Este sector puede ser subdividido, a su vez, en dos grupos: a) el grupo financiero, constituido por la alta banca nacional e internacional, el comercio exportador y una parte de los industriales; y b) el grupo comercial integrado por el comercio importador, los industriales progresistas y, en general, por aquellos que, perteneciendo a los sectores poseyentes, sintieron bajo Gómez cómo el absolutismo político se traducía en el terreno económico por un monopolio absorbente, que amenazaba copar todas las actividades comerciales e industriales. Semejante clasificación no deja de ser exacta por el hecho de que en Venezuela el comercio sea en gran parte y al mismo tiempo, importador y exportador. Las firmas que ejercen ambas actividades realizan siempre una de ellas como auxiliar o vehículo de la otra y su posición en el plano social se rige indefectiblemente por aquella que practique como forma principal de sus negocios.

(1. El primero de estos grupos –el bancario– está ligado substancialmente, por sus intereses, a la coalición antidemocrática, siendo dentro de ella uno de los sectores de mayor agresividad y encono contra el movimiento popular. La alta banca fue, bajo Gómez y aún durante el gobierno actual, una de las ventosas medioevales aplicadas sobre el organismo económico nacional. El privilegio de emitir billetes de banco le permite prestar a un interés teórico del 9%, y real del 27%, ya que sus operaciones de crédito eran hechas con billetes respaldados apenas por la tercera parte de su valor oro. Lejos de favorecer el desarrollo industrial del país, la banca nacional y extranjera aquí establecidas, encuadradas en el marco feudal y colonial que representa Venezuela, han sido más bien una rémora para la economía nacional, por cuanto se han ocupado más que todo en operaciones de agio, usura, hipotecas y leoninos negocios especulativos sobre el mercado de divisas. En 1936, presionado el Estado para que reprimiera el movimiento popular, no sólo se prestó la banca a financiar, con el imperialismo y los otros sectores retrógrados de Venezuela, a la llamada «Liga de Defensa Nacional», sino que paralizaron todas sus operaciones de crédito y comenzaron a exigir la cancelación de las cuentas corrientes en movimiento, con el propósito de crear un aura de descontento y desconfianza alrededor de un gobierno que mostraba cierta renuencia para acceder a sus reclamos de represión. La discusión en el Congreso de 1939 de la reforma bancaria, comprendiendo el estatuto legal por el que se crea el Banco Central de Emisión con el privilegio de ser el único organismo apto para imprimir billetes y ponerlos en circulación, sirvió para que el país midiera el inaudito grado de egoísmo antinacional y de voracidad parasitaria de los banqueros de Venezuela.

El comercio principalmente exportador, por su parte, defiende la política de los grandes propietarios de tierras de fortuna saneada y del imperialismo colonizante, pues obtiene sus utilidades controlando en forma monopolista las exportaciones de frutos del país, y con ello, parte de las divisas cambiarias (las provenientes de la venta del café, cacao, etc.). Los vínculos que unieron al comercio exportador con el despotismo se evidencian al observar las pingües ganancias que realizaron sus más altos representantes –Blolín, Prosperi, KoIster, Brauer, Van Dissel, Boulton, Ribboli, etc.– maniobrando con la bolsa negra, gracias al margen que le abría el «Convenio Tinoco» a expensas del comercio importador, del fisco y de la nación. El comercio exportador ha venido fungiendo en Venezuela como auxiliar de la banca privada, actuando en el interior del país y en Caracas, las más importantes firmas dedicadas a ese negocio como empresas semibancarias. Prestando dinero y otorgando suministro a los agricultores, los han expoliado literalmente, fijando en los contratos de crédito cláusulas onerosísimas; la del pacto de retro, la compra en «mata» de las cosechas a un precio fijado arbitrariamente de antemano, la prenda agraria sobre los frutos y la hipoteca concebida en términos drásticos. Tanto como la incapacidad económica del latifundismo para producir a bajo precio, ha conspirado la vocación extorsionista y usurera del comercio exportador y prestamista en la actual bancarrota de la economía natural de Venezuela.

2. El segundo grupo, formado por el comercio importador, los industriales progresistas, etc., se siente llamado, en fuerza de los intereses que representa, a una posición nacionalista de estabilidad del reajuste del bolívar que aumente el poder de compra de nuestra divisa en el extranjero y la capacidad adquisitiva de nuestras masas en el mercado interior. Favorece este sector una política inmigratoria de alientos como única forma de tramontar la valla que encuentra la industria y el comercio interno para desarrollarse, en el hecho muy determinante de que la población consumidora de la nación apenas rebase de los tres millones de habitantes. Agobiado ante la falta de créditos que no le concede una banca usuraria, y consciente de que, el absolutismo político desemboca necesariamente en la crisis comercial, este proyecto es de una mentalidad liberal, amigo de una política de reformas.)

