Conforme lo ofrecimos en nuestro comunicado de noviembre de este año, el Directorio Nacional de U.R.D. cumple con exponer al pueblo venezolano la posición del partido ante la nueva situación política creada por el reciente golpe militar.

Origen y razón de la crisis

El 24 de noviembre culminó una crisis que había sido planteada el mismo 18 de octubre de 1945. Derribado entonces el gobierno constitucional del general Medina, el poder fue entregado por los militares en manos de un grupo de dirigentes civiles que de inmediato se empeñó en constituir un régimen de características muy diferentes por no decir opuestas, a las de aquél que indicaban el desarrollo histórico de la nación y las necesidades y aspiraciones de los venezolanos. La dirección del partido llevado al poder por el golpe militar parecía carecer de un concepto justo de la revolución democrática, o se dejó arrastrar por ambiciones personalistas o sectarias hacia una política que la deformaba. Así, donde la nación esperaba ver instituidos un régimen de igualdad y libre discusión, una administración responsable y eficaz, un sistema de justicia en las relaciones entre el capital y el trabajo, el grupo rector del partido oficial erigió una hegemonía intolerante y estrecha, que dividió el país en bandos irreconciliables, agravó hasta inauditos límites la crisis de la producción y en todo momento mostróse incapaz para aplicar los inmensos recursos del Estado a la solución de los problemas nacionales.

El movimiento urredista

Ante la crisis nacida y planteada en estos términos, el movimiento urredista surgió como negación doctrinaria de aquella contradicción, que formaba la base del régimen de octubre Desde el primer momento nuestro trabajo político consistió en afirmar que sólo existía un camino para salir desde el gobierno de facto hacia una constitucionalidad legítima y estable; y que este camino era el de cumplir, como etapa inicial de la revolución democrática, la previa creación de un gobierno capaz para precidir, en condiciones de absoluta imparcialidad, las elecciones a la Asamblea Constituyente, primero, y al Congreso de la Presidencia de la República, después. Y dijimos «la primera etapa de la revolución» porque no se nos escapó entonces, como no se nos escapa ahora, que en condiciones normales el gobierno de partido es la forma de gobierno tradicional en los países democráticos.

Constitucionalidad sin base legítima

Nuestra demanda de que se constituyese a raíz del golpe un gobierno imparcial fue rechazada por el grupo imperante. Pero este rechazo determinó a la larg4 e'l fracaso de toda la política del régimen y preparó su final colapso. Venezuela entera sabe lo que sucedió después. A través de tres procesos electorales los dirigentes de Acción Democrática usaron y abusaron de los resortes del poder para inclinar en su provecho la balanza electoral, y ello en un país como Venezuela donde toda la vida de la nación depende casi por entero de una renta fiscal. En cada uno de estos procesos, el acto final, es decir, la emisión del voto y su escrutinio, cumpliendo siempre ante periodistas e intelectuales importados a todo costo desde los principales centros de 1a opinión internacional, fue obstensiblemente limpio. Pero ese acto constituyó siempre la culminación de una empresa sistemática de adulteración de la voluntad del electorado, de coacción y fraude en grande escala.

El fracaso administrativo

La constitucionalidad así surgida no convenció al país de la limpieza de su origen (no obstante el hecho positivo de que éste entrañara la movilización electoral de grandes masas del pueblo, ni pudo detener la violencia desatada y ejercida desde el poder, ni ofrecer garantías a las fuerzas económicas, ni imponer el respeto hacia los derechos sociales y la independencia sindical de los trabajadores. Durante su breve y agitada vigencia, la oposición se desarrolló con fuerza avasallante, mientras el gobierno –derrotado en la discusión de sus actos– sólo respondió a la oposición con frecuentes medidas de emergencia.

Pero estos efectos, exclusivamente políticos, no fueron los más funestos. Fue en lo relativo a la administración y a la obra de reforma económica y social prometida, donde con mayor claridad se puso de manifiesto el fracaso de aquella política inconsecuente y sectaria.

