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Revista Electrónica Bilingue       Nº 6     Agosto 1996
Torres Plaz y Arraujo

Arroba Digital Marketing

Métodos alternativos para la resolución de conflictos
José Ramón Padilla
e Ignacio De Leon
Introducción
En esta ponencia se pretende evaluar la adecuación del contexto institucional para la solución de conflictos en la sociedad venezolana. Para ello examinamos a grandes rasgos el modelo existente de regulación de la conflictividad social, empleando la legislación laboral como caso particular de análisis. A pesar de que los conflictos de trabajo revisten una naturaleza especial, dado el enfoque ideológico de las relaciones en este campo, es posible extender las conclusiones que aquí se presentaran a otros sectores y actividades sociales.

Advertimos desde ahora que en buena medida las ideas que vamos a desarrollar descansan en un hecho obvio cual es el notable incremento de la conflictividad social que se esta produciendo en Venezuela. En el curso de este proceso preocupante, las instituciones actualmente diseñadas para canalizar los conflictos aparecen cada vez mas inoperantes, aletargadas e ineficientes.

Como punto previo, es preciso indicar que no disponemos de información fiable que nos permita cuantificar la intensidad del conflicto. Baste señalar que en el ámbito de las relaciones laborales, las estadísticas que elabora el Ministerio del Trabajo apenas registran las expresiones mas formalizadas de la conflictividad, es decir, las huelgas que cumplen con los requisitos legales. De esta manera quedan sin considerar la mayoría de los conflictos laborales efectivos, por no responder al "modelo oficial". En todo caso, pese a esta limitación, estamos convencidos de la utilidad de la reflexión que pretendemos desarrollar, que trata sobre la ausencia de canales apropiados de regulación de los conflictos sociales en Venezuela.

Nuestra tesis es que las actuales instituciones creadas para canalizar el conflicto son inoperantes pues su diseño no responde a las necesidades económicas y políticas que demanda actualmente la sociedad venezolana. Como resultado, tanto el incremento de la conflictividad social como la radicalización de sus formas de expresión son cada vez mas significativas. Al mismo tiempo, sin embargo, las instituciones existentes, fundamentalmente, los tribunales, cada vez aparecen menos legitimados pues no son percibidos como vías eficientes de solución de conflictos. Igualmente, salvo en materia laboral, tampoco existen canales alternativos, o extrajudiciales, de composición, como consecuencia de que hasta hace relativamente poco tiempo no han sido necesarios. Luego, se requiere un cambio en las reglas, instituciones y procesos existentes a fin de atender los conflictos sociales de manera efectiva.

En particular intentamos responder a las siguientes interrogantes:

  1. ¿Cuál es la importancia de las instituciones y mecanismos de solución de conflictos sociales?
  2. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento de la confilctividad social bajo el Estado democrático en Venezuela?
  3. ¿Están las instituciones actuales en capacidad de resolver la conflictividad social?
  4. ¿Hacia dónde podría apuntar una reforma de las instituciones para la solución de disputas?

De este modo estaremos en capacidad de, finalmente, elaborar una propuesta de modificación del modelo venezolano de solución de conflictos sociales. Para ello, hemos de advertir desde ahora que como quiera que el orden institucional y la solución de conflictos son materias singularmente amplias, no caben recetas de aplicación general. Así, lo que puede valer en materia mercantil o comercial puede no funcionar en controversias de orden laboral. Es decir, lo que pretendemos hacer es desarrollar, con el mayor detalle posible, algunas ideas a partir de las cuales articular un proceso de reforma en la materia.

I. Importancia del tema planteado

Las razones por las cuales es deseable la regulación del conflicto social pueden encontrarse en dos niveles distintos de análisis:

  1. Dimensión social del problema

La existencia de instituciones capaces de regular y racionalizar los conflictos sociales, es un factor esencial en el desenvolvimiento de la "normalidad" democrática, en tanto que condición necesaria para la interacción pacifica de los distintos factores e intereses que coexisten en toda

sociedad plural, quienes deben contar con vías a través de las cuales expresar, y eventualmente solventar, sus naturales diferencias y antagonismos. Se trata, pues, de una pieza clave en el mantenimiento de la paz y de la cohesión social.

