Brasil sanciona ley que garantiza a inmigrantes derechos de los nacionales
El presidente brasileño, Michel Temer, sancionó el jueves la nueva Ley de Migración, que revoca una legislación de la época de la última dictadura militar (1964-1985) que trataba a los inmigrantes como una amenaza y les garantiza prácticamente los mismos derechos que a los nacionales.
La ley, aprobada por el Senado en última instancia en abril pasado, fue sancionada con veinte vetos pese a las presiones de grupos de derecha y de algunos legisladores que se oponían a la medida por considerar que abre las puertas de Brasil indiscriminadamente a los extranjeros.
La Presidencia garantizó en un comunicado que, pese a los veinte vetos, «la esencia de la ley fue mantenida por garantizarle a los inmigrantes, entre otros, derechos y libertades civiles, culturales y económicas, además de acceso a servicios públicos de salud, asistencia social, educación y justicia».
Además de determinar los derechos y los deberes de inmigrantes y visitantes, la ley regula su entrada y su estadía en el país, y establece principios y directrices para la adopción de políticas públicas dirigidas a ellos, según la Presidencia.
La norma sancionada también reduce los trámites burocráticos exigidos a quienes buscan refugio o residencia en Brasil e institucionaliza la política que adoptó el país para ofrecer refugio humanitario a personas perseguidas o que huyen de catástrofes en sus países, que ha favorecido a miles de haitianos y sirios.
La ley es de autoría del entonces senador Aloysio Nunes, que actualmente ejerce como ministro de Relaciones Exteriores.
Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, la legislación que sustituye el criticado Estatuto del Extranjero de 1980 coloca a Brasil, un país en que gran parte de la población es descendiente de inmigrantes, en la vanguardia mundial en el asunto en momentos en que muchos países cierran sus puertas.
La nueva ley «deja atrás la visión de que el inmigrante es una amenaza a la seguridad nacional y pasa a tratar el tema bajo la perspectiva de los derechos humanos. El Estatuto del Extranjero revocado no era sólo anacrónico sino también discriminatorio. Su sustitución era urgente», según la ONG Conectas Derechos Humanos.
La legislación sancionada, por el contrario, criminaliza la xenofobia, el racismo y cualquier forma de discriminación a los inmigrantes, quienes pasan también a tener derechos a participar en sindicatos y protestas políticas.
La ley tipifica el crimen de tráfico de personas y establece penas de entre dos y cinco años para castigarlo.
Entre los artículos vetados destaca uno que garantizaba a los inmigrantes el derecho a ejercer cargos o funciones públicos que están reservados para brasileños natos.
Igualmente fue vetado un artículo que le ofrecía amnistía y residencia a todos los inmigrantes que se establecieron ilegalmente en Brasil antes de julio de 2016.
También fue vetada la norma que permitía la libre circulación de integrantes de pueblos indígenas o poblaciones tradicionales en tierras ocupadas por sus ancestrales, ya que, según la Presidencia, la medida atenta contra artículos de la Constitución referentes a la defensa del territorio nacional y a la soberanía.
Otro veto dejó sin efectos el artículo que prohibía la expulsión de inmigrantes con menos de cuatro años de residencia en Brasil que cometiesen crímenes.
