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Pequeños y banales asesinos

Nunca sabremos qué aceleró el infarto. Si el desconcierto, la rabia o la desilusión. Pero la imagen de un hombre de 66 años, llamado Francisco Medina Padilla, cayendo fulminado por su propio corazón luego de haber intentado conducir hasta un lugar seguro lo que quedaba de su camión distribuidor de agua mineral, destrozado por la furia infeliz de los manifestantes del liceo «Gustavo Herrera», debería ser suficiente como para desatar una reacción de rechazo y protesta colectiva análoga a las que se suscitan en España contra los frecuentes y cobardes crímenes del grupo terrorista ETA. No es un hecho excepcional ni aislado.

Lo afirmo con suma responsabilidad. Porque el día que alguien se dedique a evaluar con rigor cuáles han sido las consecuencias de casi 25 años de sistemáticos disturbios callejeros, protagonizados la mayoría de las veces por estudiantes e infiltrados en liceos y universidades públicas del país, se va encontrar con una inmensa, desagradable y preocupante sorpresa.

El número de muertos y heridos, entre los ejecutados por las fuerzas de seguridad y los producidos directa e indirectamente por los incendiarios manifestantes; los montos globales de pérdidas económicas de empresarios privados e instituciones públicas incendiadas y saqueadas o paralizadas por las protestas; las horas/aula que nunca se pudieron ni se podrán restituir; los dólares invertidos en el material bélico utilizado por las fuerzas armadas para refrenar las reyertas, que bien pudieron ser utilizados en medicinas para los hospitales o libros para las escuelas públicas; y algo especialmente repetido, el número de distribuidores de alimentos —generalmente humildes inmigrantes con hijos venezolanos— que vieron incendiarse frente a sus ojos el pequeño camión producto de décadas de esfuerzo; sumados todos, va a ser algo suficiente para provocarnos una exclamación de horror.

Pero que nadie se haga ilusiones: ni siquiera con esas cifras tendremos la seguridad de que pronto vamos a reaccionar. Asediados como estamos por los asesinatos y los asesinos en su versión delincuente, los delitos colectivos —no hay otra manera de llamarlos— que se cometen en las manifestaciones callejeras tienen siempre a su favor el atenuante público de ser el resultado aparente del ejercicio de un derecho fundamental de la democracia: el derecho a la protesta.

Por lo tanto, no importa cuán justa y pertinente sea la causa de la protesta —como aquella de «es que la directora no nos gusta», gagueada a la TV, capucha en mano, en medio de los gases lacrimógenos, por un liceísta de 13 años—, ni cuáles las dimensiones del caos provocado, ni cuántas las víctimas inocentes que padecen por su culpa: la sociedad en su conjunto tiende a considerar la agresión física a transeúntes, negocios y automóviles como un acto de naturaleza distinta al robo de un banco o un atraco a mano armada; cuando, en realidad, en la mayoría de las ocasiones, por sus móviles y sus resultados terminan siendo lo mismo.

No es un fenómeno reciente. Paulatinamente, y bajo la mirada complacida o escéptica de muchos, en Venezuela se fue creando lo que podríamos llamar un proceso de perversión de la protesta social, que a su vez fue banalizando y legitimando el uso de prácticas de violencia extrema a las cuales en otras sociedades se apela sólo, como recurso desesperado, en momentos de alta conflictividad.

Fueron muchas las condiciones que favorecieron el florecimiento de esta perversión, que hoy ya es una cultura y un valor asumido como legítimo y natural en amplios sectores de la población. Una de ellas provino del seno de las propias autoridades de las universidades autónomas, y de las prácticas políticas de la ultraizquierda, que jugó siempre a la defensa de la autonomía de los centros educativos y de los derechos humanos de los incendiarios, sin percatarse de en qué momento lo que en otras épocas se conocía como el «glorioso movimiento estudiantil», se había convertido en pandillas ociosas que, por el contrario, contribuían a despolitizar a los estudiantes comunes y normales. Cuando reaccionaron, como lo hizo la UCV con el referéndum de los encapuchados, ya era demasiado tarde, y la cultura de la protesta perversa había cundido por el país.

El otro factor provino de la incompetencia policial y de la falta de sentido estratégico en los métodos de enfrentar la violencia callejera. Los gobernantes venezolanos, que en el fondo siempre temieron y siguen temiendo los costos políticos que significa violar autonomías o maltratar estudiantes (otrora héroes del 28, del 58 y de las juventudes comunistas), se contentaron con diseñar y poner en práctica métodos de contención de los manifestantes violentos, y no métodos efectivos de control que, sin violar los derechos humanos, permitiesen aplicar severamente las leyes, del orden público y de inteligencia, para ubicar a los profesionales de la perversión.

Pero probablemente el factor más importante, el que tiene más que ver con nuestro futuro, fue el aprendizaje que tuvo la población, al entender rápidamente que la única manera de lograr que el poder ciego y sordo, enamorado de sí mismo —que dirigió y uno no sabe si todavía dirige el destino de la Nación—, se ocupara de sus problemas, era promoviendo pequeñas o grandes alteraciones del orden público.

Así es desde hace más o menos 25 años. Una sociedad cuyos canales de comunicación con el Poder se fueron obliterando, descubrió que, ya sea para lograr el servicio de agua, la atención prometida a los damnificados, el respeto al resultado electoral o la discusión sobre el cumplimiento del pasaje estudiantil, el mecanismo más efectivo —o, más bien, el único efectivo— era cerrar el paso de una autopista, dejar morir a los pacientes, rodear la sede del CNE o quemar los mismos autobuses que, se supone, deben transportar a los manifestantes.

Y así será, lo sabemos ahora, no importa que quienes gobiernen crean representar intereses distintos. Si la sociedad no es capaz de verse en su conjunto, de luchar por sus derechos de manera estratégica y no episódica, como hasta ahora, y si no logra profundizar la prometida participación política real, estaremos condenados a engendrar —cada vez más— pequeños y banales asesinos que no saben que lo son, y jamás habrá una manifestación por intereses y derechos que vayan más allá de las necesidades inmediatas de cada quien.

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