El revólver y el profesor

Entre las breñas del sueño, con el televisor todavía encendido, creí haber entendido mal cuando el subdirector del liceo Fermín Toro, con la misma naturalidad con que alguien explica en una clase que «fuerza es igual a masa por aceleración», confesaba en la pantalla del televisor algo así como «lástima que no tenía una pistola, porque si no, la habría descargado contra ellos y ahora habría muchos muertos».

El lector informado sobre el tema debe saber desde ya que el profesor de bachillerato, cuando dice «ellos», no se refiere a unos ladrones que penetraron en su hogar, o a los asesinos de algún familiar cercano. No. El profesor, llamado Manuel de Jesús López, alude a un grupo de estudiantes del liceo a su cargo, quienes, en un acto de protesta contra él, lo secuestraron, intentaron quemarlo vivo y, como no lo lograron, se contentaron finalmente con prenderle fuego a su automóvil. Los incendiarios, podría ser la conclusión a extraer, siguen con vida solo porque el mencionado profesor no tenía revólver.

Independientemente de los móviles —la desesperación, la rabia, el instinto de sobrevivencia— que puedan llevar a una autoridad educativa a emitir públicamente un juicio como este, lo que el hecho pone en evidencia es el desespero al cual nos está llevando la «violencia que se ha vuelto loca» y el profundo grado de deterioro moral y de presión emocional que ha traído consigo su multiplicación en Venezuela. Algo mucho más importante, dramático y revelador que la frialdad de las estadísticas semanales de muertes por causas violentas, a las que con tanta comodidad ya nos hemos venido acostumbrando.

Que el profesor del liceo sienta deseos de tener una pistola para descargarla sobre la humanidad de un grupo de estudiantes perversamente exaltados, es algo que no puede ser despachado como un caso de locura repentina o una prueba de inmadurez individual. Es solo la punta de uno de los tantos icebergs. Pues si en algún territorio podemos ir al encuentro de los más tristes y lamentables efectos del fracaso nacional de los últimos 25 años, ese es el de la manera impotente, resentida, atemorizada, desolada o vengativa con la que los venezolanos de nuestro tiempo, y no necesaria o solamente los más empobrecidos, establecemos y construimos nuestros sistemas de representación, autoprotección o ejercicio mismo de la violencia cotidiana.

Entre todos los males que nos asedian, no hay otro, ni siquiera la pobreza extrema, capaz de suscitar tanto desencanto y deterioro no solo de la calidad sino del sentido mismo de la vida, como logra hacerlo el entretejido de violencias —delictiva, policial, estudiantil, política, institucional, retórica, de frontera— que, articuladas entre sí, nos aprisionan sistemáticamente y hacen de la convivencia social un ejercicio de restricciones, temores y sospechas.

Ningún otro fenómeno nos ha hecho cambiar tanto nuestro estilo de vida, nuestras maneras de usar y disfrutar las ciudades, y los propios modos de habitar y construir nuestras viviendas. Los investigadores sociales cada cierto tiempo nos revelan el sentido de esos cambios. Nuestras grandes ciudades han dejado de ser un espacio público común, para convertirse en un territorio segmentado, una federación de pequeños y grandes espacios urbanísticos obstruidos por vallas que convierten lo público en privado, restringen el libre tránsito y sustituyen, cada vez más, la responsabilidad de las fuerzas del orden público por la acción de empresas privadas.

Los dispositivos de seguridad —alambres de púas, paredes, concertinas, redes de alta tensión— se convierten en el elemento arquitectónico común que le confiere identidad a viejos y nuevos edificios, mientras van creando, como si fuera una condición natural, el estigma y la atmósfera opresiva de una ciudad medieval internamente amurallada para protegerse de la incursión de los extraños.

Pero es en las relaciones personales donde el miedo muerde con más fiereza. Poco a poco se construyen ante nuestra mirada impotente los nuevos formatos del odio, del miedo y del resentimiento. Una sociedad anteriormente concebida como igualitaria y policlasista, va descubriendo cómo aparecen entre los más jóvenes formas inusitadas, o por lo menos anteriormente solapadas, del racismo y el desprecio de clase, que surgen precisamente del temor al Otro, al más pobre, resentido y por tanto excluido y temido, más como amenaza violenta que como mero testimonio de desigualdad.

Personas y autoridades que en otros tiempos fueron defensores de los principios de justicia elemental que prescriben todos los acuerdos de derechos humanos, cierran filas hoy junto a quienes propugnan la muerte sin juicio para todo tipo de delincuente, y serían o son capaces de participar, si las circunstancias se lo permiten, en actos de sangre para hacer justicia con sus propias manos.

El profesor del Fermín Toro, a pesar de las disculpas que pidió al día siguiente, no está solo en sus sentimientos: estos son exactamente los mismos que movilizan los fines de semana a las pandillas que, en una guerra tan tonta como inútil, malbaratan su sangre joven creyéndose, me imagino, portadores de la justicia. Los mismos que hacen que cada vez más gente, no importa la clase social, adquiera armas de fuego y se entrene para usarlas en el ataque o en la defensa. Los que hierven, como si de actos heroicos se tratara, en la rabia de los estudiantes que le quemaron su carro, o en la de los manifestantes de Mérida cuando saquean entusiasmados las tiendas de electrodomésticos.

Por los momentos, ningún gesto atrevido, ninguna cruzada pacificadora, ningún espacio de consenso para grandes acciones, ante lo que es una prueba de descomposición, se asoma en el camino. La única esperanza es que, a pesar de que muchos alumnos ya tienen sus armas, los profesores sigan desarmados.