Así mismo, un modelo funcional de solución de conflictos es un elemento crucial para el desarrollo económico. El orden económico de mercado solo es posible si sus participantes conocen con certeza el alcance de sus respectivas asignaciones (derechos) sobre los recursos sociales así como las condiciones de su transmisión a terceros. En otras palabras, si los individuos cumplen lo que prometen y conocen anticipadamente su acceso a los recursos sociales (Lepage, 1985: 33-51). Ello reduce la incertidumbre acerca del futuro que de otro modo inhibiría la interacción humana pues impediría a los individuos predecir cuando sus expectativas pueden coincidir con las de los demás, y de ese modo intentar el intercambio (Hayek, 1976: 107-132). Las instituciones, por tanto, se crean para eliminar costes de transacción y la incertidumbre que impiden el intercambio (North, 1995: 18).

El acomodo de tales expectativas genera el marco referencial en el cual los agentes económicos se ven animados a destinar sus esfuerzos y realizar inversiones productivas. Por otra parte, las expectativas se ven defraudadas si los individuos desconocen que acceso tienen a los recursos sociales, las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las promesas hechas, o cual es el alcance de los derechos de que disponen. Es fácil convenir entonces que la existencia de reglas claras de actuación así como de medios fiables para dilucidar las controversias que generalmente se generan de la aplicación e interpretación de tales reglas a las expectativas de cada quien, son un requisito necesario para el desarrollo económico.

En consecuencia, desde un punto de vista sustantivo, la construcción del entramado social necesita de tanto de normas estables como de mecanismos de solución de conflictos. De este modo es posible asegurar a los individuos la certidumbre necesaria para animarlos a participar en el juego social. En ningún caso, es preciso que normas y mecanismos sean "oficiales": Por el contrario, tales normas pueden estar completamente disociadas de las necesidades sociales. Como explica North, las instituciones son entramados complejos integrados no solo por reglas dictadas por autoridades oficiales (leyes, reglamentos, etc.), sino también por normas informales (convenciones, costumbres, etc.) las cuales suelen suplir las primeras cuando aquellas son incapaces de proveer eficazmente las expectativas e intereses individuales en sociedad. Las reglas de solución de conflictos interesan para proveer estabilidad a tales instituciones.

En esencia, lo que se requiere es asegurar que las expectativas creadas no sean defraudadas por vías inaceptables por ineficientes. Una sociedad que permite el robo o el fraude como practica social ordinaria no es viable, pues llevara a sus miembros a atesorar su riqueza en vez de intercambiarla en sociedad. En este contexto, la solución de conflictos permite la supresión de vías de fuerza que de otro modo acabarían con las expectativas individuales en sociedad.

Desde otra perspectiva, la solución de conflictos refuerza el sentido de solidaridad social de los individuos pertenecientes a una colectividad dada. En esta vertiente, la satisfacción de las expectativas de los individuos asegura su compromiso con el cuerpo social. Dicha satisfacción puede o no coincidir con los intereses privados que se reclaman; a todo evento, lo esencial es que los individuos perciban como "justa" la solución que se les aplica, con base en reglas socialmente compartidas, a pesar de que pueda eventualmente no serles favorable.

  1. La lógica del conflicto

Desde esta segunda perspectiva, la necesidad de dar regulación al conflicto, viene dada por el hecho de que la violencia, que es junto con la intensidad una de las dos dimensiones que se pueden estudiar en el fenómeno conflictivo, esta esencialmente condicionada por el grado de regulación a que este se ve sometido. De este modo, cuando no existen cauces para la expresión del conflicto su función política puede ser desempeñada por actos de rebelión. Sin olvidar que: "los conflictos no desaparecen al ser regulados. Donde hay sociedad hay también conflictos. Pero el modo de regularlos tiene consecuencias sobre su violencia. El conflicto regulado queda en cierto sentido descargado: aun cuando continua existiendo inalterablemente y puede ser de extraordinaria intensidad, se desenvuelve dentro de unas formas que se avienen con una estructura social en continua transformación" (Dahrendorf, 1971: 205).

