La privatización no puede ser el
campo de batalla para dirimir las diferencias de intereses políticos
y económicos de los principales aspirantes a suceder al
Presidente Caldera.
La privatización no debe ser vista tampoco
como una manera irreflexiva de cumplir con unos objetivos de política
económica que se adecúen a los lineamientos establecidos
en los acuerdos con el FMI.
La privatización de las empresas públicas
debe ser vista como una oportunidad para el crecimiento de la
economía y, por consecuencia, para la generación
de nuevos empleos.
La privatización no es un dogma, pero tampoco
un anatema.
La privatización no es un medio para corregir
entuertos.
La privatización no es un mecanismo para obtener
recursos fiscales.
La privatización no puede constituirse en
un medio para distribuir privilegios.
La privatización es sólo un mecanismo
para hacer más eficiente la productividad.
La privatización interesa a todos los venezolanos
que han podido constatar como el déficit público
se ha vuelto cada vez mayor, en parte por el manejo ineficiente
de las empresas públicas.
La privatización no puede ser decretada, debe
ser parte de un proceso de convencimiento en el que participen
todos los factores de poder.
La privatización debe ser sincera.
La privatización debe servir de oportunidad
para que los venezolanos participen más activamente en
la generación de riqueza en el país.
La privatización no debe excluir la posibilidad
que ella le brinda a Venezuela de incorporarse a la globalización
de la economía.
La privatización implica una responsabilidad
y un riesgo para quienes adquieran las empresas, si el Estado
deja claramente sentado que no está dispuesto a seguir
siendo el salvavidas de la incompetencia e irresponsabilidad de
algunos empresarios.
Afrontemos entonces con sinceridad y seriedad
el reto de la privatización.