3. Viene a continuación el sector de las capas medias de la población. Lo forman los comerciantes o industriales de limitadas posibilidades económicas, los agricultores medios y pequeños, algunas capas de profesionales, etc.

Es éste uno de los sectores más numerosos de la población y de los que más sufren bajo el peso de una política absolutista. Sus posibilidades de desarrollo económico son escasas, por no decir nulas, dentro de la actual organización económico-social de Venezuela. La pervivencia en el país de un régimen que del mejoramiento de las condiciones generales de vida del pueblo no ha hecho su objetivo central, le resta a las capas medias de la población las ventajas de seguridad y de favorable standard de vida que ellas están llamadas a disfrutar el día en que se encuentre realizada una transformación democrático-antimperialista. En primer término, porque la protección económica del Gobierno se ejerce, primordialmente, en favor de sectores sociales menos urgidos que las clases medias de esa asistencia estatal; y en segundo, porque la actual tributación feudal venezolana, que casi ignora el impuesto indirecto, corta con igual cuchilla a la minoría poderosa en dinero como a los amplios sectores pauperizados, echando sobre los obreros, el campesino y las capas sociales medias el peso del presupuesto nacional.

Estas circunstancias y el atraso de nuestra vida económico-social, que cierra las puertas a un proceso de profunda vitalización de las fuentes nacionales de riqueza inexplotadas o insuficientemente explotadas, dificultan el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores medios; y permiten afirmar que en la lucha social ya emprendida hacia la transformación democrática y antimperialista de Venezuela, éstos mantendrán una actitud más consecuentemente firme que la que podría serles propia en países de pleno desarrollo de la gran industria. La magnífica trayectoria del estudiantado venezolano, que en su mayor parte se recluta en los sectores medios, es un alentador avance del papel importantísimo que habrán de jugar esas nutridas capas sociales en la lucha planteada para conquistar la liberación nacional.

4. El campesinado, que es el sector más numeroso de nuestra población, no presenta un aspecto homogéneo. Varía en su condición y en su constitución según las regiones, y en cada región, con las distintas especies de trabajo agrícola; las formas de producción no son las mismas en la montaña que en el llano, en la costa o en Guayana: el llanero, que forma más bien el sector pastoril [...] en el campesinado, presenta una mentalidad propia y tiene marcadas características especiales.

En la gran propiedad coexisten las más diversas categorías de explotados; el peón raso, que casi siempre trabaja a destajo, antes que a jornal, el conuquero (que en oriente es el propietario independiente de su parcela allí donde la alambrada latifundista no se la ha arrebatado); el colono, que trabaja en parte como peón y en parte como arrendatario de una pequeña parcela cuyo canon paga en frutos de su cosecha; el medianero, el pequeño arrendatario independiente. Más, sin detenernos en un estudio a fondo del campesinado –que se hace en la «Tesis del Partido» sobre el problema agrario nacional-, podemos decir que éste sufre una secular opresión, del tipo feudal-criollo, impuesta en América por la colonia. Este feudalismo sui géneris caracteriza todas las relaciones de producción que se establecen en el seno de la gran propiedad, y entre ellas y los otros sectores económicos: los bajos salarios, la vida servil, la unión patriarcal esclavista entre el amo y la peonada; el pago de fichas, las deudas heredadas de padres a hijos, las servidumbres que impiden a los trabajadores del campo el acceso a las fuentes de agua y a los caminos vecinales, etc. Es un vasto y complicado sistema de explotación rentística de las grandes propiedades y de explotación semiesclavista de los trabajadores, ejercida por una minoría, la cual, naturalmente, es el más declarado enemigo de toda política que propicie la cultura de los medios campesinos y el progreso, en general, de todas nuestras fuerzas económicas.

No existe en el campesinado venezolano una tradición de lucha social independiente. Empero, el campesinado se incorporó siempre a todas las revueltas armadas de nuestra dramática historia contemporánea en busca de las reivindicaciones que le son propias. Siendo su condición la del sector venezolano más explotado, hallándose como se encuentra sometido a todas las formas de la opresión, se puede afirmar que su incorporación a las filas de la revolución democrática, que es un movimiento dirigido preferentemente en favor suyo, depende tan sólo del modo como nuestro Partido aborde sus problemas y de la eficacia con que se dé a la obra de organizarlos. Sin la colaboración activa y resuelta del campesinado no será posible en nuestro país el triunfo de la transformación democrática de la nacionalidad.