Adicionalmente, conviene tener presente que existen en el conflicto distintas energías que lo modulan, incluso de signo contradictorio. De una parte, contiene elementos claramente negativos, en tanto que factores de perturbación y de negación del consenso, pero, de otra parte, también tiene una cara positiva, en cuanto dinámica de transformación que motiva en el entorno (Knight, 1992). Por ello, se justifica el reconocimiento del conflicto a través de fórmulas que den salida a sus aspectos positivos y, al mismo tiempo, drenen los que no lo sean. De lo que se trata, en definitiva, es de hacer que las controversias se expresen dentro de unas determinadas coordenadas de racionalidad. Lo cual, pasa necesariamente por la institucionalización del conflicto, es decir, por su regulación.

II. El caso venezolano: De la sociedad regulada a la sociedad autoregulada.

  1. El modelo "regulador" o "sistema populista de conciliación"

El sistema politico-económico-social imperante desde 1958 reviste diversas características que conviene examinar para comprender la dimensión del problema planteado en esta ponencia. La inadecuacion de las instituciones venezolanas, particularmente su incapacidad ontológica para resolver los conflictos producidos en el seno de la sociedad de hoy, se produce

luego de un lento pero creciente proceso de desgaste del modelo "regulador" vigente desde entonces.

En efecto, hasta hace relativamente poco tiempo, la sociedad venezolana desconocía la noción del "conflicto" en su sentido propio. Esto no era producto de la casualidad; antes por el contrario, era la consecuencia obligada de un modelo populista hábilmente estructurado sobre la base de un "sistema de negociación y acomodación de intereses heterogéneos, en el que los mecanismos de tipo utilitario desempeñan un papel central en la generación de apoyos al régimen y, por consiguiente, en el mantenimiento del mismo." (Rey, 1991: 543) De esta manera, ajeno a toda valoración de orden normativo y movido por motivos estrictamente estratégicos, se instalo en Venezuela un "Sistema Poopulista de Conciliación" que permitió superar la heterogeneidad de intereses diversos existentes para el momento de iniciación de la democracia.

El éxito de este modelo regulador, así como del sistema de conciliación impuesto fue posible merced al ingente ingreso de divisas provenientes de la explotación petrolera. En efecto, la formula de financiamiento del desarrollo mediante el Gasto Publico explica la ausencia de conflictos sociales en Venezuela en el periodo 1958-1989, ya que el Estado, mediante el control efectivo de la principal fuente de ingresos del país, pudo obviar todo conflicto distributivo o redistributivo de la riqueza, conciliando los antagonismos sociales.

Igualmente, la articulación de un modelo político semicorporativo fue factor determinante para atenuar cualquier expresión de descontento, cuando menos hasta que el desgaste del modelo fue ya evidente. La presencia social de actores sólidos y bien organizados permitió contener las presiones sociales. La consolidación en el poder de partidos "multiclasistas" y la influencia de estos en grupos sociales (empresariado, sindicatos, colegios profesionales), estableció un sistema de solución de conflictos paralelo al institucional formal, donde las demandas de los últimos eran canalizadas en los órganos internos de los primeros.

Las fórmulas de conciliación se expresaron en un complejo sistema de consultas y participaciones que comprendieron cuando menos, dos tipos de pactos: En primer lugar los estrictamente políticos, protagonizados por los principales partidos, que en algunas ocasiones fueron acuerdos formales, como los conocidos "Pacto de Punto Fijo" y "Programa Mínimo de Gobierno" que fueron suscritos en 1958. En segundo lugar, se produjeron una serie de pactos que involucraban al Estado y a actores sociales no partidistas (CTV, Fedecamaras, Iglesia Católica, Fuerzas Armadas), estableciendo así un sistema informal de consenso para adoptar las decisiones gubernamentales fundamentales.

