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Mitos que obstaculizan el diálogo y la profundización de los cambios democráticos

Frente a la agudización de la conflictividad política y social que vive el país, presentada bajo la forma de una confrontación de dos polos aparentemente irreconciliables, Provea ratifica su llamado a la población a buscar salidas a través del diálogo y en el marco de la institucionalidad que establece la Constitución de 1999.

Mito 1: El país está dividido radicalmente entre chavistas y antichavistas

Pese a que la información que circula a través de los grandes medios masivos hace pensar que el país estaría dividido en dos bloques radicalizados (uno afecto y otro desafecto al gobierno), la realidad es que cerca de un 70% de la población, según señalan las encuestas, no pertenece a los «apoyos duros» del chavismo o del antichavismo, no se siente reflejado en las posturas extremas de ambos bandos. Esa mayoría desea un clima en el que se reduzca la beligerancia y desatiende los discursos maniqueos, independientemente de donde provengan. Lamentablemente, se trata de una mayoría poco escuchada, dado que los espacios de debate están copados por representantes de un 30% constituido por sectores radicalizados que suelen gritar su deseo de «salir de Chávez a como dé lugar» o «decretar estado de excepción para profundizar la revolución». En parte, esto explica por qué existe en el país la sensación generalizada de estar viviendo un momento límite en el que «va a ocurrir algo muy pronto». Se trata de una crisis, en buena medida, artificial, en tanto está fundada en la amplificación del conflicto entre dos minorías muy activas. Por otra parte, es evidentemente simplista pensar que las principales contradicciones que surcan al país entraron por un embudo que desemboca en una «contradicción principal» que las resume (chavismo-antichavismo). La diversidad de demandas sociales y políticas existentes en el país no acepta ser reducida de tal manera. Al menos desde Provea, en donde reivindicamos la integralidad de los derechos humanos, no tenemos reparo en coincidir con el diseño de algunas políticas de espíritu inclusivo y consistentes con los derechos sociales diseñadas desde el gobierno, al tiempo que cuestionar los enormes déficit en la ejecución de las mismas, así como el retroceso y evidente autoritarismo en otras de sus políticas. Algo similar entendemos que ocurre con la mayoría de la población. Las mayorías no deseamos la violencia y por eso rechazamos los extremos. Deseamos profundizar cambios que conduzcan, con más y no con menos democracia, hacia la justicia social. Por tal razón, desde Provea consideramos como un reto que el espacio político sea reconquistado por esa mayoría, no para fingir que en el país no hay enormes diferencias que enfrentar, ni múltiples demandas contradictorias, sino para expresarlas y canalizarlas, evitando lógicas de suma cero desde las que, en caso de llegar a la violencia, todos perderíamos.

MITO 2: El autoritarismo está en el otro bando

La representación que la oposición difunde del gobierno es la de una dictadura. Incluso desde antes de que Chávez fuera presidente en ejercicio, ya lo presentaban como un «tirano». Al mismo tiempo, se representa a sí misma como la única posibilidad democrática del país, presenta sus acciones como la expresión inequívoca de la «sociedad civil», mientras que las de simpatizantes del gobierno son presentadas como propias de «turbas». Por su parte, el gobierno pretende que en su actual composición y redes de alianzas, se encuentra la única posibilidad para avanzar hacia una democracia con justicia social. Sataniza, recurrentemente, críticas legítimas provenientes tanto de la oposición, como de sus propios aliados y de sectores autónomos. Muestra un escaso nivel de tolerancia tratando como enemigos a todos los que lo adversan, lo que condujo a la radicalización de la oposición y a la reducción de su base de alianzas. La realidad es que en Venezuela ningún sector tiene el monopolio del estilo democrático de acción política. Por el contrario, el riesgo del autoritarismo está presente en los sectores radicalizados de ambos bandos y esto se expresa, entre otros factores, en estilos y modelos políticos poco inclusivos, en la disposición a violar la ley siempre que favorezca sus posturas y en llamados a que la FAN apoye sus parcialidades.

La mayoría de la población rechaza opciones autoritarias, tanto golpes antichavistas como autogolpes chavistas. Lo que parece pertinente es que las diferencias sean resueltas por los canales democráticos establecidos en la legalidad, sin componendas de élites sino con participación popular en el debate de los principales problemas del país. Esa mayoría se encuentra tanto en sectores afines al gobierno como a la oposición y en muchos otros que prefieren mantener su autonomía en esa confrontación. La perspectiva democrática es transversal a la confrontación entre los partidarios del gobierno y de la oposición. Se trata de personas y organizaciones que reivindican la democracia y su profundización con justicia social, como un asunto de principios que trasciende cualquier coyuntura y cualquier gobierno. El reto que se impone en la actualidad es que esa perspectiva transversal, articulada o no, aumente su incidencia, desde diversos espacios, para neutralizar los autoritarismos.

