OVCS exige garantizar derechos a la vida, integridad y manifestación pacífica

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registra 2.675 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 19 de junio de 2017, equivalente a 33 protestas diarias.

Esta cifra representa un aumento de 65% con respecto a igual periodo de 2016, cuando se contabilizaron 1.614 manifestaciones. Las acciones de calle se han extendido en todo el territorio nacional, tanto en zonas urbanas, rurales, como en sectores populares.

Las entidades que acumulan mayor número de casos siguen siendo Distrito Capital, Miranda, Táchira, Mérida y Carabobo.

​El decálogo característico de las protestas:

1. Asistencia masiva de participantes.
2. Manifestantes de diversos sectores socioeconómicos.
3. Protesta sostenida.
4. Escenificadas en todos los estados del país. en zonas rurales y urbanas.
5. Aumento de protestas en sectores populares.
6. Aumento de las protestas nocturnas.
7. Conectadas con las convocatorias hechas por dirigentes políticos.
8. Fusión de exigencias de derechos políticos y demandas de derechos económicos y sociales.
9. Discursos de resistencia pacífica no violenta, apegados al Estado de derecho.
10. Repercusión en la esfera internacional. Países, Organismos multilaterales y medios de comunicación.

Protestas nocturnas

En la caracterización de estos 80 días de manifestaciones destacan las protestas nocturnas, un aspecto novedoso en comparación con las modalidades de protestas registradas en los últimos años.
Tan solo en el municipio Libertador de Caracas se han registrado protestas nocturnas durante 21 días continuos, hasta el 19 de junio.
Los vecinos han manifestado después de las 7 de la noche. Los cacerolazos en las urbanizaciones han sido la modalidad más representativa. Durante estas protestas se fusionan las exigencias sociales con demandas de derechos políticos.

Protestas cerca de los centros de poder
Otro aspecto novedoso, y de sumo interés en el seguimiento de las movilizaciones durante estos 80 días, se refiere al aumento de las protestas en las inmediaciones de los centros de poder o lugares emblemáticos del Gobierno, inclusive donde inconstitucionalmente gobernadores y alcaldes han prohibido las manifestaciones, amparados en leyes, sentencias y decretos que establecen Zonas de Seguridad o simplemente decisiones que prohíben las manifestaciones a sectores críticos políticamente o a ciudadanos que exigen derechos.
En la mayoría de los estados, las personas han organizado marchas hasta las oficinas de Gobierno o se han concentrado en sus inmediaciones.
En el Municipio Libertador, las acciones masivas de calle convocadas hacia instituciones públicas, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), Defensoría del Pueblo (DP) Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP), Contraloría General de la República, entre otras, no han podido llegar a su destino, pues todas han sido impedidas, obstaculizadas o reprimidas por los cuerpos de seguridad del Estado y civiles armados.
Sin embargo, esta zona, denominada por quienes ejercen el poder como “territorio oficialista”, ha registrado protestas espontáneas organizadas por vecinos, de día y de noche, a escasas cuadras del Palacio de Miraflores e instituciones públicas exigiendo derechos sociales y la renuncia del presidente Nicolás Maduro.

Represión y violencia
La violencia y represión inició de manera sostenida desde la activación del Plan Zamora, el pasado 18.04.17 por parte de Nicolás Maduro. Y se agudizó con la activación del Plan Zamora en una segunda fase, anunciada por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, casi un mes después, el 17.05.17.
El plan promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Civiles Armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés.
Adicionalmente, en el marco del Plan Zamora más de 250 civiles han sido procesados en tribunales militares, violando el debido proceso y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por otra parte, en las últimas semanas ha sido recurrente el asedio, invasión y ataque a urbanizaciones y residencias por parte funcionarios y civiles armados, quienes además de violentar las viviendas, roban y destruyen bienes privados y públicos.

Estos lamentables hechos han contado con la directriz y coordinación del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino; Ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol; Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres y el Director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Alfredo Pérez Ampueda. Estos funcionarios representan la superioridad en la cadena de mando en sus distintos ámbitos y recae sobre ellos la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas.

Saldo rojo: 95 fallecidos

Con el Plan Zamora se exacerbó la represión y la violencia en Venezuela. Se han registrado extraoficialmente 95 muertes desde el 6 de abril hasta el 19 de junio del presente año. En este lapso el Ministerio Público ha reconocido el fallecimiento de 75 personas. Las muertes se encuentran distribuidas en 12 estados del país. Distrito Capital, Miranda y Carabobo concentran el mayor número de víctimas.

El OVCS reitera sus exigencias:

· Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.
· Poner fin a la ejecución del plan Zamora.
· Poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares.
· Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
· Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
· Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.

Insistimos al gobierno de Nicolás Maduro que la represión no es el camino para dirimir las diferencias y construir un país.