5. Nos resta por nombrar a las clases trabajadoras urbanas, entendiendo por ellas a los trabajadores manuales e intelectuales. Estas capas sociales, con ser las menos importantes de Venezuela, desde el punto de vista numérico, constituyen un decisivo y valiosísimo aporte para la lucha democrática, por su firmeza y combatividad. Haciendo distingos entre unos y otros matices de esas capas sociales laborantes urbanas, podríamos precisar tres tipos de trabajadores venezolanos: obrero, empleado y artesano.

Debido al raquítico desarrollo industrial de Venezuela, el sector propiamente obrero o proletario sólo existe en escasas fábricas, en las explotaciones petroleras y en los campamentos auríferos de Guayana, en las empresas de pesquerías y en los centrales azucareros.

El empleado se diferencia del obrero tanto en los sistemas de trabajo como en la forma de percepción de sus ingresos, que no es por el sistema de salario diario sino de sueldo mensual. Este segmento de las capas laborales del país ofrece diferencias fundamentales entre una minoría casi siempre ligada a patronos reaccionarios y participando servilmente de las tesis antidemocráticas de aquellos, y la inmensa mayoría de empleados de mentalidad independiente, perfectamente aptos para la comprensión de los modernos idearios democráticos.

El artesano constituido por los trabajadores a domicilio y por los que rinden su jornada de labor en el pequeño taller precapitalista, constituye un sector fluctuario entre capas obreras y medias. Así, en la base de nuestra población, y como consecuencia natural de nuestra población, es imposible, a todas luces, una nítida delimitación de capas. Existe una especie de sistema de vasos comunicantes entre todos los sectores laboriosos de la población venezolana, y es sin duda el sector obrero el que presenta mayores caracteres de estabilidad y el que en la lucha política ha dado mayores pruebas de combatividad y abnegación.

Los trabajadores intelectuales forman en Venezuela un sector de relativa amplitud, y comprende a los maestros, técnicos, pequeños funcionarios públicos, etc. aptos por su ubicación social para sentir ampliamente la lucha democrática.

De estas diferentes capas sociales, el PDN encuadra a todas aquellas interesadas en la transformación democrático-antimperialista del país, especialmente las integradas por las capas medias, los trabajadores intelectuales y manuales y el campesinado, que constituyen la mayoría determinante en Venezuela.

c) Analizada ya nuestra presente estructura social, réstanos por estudiar el modo como los diferentes sectores sociales actúan en el proceso histórico de Venezuela, e intentar un señalamiento de las bases del Estado venezolano.

La casi totalidad de las fuerzas sociales de Venezuela están agrupadas en dos grandes fuerzas; de un lado están las corrientes conservadoras, integradas por los sectores acomodados de grandes propietarios, la clientela del imperialismo, la alta banca, el comercio exportador, los industriales ligados a ellas y los núcleos que las sirven; determinados órganos de la llamada «prensa grande», la alta burocracia estatal y los abogados y profesores subvencionados por la reacción. El otro frente –el democrático– y que por lo extensa de su base humana constituye una inmensa mayoría nacional, está integrado por los sectores populares, formando una vasta escala social que comienza en el obrero urbano y culmina en el agricultor y el comerciante de situación relativamente holgada pero de mentalidad progresista. Bloque integrante de múltiples capas sociales, el democrático ocupa todos los sectores laboriosos, productores de riqueza y que disfrutan muy limitadamente del bienestar económico y de satisfacción para sus apetencias culturales. Entre estos dos frentes pugnaces, que luchan entre sí sorda y abiertamente –según las circunstancias– se encuentra una capa intermedia, centrista, suerte de fiel en nuestra balanza colectiva, formada por sectores e individualidades indiferentes a la acción política y, sin embargo, potencialmente capacitada para adoptar en un momento dado una posición beligerante en favor de la democracia o de la reacción, según sea una u otra la que en la lucha demuestra mayor energía, mayor capacidad de combate y una posición más realista.

