Familiares de víctimas de ejecuciones responsabilizan al FAES
La asociación civil sin fines de lucro, Transparencia Venezuela informó que los familiares de personas que han muerto a tiros en procedimientos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, una división que fue creada en medio de las protestas opositoras de 2017, relatan el drama de perder a sus parientes a manos de este “grupo de exterminio de la Policía Nacional”.
Los testimonios revelan que esta división sigue los mismos patrones en sus operativos: llegan de manera violenta a los sectores, por lo general populares, no se identifican, visten de negro, usan capuchas y siempre aseguran que los presuntos delincuentes murieron en enfrentamientos y no ejecutados.
Los procedimientos
El 28 de febrero de 2018 la vida de la familia Quintana cambió por completo cuando vecinos confirmaron que Anthony Quintana Moreno, de 20 años, era una de las cuatro personas que fueron ultimadas en el procedimiento realizado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional a las 5 de la madrugada de ese día en el sector Las Casitas de Artigas.
Anthony Quintana fue interceptado por los funcionarios del FAES cuando dormía en casa de unos amigos en ese sector popular. Los efectivos llegaron al barrio en patrullas blancas de la Policía Nacional. Ingresaron a la fuerza en la vivienda. Vestían de negro y estaban encapuchados.
Los parientes del hombre, que estudiaba boxeo y era comerciante, coinciden con los testimonios de los familiares de personas que han muerto en procedimientos de esa división de la Policía Nacional. Aseguran que su allegado fue ejecutado y no perdió la vida en un enfrentamiento, como lo sostiene ese cuerpo de seguridad.
Antonio Quintana, padre de Anthony, considera que los funcionarios del FAES ejecutaron a su hijo y a otros tres hombres, pues no consiguieron a los delincuentes que buscaban en el barrio: “Ellos fueron a buscar a unos delincuentes de la zona y como no los consiguieron, los mataron para justificar su trabajo”.
Ya no es lo mismo
Quintana accede a contar su testimonio después de solicitarle la entrevista durante tres semanas. Acepta dialogar en un lugar público y no por teléfono, pues teme que su línea de telefonía móvil esté intervenida por la Policía Nacional. También, desde que su hijo fue asesinado, evita seguir la misma rutina pues no descarta ser vigilado por funcionarios.
La versión de la familia Quintana contradice a la oficial. Los familiares de Anthony Quintana cuestionan incluso la causa de muerte del hombre, pues en el certificado de defunción se especifica “herida por proyectil en el abdomen”, mientras que ellos pudieron confirmar que el difunto recibió golpes en el cuerpo y en la cara y resultó herido de bala en la clavícula.
“La pagaron con los que estaban (…) A él lo golpearon. Quisiera que se haga justicia”, manifiesta el padre de Anthony Quintana.
El caso de Anthony Quintana visibiliza una realidad que se repite todas las semanas en procedimientos realizados por el FAES en Caracas: personas inocentes o presuntamente involucradas en delitos son ejecutadas por esta división, según se ha podido confirmar todos los meses de este 2018 en las inmediaciones de la morgue de Bello Monte cuando los familiares de las personas que mueren en estas circunstancias denuncian los casos a los trabajadores de la prensa.
Valiente denuncia
La familia de Quintana tomó la decisión de denunciar, aun temiendo represalias de funcionarios en su contra. Pero los testimonios de otras familias que también han perdido a sus allegados en procedimientos del FAES les dan fuerzas para exigir justicia.
Los parientes del difunto se respaldan en las fotografías que le lograron realizar al cadáver en la morgue del Hospital Periférico de Catia, y también en el reconocimiento del cadáver que posteriormente hicieron en la morgue de Bello Monte.
“Estos funcionarios no tienen porqué llegar como llegan a matar a las personas y además deben tener unas pruebas de lo que están haciendo, y no matando a personas inocentes como lo hacen. La muerte de mi hijo fue por un tiro en la clavícula y no como dice en el expediente que fue por un tiro en el abdomen. No veo una aclaratoria en todo esto, sino como una mentira para tapar todo lo que hicieron. Cuando lo vi en la morgue me percaté que él recibió muchos golpes en la cara y en la quijada. Tenía la nariz partida y la parte izquierda de la sien hundida, la dentadura torcida, las rodillas raspadas como si lo hubiesen arrastrado y eso no lo pusieron en el acta de defunción”, denuncia el padre de Anthony Quintana.
Siete ejecuciones en un día
El lunes 12 de marzo al menos siete personas fueron ultimadas durante un procedimiento del FAES realizado en los sectores La Silsa y La Morán, del municipio Libertador de Caracas.
En el operativo resultaron muertos Kerwins Jordán Silva Peraza, de 28 años, José Gregorio Bellorín, de 20 años, Allison Adrián Peña, de 17 años, Roiner Ortega, de 25 años, Jonny Javier Velásquez, de 18 años, Héctor Luis Caraballo, de 23 años y una séptima persona que fue ingresada en la medicatura forense de Caracas sin documentos de identificación. En esa dependencia coincidieron todos los deudos de las víctimas.
Los familiares de Kerwins Silva explicaron que el hombre fue ejecutado cuando dormía junto con su pareja en su casa ubicada en el Tercer Plan de La Cañonera de La Silsa. Sus parientes relataron que los funcionarios del FAES también llegaron vestidos de negro, encapuchados y sin identificación. Buscaban a dos presuntos delincuentes que son conocidos como “Chavito” y “Luisito”. Los efectivos sacaron a todas las personas de la vivienda y luego ejecutaron al hombre.
“Un funcionario me preguntó el nombre de mi hijo, cuando se lo dije, me respondió que se habían equivocado y me dijo que fuera a buscarlo en la comandancia de la Policía Nacional en el 23 de Enero. Pero todo era mentira. Ya lo habían matado”, manifestó su madre, Ana Peraza.
La continuación de las OLP
A juicio del abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel, los operativos del FAES pueden ser considerados como la continuación del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP): “La diferencia de estos procedimientos es que son con otro formato y con una división nueva de la Policía Nacional. Pero con la misma finalidad, que es la de ejecutar a personas. Lo que se debe recordar es que no hay pena de muerte en Venezuela y que, en caso que una persona esté involucrada en algún delito, lo que corresponde es aplicar el estado de derecho”.
El experto en seguridad ciudadana advirtió que en procedimientos como la OLP y los realizados por el FAES se ha demostrado que en muchas oportunidades los funcionarios se equivocan y matan a inocentes: “Como se demostró en el procedimiento en el que fue ejecutado el inspector del CICPC, Óscar Pérez, que en estos operativos también participan colectivos y miembros de cuerpos parapoliciales, conocidos en el país como colectivos. Estos grupos por lo general tienen antecedentes penales, lo cual viola el artículo 57 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional”.
La impunidad
Izquiel también explicó que la mayoría de estas ejecuciones extrajudiciales quedan impunes: “Se ha determinado que estos casos quedan impunes por el mal funcionamiento de la justicia y también porque los funcionarios que participan en estos operativos lo hacen con sus rostros tapados y sin identificación. Esto es otra violación a la Ley Orgánica del Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional que en el artículo 66 detalla que los funcionarios deben utilizar uniformes, insignias y deben portar documentos de identificación”.
Un año después de haber sido creada la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, las autoridades no han dado respuesta a las denuncias de ejecuciones extrajudiciales que han realizado los familiares de los difuntos. Las víctimas más valientes insisten en pedir justicia.
Sin embargo, ha quedado demostrado que la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, enfocada en seguridad ciudadana no ha incidido de forma positiva en la disminución de la violencia en el país desde su creación en junio de 2012.
