Alejandro Sucre
Venezuela clama una revolución económica
a opinión pública ha caído incauta en la creencia
de que la urgencia de los pagos correspondientes a las cuotas de deuda externa pública,
la magnitud del déficit fiscal y la paralización de la economía obligan a Venezuela a
volver a las reformas de 1989 y llegar a un acuerdo con el FMI para tener acceso a
nuevos recursos que alivien el retorno a la libertad de los mercados cambiarios,
crediticios y de bienes, bajo estrictas reglas de disciplinas fiscal. Incluso muchos
venezolanos de gran talento y formación profesional comienzan a caer en la trampa
económica que el principal promotor de las propuestas fondomonetaristas en
Venezuela, el economista Miguel Rodríguez, les ha puesto haciéndoles creer que las
reformas de 1989 iban bien encaminadas y que los factores que produjeron el fracaso
de dichas reformas fueron el boicot del Congreso Nacional, AD, otros partidos de
oposición y los militares alzados. Hoy por hoy, pocos venezolanos se dan cuenta de que
la vuelta a los controles económicos y las políticas ultraintervencionistas del presidente
Caldera, con los intentos de golpes de Estado, las revueltas callejeras y el juicio y
desprestigio que hicieron renunciar al ex presidente Pérez fueron provocados por los
graves desaciertos del equipo económico que llevó a cabo las reformas de 1989 y que
hoy repiten los ministros Matos Azócar y Petkoff.
Revista a los acontecimientos que hicieron colapsar las reformas de 1989 y que
se repetirán en 1996
El equipo económico profondomonetarista del ex-Presidente Pérez pudo
maquillar los números macroeconómicos por un tiempo y crear la sensación de
progreso, pero en el fondo erigieron un edificio aparatoso, pero con fundaciones de
barro. Es cierto que estos economistas, que hoy aspiran a retornar al poder en
Venezuela, repusieron las reservas internacionales en 1990, pero esto lo hicieron
aumentando la deuda externa del Estado con los organismos multilaterales (llegaron
al extremo de iniciar la política de endeudamiento de PDVSA), reprogramando
deudas, devaluando el bolívar en 196% e ignorando los compromisos del BCV en las
cartas de créditos pendientes. Al equipo económico de 1989 no le importó causarle
graves pérdidas al sector privado nacional ni endeudar más el país, ya que sólo
quería cuadrar sus cuentas fiscales y pagar deuda con más deuda, sin reducir gastos ni
aumentar ingresos.
También es cierto que este equipo económico redujo el déficit fiscal
temporalmente,pero eso lo hizo utilizando el dinero generado por la devaluación del
bolívar como nuevo ingreso fiscal.
La devaluación del bolívar en 196% durante 1989, fué un ajuste sólo para el
ciudadano y las empresas privadas venezolanas (al igual que la devaluación de Bs 170
a Bs 465 de Matos Azocar), ya que tenían que pagar más bolívares por cada dólar.
Sin embargo el ajuste del sector privado significó todo lo contrario para el sector
público, ya que el Gobierno registró como nuevos ingresos fiscales el producto de la
venta de sus dólares petroleros más caros (de Bs 14,5 a Bs 42,95 por US$) y a su vez
los utilizó para aumentar el gasto fiscal, en lugar de haberlo mantenido ala tasa de
cambio predevaluación de modo de estabilizar la economía con sacrificios duraderos
y parejos para todos los venezolanos (sector público y privado). Esa utilización de los
bolívares generados por la devaluación para cubrir el déficit fiscal por parte del
equipo reformista en 1989 produjo una enorme y desordenada creación de dinero
inorgánico que no estimuló la producción de bienes y servicios. Esta diferencia entre
la nueva cantidad de dinero en la economía (la liquidez creció en 258%) y el
estancamiento en la producción de bienes y servicios (el PIB cayo a -8,6%)despertó
una enorme presión inflacionaria que hizo perder el ajuste inicial y se convirtió en
devaluaciones diarias del bolívar (disfrazadas bajo el sofisticado manto del "crawling
peg") y puso en crisis permanente el sector productivo nacional. De esta manera, los
reformistas de 1989 no atacaron desde la raíz el problema del crecimiento desordenado
de la liquidez monetaria que ellos mismos habían creado, ya que no querían aceptar
sacrificios y reducir gastos en el sector público, sino que más bien comenzaron a aplicar
políticas monetarias de parches para frenar la inflación desatada. Esta historia la
estamos repitiendo en 1996.
