Marea Socialista denunció «violación de DDHH» en trato a Guido Rodríguez
En un comunicado de prensa, la organización política Marea Socialista denunció la presunta violación del artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por parte del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En el texto, citado por Aporrea.org, se afirma al mismo tiempo que el delito de trato inhumano y degradante para con un detenido, para obtener una delación sobre el financiamiento de supuestas acciones «terroristas», es una prueba en flagrancia de esa violación. «Evidencia que obliga a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la República a actuar inmediatamente y de oficio», aseguran.
El comunicado señala que Marea Socialista se reserva el derecho de iniciar acciones nacionales e internacionales para que se respeten los derechos constitucionales de los detenidos que son, por otra parte, elementales Derechos Humanos.
A continuación el texto íntegro del comunicado:
Maduro incurre por televisión en violación directa del artículo 46 CRBV
Marea Socialista rechaza trato inhumano a detenidos en las manifestaciones
En la noche del domingo 17 de abril de 2017, el presidente Maduro utilizó videos de detenidos como supuesta prueba de que dirigentes de la MUD estarían financiando acciones “terroristas”.
En esos videos, difundidos ampliamente por cadena nacional, aparece un joven semidesnudo, en condiciones infrahumanas, interrogado desde el anonimato, sobre quién financia sus supuestas acciones, sin que se pueda constatar normas elementales del debido proceso como la presencia de abogado defensor o de fiscal.
Este video es la prueba, otorgada por el propio Estado a través del Presidente de la República, del trato degradante e inhumano, sobre un detenido, acción explícitamente prohibida por la Constitución Nacional en su artículo 46, que reproducimos a continuación para que no haya dudas del texto:
“Artículo 46 Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitación. 2. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos, o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. 4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley.”
Ya señalamos en el nuestro Editorial #20 que rechazamos la actuación de pequeños grupos, que en el marco de una polarización forzada, están realizando acciones violentas, tanto aprovechando las manifestaciones convocadas por la MUD como de mercenarios del lado del gobierno, que ambo grupos atentan contra el derecho a la protesta. Pero el ejecutivo no puede arrogarse el derecho de juzgar por sí mismo a supuestos integrantes de esos grupos, sin el debido proceso.
Lo que observamos, en este caso, por parte del gobierno es la violación flagrante a un artículo constitucional de estas características, que no deja lugar a interpretaciones, viola así mismo convenios internacionales sobre derechos humanos, a los que el país adhiere. Más allá de otro tipo de consideraciones, es una obligación irrenunciable de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía de la República, iniciar inmediatamente acciones para evitar que estos delitos se continúen cometiendo.
Más que una prueba contra los dirigentes de la MUD acusados por el Presidente, puede suponerse y el video es una evidencia de esto, que el gobierno nacional está incurriendo en el delito antes mencionado, quitando toda validez a la delación en la que se apoya la cúpula del PSUV para imputar, por su propia cuenta, a esos dirigentes.
Marea Socialista rechaza de manera contundente esta violación elemental de los derechos humanos, y exige que cese esta práctica aberrante y se suma a los reclamos que ya ha realizado la organización no gubernamental PROVEA entre otras. Marea Socialista se reserva el derecho de recurrir a instancias internacionales para denunciar estas violaciones inadmisibles a los derechos básicos establecidos en nuestra Constitución y en los convenios internacionales. Y llama a todos los que se consideran demócratas más allá de la posición política e ideológica que tengan a reclamar en común contra estos abusos que agreden principios elementales del respeto a la integridad de las personas y legítima defensa. El Presidente en dicha cadena se confiere la capacidad de condenar sin juicio previo y sin respeto por el debido proceso, atribuyéndose “un régimen necesario de emergencia económica constitucional, que me faculta de poderes superiores” que jamás puede estar por encima de la Constitución, declaración que vuelve a develar que el intento totalitario de las sentencias 155 y 156 del TSJ, sigue en marcha.
2017-04-17