Desde los días de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, las clases conservadoras han venido detentando el poder político. El caudillo militar ha sido el brazo armado de esos estratos oligárquicos de nuestra sociedad. El «godismo», que desde 1830 se alía con Páez, realiza la primera soldadura entre las minorías económicamente poderosas y decididas a hacer del Estado instrumento de sus ambiciones de poder y de dinero, y el soldado afortunado. Esas clases dominantes que así identificaban su destino con el de los jefes forjados al arrimo del campamento, en los frentes de la Guerra de Independencia y de las guerras civiles posteriores, pagaron en más de una oportunidad el precio de esa alianza en forma de renuncia a su aspiración de controlar de manera absoluta la política general del Estado. El caudillo llevado al poder por sus comandatarios detentadores de la riqueza y de la tierra, impuso –en más de una hora de nuestro accidentado devenir republicano– su voluntad omnímoda, personal y autocrática, a todo el país, inclusive a quienes se lo habían echado a sus espaldas para conducirlo a la Presidencia de la República. La más dramática de estas consecuencias, y la que más daño le causó a la república, fue la hecha por Juan Vicente Gómez. Durante sus 127 (sic) años de gobierno, aun cuando el Estado [...] como instrumento de las [...] nacionales y el [...]* colonizador, no hubo sector social, fuera del directamente protegido por el capital extranjero, que pudiera gozar de estabilidad y de seguridad, ya que ese régimen tenía demasiada urgencia en sembrar terror para estar escogiendo sus víctimas, y más de una vez reclutó en las propias filas de los sectores a los cuales debía su ascenso al poder; y una necesidad muy perentoria de complacer la voracidad acaparadora de riquezas del dictador y sus tenientes, para detenerse ante ningún escrúpulo en el momento de monopolizar ramas enteras de la producción y de despojar a grandes terratenientes de sus posesiones. Así, se vio, durante el régimen jefaturado por Juan Vicente Gómez, la paradoja de que aún las capas sociales ricas, pero no directamente favorecidas por la amistad del déspota a cuyos intereses [...] e industriales pugnaron con los suyos o con los de su vasta clientela familiar y política, sintieron su seguridad personal y sus bienes materiales amenazados por el zarpazo represivo o por el despojo violento. Esta experiencia amarga hecha en su propia carne y en sus intereses económicos por núcleos importantes de la sociedad venezolana ha creado en ellos una actitud de desconfianza y de recelo para cuantos agitan la idea de que el hombre respaldado «haría la felicidad de la patria», gobernando con mano dura y aplicando métodos represivos para ahogar las ansias populares de mejoramiento económico y las libertades públicas.

El Estado venezolano, bajo el gobierno actual, se ha asentado sobre la misma base social que tuvo el gomecismo. Y la razón es obvia: este gobierno no llegó al poder a través de una revolución que resquebrajara profundamente los cimientos del régimen gomecista, sino mediante una estratagema hábil y una audaz combinación de intereses. Se pecaría de sectarios y de ignorantes deliberados de la realidad social de Venezuela si se dijera que bajo el actual régimen gubernativo no se ha golpeado, y a veces seriamente, la estructura colindante con el feudalismo de típico sentido semicolonial, de la sociedad venezolana. Respondiendo a tercos reclamos populares, a veces expresados en la calle a través de potente insurgencia, el Gobierno actual ha adoptado medidas tan lascivas para los privilegios de las clases parasitarias, como la confiscación de los bienes de Gómez, serio alerta lanzado a todos los habituados a enriquecerse a costa del despojo de intereses privados y de haberes pertenecientes al patrimonio colectivo. La Ley del Trabajo, al regular progresistamente las relaciones de patronos y clases laborantes, quebrantó el desenfrenado y exhaustivo sistema de «patriarcalismo» colonial que regía las relaciones entre los dueños nacionales y extranjeros de los medios de producción y los obreros, empleados y campesinos. La reforma bancaria ha reivindicado para el Estado el derecho de ejercer un control y vigilancia sobre las actividades, hasta ahora agiotísticas y siempre en divorcio con el interés nacional, de la banca privada. Es en la zona de las relaciones del Estado con las compañías petroleras, con el imperialismo sojuzgador de nuestra economía e interferidor de la política venezolana, donde más tímido se ha mostrado el actual gobierno del país. Sin embargo, aun el imperialismo –el más fuerte soporte del Estado autocrático en un país de economía mediatizada– ha sufrido merma en sus prerrogativas, ya que las nuevas leyes de Hidrocarburos establecen un mayor control sobre la explotación del subsuelo nacional y, en los más importantes centros aceitíferos del país, los del estado Zulia, la organización sindical disfruta de algunas garantías, jamás alcanzadas bajo el régimen factorero de Gómez. La fórmula monopolista establecida por el jefe de «la rehabilitación» y por su clientela, sobre determinadas industrias y mediante la aplicación de arruinadoras exacciones a quienes no contaban con el favor estatal, ha sido sustituido por un sistema libre de competencias, el cual crea condiciones para el desarrollo industrial y agrícola del país, infiriéndose un serio perjuicio a las minorías parasitarias que venían extrayendo de las condiciones de atraso del infradesarrollo capitalista del país sus mejores proventos.

