CIDH califica de “bastante inusual” la actitud del TSJ frente a la AN
Como “bastante inusual” fue el calificativo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a la postura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) frente a la Asamblea Nacional (AN) y en particular a su decisión de “suspender” a los diputados electos por el estado Amazonas.
La afirmación la realizó el relator para Venezuela del organismo, el peruano Francisco Eguiguren, durante la audiencia sobre la situación de falta de independencia del Poder Judicial celebrada este miércoles en Washington (Estados Unidos), donde el funcionario recordó que la medida adoptada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015 “privó de representación (en el Parlamento) a un sector indígena de la población con base a una mera denuncia”.
Estatus del caso
Tras indicar que la resolución no solo ha “afectado el derecho de los parlamentarios electos a ejercer sus funciones sino lo más importante, de los electores a tener una voz en la Asamblea», el comisionado requirió de los representantes del Estado información sobre el estatus del caso.
En su sentencia 260 la Sala Electoral admitió el recurso contencioso electoral que la derrotada candidata chavista a diputado por Amazonas, Nicia Maldonado, interpuso contra los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y suspendió la posesión de los cuatro legisladores (tres opositores y uno oficialista), mientras analizaba la veracidad de las denuncias de compra de votos formulada por la aspirante del partido de gobierno. Sin embargo, más de un año después ni siquiera se ha fijado la fecha de la audiencia oral y pública.
La negativa de la mayoría opositora de la AN a acatar este dictamen fue la excusa del TSJ para anular todas las decisiones que el Parlamento ha tomado desde que se instaló en enero de 2016.
Durante la audiencia, el consultor jurídico del TSJ, Rommel Pacheco, negó que el caso se encuentre paralizado y aseguró que está en la etapa de recolección de pruebas. Por su parte, el agente del Estado ante la CIDH, Larry Devoe, agregó a los comisionados que “ha sido la propia actividad de las partes la que ha generado que no se tenga fecha definitiva para la resolución del juicio”.
Asimismo defendió la posición del máximo juzgado de prácticamente anular al Legislativo alegando que “si hay una decisión judicial, ninguna autoridad está llamada a desacatarla”.
Visiones encontradas
Durante esta audiencia, enmarcada en el 161 periodo de sesiones celebrado en Washington, la CIDH recibió información de ocho organizaciones venezolanas de Derechos Humanos que prueban que el TSJ, lejos de defender los derechos de los ciudadanos, se ha dedicado a proteger al Gobierno. La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas denunció que con sus fallos, el máximo juzgado ha debilitado el principio de separación de poderes y aumentado la concentración de poder en cabeza del Ejecutivo Nacional, al tiempo que ha obstaculizado el ejercicio de derechos como el acceso a la información pública y ha avalado la opacidad.