De esta manera, los conflictos podían perfectamente ser resueltos al margen de la legalidad formal. De hecho, desde el punto de vista de los órganos encargados de resolver las controversias sociales, el resultado de este proceso ha sido doble: Por un lado, las instituciones formales, esencialmente los tribunales, han quedado relegadas y percibidas como ilegitimas por la colectividad, dada su inoperatividad. De hecho, no excepcionalmente han sido empleadas para alcanzar fines ajenos a la institucionalidad misma, lo que ha contribuido a su corrupción y "deslegitimacion" ulterior. Al mismo tiempo, otras vais formales de solución de conflictos tales como son los distintos mecanismos de arbitraje, conciliación o mediación que en muchos países son extraordinariamente eficientes solventando disputas entre particulares o grupos sociales, en Venezuela o bien sencillamente no han existido, o donde han sido creadas, incluso con soporte especial, como en materia laboral, no han tenido mayor incidencia.

Desde el punto de vista de las reglas aplicables al conflicto, la duplicidad es también evidente. Los mecanismos de resolución de conflictos han estado frecuentemente divorciados de las reglas formalmente anunciadas para regir la legalidad y las expectativas de las personas.

Un elemento clave para explicar el éxito de este "Sistema Populista de Conciliación", fue la indudable habilidad de sus protagonistas para crear un clima favorable al consenso. Así, mediante un complejo sistema de valores compartidos y estímulos eficientemente dirigidos, fue extendiéndose, como suerte de pauta cultural, una visión del conflicto y del antagonismo social como comportamientos indeseables, tanto en lo individual como en lo colectivo, que conviene mediatizar. La ausencia de una "cultura del disenso" en Venezuela ha conducido a problemas funcionales severos, que se enumeran mas adelante, si bien estos no fueron demasiado importantes mientras el estado mediador tuvo recursos para seguir lubricando el modelo.

Es también importante advertir que, en este orden de cosas, el Derecho ha jugado un papel esencial, si bien desde una perspectiva estrictamente positivista; esto es, como instrumento de cambio social completamente desprovista de contenido normativo. Es por ello que no sorprende la interpretación tenida de los derechos individuales, los cuales han sido constantemente desplazados por motivos de "interés publico". Desde luego, la determinación de cuales son tales motivos de interés publico ha quedado a cargo de las "elides hiperorganizadas" que han administrado el modelo político, no de la sociedad en conjunto. Es así que los mecanismos de solución de conflictos existentes, como las instituciones en general, han sido empleados en beneficio de estos actores privilegiados, mediante una perversa lógica "clientelar".

(b) Insuficiencia del modelo "regulador"

Como es sabido por todos, con la caída del ingreso petrolero se hicieron visibles las fallas inherentes al modelo político y social. Aunque este es un proceso histórico complejo, largo y, por otra parte, suficientemente documentado, tan solo diremos ahora que si bien el desgaste del Sistema Populista de Conciliación comenzó a ser visible hace mas de veinte años, siguió funcionando con imperfecciones, hasta que aproximadamente en 1989 colapso.

Como quiera que la solución de conflictos se hace principalmente por mediación de grupos sociales, mientras pudo financiarse el modelo mediante el Gasto Publico las diferencias no se notaban, pero al disminuir los ingresos aquellos grupos con menor capacidad de cabildeo para obtener rentas quedan desfavorecidos. Llegado este punto se producen una serie de fallas en cuya explicación es útil la Teoría de la Escogencia Publica, la cual, empleando el análisis económico, sugiere que los mercados políticos tienden a sacrificar los beneficios del largo plazo representados por la colectividad en general, por los intereses de corto plazo que reporta en términos políticos la satisfacción de intereses privados de los grupos de presión con mayor poder de cabildeo social. Este fenómeno es aun mas visible en los países en vais de desarrollo, donde el Estado es intrínsecamente débil (Krueger, 1990: 13-14; Khan, 1995: 71-86). Es lo que coloquialmente conocemos como "correr la arruga".

En pocas palabras, con el desgaste del modelo han quedado evidenciadas las grandes insuficiencias del modelo "regulador", al no poder ofrecer, en ausencia de soporte económico, un mecanismo alterno al consenso para dilucidar las controversias sociales. En este sentido, puede decirse que las fallas de gobierno evidenciadas en la experiencia venezolana no solo son sintamos de un desgaste evidente, indicando con ello la necesidad de instituciones nuevas, sino que han corrompido la estructura institucional formal existente, llevándola a cumplir funciones para las cuales no había sido creada.

