Tamara Sujú confía que actuación de CPI puede prevenir impunidad
La abogada venezolana Tamara Sujú, que ha denunciado al Gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) por no respetar los derechos humanos, se mostró esperanzada con la investigación que ese organismo le ha abierto, porque puede prevenir futuras violaciones.
«Los venezolanos lo hemos acogido (esta decisión) con gran esperanza», ya que el mensaje a las autoridades venezolanas es: «los estamos observando», dijo.
Sujú compareció ante la prensa en Madrid acompañada por el abogado Juan Carlos Gutiérrez, defensor del opositor Leopoldo López, para valorar la decisión de este jueves de la Fiscalía de la Corte penal Internacional (CPI) de abrir un examen preliminar sobre Venezuela por la «fuerza excesiva» de la Policía para «dispersar y reprimir manifestaciones» y «graves abusos» a detenidos.
Este examen preliminar tiene, según Gutiérrez, «un componente fundamental: su naturaleza preventiva», ya que es la constatación de que «el radar de la CPI está en Venezuela y no puede haber impunidad», por lo que supone «una advertencia al gobierno venezolano».
Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional @IntlCrimCourt abre Fase II (examen preliminar publico) contra el Regimen de #Venezuela por Crimenes de Lesa Humanidad. https://t.co/povQHGm8wL
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) February 8, 2018
Fiscalía investigará
La Fiscalía de la CPI investigará la actuación de las autoridades en un periodo de tiempo concreto, desde abril de 2017, pero según Sujú, los denunciantes quieren mostrar que esa violación de derechos humanos es «sistemática» y «generalizada», con lo que sería competencia de este organismo.
La abogada destacó que es la primera vez que el Gobierno de Venezuela, al que calificó como «narcotiranía», es investigado de forma pública.
Tras la investigación preliminar, el siguiente paso sería admitir el caso y abrir entonces una investigación sobre los funcionarios investigados, ya que las denuncias son personales, y en ese supuesto, la Fiscalía de la CPI pude decidir incluso una orden de aprensión, según los abogados opositores.
Aunque las denuncias ante la CPI son individuales, también son responsables los «jefes» de esas personas denunciadas, no solo en el caso de militares, también el campo civil, lo que los abogados definieron como «cadena de mandos».
La actuación de la CPI se produce tras múltiples denuncias de torturas y violaciones de derechos humanos contra Venezuela por parte de ONG y personas particulares, entre ellas al antigua Fiscal General venezolana Luisa Ortega, que según Gutiérrez, ha presentado «evidencias importantes, irrebatibles».
Según Sujú, que es directora ejecutiva del Instituto Casla de Praga -una plataforma para los estudios de América Latina- la apertura de esta investigación es un «incentivo» para aumentar las demandas contra violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La abogada venezolana denunció numerosos casos de torturas en su país y destacó las de carácter sexual, que afectan al 70 % de los detenidos, a la vez que insistió en que «lo más grave es que estas torturas continúan al día de hoy».
