Revista Electrónica Bilingue       Nº 6     Agosto 1996
	¿Un juicio fuera de juicio? Al límite. Luis García Mora.
	Es lo malo de tratar con Mefistófeles. Como en esas elementales y predecibles series de televisión, te obstinas odiosamente en acabar con alguien, construyes un demoníaco instrumento de matar, apuntas, halas del gatillo y disparas. Y después (¡Ay arma demoníaca!) no sabes cómo evitar que apunte hacia tí y siga disparando. Por ello quizás el presidente Rafael Caldera nunca debió haber sonreído tan satisfecho cuando el Fiscal General Iván Darío Badell, desesperado, acorralado por la falta de pruebas, dijo que el presidente Carlos Andrés Pérez era culpable por aquello de que "el Presidente es el administrador supremo de todos los dineros públicos". Y menos eufórico aún cuando la Corte Suprema de Justicia consagró en su fallo algo así como que "el Presidente es responsable por todo lo que hagan sus ministros". Pérez todavía no ha salido de la prisión cuando ya el instrumento ¿jurídico? ¿político? que lo ejecutó comienza a girar y a devolverse en manos del destino. De ahí ese escalofrío que recorre los objetos. Y no es para menos, porque según el ordinal 15 del artículo 13 de la nueva Ley de Contraloría se determina que los miembros de la Junta de Emergencia Financiera concedieron auxilios financieros al Grupo Latinoamericana Progreso "incumpliendo las finalidades previstas en las leyes o en la normativa de que se trate" y si la Corte Suprema de Justicia no desarma rápido esta Ley para sacarle este ordinal y este artículo, o le impide a la Contraloría aplicarlos, o cualquier cosa, los erizados cuellos de la Junta pueden ser rebanados y ¿qué podría impedir que se rebane el otro cuello de arriba que les sigue? Hasta el juicio de Pérez un Presidente no podía ser depuesto por razones políticas. La Constitución del 61, "sabiamente" dicen los que saben, había blindado a los Presidentes. Desde el 61, destituir a un Presidente de la República era un problema de justicia, no de política. "El juicio al Presidente venezolano -dice el experto jurista Gustavo Linares- sólo podía fundamentarse en el Derecho, y por ello correspondía a la Corte Suprema de Justicia". En medio de cuartelazos y alzamientos, la estabilidad presidencial tenía que salvarse de los humores de los políticos y dejarla a lo más sagrado que tiene la sociedad: la justicia. "Sólo si el Presidente cometía un delito, y éste era apreciado como tal por los jueces -y los más altos de la República- podía romperse esa estabilidad tan preciada y sustituir al Jefe del Estado. Sólo Derecho, nada de política". Pérez Linares ha analizado esto con mucha lucidez. Ninguno de los argumentos de la sentencia tiene la más mínima base en el Derecho. La perversión del juicio está ya perfectamente documentada. "La salida de CAP no sólo dañó la institución presidencial, sino que dio el pésimo ejemplo de cómo quebrantar la resistencia del Jefe del Ejecutivo si la matriz de opinión no logra hacerlo renunciar". Debutan conceptos jurídicos particularísimos como presunción de culpabilidad y peculado espiritual. Entre muchas cosas nuevas, la partida secreta ya no se podrá gastar en el exterior. Pero lo que quizá es más importante: A partir de este juicio, el Presidente de la República es responsable de todo lo que hagan sus ministros. Se creó jurisprudencia. Así que cuando aquel afilado asentó sobre el vacío de pruebas que "era imposible que el presidente Pérez no supiera del manejo de la partida secreta", no sabía que asentaba para el futuro que "es imposible que el presidente Caldera no supiera de los auxilios financieros". Porque como bien dice Pérez Linares y dicen todos, "Si Pérez malversó la partida secreta y nadie siquiera alegó que él la administraba directamente, cualquier delito de Salvaguarda cometido por cualquier funcionario, cualquier responsabilidad del oficial de menor jerarquía, será al final delitos y responsabilidades del Jefe del Estado". Por eso esta extraña sensación en la garganta. Porque hay un hecho cierto: aquí se despacharon