Tal situación resulta especialmente dramática cuando, al mismo tiempo, la conflictividad social se expresa ahora por medio de nuevas coordenadas: de manera generalizada pero esencialmente desorganizada y anárquica; con escaso control por parte de organización alguna; nula vertebracion en términos de proyecto político; dificultad en la mediación; resurgimiento de intereses particulares y alto grado en la intensidad de la protesta.

Por lo tanto, ante la necesidad de una definición mas precisa de los derechos, que reduzca las fuentes de incertidumbre en las expectativas individuales, sea necesaria la instrumentación de mecanismos adecuados para la canalización efectiva de los conflictos que se derivan del normal ejercicio de esos derechos y expectativas individuales. Mas aun aumenta cuando, como en el caso venezolano, el agotamiento del modelo conciliador ha revelado la complejidad del entreverado social, lo que confronta las instituciones actuales a la difícil prueba de confrontar intereses encontrados y difíciles de conciliar, sin disponer de otro mecanismo que el consenso, a veces forzoso. Por vez primera se hace necesario en Venezuela contrastar la diversidad de intereses, sin poder satisfacer a plenitud las aspiraciones de todos los participantes.

Mientras mas complejos y disimiles, los intereses son mas dificiles de confrontar y conciliar bajo mecanismos de consenso (Gunnarson, 1991: 61).

En este punto, la Teoria de Juegos afirma que las soluciones cooperativas son mas factibles cuando es mayor la certidumbre respecto de los demás: Cuando los jugadores tienen información completa de los demás jugadores, el numero de jugadores es reducido, y el juego es repetido. Si los intereses son diversos, la sociedad crece y se hace mas compleja, los jugadores sociales son menos conocidos, la información es menor y el juego es instantáneo y único (Endgame), existen todos los incentivos para que los jugadores defrauden los demás (Situaciones de Dilema del Prisionero) (Dixit and Nabeluff, 1991). Nuevamente aparece la certidumbre como elemento determinante del éxito institucional.

En esta ecuación, la única solución posible es la sujeción voluntaria del cuerpo social a normas consideradas "justas" por todos. Ello implica la participación activa del Estado en la identificación y ejecución de las reglas aceptadas por la sociedad, lo que lejos de contradecir el deslastre de funciones y cometidos anteriormente atribuidos a la acción colectiva, habría de reformularla para hacerla dinámica, efectiva y operativa en el nuevo contexto que exige la autorregulación social. En otras palabras, si el Estado asume el monopolio de la fuerza, debe ser para reforzar las soluciones que la sociedad escoge, no para contradecirlas.

III. La administración del conflicto laboral: una excepción relativa.

El tratamiento dado a la conflictividad laboral constituye, desde el punto de vista institucional, una notable excepción dentro del panorama venezolano que, como hemos venido comentando, puede caracterizarse por la absoluta ausencia de instancias disenyadas para dar solución a las controversias.

Posiblemente, tal excepción se explique por que en esta materia el conflicto reviste caracteres particulares, llegando incluso a gozar de refrendo constitucional. Particularmente la huelga, como versión mas institucionalizada, aunque no única, de la conflictividad laboral, es un instrumento esencial a la actuación sindical. Es así, pues, que no siendo posible ignorar tal situación, la construcción de canales institucionales mediante los cuales encausar las controversias industriales ha sido una necesidad.

Sin embargo, como veremos de seguidas, el modelo de regulación de la conflictividad laboral adoptado por la Ley Orgánica del trabajo (LOT) es escasamente funcional, principalmente por las deficiencias en su propio diseño. Los rasgos distintivos del modelo adoptado por la LOT son:

(a) Desigual desarrollo de las fórmulas de solución

El modelo de regulación de conflictos de la LOT cumple, desde el punto de vista formal, con el requisito de contar con instituciones especializadas de solución. Sin embargo no pueden obviarse las marcadas diferencias de valoración que las distintas fórmulas de composición presentan. Así, la negociación entre las partes, además de contar con una regulación marginal, queda desdibujada por carecer de carácter permanente. En términos generales en la LOT se privilegia un modelo de negociación colectiva estático, que se expresa en un diseño de funcionamiento ajustado únicamente al proceso de negociación de la convención colectiva, entendida esta además de manera muy restringida (art. 507). No hay en la ley elementos que permitan disociar negociación colectiva y convención colectiva, mediante esta construcción artificialmente limitada se dificulta la posibilidad de considerar a la negociación colectiva como un instrumento de administración de las relaciones laborales y, mas importante en función del tema que tratamos, como una formula de solución de conflictos en si misma o una vía para establecer mecanismos de composición distintos.

