Falsa información veraz

Por suerte para todos, y a diferencia de naciones vecinas, no ha sido Venezuela un país en donde se haya practicado de manera sistemática y colectiva la persecución, el asesinato o el secuestro de periodistas. En nuestro caso, los conflictos entre información y poder se han resuelto por otros caminos, pero tampoco han sido un lecho de rosas.

En este poco más de cuatro décadas se han cerrado canales y emisoras de radio por órdenes oficiales; se ha intentado silenciar diarios importantes a través del boicot de los anunciantes; se ha enjuiciado y encarcelado a periodistas y editores; se han maltratado nombres por informaciones equívocas y campañas malintencionadas de los medios; se han realizado despidos masivos en diarios; e incluso, como ocurrió en los días posteriores al 27F, se ha revivido la imagen perezjimenista del censor, con el lápiz rojo en la mano, decidiendo en la propia oficina de redacción qué saldrá y qué no en la edición del periódico del día siguiente.

En lo que a persecución de periodistas se refiere, hay dos actos que algún día habrá que estudiar: las prácticas intimidatorias de Blanca Ibañez, por una parte, y el acoso del que fueron objeto hace ya unos cuantos años los estudiantes de periodismo aún no graduados, que tenían sobre sus hombros, como estigma y como pecado, no ser miembros del Colegio Nacional que los agremia.

Era una cacería. Cada vez que un joven periodista que aún no había terminado su tesis de grado aparecía firmando un trabajo de prensa, el Colegio, a través de uno de sus comisarios, se rasgaba las vestiduras por aquello de la violación de la Ley de Ejercicio Profesional, se dirigía al medio donde el «indiciado» laboraba, y pedía su eliminación de la nómina, so pena de paralizar las labores o alguna otra amenaza similar.

Fue entonces cuando la figura de los «pasantes» se convirtió en una necesidad. Los editores de aquel momento sabían que entre los perseguidos se encontraban las mejores plumas —hoy habrá que decir teclados— jóvenes del país y recurrieron, para conservarlos en sus páginas, a la figura de la pasantía académica, que lograba por esa vía un permiso temporal del Colegio que legalizaba al trabajador ilegal. El impasse se solucionaba con la entrega, por parte del Colegio, de algo así como el green card que otorga Estados Unidos a los trabajadores ilegales.

II

¿A que viene este recuerdo, se preguntará el lector? Respondo: a un correo electrónico y una coincidencia histórica, relacionada con el tema de la «información veraz» como propuesta constitucional. A la circunstancia de que, otra vez, la máxima amenaza que se ha diseñado en tiempos de la democracia contra la libertad de expresión, surge no precisamente de algún sector de sacerdotes, de académicos, de gobernantes o de empresarios de la comunicación, sino de un grupo de gremialistas del periodismo que se han encargado de promover, desde el seno mismo del gobierno de Caldera, la tesis represiva.

Es lo que denuncia sin ambages Pablo Antillano en un apasionado correo electrónico que nos ha hecho llegar a algunos de sus amigos, convocándonos desde ya, igual como lo ha hecho valientemente Angela Zago, a pronunciarnos con un No contra la autoritaria amenaza constitucional.

«Información veraz [...] y otras monsergas no son conceptos que convoquen consenso en Venezuela, como tal vez lo logran culturalmente en otras latitudes. Por el contrario, abren aquí terreno al ancho y peligroso paisaje de las interpretaciones, los juicios y la discrecionalidad del Estado», escribe Pablo. Y agrega luego: «Los autores del desaguisado son los mismos periodistas que diseñaron en los 60, y en versiones posteriores, la Ley de Colegiación, ésa que hoy nos convierte en un gremio obsoleto, pues impide que cualquier ciudadano pueda obtener, procesar y hacer circular información, que es, por el contrario, la puerta que ha consolidado Internet y, válgame Dios, todas las formas de segmentación y comunicación alternativa de nuestra época».

«Son los mismos», continúa Antillano, «que persiguieron a periodistas no colegiados, jóvenes estudiantes —y entre ellos mucha gente con talento—, durante más de dos décadas. Los mismos que con esa actitud consagraron situaciones odiosas de discriminación, pues simultáneamente permitían que la profesión fuera ejercida sin titulo universitario por editores, dueños de medios y altos ejecutivos de televisión [...] Hoy [...] se colaron en la Constituyente y la han conducido a aprobar un artículo orientado a amordazar los medios, a los periodistas y a los ciudadanos».

III

Conozco a Pablo Antillano, es mi amigo. Con él, además de las más solidarias barras de Caracas, he compartido espacios de trabajo en distintas empresas de comunicación, al igual que páneles y foros en numerosas universidades y centros culturales del país. Y, sobre todo, fui su liceísta lector, cuando ya era él un periodista precoz que incendiaba el país desde las páginas de Reventón, la más original y revolucionaria revista de contestación política y cultural que haya tenido el país.

Por eso entiendo perfectamente la vehemencia y la ira que produce en Pablo cualquier guiño jurídico que intente limitar el libre ejercicio del periodismo en cualquiera de sus áreas. Como pocos, Pablo conoce en carne propia lo que significa la intromisión de los poderes, ya sea el del Estado o el del gran capital, en la vida real y diaria del oficio de informar. Junto a Raúl Fuentes, Pepe Luis Garrido, Carlos Ramírez Farías, Richard Izarra y Enrique Rondón, Pablo formó parte del grupo de periodistas a quienes se les siguió juicio militar en el primer gobierno de Caldera. Formó parte también del grupo de venezolanos que, luego del golpe de Pinochet, regresaron a Venezuela esposados durante todo el viaje, por orden de las autoridades de la época. Y posteriormente, como director de información del diario Punto, junto al periodista Marcos Torres fue sometido a un juicio que duró casi una década, y que le obligaba a presentarse mes a mes a un juzgado que regulaba, incluso, sus salidas de la ciudad o del país.

En su caso, no sé en otros, enfrentar anacronías como la información veraz —que, en vez de contribuir a ampliar los derechos ciudadanos, los cercena— se convierte en un asunto de dignidad, que tiene que ver con la vida propia y no con juicios abstractos sobre una equidad que sólo existe en el terreno de las buenas intenciones. El correo de Pablo, como esas cadenas religiosas que prometen milagros, ya lo hemos puesto a circular. Es un No desde la experiencia.