Congreso español rechaza referéndum catalán porque busca la «fractura»
La mayoría del Congreso español rechazó la celebración, el próximo 1 octubre, de un referéndum sobre la independencia de Cataluña anunciado por el Gobierno catalán y reprobó las invitaciones al diálogo de éste por considerar que no son tales y buscan la «fractura».
Ese rechazo se verá mañana cuando se vote en la Cámara la moción que el PDeCAT, el partido nacionalista del presidente catalán, Carles Puigdemont.
En ella, el jefe del Gobierno catalán pide a la Cámara respeto a la consulta del 1 de octubre, la fecha establecida por su ejecutivo para hacerla, aunque el Gobierno español ha insistido que no tendrá lugar porque es ilegal.
Precisamente, Puigdemont ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que pide ir a la Cámara a debatir su propuesta con los grupos parlamentarios, aunque pide también que no haya una votación sobre la misma.
Esa votación reflejaría el rechazo mayoritario del Congreso, a tenor de lo que manifestaron hoy los grupos, ya que se sumaron al «no» el gubernamental PP (centroderecha), PSOE (socialistas) y los liberales de Ciudadanos, en total, 250 de los 350 diputados que componen la Cámara.
Por otra parte, este miércoles el Tribunal Constitucional español prohibió al Gobierno catalán utilizar la denominación de Asuntos Exteriores para el departamento de su ejecutivo (Consellería) que dirige su representación exterior y reafirmó la competencia del Gobierno central en esa materia.
Con ello, estima de forma parcial el recurso del Ejecutivo central, al prohibir aquello que hace referencia a la «diplomacia pública de Cataluña» y los preceptos que atribuían a Cataluña competencias para promover el establecimiento de relaciones «bilaterales» con otros países.
Pero aclara que no toda la actividad exterior puede identificarse como materia de relaciones internacionales, aunque sí están vedados a las comunidades autónomas (regiones) la celebración de tratados, la creación de obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional del Estado.
Este segundo fallo sobre el asunto del alto tribunal no obligará a suprimir la Consellería pero sí recordará los límites que ya impuso en diciembre pasado a las relaciones exteriores del ejecutivo catalán.