Por su parte, la conciliación, que es formalmente el principal medio de composición, adolece de un defecto básico, ser competencia del Inspector del Trabajo, el mismo funcionario que, por definición, inspecciona el acatamiento de la legislación laboral y eventualmente sanciona su incumplimiento. Por tanto, mal podría ejercer simultáneamente funciones represivas y conciliadoras. Sin duda, la composición del conflicto debe ser una labor altamente especializada, desarrollada por personal de dedicación exclusiva, cuya imagen frente a las partes en conflicto no sufra las interferencias que ocasionan otras funciones, a su vez, de gran complejidad. Así mismo, la exclusividad en la labor redundaría en mayor preparación técnica y profesional, circunstancia que se nos antoja ausente de la gran mayoría de Inspectores de Trabajo en Venezuela, a quienes no se les exige especiales habilidades para la conciliación al ingresar al cargo.

Finalmente, el arbitraje aparece como una prolongación natural de la función componedora que no cristalizo mediante la conciliación. Sin embargo, resulta cuando menos curioso que esta figura sea objeto de una mas depurada concepción técnica que cualquiera de las otras fórmulas, lo que posiblemente revela que este medio tenia para el legislador una mayor importancia relativa.

Por otra parte, es descabale la ausencia de una formula intermedia entre la conciliación y el arbitraje, espacio que podría ser llenado por la mediación.

Por todas estas razones, creemos que se trata de un modelo de solución de conflictos que no valora suficientemente la autocomposicion y, por el contrario, privilegia claramente la heterocomposicion.

(b) Inadecuada valoración del conflicto

Prima en la LOT una consideración restrictiva del conflicto, que es visto como un simple instrumento de reivindicación de condiciones de trabajo (art. 469), dejando al margen las muchas motivaciones posibles, de orden socioeconómico e incluso político (Villasmil, 1992).

Por otra parte, además de la restricción de sus motivos, la forma de manifestación del conflicto se limita, cuando menos, el que puede ser objeto posterior de medidas de composición, a la interrupción de las labores (art. 470), lo que prácticamente coincide con la definición de huelga (art. 494). En consecuencia, quedan fuera de consideración una serie de actuaciones que expresan divergencias entre los actores del sistema, pero que no comportan suspensión de labores.

Adicionalmente, el modelo de composición adoptado por la LOT contiene otra seria limitación cuando excluye de su ámbito de conocimiento aquellos conflictos protagonizados por actores distintos a los sindicatos (art. 460). Con ello, se condiciona la expresión plural de las contradicciones laborales, condenando a los posibles actores no conformados sindicalmente, como las coaliciones, a procurar arreglos a sus controversias fuera de los mecanismos legales, con los riesgos que ello supone en un país sin mayor tradición de composición autónoma de conflictos y bajos niveles de sindicación y negociación colectiva.

La trascendencia de la visión restrictiva de la LOT radica en que las variantes del conflicto laboral ignoradas, que sin duda son el mayor numero, no podrán luego ser atendidas a través de su sistema de solución. En consecuencia, la virtuosidad del modelo de composición esta amenazada de inicio.

(c) Inflexibilidad en los procedimientos

El modelo de solución de conflictos previsto en la LOT adolece de un excesivo rigor en su configuración, que le resta capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, por no decir, al progresivo grado de complejidad que caracteriza el desarrollo de muchas de las controversias que pretende resolver. Desde el punto de vista procedimental, los distintos mecanismos de solución de controversias están caracterizados por un excesivo formalismo, lo cual revela un marcado espíritu judicialista, reñido con la naturaleza propia de estas instancias extrajudiciales de solución.