Basándose en esta realista observación de los hechos, nuestro Partido considera que la evolución democrática de Venezuela está ya en marcha y que el sólido agrupamiento de fuerzas sociales retrógradas sobre el cual se asentó la tiranía de Gómez ha sido, hasta cierto punto, quebrantado. Pareció por un momento, desde diciembre de 1935 hasta febrero de 1936, que, reprimidos los espontáneos estallidos populares inmediatamente posteriores a la muerte del déspota, el régimen podría continuar realizando una política calcada en el cartabón de «Paz y Trabajo». La ascendente marea colectiva del 14 de febrero –acto de presencia de toda la Venezuela resuelta a la conquista de una vida mejor– demostró lo apresurado y superficial de ese juicio. En el lapso que va de febrero a junio del 36, se adoleció de un error semejante, pero de signo contrario. Ingenuamente pudo creerse que el desplazamiento de funciones ejecutivas de unos cuantos generales gomecistas y el margen de libertades abierto significaban el colapso definitivo de la reacción nacional y de sus aliados extranjeros, los inversionistas de capitales aplicados en diversos servicios públicos y en industrias mineras extractivas. La Ley de Defensa Social, su sucedánea la «Ley de Orden Público» y la no disolución del Congreso, sacaron pronto del error a los excesivamente optimistas; y se vio con claridad cómo las clases conservadoras reagrupaban sus efectivos, hacían funcionar sus poderosos resortes económicos y políticos y tomaban la ofensiva contra el movimiento popular. La alta banca y los agentes petroleros, ejecutores de consignas de sus patronos extranjeros, se destacaron entonces como los sectores de mayor agresividad contra las conquistas sociales, como los acérrimos enemigos –junto con la escasa minoría de grandes terratenientes de real potencialidad económica– de la democracia política, de la liberación económica nacional y, en general, de un régimen de justicia social.

A partir de junio de 1936, no obstante las variantes de matices manifestadas en la forma de reaccionar el Gobierno ante los conflictos sociales, resulta evidente que la base social de éste, sus soportes más firmes, están en las capas conservadoras de la sociedad venezolana. Y esto es así aun independientemente de la voluntad personal de un mandatario, ya que en un país donde el monopolio de la tierra por unos pocos y el control imperialista sobre la economía son tan evidentes, no es posible la existencia de un Estado de tipo popular antimperialista. Este no puede nacer sino como consecuencia de una transformación a fondo del régimen de producción nacional que termine en el campo con los vestigios feudales y asiente la vida económica y fiscal de la nación sobre bases autónomas, saneadas y prósperas.

No obstante ser esto cierto, es indudable otro hecho específico en nuestra realidad; nos referimos a la potencialidad fiscal del Estado, que en determinados momentos le da fuerza para actuar, aun contrariando los intereses de las capas sociales que constituyen sus soportes históricos. El Estado venezolano dispone de un presupuesto anual de cerca de 400 millones de bolívares, y la confiscación de los bienes de Gómez lo transformó en el mayor terrateniente del país, y en detentador de numerosas empresas industriales y de varios servicios públicos. En sus arcas ha guardado también el Estado venezolano una reserva de oro de 60 millones de bolívares, aproximadamente. Las perspectivas de desarrollo de la industria petrolera –fuente principalísima del fisco venezolano– le aseguran al Estado holgura estable para algunos años al menos, mientras no se agote el mineral en los «criaderos» de donde mana, mientras la técnica industrial no combine en los laboratorios un sucedáneo sintético del aceite mineral, de más bajo coste de producción o mientras no se interrumpa, total o parcialmente, su exportación, por causas de índole internacional. Y no es por azar por lo que el Estado venezolano actual es más tímido ante el imperialismo que ante los otros puntales sobre los cuales se apoya. Porque el imperialismo, explotador de la industria de donde el Estado extrae alrededor de 50% de sus ingresos fiscales, es el sector más apto entre los que lo sostienen sobre sus fuertes brazos, para mermar en un momento dado, restante la determinante razón de su fuerza, la potencialidad económica de que dispone. Ubicado así lo que podríamos calificar como los cimientos del Estado venezolano, resulta fácil comprender cómo, siendo la filiación latifundista, confiscó los bienes de Gómez; cómo estando tan influenciado por la banca, legisló sobre el Banco Central de Emisión y la Reforma Bancaria; y por último, cómo siendo tan evidente la presión que los sectores patronales más reaccionarios ejercen sobre él, se mantiene en pie la legislación del trabajo y aún en períodos de reflujo sindical se afirman algunas de las conquistas allí garantizadas a los trabajadores manuales e intelectuales, tal como sucedió con la reglamentación ejecutiva del reparto de utilidades.

No tiene un simple interés académico este análisis del rol que juega el Estado en la vida nacional. De él se deduce, necesariamente, la idea de que el Estado está más capacitado en Venezuela que en otros países de América para ejercer, aun antes de que una transformación profunda de tipo democrático se opere en su estructura, una influencia determinante en la vida de la nación.

Dentro de este orden de ideas, el PDN –por su carácter de Partido amplio de masas– resulta así la única organización capaz de conducir al pueblo venezolano a una ofensiva victoriosa contra sus enemigos históricos. El único partido apto para encarnar las aspiraciones y anhelos de la nación oprimida, y para hacerla triunfar sobre la conjura de la minoría oligárquica nacional y de sus prepotentes aliados, los imperialistas.

