Fiscalía peruana investiga al expresidente Alan García por presunto lavado de activos
La Fiscalía de Perú mantiene abierta desde hace dos meses una investigación preliminar al expresidente Alan García por presunto lavado de activos desde 1990, cuando culminó su primer mandato presidencial, según informó, este domingo, el diario La República.
La investigación, a cargo de los fiscales José Antonio Castañeda y Miguel Toyohama, incluye también a una treintena de personas cercanas a García durante las últimas décadas, como su exesposa, la argentina Pilar Nores, y los exministros Luis Nava, Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca y José Antonio Chang.
Las pesquisas tienen como objetivo revisar si el aumento patrimonial que experimentó García y otros investigados durante los últimos 27 años se puede justificar con los ingresos declarados en ese mismo período.
En el caso concreto de García, los fiscales indagarán el origen de los fondos con los que compró junto a Nores veintiuna propiedades inmobiliarias, además de otros inmuebles, activos y bienes de capital.
Las diligencias se realizan de manera paralela a la otra investigación que la Fiscalía mantiene abierta contra García por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a altos funcionarios de su Gobierno para adjudicarse millonarias obras públicas, como el tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.
García fue investigado por corrupción y violación a los derechos humanos tanto por su primer mandato, de 1985 a 1990, como por su segundo período presidencial, de 2006 a 2011.
Por el primero fue acusado de enriquecimiento ilícito y se le responsabilizó de la denominada «matanza de los penales», que dejó a más de cien reclusos sentenciados por terrorismo muertos durante un motín, pero se exilió en Colombia y Francia hasta que la Corte Suprema declaró en 2001 que los delitos habían prescrito.
Tras su segundo mandato, el Congreso investigó sus irregularidades en una «megacomisión», que descubrió distintos escándalos como los «narcoindultos», donde unos 3.000 condenados por narcotráfico recibieron el indulto presidencial, la mayoría a cambio de sobornos.
Sin embargo, García no fue procesado por ninguno de los casos investigados por la comisión parlamentaria porque la Primera Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto las denuncias al considerar que el Congreso vulneró los derechos del expresidente, por citarlo sin informarle sobre lo que investigaba.