(d) Escasa participación de las partes en la administración de las fórmulas de composición

En general puede decirse que las reglas de funcionamiento de los procedimientos son adecuadas, en términos de respeto a los intereses de ambas partes y de equilibrio en el trato que les es dispensado. Sin embargo, por lo que toca al grado de participación de las partes en la administración de las fórmulas de composición, esta es ciertamente escasa, limitándose a integrar las correspondientes juntas. Creemos que seria positivo que tuviesen cierta corresponsabilidad en la gestión, de ese modo, se lograría involucrarlas en la marcha del sistema y comprometerlas en su mejora.

En pocas palabras, creemos que por todas estas razones el modelo de regulación de conflictos contenido en la ley no es el adecuado para canalizar el incremento de la conflictividad laboral que se esta produciendo en Venezuela. Mas aun, tales carencias hacen inocultable su virtual desbordamiento por una realidad social para la cual no esta diseñado.

Las consecuencias de esta situación, que ya referimos de manera general, se están traduciendo en un incremento en las formas de expresión radical de los conflictos industriales, a su vez, agudizado por la ausencia generalizada de instrumentos de composición autónoma, por los bajos niveles de negociación colectiva existentes y por las deficiencias del sistema judicial. Adicionalmente, la situación se ve agravada por el contexto en que se presenta, dado que los procesos de ajuste económico, como el que vive Venezuela, comportan, de por si, un natural desarrollo de la conflictividad social, al que no escapa la de contenido laboral. A ello habría que sumar, paradójicamente, el malestar producido por el mal funcionamiento de unos mecanismos legales creados para solucionar conflictos.

IV. Propuesta.

Ante la presencia de incentivos que inducen al Estado a adoptar cursos de acción económicamente ineficientes, es preciso un cambio de perspectiva en el problema de la conflictividad, que induzca a una reforma de las reglas que definen el propósito de las instituciones. Este propósito debe estar dirigido a la solución mas efectiva posible de los conflictos sociales. El Estado debe por tanto, reconocer la existencia del "conflicto" como un fenómeno corriente y normal dentro de las relaciones sociales, al cual es preferible canalizar que represar. Ello obliga, primero que nada, a prestar particular atención en aquellas áreas donde la conflictividad es mas probable o mas intensa. Las relaciones laborales, son desde luego, una de ellas.

Este cambio de perspectiva debe ir acompañado de una valoración distinta de aquellas normas sociales que surgen espontáneamente del cuerpo social. La función del Estado consiste en identificar dichas reglas y hacerlas efectivas. De esta manera, se podría enfrentar el problema que surge de la disparidad entre las normas formales que integran el ordenamiento jurídico y las normas efectivas que la sociedad desea y cumple. Solo así será posible disminuir el costo de transacción que las primeras representan para la realización de los fines que los individuos desean. En un interesante estudio socio-juridico, se examino la virtual existencia de un ordenamiento jurídico propio y autónomo en los barrios de Caracas, lo que contradice la opinión general de considerar tales sitios como "sin ley". (Karst and Rosenn, 1975: 586) Otro claro ejemplo lo ofrece aquellos que se dedican a actividades de la "economía informal" por carecer de ingresos para cubrir los elevados costos que impone la legalidad en Iberoamérica (De Soto, 1989)

Antes que reflejar opiniones moralizantes, estos fenómenos dejan en claro que la sociedad venezolana, al igual que otras en Latinoamérica, transita dos legalidades: una formal y otra informal. El que una sea considerada "mejor" que otra es simplemente cuestión de criterios. El Estado debe reducir la brecha entre ambos "ordenamientos" para reducir los costos asociados con la incertidumbre de la regla aplicable a las transacciones sociales y de esta manera desarrollar una acción preventiva del conflicto. La acción correctiva esta soportada igualmente al permitir a la sociedad mecanismos mas flexibles para alcanzar tal objetivo.

