Un ajuste ortodoxo para Venezuela
l pasado 15 de Abril el Presidente de Venezuela,
Rafael Caldera, anunció un conjunto de medidas que significan una nueva orientación
en las políticas económicas del país. Después de dos años y medio de controles en
los mercados cambiarios, monetarios y de bienes, el nuevo enfoque se basa en su
liberación a las fuerzas de mercado.
Las medidas se adoptan en el contexto de un acuerdo de crédito con el Fondo
Monetario Internacional -aún no formalizado- y se espera que permitan recabar
recursos de otras fuentes internacionales, particularmente los organismos
multilaterales.
El aumento del precio de la gasolina -hasta ahora uno de los más bajos del
mundo-, la flotación de la tasa de cambio, la liberación de las tasas de interés, el
aumento del impuesto a las ventas (de 12% a 16,5%) y planes de austeridad en los
gastos públicos constituyen el núcleo del programa. A esto se añaden acciones de
carácter social, destinadas a suavizar el impacto de la nueva política sobre los sectores
de menores ingresos. Entre ellos merece especial mención el subsidio al transporte
colectivo, con el cual se pretende evitar las protestas violentas que sucedieron a intentos
anteriores de sincerar los precios de la gasolina.
No se conocen aún los detalles operativos de la liberación de la tasa de interés
y de la tasa de cambio. Debido a la gravitación que tiene en Venezuela el gobierno en
esas áreas (genera más del setenta por ciento de las divisas y controla la mitad de los
activos bancarios) los mercados no pueden funcionar hasta que las autoridades se
pronuncien al respecto. Se esperan para el lunes 22 de abril las primeras señales que
permitan despejar tal incertidumbre. Tampoco se anunciaron -tal como se esperaba-
aumentos en las tarifas de los servicios públicos, reformas en el régimen de
prestaciones y pensiones, la creación de un fondo de contingencia para el pago de la
deuda, ni la liberación de precios de los bienes que permanecen controlados.
A pesar de la falta de concreción en parte de los anuncios, el conjunto de
medidas constituye un cambio profundo en la política económica venezolana. El
precio de la gasolina, el cual había adquirido un carácter simbólico en la vida política
nacional, se eleva de 5, 10 y 15 bolívares por litro -según el octanaje del combustible-
a 50, 55 y 60 bolívares respectivamente. Se abandonan los intentos de realizar un ajuste
heterodoxo que evite la recesión que suele acompañar a los programas apoyados por
el Fondo Monetario Internacional y se opta por un "shock" inflacionario con la
esperanza de que permita superar, después de su primer impacto, el aumento crónico
de los precios experimentado durante los últimos años.
Se ha pasado de una política de apaciguamiento de las inquietudes de la
población por el deterioro constante de las condiciones económicas, adoptada por la
administración Caldera como respuesta a las turbulencias políticas de 1992 y 1993, a
una de intento de seducción de los capitales extranjeros. Al atenerse a los enfoques
ortodoxos de los organismos financieros internacionales y acelerar la privatización de
algunas empresas del Estado, se espera una revitalización de los flujos de inversión
como manera de poder equilibrar las cuentas financieras y como punto de partida para
una reactivación del aparato productivo. De acuerdo al Presidente Caldera "los
inversionistas están haciendo cola" para hacerse presentes en Venezuela. Se trataría
ahora de crearles las condiciones para que materialicen su intención.
La liberación de las tasas de cambio y de interés así como los aumentos de los
impuestos y los combustibles provocarán un fuerte incremento en el nivel de precios en
los próximos meses, aún de acuerdo a los cálculos oficiales. La reacción de la
población ante ellos resulta crucial para el éxito de las medidas adoptadas. Hasta
ahora no se han producido protestas de significación y el gobierno ha sido
particularmente meticuloso en evitar las reacciones violentas que en 1989 sucedieron
a medidas de corte similar. En especial, ha desplegado toda su capacidad disponible de
relaciones públicas.
Las primeras reacciones de los grupos de opinión institucionales han sido de
apoyo o de cautela y no habido un rechazo abierto a las medidas, con muy pocas
excepciones. Incluso el partido Copei, que ha mantenido una dura l—nea de oposición,
ha manifestado que no será un obstáculo para el éxito de la nueva política. Esta
actitud probablemente refleja la necesidad de la población de contar con un sentido
de dirección por parte de las autoridades, luego de varios meses de
incertidumbre.
No obstante, tales reacciones se producen antes de que el impacto de las
medidas se haya hecho sentir. Por lo que habrá que esperar para saber si la esperanza
de una disminución de la inflación hacia finales de año será suficiente para que la
población acepte pasivamente la exacerbación del aumento de los precios prevista
para los próximos meses. A lo que debe añadirse la recesión en la economía real y
el aumento en el desempleo que probablemente tendrán lugar, tema hasta ahora
soslayado por la mayoría de los analistas.
Si se toma como punto de referencia la tasa de cambio oficial de diciembre de
1995 y aún sin conocer el nivel de la nueva paridad resulta que la devaluación de la
moneda venezolana en los últimos seis meses será mayor que la experimentada por
México a raíz de la crisis de Diciembre de 1994, y es difícil encontrar argumentos
para pensar que el impacto sea menor.
La peculiaridad de Venezuela consiste en que debido a sus enormes riquezas
naturales y al flujo de ingresos externos que le procura la industria petrolera ha podido
evitar hasta ahora crisis de la profundidad de las que precedieron la adopción de
programas de ajuste ortodoxo en otros países de América Latina. Esto pudiera ser una
ventaja desde el punto de vista de los equilibrios contables que se aspira obtener con
el ajuste. Pero si se le mira con respecto a la disposición de la población para aceptar
sus rigores pudiera ser desventajoso. Pues la experiencia de niveles de inflación y
deterioros en el poder adquisitivo hasta ahora desconocidos pudiera no ser aceptada
pasivamente. En tal sentido merecen particular atención las posibles reacciones en el
área laboral debido a que la huelga como instrumento de protesta ha sido poco usada
en Venezuela en tiempos recientes, no obstante las turbulencias políticas vividas. Otro
posible punto débil para el éxito del programa anunciado es la descomposición
institucional y falta de liderazgo que se han venido acentuando en Venezuela durante
los últimos años. Esto determina que así como no ha habido reacciones negativas
extremas a la nueva política, tampoco se han dado apoyos entusiastas -excepto en
círculos internacionales- que permitan pensar en que cuando se hagan evidentes los
sacrificios implícitos en el programa se cuente con quienes estén dispuestos a
defenderlo y asegurar su continuidad. El prestigio del Presidente Caldera, en el cual se
ha apoyado la estabilidad institucional durante los dos últimos años, tiende a
deteriorarse y los apoyos con los que cuenta son circunstanciales.
Por todo lo anterior el posible éxito del curso de acción adoptado depende de
que una vez asimilados los sacrificios inevitables que implica, puedan apreciarse en un
plazo muy breve -antes del fin del presente año- los beneficios que promete.
Particularmente en lo que respecta a inflación y empleo. De lo contrario, las nuevas
medidas no pasarán de ser un nuevo capítulo en la historia de pruebas y errores que
ha vivido Venezuela en los últimos quince años.
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