«38 venezolanos han muerto en 7 meses por consumir yuca amarga»
La presidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, Mariela Magallanes, denunció que desde el 2017 se vienen reportando pérdidas de vidas por ingesta de alimentos no aptos para consumo humano.
“Hasta julio de 2017 se registraron 31 fallecidos por ingerir yuca amarga en los estados Zulia, Lara, Trujillo y Anzoategui, sumándose recientemente Aragua con 6 niños y 2 adultos que perdieron la vida”, denunció, lo que suma 38 venezolanos muertos en 7 meses.
Magallanes destacó que este escenario es generado por la ausencia de control sanitario, por parte de los entes competentes, “y la hambruna que padece el pueblo, siendo los más vulnerables, niños y ancianos, las principales víctimas de la crisis”.
Anunció que desde la comisión que preside promoverá una campaña preventiva contra el consumo de alimentos tóxicos, como la yuca amarga, para educar a la población sobre sus características y fatales consecuencias, asumiendo así el rol de informar a la gente sobre los riesgos que su ingesta conlleva, responsabilidad que el ineficiente gobierno no asume, pues siempre evade el cumplimiento de sus funciones, dijo Magallanes.
El nuevo mercado venezolano
Durante la plenaria Magallanes presentó las denominadas “tetas”, empaques de productos que son vendidos por gramos en las zonas más deprimidas del país.
Advirtió que la venta de estas pequeñas porciones ha proliferado y es una manera de adquirir un poco de alimentos, ya que constituye parte del único mercado de muchos venezolanos, dada la pérdida del poder adquisitivo.
Presentó una bolsa que cuesta 189 mil bolívares y que está llena de las porciones pequeñas, «es el nuevo método de hacer mercado». Advirtió que muchas de estas bolsas no cubren los valores nutricionales, además vienen ligadas con otros productos en muchas ocasiones.
Puntualizó que las ventas ambulantes de alimentos son producto de la necesidad de subsistir del venezolano para tratar de resolver la carencia económica, aunada a la situación de crisis humanitaria que se agrava por la ausencia de control sanitario, «muestra de que el Estado no garantiza el desarrollo integral de la familia como lo establece la Constitución».
Denuncia de Pdval
La parlamentaria denunció la explotación laboral a la que están siendo sometidos trabajadores de empresas de empaque de Pdval.
«Mujeres en su mayoría están siendo explotadas, quienes no reciben pago en metálico, sino que son chantajeados con la adquisición de una bolsa de comida, humillación y extorsión que soportan para llevar un poco de sustento a sus familias, así como también el reprocesamiento de alimentos vencidos por parte del Gobierno para ser distribuidos por sus políticas de sometimiento ciudadano».