un billón 800 mil millones de bolívares inorgánicos hacia los bancos sin contravalor, sin garantía suficiente y desviados en un 80% para asuntos distintos a la protección de los depositantes. Y alguien, piensa uno, amigo lector, debe y tiene que responder. Aunque no los hayan gastado en una operación policial en Nicaragua. ¿El Presidente? El Presidente, por supuesto, dice que no, que aquí no se come carne ni aquí ni aquí ni aquí... "Una cosa es criticar políticas del Estado y otra decir que hubo actos de corrupción", exclamó en el Seniat, no se si con los antebrazos erizados (No creo). O sea que, según el presidente Rafael Caldera, en el manejo de ese billón 800 mil millones no hubo corrupción. ¿Entonces qué hace fuera del país y sin amparo, esa manada de banqueros prófugos? Otra pregunta: ¿Hasta cuál nivel de la pirámide de la Junta de Emergencia Financiera se puede investigar sin que la Corte Suprema ordene paralizar las investigaciones? ¿Dónde se borran las fronteras de la responsabilidad oficial? La Contraloría se ha visto obligada a declarar que sus investigaciones no son personalizadas, que el nombre de Caldera no aparece en sus autos y que, en fin, carece de una pista hacia Miraflores. Porque es así: en esa espesura minuciosa de emergencia de bandos, contratos, reglamentos, reformas, opiniones, procedimientos, de los auxilios financieros, debe ser imposible capturar una autorización, un permiso, una bendición presidencial, pero... "Era imposible que el Presidente no supiera de los auxilios". ¿Un juicio temerario? ¡Claro que temerario! ¿Qué tienen que ver presunciones, abominaciones, odios, enconos, resentimientos y rencores con la justicia? Preguntémosle a Caldera. Sin embargo, responsabilidades en el desfondamiento financiero del 94-95, debe haber. Todo es cuestión de paciencia. AD luce serena, tranquila y sin nervios. Copei trasuda cierta incomodidad interior. El MAS-Gobierno defiende al Presidente, el MAS-Partido, suma, resta, multiplica y divide. La Causa R mira con fruición represada la emoción anticorrupción que impregnó la campaña electoral presidencial pasada con tan buenos beneficios. Convergencia es Bernardo Celis o Ciro Zaa contra las cuerdas defendiéndose de graves acusaciones de corrupción ante Orozco Graterol, la Contraloría, el Congreso, etc., etc... Mientras el juicio apenas inicia la ejecución de su ballet. Henry Ramos Allup, en el centro del medio: "Creo que el Contralor tiene razón. Y eventualmente, si en el otorgamiento de estos auxilios hubiera tenido que ver una decisión presidencial, aquí nadie está exento de responsabilidad, un Presidente de la República recientemente fue enjuiciado y condenado por la CSJ"... Felipe Montilla, ecléctico: "Copei rechaza cualquier juicio contra Caldera. Tenemos que esperar que concluyan las investigaciones y señalamientos de la Contraloría General y otras instituciones jurisdiccionales" ...Agustín Berrios, claro y contundente: "Copei no ha absuelto a priori al Presidente de responsabilidades por el desvío de los auxilios financieros. Contribuye mucho más a la estabilidad que el proceso continúe su curso normal y que una exoneración o respaldo al Presidente provenga del resultado mismo de la investigación, en vez de una interrupción de ésta o de una desviación por presiones" ...David Paravisini, administrando la pólvora: "Yo he hablado de un juicio político y no penal al presidente Caldera" ...Teodoro Petkoff, admonitorio: "Es un jueguito peligroso el pretender introducir ese elemento de desestabilización e inestabilidad política en una cosa que no tiene el más mínimo sustento, ni en las leyes, ni en la Constitución, ni en la vida real del país" ...Freddy Muñoz, fuera del closet: "Juzgar al Presidente convertiría al país en un pandemónium legal" ...Jesús Petit Da Costa, impaciente: "Yo renunciaría a la Procuraduría para convertirme en su defensor"... Esto, decimos, es lo malo de tratar con Mefistófeles. ¿Un juicio fuera de juicio? Artículo publicado en El Nacional el 25/8/96.
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