De un lado, porque siendo como es un partido absolutamente ajeno a cualquier ideario clasista, está en la posibilidad de atraer bajo sus banderas reivindicadoras a todos los estratos oprimidos de Venezuela. Luego, porque es un partido más apto, por esa misma característica de partido exclusivamente democrático, para neutralizar a amplios sectores poseyentes, logrando inclusive que individualidades lúcidas y de avanzada de esos grupos sociales militen lealmente en sus filas, aceptando íntegro su programa y sometiéndose a sus disciplina interna. Esto último es perfectamente posible aun con respecto a algunos terratenientes, porque la crisis agraria que se vive en Venezuela ha transformado a grandes hacendados en simples mayordomos de sus posesiones, las cuales trabajan para que el producto de las cosechas anuales desagüe hacia las cajas fuertes de los bancos y de las casas comerciales semibancarias, en concepto de pago de amortizaciones e intereses de deudas contraídas en condiciones onerosísimas para el agricultor.

Digamos por último, que el PDN es también el único partido capaz de conjugar su acción popular revolucionaria con la activa asistencia a los reclamos y consignas que plantean los sectores progresistas de la burguesía nacional, especialmente los de tipo industrialista.

Sumariamente puede concretarse así el criterio del PDN sobre la forma como actúan frente al Estado los diferentes sectores de la sociedad venezolana y la línea táctica del Partido frente a ellos:

1. El Estado venezolano, mientras una transformación profunda no modifique su estructura interna, se orientará, en líneas generales, por los intereses latifundistas, bancarios e imperialistas, debido a la circunstancia innegable de que en nuestro país las tierras laborables, las más aptas económicamente para el cultivo reproductivo, están detentadas por una minoría social; de que los bancos y casas comerciales semibancarias controlan al mayor volumen de riqueza nacional, utilizándolo con un criterio medioeval, agiotístico, contrario a la moderna concepción de la moneda y del crédito; y de que el eje de las actividades económicas del país, así como el mayor suministrador de ingresos fiscales del Estado, lo constituye la industria minera, controlada y manipulada por el capital inversionista extranjero.
2. Siendo esto cierto, en líneas generales, repetimos, no debe caerse en la apreciación de este fenómeno histórico dentro de un esquematismo mecánico. El Estado venezolano, por su especial potencialidad económica, está capacitado, como pocos de América Latina, para adoptar posturas polémicas frente a los sectores sociales de los cuales es la expresión política, si las fuerzas populares actúan con resolución y cautela a un mismo tiempo. La posición de equilibrismo de los actuales dirigentes del Estado venezolano, que los lleva a hacer concesiones al frente democrático y al frente reaccionario, revela bien que no se ha realizado aún una soldadura cabal y definitiva alrededor de él de las fuerzas sociales retrógradas, y que los gobiernos venezolanos, cuando tienen frente a sí un movimiento de masas en permanente actitud de vigilancia y lucha, son aptos para eludir en parte la influencia regresiva de los sectores resueltamente definidos contra el progreso nacional, que constituyen los soportes del Estado.
3. El PDN es un frente orgánico de capas sociales oprimidas. Trabajadores intelectuales y manuales, campesinos y amplios sectores medios, forman el grueso de su militancia. La aplastante mayoría de estos sectores se agrupará definitivamente bajo sus banderas, cuando las condiciones políticas del país nos permitan actuar en la legalidad y no formen sus efectivos, como ahora, sólo la vanguardia más combativa del pueblo, que lucha dentro de sus cuadros clandestinos. Empero, el PDN está capacitado desde ahora para llevar a las capas poseyentes progresistas la convicción de que una reforma de la vida política, económica, fiscal y cultural de la índole de la propugnada por nuestra organización, antes que afectarlos en sus intereses, más bien, abriría para ellos nuevas perspectivas de desarrollo. Los enemigos contra los cuales combate en toda hora nuestro Partido –el gomecismo político, el latifundismo medioeval, la banca usurera y el imperialismo extranjero– son los mismos obstáculos que se oponen al desarrollo de una economía venezolana saneada y próspera, base indispensable para el fomento de la industria criolla de transformación, así como de sus industrias naturales: agricultura y cría. Por eso el PDN, sin dejar por un momento de defender los intereses específicos de los sectores que fundamentalmente integran su frente de lucha, prepara desde ahora las condiciones que en un mañana más o menos próximo darán seguridad, estabilidad y posibilidades de desarrollo a todas las fuerzas productoras de la nación. El Partido, por sostener sistemáticamente esta tesis, en forma razonada y consecuente, está en capacidad de lograr que los representantes de esas fuerzas productoras progresistas situadas en las filas poseyentes no vean en nuestra organización un enemigo suyo, sino un aliado y, aun, que individualidades de esos sectores, convencidos de la justeza del programa pedenista y de la coincidencia de su línea política con las necesidades de la nación, vengan lealmente a las filas pedenistas.