MITO 3: La solución a los problemas del país pasa por la salida de Chávez

La oposición exhibe multitudinarias manifestaciones y publica encuestas que señalan que la popularidad de Chávez cayó verticalmente, con lo que justifica la necesidad de que abandone el poder ejecutivo de inmediato. Dependiendo del sector de la oposición del que se trate, esta salida es estimulada por la vía del golpe de estado con apoyo civil o por la vía institucional.

La realidad es que las encuestas muestran que el presidente, luego de tres años de gobierno, pese a que ciertamente disminuyó en su popularidad, todavía tiene un importante porcentaje de algún tipo de apoyo que varía, dependiendo de la pregunta, entre un 40% y un 48% (según una encuesta de febrero del Instituto Venezolano de Análisis de Datos), al tiempo que una
gran cantidad de población le demuestra en la calle su respaldo. Pero, en todo caso, la permanencia de un Presidente en el gobierno no se sustenta, en nuestro modelo de sociedad, en los resultados de encuestas o en la magnitud de las manifestaciones a favor o en contra, sino en los resultados electorales. En este terreno, es un hecho indiscutible que Chávez fue electo y luego ratificado por una importante mayoría de la población. Quienes propugnan un alzamiento militar están desconociendo la voluntad popular expresada en los procesos electorales de 1998 y 2000; están pretendiendo, en el mejor de los casos, que para obtener más democracia es necesario optar por caminos antidemocráticos. Esta postura es, a todas luces, inaceptable. Tal opción, no sólo no conduciría a mayores niveles de democracia sino que ocasionaría un enfrentamiento violento prolongado que involucraría tanto a sectores civiles como militares. Quienes propugnan una salida institucional, hablan de una renuncia presidencial, una asamblea constituyente plenipotenciaria, un referéndum consultivo, un referéndum revocatorio o un juicio que inhabilite al presidente. Ninguna de esas opciones luce probable en el corto plazo. En parte por el apoyo social e institucional con el que cuenta aún el presidente y en parte también porque acabamos de transitar tres años de intensos procesos electorales que dejaron exhausta a la población. Los problemas de Venezuela no se resolverán con un cambio inmediato de presidente. Por el contrario, una salida abrupta, alejada de la voluntad popular, los profundizaría. Quienes desean la salida de Chávez de Miraflores tienen derecho a trabajar para que esto ocurra en el futuro, al tiempo que el deber de ofrecerle al país, para su discusión, proyectos alternativos que permitan combatir la exclusión social y profundizar la democracia. Por ahora, más importante que las personas que están en el poder, es la capacidad del pueblo organizado para obligar a esas personas a comportarse de manera consistente con los derechos de la población. En este sentido, la oposición puede considerar ya como un éxito, que en parte le pertenece, la reducción de la beligerancia presidencial iniciada desde el discurso de Maracay en el que se comprometió a tomar con su mano más activa «el arado» y pidió ayuda para envainar «la espada». En esa tarea, la oposición se encontraría con una parte de la población que actualmente le brinda algún tipo de apoyo al gobierno sin que por ello le esté dando un cheque en blanco. En efecto, la misma encuesta citada arriba señala que un 80,3% quiere que rectifique su estilo confrontador, lo que implica que no sólo la oposición, sino también parte del sector que lo apoya, le pide cambios. Incluso entre algunos de los sectores que expresaron en la calle su apoyo al gobierno, es frecuente encontrar críticas al centralismo del partido de gobierno, a la militarización y a la ineficiencia de la gestión. Algunos de esos sectores defienden más una posibilidad de cambios que una realidad y al respaldar al gobierno, fundamentalmente se están oponen a «una vuelta al pasado».

El gobierno no puede ignorar la voluntad de quienes, apoyándolo o adversándolo, le piden cambios. No puede ignorar su descenso en las encuestas, ni la gran capacidad de movilización y creatividad que demuestran los sectores sociales que lo adversan. Un diálogo con todos los sectores del país es una obligación para el proyecto que lidera el presidente Chávez.

Dialogar no significa traicionar los principios expresados en sus ofertas electorales y en la Constitución aprobada por mayoría en 1999, sino ofrecer el espacio para que las diferencias se expresen y para que cada cual demuestre con argumentos qué es lo que considera más conveniente para el país. También es la posibilidad de reconocer con valentía los errores cometidos y proponer enmiendas.

El reto para las mayorías que deseamos justicia social, paz y profundización de la democracia, más allá de ésta o cualquier otra coyuntura, es construir organización social y mecanismos de control sobre nuestros representantes que nos permitan impedir que ni ellos ni otros desenvainen las espadas, al tiempo que obligar a la ejecución de un arado que permita la inclusión social.

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