El BCV decidió emitir bonos cero cupón para frenar el desbordado
crecimiento monetario en la economía, pero el Gobierno siguió aumentando el gasto
fiscal financiándolo con crónicas devaluaciones, convirtiendo la política de bonos cero
cupón en un instrumento insuficiente y adictivo. La aplicación de una política
monetaria restrictiva del cero cupón junto con una política fiscal expansiva fue una
combinación explosiva de medidas, equivalente a pisar el acelerador y el freno al
mismo tiempo en un vehículo en desbandada. Esto es, aunque la política monetaria
restrictiva frenaba la inflación brevemente al succionar liquidez excedentaria de la
economía, el gasto fiscal creciente seguía inyectando dinero inorgánico a la economía
y hacia que el BCV tuviese que emitir cada vez mayores volúmenes de bonos cero
cupón para evitar que subieran los precios. Esta compulsión a la emisión de bonos
cero cupón, a su vez, obligaba al BCV a pagar mayores tasas de interés para poder
atraer cero cupón, a su vez obligaba al BCV a pagar mayores tasas de interés para
poder atraer esos mayores niveles de dinero inorgánico. Esta emisiones de bonos cero
cupón llegaron a niveles tan exagerados que el
BCV llegó a represar más del 30% de los del público, impidiendo que el
crédito bancario circulase normalmente en la actividad productiva privada y creándole
un enorme pasivo al país. A su vez, el sector productivo privado que competía con el
BCV por el crédito bancario, se vio obligado a endeudarse a las elevadas tasas de
interés para cubrir las pérdidas en cartas de créditos y los nuevos costos de materia
prima generados por la devaluación. Esta competencia entre el sector productivo
privado y el BCV por traer el crédito bancario hizo que las tazas de interés estallaran
al 82% anual (40 puntos por encima de la inflación son impagables) que finalmente
produjo el colapso del sector productivo y bancario del país.
Con tasa de interés reales de 82% y con la quiebra del aparato
productivo nacional fue como el equipo de reformas economía rentista, obligando a
los bancos comerciales que recibían esas inversiones extranjeras y la liquidez monetaria
generada por el gasto fiscal a estacionar sus fondos improductivamente en el BCV, al
no haber empresas solventes que pudiesen cancelar las tasas de interés vigentes para
le época. Para entender lo fatal del alza experimentada de las tasas de interés en esos
años que tanto defendía el equipo económico encabezado por el hoy aspirante a la
Presidencia de Venezuela, Miguel Rodríguez, como necesarias para preservar las
reservas internacionales, podemos imaginarlo que significaría que en Europa, EUA,
o Japón se registren alzas equivalentes en sus tasas de interés. Con tasas de interés de
45% (40 puntos por encima de la inflación) en Europa, EUA o Japón podemos estar
seguros de que Miguel Rodríguez y su equipo de economistas hubiesen sido capaces
de quebrar a los bastiones de esas economías como lo son la Exxon, la Toyota, la
Mitsubishi, la Procter & Gamble, la Mercedez Benz y a cualquier otras grandes
empresas y bancos que se le atravesaran por delante.
Este deterioro del aparato productivo venezolano se pronunciará aún más y
por los mismos motivos debido al programa de Petkoff y Matos Azócar con el
FMI.
Más leña al fuego
Como si los recursos de la devaluación no hubiesen sido suficientes ingresos
para reducir el déficit fiscal, el equipo económico de 1989, con el respaldo del FMI,
también presionó a la población con incrementos en las tarifas de los servicios
públicos, en el precio de la gasolina y de todos los bienes que provee el Estado, además
de nuevos y onerosos impuestos a los activos empresariales. Aquí el equipo de
tecnócratas de 1989 demostró que no entiende que en reformas económicas el orden
de los factores sí altera el producto. Que en una economía donde el Estado mantiene
el absoluto control y explota como monopolio casi el 70% de los principales recursos
naturales y productivos del país, los déficit fiscales no se pueden cubrir con mayores
impuestos sino con una reducción del gasto. Es como si basados en medias verdades
de esos tecnócratas neoestatistas (los precios y tarifas de los servicios públicos deben
cubrir sus costos para no ser populista) la economía cubana comenzara sus reformas
imponiendo aumentos en los servicios públicos, en los impuestos y en la gasolina, sin
antes entregarle a la gente tierras agrícolas, los hoteles y otros recursos productivos
que hoy monopoliza el Estado cubano para que sus ciudadanos puedan producir
mayores ingresos con los cuales pagar nuevos impuestos. La pregunta que habría que
hacerle a Miguel Rodríguez (ahora Matos Azócar y Petkoff) y a sus equipos es de
dónde la gente va a sacar dinero para financiar el déficit fiscal si es el Estado quien
controla casi todas las empresas de importancia y monopoliza los medios productivos
del país. Aquí podríamos destacar que la obstrucción del Congreso y AD a las
reformas impositivas de 1989, más bien favoreció al equipo reformista ya que
amortiguó el malestar social que acumulaba su injusto paquete de medidas.