De las anteriores exposiciones sobre la realidad económica y social venezolana, se deduce claramente que hay obstáculos determinantes, de gran fuerza cada uno de ellos y con estrecha interdependencia entre sí, que entraban el progreso social del país. Esos obstáculos son: la forma latifundista de explotación de la propiedad rural, la limitada gestión usurera de la banca privada y el control de nuestra economía por parte del imperialismo. Todas estas fuerzas se obstinan en mantener un Estado tarado por fuertes resabios absolutistas e incapaz por lo mismo de admitir un régimen de democracia política sobre amplia base popular. Quebrantar el sistema de propiedad feudal en el campo, desterrar del país la usura bancaria y rescatar para la nación el control de sus riquezas naturales, armando al pueblo con la dirección de un Estado democrático, tales son los máximos objetivos que tiene planteada la revolución democrática en Venezuela.

¿Qué sectores sociales están interesados en esta transformación? Debe afirmarse que las mayorías productoras nacionales. Porque será a ellas y no sólo a un sector o clase determinados a quienes beneficiará fundamentalmente ese cambio profundo que se opera en la vida de la nación. Sólo una reducida minoría oligárquica nacional y el imperialismo extranjero resultarían perjudicados con un cambio de régimen económico, político y social de Venezuela, que dote de tierra al campesinado, democratice el crédito, incorpore al patrimonio nacional las cuantiosas reservas de riqueza explotadas actualmente por intereses extraños y logre, así, transformar el Estado –yugo de hoy– en un Estado democrático de amplia base popular.

No bastaba, sin embargo, la circunstancia de existir en Venezuela un orden económico, político y social lesivo a la nación –que la mantiene estancada y anhelante de un mejor destino– para ser posible una transformación a fondo de esa realidad. Las ya precitadas características de nuestro país eran suficientes para crear en amplios sectores nacionales un impulso de descontento permanente y de potencial rebeldía contra las formas de vida vigentes en Venezuela desde los días iniciales de nuestra nacionalidad. Empero se hacía necesaria la existencia de un partido político capaz de organizar y dirigir esos amplios sectores populares que intuían la necesidad de que la sociedad venezolana se asentase sobre bases de democracia y de justicia social, liberándose al propio tiempo del tutelaje económico ejercido por el capital internacional.

Ese partido no podía ser, para cumplir cabalmente su misión histórica de transformar a Venezuela, ni de tipo clasista, ni de tipo demo-liberal ni menos aún de tipo totalitario. Un partido clasista, por la naturaleza d la transformación social planteada en Venezuela, esta imposibilitado para conducir a los amplios sectores populares a la lucha y a la victoria contra los enemigos históricos del pueblo. Un partido demo-liberal (de centro), encuadrado dentro de un programa de reformas formales y sin vocación ni posibilidad para ir al fondo de los problemas sociales, tampoco es capaz de dirigir al pueblo venezolano hacia la meta de sus aspiraciones colectivas, coincidentes con las necesidades de Venezuela como nación. Un partido de corte antidemocrático tampoco reclama el porvenir económico-social del país, sino antes bien lo repudia tenazmente: el mantenimiento de un Estado autocrático del tipo Juan Vicente Gómez consumaría el agotamiento definitivo del pueblo venezolano, víctima de los atropellos y despojos erigidos en sistema de gobierno, y completaría la entrega definitiva de nuestra economía a la voracidad de banqueros criollos y decapitantes de la gran industria internacional, y un régimen influido por las potentes fuerzas totalitarias significaría la opresión tecnificada erigida en sistema de gobierno, y, en resumen, la desaparición de Venezuela como nacionalidad. Al control económico arrebatado al imperialismo dominante en la actualidad en el país, las fuerzas totalitarias agregarían un control integral de carácter político y militar, semejante al ejercido hoy en pueblos que han sucumbido ante el tropel internacional de quienes se han dado a la misión antihumana de despedazar nacionalidades y oprimir pueblos débiles.

Ese partido que necesitaban con perentoria urgencia las mayorías nacionales es el PDN. Y esta afirmación no es de ningún modo hija del sectarismo partidista. Ella surge con una lógica implacable del severo y concienzudo análisis de la realidad económica, política y social de Venezuela. Ella sale de la convicción, abonada por la experiencia de tres años de lucha del Partido, de que sólo éste es capaz de realizar la soldadura, sujetándolas a una misma disciplina partidista, de las varias capas sociales interesadas fundamentalmente en una transformación democrática del país.

