Lula denunció «persecución política y judicial» ante la ONU
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU confirmó este viernes que ha recibido la queja anunciada el jueves por los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva que alegan «persecución política y judicial».
El exmandatario considera que la persecución se confirmó en marzo pasado cuando fue llevado por la fuerza a declarar en una comisaría.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2011, es investigado por los delitos de ocultación de patrimonio, falsificación de documentos y blanqueo de dinero, cargos que ha negado una y otra vez.
Fuentes del Alto Comisionado explicaron que el personal de la Oficina examinará la petición, hará un resumen legal de la misma y la enviarán a los miembros del Comité de Derechos Humanos para que la examinen.
Los miembros examinarán si puede ser registrada o no en función de varios criterios, como si se han agotado todos las opciones legales en su país o no, entre otras.
Si el Comité decide registrarla, entonces se convierte en un caso pendiente, un proceso confidencial que podría durar hasta dos años, pues el Comité tiene 500 casos pendientes.
Una vez registrada, los miembros analizan primero si la queja se puede admitir a trámite o no. Si es admitida, entonces analizan si ha habido alguna violación de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Brasil forma parte.
El Comité no es un órgano permanente, sino que se reúne de forma regular tres veces al año, en las que analiza de media 40 casos por sesión.
Los miembros son los que deciden el orden y pueden decidir avanzar un caso concreto, por ejemplo cuando una persona esté condenada a la pena de muerte o esté a punto de ser expulsada de un país.
En algunas ocasiones, incluso, el Comité puede pedir al Estado que, de forma interina, suspenda una decisión hasta que el caso pueda ser examinado, para proteger al supuesto damnificado.
El Instituto Lula, que dirige el exmandatario, informó el jueves que presentaban la demanda, que fue encargada al abogado australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos.