En primer término, el régimen mostróse totalmente incapaz para administrar. Los recursos fiscales del Estado venezolano fueron dilapidados sin plan y sin verdadero control, en iniciativas y proyectos demagógicos, de los cuales no queda en pie el balance de una sola obra digna de este nombre a todo lo ancho de la República.

En segundo lugar, la reforma económica y social fue abandonada. Sintiéndose débil, y siéndolo tanto como quedó demostrado a la hora de su caída, el gobierno no se atrevió a acometer ninguna gran empresa de transformación de nuestra realidad nacional. La reforma agraria se vio frustrada; la obra de riego y la de vialidad, olvidadas; las relaciones de la nación con las empresas petroleras, fueron dirigidas en forma de favorecer los grandes trusts a costa de las menores empresas independientes, la política para con los trabajadores estuvo inspirada en el servil deseo de someter al trabajador nacional a los intereses de las compañías extranjeras y de oponerlo siempre, con sectario rencor, al patrono venezolano. La conocida extensión de los negocios de un alto magnate petrolero a ramas básicas de la economía nacional de Venezuela, mediante la formación de empresas en las cuales el Erario anduvo de brazo con la alta finanza internacional, es la mejor prueba de que el señor Gallegos carece de autoridad para decir que su derrocamiento tuvo como fin satisfacer las aspiraciones de fuerzas económicas que en más de una ocasión se mostraron entusiastamente satisfechas de la conducta de su gobierno.

El ejército y la crisis

El 24 de noviembre, el Ejército Nacional, actuando como una fuerza unificada, intervino de nuevo en la vida política, derrocó el gobierno de don Rómulo Gallegos. Ante el hecho de fuerza del ejército, no obstante que él no podía sorprender a los dirigentes de Acción Democrática, el pregonado poderío multitudinario del régimen, brilló por su ausencia. Sin temor a equivocarnos, puede afirmarse que nunca en la historia venezolana fuerza de tal magnitud y agresividad se dejó desplazar del poder en forma tan poco honrosa como el grupo atrincherado en el comando de aquel partido.

Para nosotros, los urredistas, el golpe de noviembre no tiene diferencias, en el terreno de los principios, con el golpe del 18 de octubre. En octubre del 45, y después a lo largo de tres años, los dirigentes de Acción Democrática entonaron encendidas loas a la oficialidad triunfante y aceptaron ejercer el poder y lo ejercieron agresivamente contra otros sectores democráticos, por el solo título que otorga la fuerza. Ahora, en noviembre de 1948, pretenden acusar como fascistas y traidores a los mismos oficiales a quienes antes aplaudieron.

En cambio, URD mantiene ante el golpe del 24 de noviembre la misma posición que sostuvo ante el del 18 de octubre. Nosotros no entonamos oportunistas cantos a los militares triunfantes, aunque hacemos justicia a su desprendimiento de ayer y miramos con honda simpatía su declarado propósito de no hacer del poder, otra vez, el privilegio de un partido. Pero al mismo tiempo tampoco nos creemos autorizados para afirmar que nuestro ejército o sus jefes, sean fascistas o traidores, ni por ningún motivo buscamos penetrar en sus cuadros para romper su unidad y su carácter institucional. «Hoy como ayer, URD es una fuerza que respeta el carácter apolítico de la Institución Armada y no aspira a llegar al poder por otro camino que la vía cívica del voto; pero –entiéndase bien– del voto sin sombra de fraude ni ventaja».

Contra la discriminación y el arrimo burocrático

Y no sólo no aspiramos a llegar al poder al amparo de un hecho de fuerza. Tampoco queremos arrimamos a él para satisfacer apetencias burocráticas de nuestro grupo o de nuestros militantes.

