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Figueredo: Gobierno debe emprender el diálogo para salir de la crisis terminal

Este viernes, el embajador y Presidente Editor de Analítica,  Emilio Figueredo Planchart, calificó como inédito y excepcional el pronunciamiento del G7 sobre Venezuela en el que exhortó al Gobierno a resolver las crisis política y respetar los derechos humanos.

En entrevista radial expresó que “esta es una situación particular que tenía tiempo incubándose y el Gobierno debe entender que es necesario emprender el camino del diálogo para salir de la crisis terminal existente y que ha conducido a una reacción tardía pero concurrente entre los principales actores del escenario internacional”.

Detalló que ayer Paraguay pidió una reunión urgente de Mercosur exigiendo la aplicación del protocolo de Ushuaia, se une además el Consejo de Seguridad Español, el pronunciamiento de la Unión Europea, Portugal cuya intención es presionar para que se celebre el referéndum revocatorio presidencial.

Sostuvo además que el panorama internacional en América del Sur ha cambiado radicalmente, ya que anteriormente había una especie de complicidad amparado bajo la égida de una Venezuela muy rica, pero que hoy ya no es así.

presión

Mayor presión

En cuanto a la aplicación de la Carta Democrática, aseveró que primero debe realizarse la convocatoria de una asamblea extraordinaria, basada en una reunión de cancilleres. “Me imagino que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que un hombre que fue canciller de Uruguay y jurista, no se tire al vacío con las recientes declaraciones que hizo. Creo que cuando estas acciones se toman es porque tiene que haber hecho su labor diplomática y la decisión del G7, hace que la presión sea cada vez mayor”.

Figueredo explicó que en la aplicación de la Carta Democrática se está afinando un proceso, el cual se inicia con la convocatoria del Consejo Permanente, que son los embajadores acreditados en Washington y en ese caso Almagro está preparando un caso documentado. Debe tener un expediente claro sobre las violaciones del orden constitucional en Venezuela.

“Nosotros estamos conscientes de los obstáculos que efectúan la Sala Constitucional del TSJ y el CNE al proceso del revocatorio, aunado a las declaraciones de los altos representantes del Gobierno, los cuales constituyen gravísimos errores y lo que hacen es contribuir a que haya una presión mucho mayor”, dijo.

«Este Gobierno no entiende que en su ejercicio no puede hacer lo que le da la gana y tampoco puede pasar por encima de los principios democráticos que están en los tratados de la región».

Con la Constitución, todo

Figueredo insistió que la intención de los gobiernos es presionar para que se celebre el revocatorio presidencial. En este contexto, señaló que posiblemente la medida que venga primero sea la aplicación del protocolo de Ushuaia, y eso significa el retiro de Venezuela del Mercosur, «eso si el Gobierno no acata o no procede a aceptar democráticamente esclarecer una situación que tiene base constitucional».

Bajo su óptica, el diálogo parece no querer prosperar, pues el Gobierno se ha atrincherado en una posición pensando que el tiempo juega a su favor y es todo lo contrario: «el tiempo es uno de los factores más críticos y la solución a este conflicto tiene que buscarse lo antes posible, porque si no se saldrá de las manos».

“Yo no creo que esto aguante hasta finales de año y mucho menos como ellos (el gobierno) pretenden: hacer el revocatorio en el 2017, pues aquí las cosas se están deteriorando día a día y en la medida que la inflación se siga acelerando y el desabastecimiento siga creciendo estamos con una bomba de tiempo, cuya mecha ya está prendida. O apagamos la mecha o no sabemos cuáles serán las consecuencias de esta tozudez o falta de espíritu político de los que nos gobiernan”, enfatizó.

A su juicio, en cualquier régimen del mundo lo lógico es, quizás con intervención de terceros, que se entable un serio proceso de negociación, «en nuestro caso es absolutamente necesario encontrar el mecanismo que nos lleve a un régimen de transición, porque las medidas que hay que tomar pasan por aplicar el artículo 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela”.

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