La pena de muerte, otra vez

Es un hecho que la criminología da por sentado, gracias a la elocuencia de las estadísticas, que la aplicación de la pena de muerte no incide sobre la disminución de los delitos, por el contrario, en algunos casos hasta los incrementa. Pero de esto no quieren saber nada ni los chinos, ni los cubanos, ni los iraníes, ni los estadounidenses. Estos últimos, que se vanaglorian con fundamento de sostener una democracia modélica, aplican en su suelo una de las penas más terribles y condenables. Es un hecho que se cae de maduro: nadie puede disponer de la vida de otro, por más que ese otro haya dispuesto de la vida de los demás. El Estado en ejercicio de su poder judicial no puede incurrir en la misma violencia que condena. En los últimos veinte años ha avanzado a nivel planetario la abolición de la pena de muerte de manera entusiasmante, mientras en 23 estados de la unión norteamericana la han retomado, tristemente, a partir de 1973.

Si hace quince años el 80% de los norteamericanos estaba de acuerdo con su aplicación, ahora el número ha bajado a 65%, y en algunos estados hasta a menos de 50%, que todavía es mucho, pero la merma tiene explicación en algo escalofriante: se han detectado ya innumerables desaciertos, es decir, han sido electrocutados o inyectados letalmente por lo menos 13 personas que después se descubrió que no eran culpables. Menuda consecuencia: el Estado como asesino, aunque sea por error, pero vaya error. El tema vuelve a la pantalla porque hace menos de una semana le fue aplicada la pena de muerte a Gary Graham, considerado culpable de un asesinato cuando contaba 17 años, hace 19 años atrás, pero la pena se instrumentó sobre un hombre que había cometido un delito siendo un menor, y con la sola fuerza de un testigo, con lo que el caso sacude de nuevo la conciencia pública y recrudece las dudas que se ciernen sobre él.

Ocurre también que el estado de la unión donde se ha aplicado más la pena de muerte es Texas, donde el gobernador es George Bush, y a partir de aquí el asunto va a ser sustancia del debate electoral. Pero lo peor es que a Al Gore, el candidato demócrata, no le ha temblado la voz para afirmar que él también es partidario de la pena de muerte. A todas luces, un torneo en el que nadie quiere lucir débil frente al delito, pero un torneo que pone al rojo vivo un tema crucial de nuestro tiempo: los derechos humanos. Resulta cuesta arriba salir por el mundo exigiendo que se cumplan los derechos del hombre cuando en el suyo se abrogan uno sobre el que nadie tiene derecho: la vida del otro.

La Unión Europea ha decidido presionar por que sea abolida la pena de muerte en todas partes del mundo, pero especialmente en los USA, país que debería ser, como lo es Europa en esta materia, un ejemplo a emular, sobre todo si quiere ostentar algún ascendiente moral sobre el resto del mundo. Es un contrasentido lacerante que una potencia que se abroga el papel de policía planetario, aplique penas violatorias de los derechos humanos.

Entre nosotros, el tema lo puso de nuevo sobre la mesa el gobernador de Caracas, cuando propuso a la Asamblea Constituyente que lo tomara en cuenta, haciendo gala de su conocido talante reduccionista y elemental, felizmente los asambleístas y Chávez lo descartaron. Ahora vuelve a ventilarlo el candidato Peña quien, al igual que Bush y Gore, sabe que el tema da votos, toca el ventrílocuo fascista del corazón del ciudadano común. Estas manifestaciones de fuerza, por encima del sentido humanitario, la ética y los derechos humanos, están a la orden de los demagogos y, también, de los que sí creen que estas medidas son moralmente aceptables y efectivas: ¿no son, estos últimos, los peores?