Como es tradicional en Venezuela, el movimiento del 24 de noviembre puede presentar el peligro de dividir nuevamente el país entre vencedores y vencidos y de someter la administración pública a una nueva marejada discriminatoria. Nuestro partido juzga que estos males deben ser a toda costa evitados. Que toda acción inspirada en la venganza y el rencor debe ser condenada. Que de la administración pública sólo deben ser separados, y separados sin contemplaciones, quienes a ella llegaron por el favor político o que una vez en sus filas sacrificaron los intereses públicos o razones de partido . Pero todo el que funde su posición o su derecho en el propio mérito debe tener consigo la protección de la ley. Tal como deben tenerla también, en su condición de ciudadanos y de venezolanos, los millares de (compatriotas que de buena fe, ~ bajo una aspiración a todas luces honorables, militaron en las filas de Acción Democrática y en ellas fueron también víctimas, como nosotros afuera, de la torpe e inconsecuente política de sus jefes.

La promesa democrática de la junta militar

A escasas horas de tomar el poder, la junta Militar hizo al país las siguientes promesas: 10 restituir las garantías constitucionales tan pronto como se normalice la vida nacional; 20 mantener en pie las conquistas sociales logradas por los trabajadores venezolanos; 30 llamar a la nación a elecciones bajo la garantía de un gobierno independiente e imparcial.

Para Unión Republicana Democrática estas promesas merecen el más sincero y ferviente apoyo. Sin desconocer en esta oportunidad la amenaza que para su realización representan aquellas minorías sociales que en nuestra política, como dondequiera, pugnan por invalidar todo propósito que signifique libertad y avance para el pueblo, nosotros estamos resueltos a continuar trabajando sin descanso con el objeto de facilitar y asegurar el cabal cumplimiento de la palabra de la junta. La gran mayoría de los venezolanos, tal como lo ha reconocido el nuevo gobierno, quiere que la nación sea dirigida de acuerdo con los principios del gobierno representativo; la gran mayoría del pueblo quiere que al frente de la administración nacional se encuentren gobernantes no impuestos por la fuerza o el engaño sino elegidos en limpios comicios democráticos. El fracaso de un grupo para interpretar y poner en obra esta voluntad no puede ser juzgada como definitiva negación de esa misma voluntad o como prueba de un cambio en las convicciones de los venezolanos. Así, nosotros esperamos que el Ejército Nacional esté nuevamente a la altura de esta gran aspiración de nuestro pueblo. Como expresión organizada de ese pueblo, URD espera que la caída sufrida por la nación en su reciente experiencia política no llegue a ser aprovechada por círculos y grupos de mentalidad regresionista para cerrar al pueblo el camino de la libertad, de la alternabilidad y del orden institucional. «De esa caída, toda la responsabilidad incumbe al grupo de dirigentes que la provocaron; al pueblo, a la nación, que sólo fue pasivo espectador de los acontecimientos, han de quedarle intactos, e intactos le quedan, su fe en la democracia y su derecho a ejercerla».

Los partidos y el carácter apolítico del ejército

La institución de los partidos es esencial al régimen democrático. La historia universal no conoce el caso de un solo país en el cual la democracia haya podido funcionar en ausencia de fuerzas sociales políticamente organizadas.

Esa misma historia nos muestra que donde los partidos fueron suprimidos, la libertad entró en eclipse y el progreso económico y social sufrió un grave colapso. Los pueblos que están hoy a la cabeza del mundo son aquellos en los cuales el juego de los partidos ha sido motor de la vida política.

Antes del fracaso de la dirección de Acción Democrática, Venezuela había sido ya, durante más de un siglo testigo y víctima del fracaso del sistema caracterizado por la ausencia de los partidos. Nuestra historia política ensayó este sistema antes que el otro, sustituyendo el debate y la pugna cívica entre las fuerzas organizadas del pueblo, por el gobierno de una fracción o de un caudillo absolutista. Y en gran parte por esto nos hemos quedado tan a retaguardia de la humanidad progresista y democrática.