Para completar el drama que hoy parecen olvidar algunos venezolanos, debemos
recordar que aún las privatizaciones de ese período se hicieron con fines fiscalistas.
Esto es, privatizaron muy pocas empresas públicas y cuando se vendieron fue como
monopolios privados para aumentarles el precio de venta y los ingresos del Estado que
los reformistas administrarían. En ningún momento se planteó que el ciudadano
recibiese beneficios directos de las privatizaciones. El saldo que los venezolanos
empobrecidos durante tantos años de estatificación económica recibieron de las
privatizaciones fue exagerados aumentos en los precios de los servicios y bienes que
nuevos monopolios privatizados impondrían, mientras que el Estado si se beneficiaba
del sobreprecio de esas privatizaciones monopólicas, a la vez que mantenía
importantes lotes accionarios en esos nuevos monopolios. Nunca este equipo
económico de 1989 entendió la verdadera profundidad social que deben significar las
privatizaciones. Que en un país con herencia monárquica donde el Estado es
propietario de las principales riquezas, la población despojada de los medios
productivos durante siglos no podía cotizar y participar en la compra de empresas
públicas y que más bien las privatizaciones al estilo planteadas por las reformas de 1989
sólo venían a legitimizar profundas desigualdades sociales acumuladas a lo largo de
nuestra historia. El paso de una economía estatizada a una economía del ciudadano
en Venezuela genera trastornos sociales que podríamos equiparar a los que se
presentaron en el siglo XIX durante la abolición de la esclavitud. En ese entonces, se
había creado un círculo vicioso nocivo donde los esclavos no tenían dinero para
indemnizar a sus propietarios y obtener su libertad, y los propietarios podían quebrar
si liberaban esclavos sin ser compensados. A la vez, los esclavos no tenían recursos ni
educación - como producto de su misma condición de esclavos - para pagar deudas en
un plazo por su libertad, ya que no podían hallar trabajos bien remunerados. Sistemas
y leyes injustas (como lo son las que mantienen el monopolio de las riquezas de un país
en manos del Estado y los políticos) no se solucionan con píldoras, ni de la noche a
la mañana, como lo pretendían las privatizaciones planteadas en 1989 y 1996. Sólo
soluciones como los fondos de capitalización popular (exitosamente implantadas en
algunos países ex comunistas, Perú y Bolivia), la repartición de los dividendos de la
apertura petrolera a la población directamente (sin que el Estado los use en su gasto),
la reducción del gasto público por medio de la dación de escuelas y hospitales a sus
maestros y cuerpo médico a cambio de prestaciones sociales, la dación en pago de
activos de Fogade a acreedores del Estado, hubiesen ido en la dirección más apropiada
al acercar a la población a los recursos productivos del país sin alcabalas y favoritismos
políticos que impone un gigantismo de Estado.
No permitamos que la ansiedad del cambio nos haga repetir los errores del
pasado
Bajo los argumentos expuestos hasta podríamos decir que las reformas
económicas planteadas en 1989 por el ex Presidente Pérez fueron una gran
oportunidad desperdiciada por los economistas a cargo de implantarlas. Igualmente,
ante la disyuntiva actual, resulta bastante utópico hacerle creer al venezolano que con
medidas parches como las de controles económicos del presidente Caldera o con
reformas neoestatistas como las iniciadas en 1989, el país podrá resolver sus profundos
desajustes sociales y económicos. También es falso el argumento que arrincona a
Venezuela a negociar nuevas deudas con el FMI en 1996 para enfrentar los perentorios
pagos de la deuda externa vencida y la liberación del cambio. Con ingresos petroleros
de US$ 16.000 millones por año, Bs. 1.000.000.000.000 en nuevos impuestos y billones
de dólares en activos mal aprovechados en poder del Estado, el único urgido es el
propio Gobierno que quiere mantener su poder económico sobre la población aún
sacrificando con más deuda e impuestos a la población venezolana. Nuevas deudas y
mayores impuestos para resolverle la crisis al actual Gobierno, sin hacerles reducir el
gasto público, harán que la libertad cambiaria que tanto anhelamos los venezolanos sea
insostenible, ya que seguirá la inflación, las importaciones crecerán por el subsidio que
significan préstamos para balanzas de pagos del FMI, las empresas seguirán cerrando
ante los crecientes costos y caída de la demanda y la fuga de capitales se acelerará
creando nuevas alzas en los intereses como ocurrió durante las reformas iniciadas en
1989.
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