Rafael Narváez condenó desconocimiento de boletas de excarcelación
Rafael Narváez, coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, condenó el incremento vertiginoso en la cantidad de detenidos con boletas de excarcelación que son desconocidas por los diferentes directores de centros penitenciarios en diversos lugares del país. “Tenemos el indignante caso del incumplimiento, desacato y desobediencia del director del Sebin de 17 boletas de excarcelación emitidas por tribunales de control”.
Explicó que esto se corresponde con un delito establecido en el artículo 179 del Código penal venezolano donde se establece que, “aquel funcionario que desobedezca una orden judicial, tiene prisión de 4 a 6 meses” por lo que exhortó al Ministerio Público a, “dejar el temor” y proceder mediante un tribunal para solicitar la aprehensión de los directores de centros penitenciarios, a fin de que sean procesados por el desacato de una orden judicial.
El jurista señaló que la misma situación ocurre con los 27 detenidos de la UPEL y enviados a la cárcel de El Dorado, donde un tribunal militar decidió darles medidas cautelares al total de detenidos, emitiendo las correspondientes boletas de excarcelación, “que fueron desconocidas por el coronel envalentonado de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana y por el director de Poliaragua, Eulises Farías Valderrama. Estos señores se burlaron del Ministerio Público, de Tarek William Saab y del Poder judicial”.
Más violaciones al debido proceso
Rafael Narváez denunció que en el caso de los estudiantes de la UPEL la situación es mucho más grave debido a que luego de ser juzgados de forma “ilegal e ilegítima” y desconocidas sus boletas de excarcelación, fueron trasladados en el estado Aragua a un tribunal ordinario para ser juzgados una segunda vez por los mismos delitos de los que fueron acusados en los tribunales militares. “Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, eso lo establece el artículo 49 de la Constitución”.
Acusó al Ministerio Público de complicidad en esta acción al guardar silencio y no decir que un segundo juicio era nulo. “¿Qué respuesta tiene Tarek William Saab sobre eso? La institución que representa es garante de la legalidad y del debido proceso así como también el guardián de los juicios justos” insistiendo que el Tribunal noveno de control, “no tenía jurisdicción para conocer ese caso y su decisión tenía que ser impugnada por el Ministerio Público y los abogados de la defensa”.
“El inspector de tribunales debe levantarle un expediente para la correspondiente sanción hacia el juez de control noveno que tomó por segunda vez una decisión sobre los mismos hechos. Esto nos coloca frente a la evidente violación de una garantía constitucional”, concluyó.
