Facultad de derecho de la UCAB se pronuncia sobre crisis institucional en Venezuela
A través de tres comunicados, el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) fijó posición frente a la convocatoria a Constituyente anunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el incremento de las acciones represivas contra manifestaciones pacíficas y la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el primero de los documentos, las autoridades de la instancia académica calificaron como un «fraude» legal la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente «comunal» anunciada por el primer mandatario. Denunciaron que, según la Carta Magna, el pueblo venezolano es el único habilitado para realizar esta convocatoria «con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución».
Aseguraron además que la conformación de este órgano, que estaría integrado por 500 miembros y cuya mitad sería electa por el «Poder Comunal», «no corresponde con lo establecido en la Constitución».
La Facultad rechazó «las graves consecuencias que tendría la instalación de esa ‘Asamblea Nacional Constituyente ‘ciudadana’ o ‘comunal’ que carece absolutamente de soporte constitucional» y advirtió que «implicaría una grave violación a nuestro sistema democrático, al derecho fundamental al sufragio, al derecho fundamental a ser electo para el ejercicio de cargos públicos, al derecho fundamental a la participación ciudadana en los asuntos públicos y al principio de separación de poderes y el desconocimiento del principio de legalidad».
En un segundo comunicado, la Facultad también alzó la voz frente al recrudecimiento de la represión a las protestas registradas el último mes. Las autoridades académicas rechazaron «el ejercicio abusivo y desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones pacíficas realizadas en las últimas semanas», además de la intención del gobierno de justificar la mencionada represión con planes de seguridad nacional, como el «Plan Zamora».
Calificaron tales actuaciones como «violatorias del derecho a la vida, a la integridad personal y a la manifestación, componente esencial de la democracia constitucional» y exigieron a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público iniciar investigaciones «para determinar la responsabilidad personal de los funcionarios que han participado en el diseño, supervisión y ejecución de los planes de seguridad violatorios de los derechos humanos».
El Consejo de Facultad también se pronunció en rechazo a la decisión del Gobierno de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos y retirar a Venezuela de este foro regional. En un tercer documento, denunció que la medida «pretende sustraer completamente a Venezuela del sistema americano de defensa de los derechos humanos» lo que constituye una violación de derechos consagrados en la Constitución.
Además, alertó que la desincorporación de la OEA no tendrá «efecto inmediato, por lo que la CIDH, la Secretaría General, el Consejo Permanente, la Asamblea General y demás órganos de la OEA, podrán continuar adelantando procedimientos e investigaciones relacionadas con la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela».
La Facultad de Derecho de la UCAB se había pronunciado a finales de marzo sobre las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que inhabilitaron a la Asamblea Nacional, calificándolas como una ruptura del orden constitucional.