«La ausencia de los partidos constituiría, además, un golpe de muerte para el carácter y la independencia institucional del Ejército». A este respecto no podemos equivocamos: si las fuerzas civiles llegasen a ser eliminadas como algunos parecen solicitarlo de la junta Militar, ello automáticamente convertiría al Ejército Nacional en facción política. Lo que la dirección sectaria de Acción Democrática buscó llevar a cabo penetrando desde la calle en los cuarteles, se cumpliría ahora en sentido contrario, proyectando la violencia militar desde los cuarteles hacia la callé, como única fuerza decisoria en la vida de Venezuela. Y si de aquel trance pudo el ejército salvarse a tiempo, es seguro que de este otro nada se salvaría. La supresión de los partidos sería el retroceso hacia el despotismo feudal ya para siempre liquidado en la marcha ascendente de la nación.

Frente al gobierno provisorio

La junta Militar ha constituido un gobierno sin participación de partidos. Siendo ésta, una de las fórmulas del gobierno imparcial preconizado por U.R.D. como necesario ala formación de una constitucionalidad legítima, su aplicación la consideramos una prueba de que el Ejército Nacional ha empezado a cumplir las promesas que formuló el 26 de noviembre.

Frente a un gobierno así constituido, forzosamente sin color político, como consecuencia de su finalidad y su carácter provisional, URD tendrá una responsable actitud. Mantendrá intacta su doctrina democrática, liberal y progresista. Será celoso guardián y expresión de las aspiraciones populares. Realizará crítica constructiva; luchará porque la administración pública tome directrices de pulcritud y eficiencia, y por que se inicien las realizaciones urgentes reclamadas por la colectividad, tales como el abaratamiento de la vida de los venezolanos, la solución del problema de la vivienda popular y la vitalización económica de la provincia.

Por la unidad de las fuerzas democráticas

Pero junto con esto, nosotros reconocemos que es menester cambiar el tono de la lucha partidista, que la política de negación y enconada violencia debe ser sustituida con otra, inspirada en los más sanos principios y en una intención integradora que todos y en particular los grupos que aspiramos a orientar la opinión nacional, estamos en el deber de hacer Chanto sea posible para pacificar intelectualmente al país y facilitar de este modo el más pronto y efectivo retomo al ejercicio por la ciudadanía de sus impostergables derechos.

«Ningún partido puede, en nuestra opinión, creerse o declararse titular del derecho a regir exclusiva y sectariamente el destino de la nación».

«Ninguna fuerza política tiene derecho a desarrollarse hasta el extremo de poner en peligro la vida de las otras fuerzas que con ella conviven legítimamente dentro del marco de nuestro sistema democrático».

URD llama a todas las fuerzas liberales y progresistas de Venezuela a unirse con el fin de asegurar el retorno de las garantías constitucionales para facilitar el cumplimiento de la honrosa promesa de la junta Militar de llevar al país a la celebración de elecciones democráticas; para luchar contra la crisis económica y demandar enérgicas medidas encaminadas a mejorar la vida del pueblo; para mantener en pie las organizaciones y conquistas sociales de los trabajadores y la institución de los partidos; para echar en las filas del pueblo las bases de una completa unidad nacional, orientada hacia la defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia económica.

La nación tiene necesidad de un régimen que sepa gobernarla bajo el imperio del derecho, que eleve la capacidad productiva de la tierra y el hombre venezolano, que defienda la riqueza nacional y haga más felices y dignos a sus hijos. En el anhelo de contribuir a la creación de ese régimen, Unión Republicana Democrática tiende su mano, sin rencores sectarios, sin desmedida ambición ni oportunista renuncia, a todos los venezolanos interesados en el bienestar del pueblo y en el progreso de nuestro país.

Caracas, 22 de diciembre de 1948.

El Presidente del D.N.,
Jorge Figarella.

El Secretario General,
Jóvito Villalba