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Tribunal insta a Fiscalía a investigar presunto «fraude» del 1%

El Tribunal 3° de Control de Valencia informó al Ministerio Público que admitió la querella (acusación particular) interpuesta por el gobernador Francisco Ameliach contra la recolección de 1% de firmas para activar el referendo revocatorio que busca desplazar al presidente Nicolás Maduro.

El expediente fue remitido a la Fiscalía Superior “a los fines de que se realicen las diligencias de investigación pertinentes a la presente querella”, señala el oficio N° C3-1590-2016 firmado por el juez Toredit Alfredo Rojas Acevedo.

En dicha comunicación, el juez Rojas Acevedo notifica al Fiscal Superior de Carabobo que se le otorgó la cualidad de querellantes (acusados) a Jesús Torrealba, Ramón José Medina, José Luis Cartaya, Oscar Barreto, Ricrado Sucre Heredia, Luis Ernesto Aparicio Méndez, Arnoldo Gabaldón Berti y Henrique Capriles. A estos dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática se les imputa los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral, señala el oficio.

Una comunicación en similares términos fue dirigido por el juez 3° de control de Aragua, Enrique José Leal Veliz al Fiscal Superior de esa entidad, según boleta N° 369-2016. Allí los querellantes son Filiberto Colmenares, Richard Mardo y José Gregorio Hernández. En Bolívar, el Tribunal 4° de Control, a cargo de Norkys Josefina Bolívar admitió la querella interpuesta por el gobernador de Francisco Rangel Gómez contra Andrés Velasquez, Raúl Yusef y Braulio Merino.

En sus respectivos escritos los querellados basan las denuncias en las advertencias hechas por “partidos que no se encuentran alineados con la llamada MUD, (que) advirtieron la escaza organización, la poca movilización de personas y la ausencia de medidas de seguridad y de resguardo de aquellas planillas autorizadas por el CNE, las cuales debían ser integradas al ente comicial y contener la identidad y manifestación de voluntad de los electores (firmas)”. Tal situación, observada en la recolección de firmas llevada a cabo en julio pasado, generó “un grave cuestionamiento sobre la transparencia y conducción de este proceso, lo que motivó a la revisión de los datos de aquellos ciudadanos que no participaron en esa actividad política”, señalan los querellados.

Los jueces penales respondieron que el hecho denunciado, en lo que respecta a las supuestas irregularidades cometidas en la recolección del 1% de las firmas para la realización del revocatorio presidencial, “es un hecho notorio y comunicacional, el cual ha generado trascendencia en el contexto político y social de nuestro país”. Por ello ordenaron la suspensión del proceso de recolección del 1% “así como cualquier otro acto que conlleve la realización de un nuevo proceso de recolección de firmas hasta tanto no se establezca la responsabilidad penal a que hubiere lugar por las graves irregularidades…”, según reseñó ÚN.

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