En el PDN se conjugan las dos características esenciales requeridas por un partido político que se imponga la misión de transformar la realidad social venezolana. Esas características son las de ser nacional y ser democrático.

Por ser un partido popular y no clasista, el PDN abarca en sus filas a las mayorías del país, formadas no sólo por obreros, campesinos y empleados, sino también por todos lo sectores venezolanos desvinculados de la oligarquía nación y del capital extranjero. Es el nuestro un frente único de todos los hombres y mujeres venezolanos realmente interesados en que la nación conquiste su gran destino, se realice a sí misma y asegure a todos sus hijos bienestar social, libertades públicas e ¡limitadas posibilidades de desarrollo cultural. Su programa contempla reivindicaciones cuya conquista importa a los más diversos sectores sociales, la mayoría de los cuales tienen interés, por razón de su extracción social, en militar en sus filas; y otros, a falta de ese interés, tienen necesariamente que simpatizar con un partido que lucha por una transformación de la cual el país será el primer beneficiario.

Así luchando el Partido, como lucha cotidianamente, contra el latifundismo, representa y llama a sus filas a las capas agrarias oprimidas por la gran propiedad, y neutraliza a su favor aun a aquellos sectores agrícolas acomodados que también sienten gravitar sobre ellos el peso de ese inicuo sistema. Luchando por el crédito barato, por la protección a las industrias nacionales y por un rígido control sobre todas las formas de la usura, logra que los comerciantes e industriales de débil poder económico se sientan defendidos en su interés por el Partido, lo vean con simpatía y militen en sus filas. Y, por último, su programa de vitalización de la producción nacional, en todos sus aspectos, y de justicia social para los trabajadores manuales e intelectuales y el campesinado, le permitan incorporar a sus cuadros a los sectores medios y laborantes, capas sociales éstas las más combativas y las mejor dotadas para ser el motor en la lucha planteada en Venezuela, por lo que el Partido las organiza políticamente con particular preocupación, constituyendo el grueso de sus militantes. Y todos estos estratos sociales aptos para incorporarse al PDN que así contempla y defiende sus reivindicaciones más sentidas, comprenden que un partido de programa científico y tan realista en su acción diaria es el único capacitado para conducir al Poder a un movimiento popular, que actúe democráticamente en su función política y sea firme defensor de los intereses de la nación frente al capital extranjero. Es por eso por lo que el PDN se puede calificar, al igual que por su independencia de organismos políticos extranjeros, como partido nacional. Su doctrina, su programa y su táctica reflejan exactamente los anhelos y necesidades de las mayorías de la nación.

Y es democrático porque su programa plantea una transformación de ese tipo en la política y en la economía de la nación, y en los métodos para lograr sus objetivos. Así mismo, es democrático el PDN porque en su estructura interna rigen métodos de control de la masa militante sobre los organismos de dirección, que ella misma se da, y cuyas actuaciones están regidas por una plataforma programática, por una concepción doctrinaria de la realidad nacional y una línea política general a cuya elaboración ha contribuido todo el Partido.

Sintetizando, decimos:

1. La nación venezolana, para superar el estado de atraso y de subordinación en que se encuentra frente al capital internacional y para extirpar esa especie de cáncer de nuestra economía que significa el latifundismo, tiene que realizar una transformación profunda en su estructura económica y política que permita un amplio desarrollo de todas las fuerzas productoras del país. Esta es, como lo hemos demostrado, la transformación democrática antimperialista y agraria de Venezuela, por la cual luchan los densos sectores populares del país.

2. Esta transformación económica y social del país exige la existencia de un organismo político popular, no clasista, que canalice el anhelo de liberación de nuestro pueblo y lo oriente y dirija hacia la conquista de las formas económicas y políticas que someramente hemos apuntado.

3. Este Partido es el PDN y no otro, por las siguientes razones:

a) Un partido reaccionario (el Par-Nac), por ejemplo, por representar a sectores de intereses opuestos a la nación venezolana y a sus grandes mayorías, tiene que ser enemigo acérrimo de la liberación venezolana.

b) Un partido de centro (el PAN, por ejemplo) está incapacitado, por propugnar reformas tímidas, para cumplir esta tarea histórica, pues ésta requiere la aplicación sin vacilaciones de medidas incisivas, modernas, que sólo pueden ser cumplidas por un partido de amplias masas populares.

e) Un partido clasista (el Partido Comunista, por ejemplo) debido a su contenido programático, a las condiciones históricas de Venezuela y la escasa densidad de la clase específicamente obrera, se encuentra también imposibilitado para dirigir un vasto movimiento de alcance nacional como lo es la transformación democrática y antimperialista de la nación venezolana.

¡Por una Venezuela libre y de los venezolanos!