Las claves de Luis Almagro para evitar la suspensión de Venezuela en la OEA
«Su gobierno —violando la Constitución— no permite votar a la gente (suspendió el referéndum revocatorio y las elecciones para gobernadores en 2016), tiene más de 100 personas encarceladas por sus ideas (entre ellas a un principal líder político opositor), el Parlamento está intervenido y sus leyes son anuladas por el Poder Judicial (completamente dominado por el gobierno), al tiempo que las fuerzas de seguridad del Estado pueden detener y torturar arbitrariamente a cualquier ciudadano por sola decisión de los gobernantes». Así inicia el secretario general de la OEA, Luis Almagro, una columna de opinión publicada por el Grupo de Diarios Américas (GDA).
En las versiones web de los diarios El País de Uruguay, El Comercio de Perú, El Tiempo de Colombia, El Nacional de Venezuela, y el brasilero O Globo, por nombrar algunos; el excanciller uruguayo, luego de haber comparecido en una rueda de prensa junto a familiares de los presos políticos en Venezuela, expresó su firme posición ante lo que está sucediendo en este país, que enfrenta la mayor sanción en el organismo regional que Almagro lidera.
«No estamos contra el Diálogo, estamos contra el fracaso del Diálogo», afirmó Almagro, y aclaró que por esa razón «la suspensión no es nuestro objetivo, es la última forma que encontramos en nuestro marco normativo para que el gobierno de ese país (…) se vea obligado a llamar a elecciones presidenciales que devuelvan la democracia, las libertades y la prosperidad al país».
A continuación, parte del texto escrito por Luis Almagro:
Se trata de un sistema autoritario, además de ineficiente y corrupto: escasean dramáticamente los alimentos, la gente se enferma y no tiene medicinas, la inflación es de 700% y tiene una de las tasas de homicidios más altos del mundo. Todo esto mientras el monto estimado de daño al patrimonio público por parte de la clase gobernante se estima en 300.000 millones de dólares, a la vez que las actividades de gobierno se ven entrelazadas con el narcotráfico.
Todos estos datos están probados. Los he presentado en múltiples oportunidades y nadie ha intentado desmentirlo.
La historia de Latinoamérica y el Caribe está plagada de dictadores. Por eso en el año 2001 los 34 países de OEA se pusieron de acuerdo y firmaron la Carta Democrática Interamericana (CDI). Decidieron, que nunca más tendrían dictaduras y que la democracia es un derecho de los pueblos que los gobiernos deben asegurar.
A los efectos prácticos, la CDI tiene dos artículos que determinan las posibilidades para que actuemos hoy ante la urgencia de la situación: el artículo 20 y el artículo 21. El artículo 20 expresa que constatada la alteración del orden constitucional que afecte gravemente la democracia en un país miembro, se podrán realizar gestiones diplomáticas, incluidos los buenos oficios.
Ese camino del artículo 20, por la vía de los hechos, ya se recorrió durante 3 años y fracasó: desde 2014 a la fecha realizaron estas gestiones los Cancilleres de Unasur, los países que integran el Consejo Permanente de OEA, los países de Mercosur, los expresidentes designados por Unasur, el Grupo de los 15 en la OEA, el Grupo de los 15 ampliado, el Papa Francisco y sus enviados y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, entre otros. Y pese a los esfuerzos ninguno obtuvo resultados. Porque era parte del diseño gubernamental no obtener resultados.
Si todos ellos fracasaron ante la negación del gobierno venezolano, ¿quién más puede lograrlo? ¿Cuánto tiempo más puede la gente de Venezuela seguir sufriendo la opresión y las privaciones?
Por eso he propuesto, —que de no vislumbrarse a breve plazo, en un período de un mes, un camino realmente democrático con señales claras en esa dirección, como la liberación de los presos, cronograma electoral, canal humanitario— la suspensión de Venezuela de la OEA, prevista en el artículo 21 de la CDI. Porque ya no queda otro camino. Se necesita que los países de la región demuestren unidad y que las 33 naciones adopten una postura en favor de la defensa de la democracia agredida.
No estamos tampoco contra el Diálogo, estamos contra el fracaso del Diálogo.
Por ello, la suspensión no es nuestro objetivo, es la última forma que encontramos en nuestro marco normativo para que el gobierno de ese país, ante el aislamiento y pérdida de legitimidad por la decisión de sus pares, sumado al reclamo de la ciudadanía, se vea obligado a llamar a elecciones presidenciales que devuelvan la democracia, las libertades y la prosperidad al país.
Creo que como demócratas del continente es nuestra genuina obligación.