Esto requiere la modificación sustancial de las reglas sociales, asumiendo que de establecer soluciones impuestas en contra de la autorregulación, el Estado debe pasar a establecer y ejecutar reglas que faciliten a los actores sociales la autocomposicion de sus conflictos. Ello, porque los individuos son quienes mejor conocen los resultados que les pueden favorecer. En este proceso, la función del Derecho es crucial.(Cohen-Tanugi, 1985: 5-27)

A partir de este marco general que, en nuestra opinión, debería orientar la reforma del modelo de solución de conflictos sociales en Venezuela, a continuación exponemos algunas ideas concretas:

La institucionalización del conflicto social, o su regulación, presenta dos momentos lógicos: en primer lugar, se tiene que dar la posibilidad de que el conflicto se exprese de manera mas o menos libre, en segundo termino, una vez tolerada su manifestación, el propio sistema debe ser capaz de encaminar la controversia hacia mecanismos de solución. Ahora bien, para que esta doble condición opere algunos requisitos tienen a su vez que cumplirse, a saber:

(a) No basta con que se tolere su existencia, resulta necesario, además, desterrar la visión disfuncional, según la cual, el conflicto laboral es una patología. Para que el reconocimiento tenga los efectos comentados debe hacerse desde una visión positiva, considerando que el conflicto puede llegar a tener una función constructiva, como ya hemos comentado.

(b) Los canales de expresión del conflicto deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios que puedan presentarse, ajustándose a la mutabilidad propia de estos fenómenos, de lo contrario, podrían no ser funcionales para la realidad sobre la que pretenden actuar. Señaladamente, deben ser capaces de registrar la aparición de nuevos actores e incorporarlos, lo cual no es fácil dado que normalmente los canales de expresión de la conflictividad son diseñados para registrar los equilibrios de poder existentes, de tal modo, que solo admiten el acceso a aquellas fuerzas sociales que lograron hacerse oír en el pasado. Cuando aparecen en escena nuevas fuerzas sociales, se encuentran frecuentemente con que los canales están cerrados, y por lo tanto no pueden llevar a la practica

su fuerza potencial. Se sienten excluidas y, por tanto, pueden considerar el uso real de la violencia, o la amenaza de su uso, como recurso señalizador (Coser, 1970).

(c) La intervención en el conflicto debe tener objetivos realistas, limitándose a la regulación de sus formas, mas nunca a la eliminación de sus causas, lo cual, dada su imposibilidad, seria inútil. Por tanto, un sistema de regulación, simplemente, debe limitarse a canalizar las formas de expresión de los conflictos.

(d) Existencia de instituciones y mecanismos creados específicamente para la solución de los conflictos. En términos generales, diremos que este cometido puede realizarse mediante muy variadas fórmulas que cambian dependiendo del sistema de que se trate, del ordenamiento que los regule y, por supuesto, de la tradición cultural. Ahora bien, de manera general y sin pretensiones científicas, esta diversidad puede reconducirse en dos grandes categorías, por una parte, en distintas modalidades de negociación entre los actores y, por otra parte, en variadas fórmulas en las que han de participar terceros ajenos a la controversia, a saber: la conciliación, la mediación y el arbitraje.

(e) Reglas de funcionamiento acordes con la naturaleza de los mecanismos de solución, bien convenidas por los propios actores o establecidas mediante ley. No es este un asunto fácil de sistematizar, dado que tales reglas pueden ser tan variadas como las realidades que pretendan resolver. Sin embargo, parece conveniente, en atención a su importancia, enunciar de manera esquemática algunas de las características que deberían estar presentes en tal reglamentación, so pena de quedar desvirtuada de inicio. En primer lugar, obviamente, deben respetarse los intereses de todas las partes involucradas y contar con un máximo de claridad. En segundo termino, seria conveniente que las reglas de solución precedieran al conflicto, de modo que sus actores conocieran de antemano las posibilidades y consecuencias de su aplicación. En tercer lugar, tendrían mayor virtuosidad si los destinatarios participan en su administración, preferiblemente acompañados de un tercero que bien podría ser el Estado. Por ultimo, es conveniente también cierto nivel de institucionalidad o de permanencia en el tiempo, a efectos de procurar un adecuado asentamiento de los mecanismos.

Bibliografía consultada.

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