Son, por ejemplo, las salas de sesiones de organismos intergubernamentales, como ocurrió en noviembre del pasado año en la reunión de ministros de Cultura convocada por la Unesco y realizada en París con el objetivo de crear una «alianza por la diversidad cultural»; o los auditorios de prestigiosas universidades, como aquel de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, en donde se produjo en octubre de 2000 un seminario académico sobre «Cultura y globalización»; o los espacios de conocidos museos, como el de Arte Contemporáneo de Caracas, en donde se desarrolló el pasado lunes 30 un foro sobre «Políticas de Estado para el sector audiovisual», convocado por el Consejo Nacional de la Cultura.

Afortunadamente, he tenido la posibilidad de asistir y participar en cada uno de ellos —por eso los menciono—, y aunque sé que se han realizado siguiendo metodologías muy diferentes, en las tres reuniones hemos encontrado una misma preocupación y una pregunta común: ¿qué pueden hacer los países con menos desarrollo de sus centros de producción audiovisual para frenar la avasallante presencia de los productos estadounidenses que copan, en algunos casos de manera absolutamente monopólica, todo lo que se proyecta o se transmite en sus salas de cine y circuitos de televisión? Hay que aclarar que cuando decimos «países con menos desarrollo de sus centros de producción audiovisual» nos estamos refiriendo a prácticamente todos los países del planeta. Porque salvo la India, que tiene una producción cinematográfica monumental, todos los demás consumen un porcentaje mayor de películas y programas de televisión importados de Estados Unidos que de materiales similares importados de otras naciones o producidos en su propio territorio.

De esta condición no escapan los países de la exitosa Unión Europea, a quienes solemos imaginar siempre en mejores condiciones económicas o culturales que los países del llamado Tercer Mundo para defenderse de la invasión norteamericana. Pero en este campo la situación es distinta, y los datos lo confirman de manera contundente.

Según el Observatorio Europeo del Audiovisual, el cine estadounidense acapara anualmente más de 78% de la taquilla, mientras que las películas nacionales representan apenas 5% y los largometrajes europeos no nacionales sólo 8% del ingreso. Igual ocurre en América Latina, donde el déficit comercial estimado en 1988 fue de 1.338 millones de dólares y donde las películas norteamericanas concentran una media de 85% de lo recaudado en taquilla.

El peso es descomunal. Tanto, que en la mencionada reunión de la Unesco, los ministros de Francia, Alemania o España expresaban, ante la situación de amenaza que viven sus culturas y sus identidades por causa del aluvión norteamericano, una queja similar a la que décadas atrás solo se escuchaba a los asiáticos, los africanos o los latinoamericanos. Francia, con el apoyo de España y de Italia, ha comenzado a romper el consenso entusiasta que anima al bloque de países partidarios de la integración económica y de la eliminación de trabas al libre flujo de bienes y capitales, defendiendo lo que se denomina la excepción cultural. Es decir la tesis de que los productos culturales —libros, videos, películas, música grabada, etcétera— deben ser protegidos y, por tanto, objeto de un tratamiento especial que no los incluya en los planes de libre comercio.

El Mercosur, con el mismo propósito, está procediendo de otra manera. Trata de conformar un mercado común entre Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile con el objetivo de garantizar el libre flujo de productos culturales y crearles a cada una de las industrias culturales mercados más grandes y por tanto más rentables, apuntando a aminorar de ese modo los efectos del fenómeno que los europeos hace tiempo tratan de enfrentar.

El argumento compartido es doble. De una parte, el hecho de que los productos culturales, además de ser mercancías como cualquier otra —algo que se pude vender, comprar o alquilar—, son productos que transmiten y refuerzan los valores, las tradiciones, la memoria propia de cada nación, etnia o grupo social. Son productos que, de alguna manera, funcionan como el espejo masivo donde la sociedad se reconoce y se recrea, y por lo tanto no pueden ser tratados como las salchichas, las lavadoras o el papel sanitario.

Y de la otra, la constatación de que mientras en otros campos —al menos para los países desarrollados— la globalización ha traído consigo un incremento del comercio y un aumento de la riqueza y de la diversidad de oferta, en el campo cultural ha significado más bien un empobrecimiento, pues la tendencia es que solo circulan exitosamente los productos de los grandes conglomerados de un solo país, haciendo que los creadores locales pierdan —como ocurre con las cinematografías nacionales diferentes a la de Estados Unidos— la posibilidad de comunicarse con sus propios mercados, y determinado así que se reduzca la diversidad cultural.

Es un debate que comienza a cobrar fuerza y se convierte en una prioridad para los países interesados en preservar sus idiomas, su memoria y su capacidad de creación. Es también una industria que genera ganancias monstruosas, a las que otros países podríamos acceder. El foro del Conac, con la presencia de todos los sectores, incluyendo de modo especial a los empresarios privados y los cineastas, ha puesto el tema en la escena nacional, ratificando la importancia que tiene para el país —y para el Estado— generar políticas en el terreno de las industrias culturales y de sus estrategias de comercialización. La globalización, entre otras cosas, más allá de las barricadas, nos obliga a afinar la imaginación y mirar de una manera absolutamente nueva las relaciones entre Estado, cultura y mercado.