La muerte y la violencia asedian a 14.525 privados de libertad
Producto del resultado de una investigación realizada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 en 198 centros de detención preventiva, 178 (89,90%) correspondientes a la jurisdicción civil y 20 (10,10%) a la jurisdicción militar, este 15 de febrero la oenegé Una Ventana a la Libertad (UVAL) dio a conocer su informe anual “La muerte y la violencia asedian a los privados de libertad. Situación de los derechos humanos en los centros de detención preventiva en Venezuela 2017”
El documento presentado por el coordinador general de la oenegé, Carlos Nieto Palma y la periodista, coordinadora de la investigación, Luisa Torrealba Mesa, contiene un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de derechos humanos de las 14.525 personas que han permanecido recluidas en 198 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia, zonas con el mayor número de población penal del país en 2017.
Estos centros de detención preventiva tienen una capacidad estimada para albergar a 5.910 personas, pero para diciembre de 2017 albergaban un promedio de 14.525, lo que implica una sobrepoblación de 8.615 privados de libertad, que suma un 250,86%.
Del total monitoreado, un estimado de 987 son mujeres, 182 son menores de edad, 106 son extranjeros, 186 son personas que padecen enfermedades crónicas y 18 son personas pertenecientes a la población GLBTI.
En el diagnóstico presentado, UVAL pudo corroborar las fallas existentes en la infraestructura de los centros de detención preventiva que vulneran derechos fundamentales, tales como: 96,46% no posee comedor, 62,12% no posee servicios higiénicos, 100% no cuenta con servicio de lavandería, 92,93% no posee áreas recreativas, 86,87% no tiene áreas de visitas, 64,14% no posee servicios de agua potable, 52,02% no ofrece servicio de recolección de basura, 98,48% no cuenta con servicio médico, 61,62% no cuenta con áreas especiales para la población femenina, 100% no cuenta con áreas para mujeres con hijos menores de edad o lactantes, 99,49% no cuenta con áreas especiales para la población menor de edad y 100% no cuenta con áreas especiales para población GLBTI.
La oenegé documentó 113 hechos en los que se produjeron violaciones de derechos humanos a los privados de libertad, por parte de organismos del Estado, o violaciones a la ley por parte de los privados de libertad, que sumaron un total de 155 tipos incidentes. Los hechos que tuvieron mayor registro fueron: las fugas —53 casos que representan el 34,19%-, las muertes de privados de libertad por problemas de salud —39 casos que representan el 25,16%- y los asesinatos de privados de libertad —26 casos que constituyen el 16,77%-.
Recomendaciones finales
A partir de los hallazgos obtenidos en el presente diagnóstico, UVAL hace las siguientes recomendaciones:
Actuación urgente del Ministerio Público y de la Defensoría del pueblo, para canalizar un plan de salud, que permita que los privados de libertad, que padecen enfermedades infecto contagiosas o crónicas, puedan recibir atención médica y los tratamientos correspondientes.
Actuación por parte del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para constatar la situación de hacinamiento en los centros de detención preventiva del país y adoptar medidas urgentes en procura del traslado de los privados de libertad que ya han sido procesados.
Adopción de una política urgente por parte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para la previsión presupuestaria que permita el acondicionamiento de los centros de detención preventiva con espacios para la alimentación, la recepción de visitas, la recreación y de servicios fundamentales como los de alimentos, agua potable y asistencia médica.
@ventanalibertad
